Brasil se enfrenta a una triple crisis : económica, política e institucional. Después de doce años de crecimiento, el gigante latinoamericano se hunde en la recesión. Según las previsiones, el Producto Interior Bruto (PIB) se contraerá este año un 3%, y este retroceso seguirá en 2016, en un contexto de explosión del desempleo (cerca del 8%, frente al 4% en 2014) y de inflación elevada (se espera más del 9,5% este año).

Abucheada por la mayor parte de la población –menos del 10% de los brasileños aprueban su actuación–, la presidenta Dilma Rousseff ha sufrido desde el verano una serie de afrentas. Para intentar tranquilizar a la oposición, que exige su destitución, aceptó en agosto colaborar con la elite económica en la puesta en marcha de un plan muy conservador, bautizado como “Agenda Brasil” (1). Los esfuerzos fueron en vano : dos meses más tarde, a petición de la oposición, el Tribunal Superior Electoral (TSE) llevó a cabo una investigación sobre la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2014. Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) invalidaba las cuentas públicas del Estado para el periodo del año pasado. Esta decisión, sin precedentes desde 1937, significa que se invita al Congreso a rechazarlas.

Para los magistrados encargados del control de las cuentas, Rousseff habría reducido deliberadamente el déficit público, cuya magnitud real podría haberle perjudicado en el contexto electoral. Para la oposición de derechas, se trata de un “delito de responsabilidad”, uno de los motivos previstos por la Constitución de 1988 para la destitución del jefe de Estado. Sin embargo, un procedimiento semejante no puede avanzar sin el aval de un Parlamento más rebelde que nunca con respecto a la autoridad de la Presidenta.

El Congreso se instauró en 1824 tras la independencia de Brasil, que se llevó a cabo sin una ruptura violenta con la Corona portuguesa y asegurando una gran continuidad de las estructuras de poder anteriores. Cuenta hoy en día con 513 diputados y 81 senadores, y se caracteriza por su débil representatividad popular. ¿Su principal virtud ? Permitir a las elites perpetuarse en el control del poder. En 1993, Luiz Inácio “Lula” da Silva resumía la situación en una declaración mordaz : el Parlamento, decía, estaba controlado por una mayoría de “trescientos picaretas” –un término del argot brasileño que designa a oportunistas que son también delincuentes–. La frase tuvo éxito y el grupo de rock Os Paralamas do Sucesso la retomó en una canción : “Luiz Inácio lo dijo, Luiz Inácio avisó / son trescientos picaretas con títulos de doctor”. Elegido Presidente a finales de 2002, el ex obrero metalúrgico, convertido al pragmatismo, se guardó sus críticas y aprendió a alabar a los que antes vilipendiaba.

Sin embargo, no ha cambiado nada desde 1993. El perfil tipo de un parlamentario elegido a finales de 2014 sigue siendo el “de un hombre, blanco, de unos cincuenta años, poseedor de un título universitario, patrono de empresa y con un patrimonio superior a un millón de reales [aproximadamente 300.000 euros]”, resume Edson Sardinha, de la web Congresso em Foco, que desmenuza a diario el funcionamiento del Legislativo. Podría haber añadido que muchos diputados son también patronos en el ámbito de la prensa : en 2008, el estudio “Donos da Mídia” establecía que 271 de ellos estaban relacionados directa o indirectamente con alguna mercantil de prensa aunque la Constitución lo prohíbe (2).

El sistema político perpetúa la brecha entre el pueblo y sus representantes. En Estados Unidos, por ejemplo, cada diputado representa a un mismo número de habitantes. En Brasil, la distribución de los 513 escaños entre los 26 Estados y el distrito federal de Brasilia se efectúa proporcionalmente a la población, pero con un detalle : ninguna unidad de la Federación puede tener menos de ocho representantes (es el caso de Roraima, donde viven menos de medio millón de personas), ni más de setenta (límite que alcanza São Paulo con sus 44 millones de habitantes). Y la asimetría está todavía más marcada en el Senado, con tres senadores por cada unidad federativa. Al favorecer la representación de los Estados pequeños, este sistema refuerza el poder de los caciques locales, que se imponen a los partidos e impiden la renovación de la clase política. Reclutados por formaciones con contornos ideológicos vaporosos, no dudan en venderse al mejor postor y en cambiar de chaqueta en función de sus intereses –incluso cuando una reforma adoptada en 2007 limita en la actualidad esta práctica–.

Otra singularidad : el modo de escrutinio, un sistema proporcional de lista abierta de una sola vuelta. El elector puede votar a un candidato o una lista (partido solo o coalición). Pero, al final, el resultado parece una especie de lotería, ya que la cantidad de escaños que obtiene cada lista resulta de un cálculo complejo bautizado como “cociente electoral”. La suma de los votos obtenidos por los candidatos y los que son decididos por el partido o la coalición se divide entre la cantidad de escaños correspondientes a la circunscripción. Así, si un candidato consigue un gran número de votos, permite el acceso al Parlamento a otros diputados de su lista que, sin embargo, sólo reunieron muy pocos votos. Además, como hay coaliciones que unen formaciones de izquierda y de derecha, un ciudadano puede votar por un militante pro derechos humanos y contribuir, a pesar de eso, a la elección de un homófobo partidario de la expulsión de los campesinos sin tierras, por ejemplo.

Semejante sistema incita a los partidos a cortejar a las personalidades y a los líderes carismáticos, los famosos puxadores de voto (“aspiradores de votos”). En un contexto en el que el voto es obligatorio y en el que más de la mitad de los electores ni siquiera terminó la escuela, un nombre conocido puede tranquilizar. Y más aún cuando hay que elegir de forma simultánea presidente, gobernador, senador, diputado federal y diputado para la Asamblea del Estado en cuestión, cada vez según un modo de escrutinio diferente. Así, en 2010, el diputado federal con más votos del país, 1,3 millones, fue un payaso profesional, Francisco Everardo Oliveira da Silva, alias “Tiririca”, sin ningún tipo de experiencia política, pero muy popular. Con él llegaron al Parlamento otros veinticuatro candidatos de su coalición que solos jamás lo habrían logrado.

El sistema político brasileño tiene también debilidad por ex estrellas del deporte –como el futbolista Romário de Souza Faria–, policías, pastores evangelistas con programa de televisión o incluso herederos de importantes familias políticas. El estudiante de Derecho Uldurico Junior tenía 22 años cuando, en octubre de 2014, fue elegido por el Estado de Bahía, siguiendo así los pasos de su padre, Uldurico Pinto. Según un informe del Departamento Intersindical del Consejo Parlamentario (DIAP), que publica en cada legislatura una radiografía del Congreso, 211 funcionarios deben, en principio, su elección a su parentesco.

La exposición mediática permite darse a conocer, pero el coste de las campañas alcanza niveles tan elevados que, prácticamente, ya no es posible presentarse sin disponer de una fortuna personal o de relaciones con contribuyentes ricos. Entre la producción de anuncios publicitarios, los honorarios de los spin doctors (los comunicadores especializados en política), entre los más elevados del mundo, y las tasas de logística en un país gigantesco, el Tribunal Electoral estima que, en 2014, la elección de un diputado costó a su partido 6,4 millones de reales (alrededor de 1,5 millones de euros), es decir, un 283% más que doce años antes. Y las cifras son en realidad superiores, ya que, al no haber ningún tipo de financiación pública de las campañas ni un verdadero control de las donaciones de las empresas, todos los grandes partidos ponen a disposición una “caixa 2” (o caja “B”) de financiación oculta. Esta práctica favorece los casos de corrupción, como el que estalló a principios de 2014 en el grupo nacional de hidrocarburos Petrobras. Después de una batalla legislativa y de una decisión del Tribunal Supremo, la financiación de las campañas por parte de las empresas acaba de ser suspendida en 2015 por primera vez, pero nada garantiza que no se vaya a restablecer rápidamente.

Además, al no haber un umbral de votos para acceder a una representación nacional, se asiste a la explosión de cantidad de formaciones distintas en el Congreso sin que ninguna pueda obtener una mayoría relativa significativa. Es decir, la actual asamblea, con 28 partidos –seis más que entre 2011 y 2014–, bate un nuevo récord. El Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, en cabeza, dispone de sólo 69 diputados. Así, incluso un presidente elegido por una amplia mayoría se ve obligado a negociar de forma perpetua para construir una base parlamentaria y mantenerla a lo largo de su mandato. En 2005, con Lula da Silva en el poder, el PT fue acusado de sobornar a diputados de otros partidos para asegurarse su apoyo en la votación de algunas leyes. Bautizada como mensalão (“mensualidad”) por la prensa –en su mayoría ligada a la oposición–, esta práctica no fue nunca comprobada formalmente, pero el escándalo ilustra la dificultad de mantener una mayoría.

¿Cómo gobernar en el marco de este “presidencialismo de coalición” ? El ejecutivo cuenta con recursos y prerrogativas constitucionales que le permiten atraer partidos. Nombra ministros, distribuye puestos dentro del Gobierno federal y dispone de un poder discrecional en la financiación de las enmiendas parlamentarias. La construcción de tal puente, de tal carretera o de tal hospital en una circunscripción determinada depende del Gobierno. Concedérsela a un diputado, que podrá exhibir ese logro ante sus electores, suele implicar que se cuenta con sus favores.

“Para los partidos se vuelve entonces tentador hacer alianza con el Gobierno. Pero cuando el ejecutivo no tiene ni carisma político, ni talento, ni disposición para las negociaciones, este mecanismo institucional se puede transformar en una trampa”, analiza Paulo Peres, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Los “aliados” del Gobierno se vuelcan en el chantaje para conseguir más recursos y más puestos : después de los ministerios vienen los nombramientos en todos los niveles de la Administración. Esa es exactamente la situación en la que se encuentra Rousseff, mientras la oposición duplica sus esfuerzos para debilitarla, esperando conquistar el poder en las próximas elecciones o, incluso, para algunos diputados, lograr su destitución.

Dado que los posicionamientos ideológicos son tan vaporosos y dependen tanto de las bases regionales, que suelen competir unas con otras, dentro de un mismo partido se pueden observar distintos comportamientos. Así, a principios de octubre de 2015, Rousseff ofreció más ministerios al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una formación sin línea política, con la esperanza de que sus miembros bloqueen el proceso de destitución en el Parlamento. Pero Rousseff sólo consiguió contentar a una de las alas del partido, la del Estado de Río de Janeiro. Los otros diputados, como los del Estado de Santa Catarina, siguen abogando por una salida del Gobierno por temor a que la impopularidad récord del Ejecutivo recaiga sobre ellos a un año de las elecciones municipales. “Los grupos parlamentarios no son homogéneos. Se supone que los diputados responden ante su jefe de grupo pero, en realidad, pueden aliarse con personalidades que no son necesariamente diputados del Congreso : un gobernador o un alcalde, por ejemplo”, explica Stéphane Monclaire, especialista de la Universidad París I Panthéon-Sorbonne para temas de Brasil.

Desconocedora de los engranajes del sistema, Rousseff permitió así a Eduardo Cunha, presidente del Parlamento y figura importante del PMDB, hacer y deshacer a su gusto durante el primer año de su segundo mandato. En febrero de 2015, justo después de su reelección, Rousseff cometió el error de intentar impedirle el ascenso a la presidencia del Congreso, aunque aritméticamente la había conseguido, y se ganó de inmediato un enemigo. Cunha controla a decenas de diputados, mucho más allá de su bastión de Río de Janeiro, ya que sus campañas fueron financiadas por empresas “amigas”.

Amo de la agenda del Parlamento –es Cunha quien decide el orden del día–, estuvo a favor de una serie de proyectos de ley extremadamente conservadores, desde la reducción de los derechos de los asalariados hasta el descenso de la mayoría de edad penal a 16 años. De la misma manera, devuelve los favores a las empresas que financiaron su campaña y las de sus protegidos. Se opuso, por ejemplo, a que se creara una comisión de investigación parlamentaria sobre las malversaciones de las mutuas de sanidad, que, sin embargo, dan lugar a muchos procesos judiciales.

El diputado Cunha no siempre gana. Sin embargo, vuelve a la carga, belicoso, recordando a muchos diputados que están en deuda con él. Una investigación reciente de la Universidad Federal de Campina Grande calculó que 140 parlamentarios, es decir, una cuarta parte de la Cámara, se alinean con sus recomendaciones ; mucho más de lo que le debería permitir la zona de influencia de su partido, que cuenta con 65 diputados.

En la jerga del Parlamento, esos diputados son conocidos como la “bancada Cunha”, literalmente, su “hilera de escaños”. En sus orígenes, el término hacía referencia a la pertenencia a una u otra formación política (se hablaba de la bancada del PT, del PMDB, etc.), pero perdió su sentido partidario a medida que el poder de los lobbies se fue afirmando. En un Parlamento dividido entre 28 grupos políticos, las nuevas bancadas articulan intereses particulares y promueven diversas causas con motivaciones variadas. Estas causas, “de orden cívico, moral, medioambiental, económico o de género, entre otras, hacen que se formen grupos de presión eficaces”, precisa Antônio Augusto de Queiroz, del DIAP.

Los representantes del complejo agroindustrial (153 diputados) y los empresarios (217) constituyen los dos principales grupos. “También están la bancada de los evangelistas o la del sector de la seguridad. Otras, como la de las empresas de la educación, sanidad o transporte, no tienen el mismo grado de compromiso”, añade Augusto de Queiroz. Los diputados evangelistas se reúnen los martes por la noche por motivos laborales y los miércoles por la mañana para una misa ; los que defienden los intereses de las mutuas de sanidad coordinan su actuación justo en la víspera de las votaciones que les conciernen. Sin embargo, estos reagrupamientos perdieron una parte de su poder a partir de que el Tribunal Supremo Federal ratificara la “fidelidad partidaria” en 2007. Ahora los partidos pueden exigir una disciplina de voto a sus miembros y las discrepancias se autorizan sólo a título excepcional.

En cuanto a Cunha, juega en todos los tableros : como miembro eminente que es, dirige la actuación de los evangelistas, pero también la de la bancada de la seguridad a favor de medidas represivas, además, por supuesto, de la de su propio partido. Implicado en el escándalo de corrupción de Petrobras –habría depositado millones en Suiza–, ya no sueña con celebrar el nuevo año en su puesto de Presidente de la Asamblea. No obstante, conserva un poder considerable e incluso podría tener influencia sobre la elección de su sucesor.

Sin embargo, su desaparición del primer plano de la escena política no necesariamente le va a servir a la Presidenta, que cometió el error de alimentar las disputas internas en el PMDB apoyando, en contra de Cunha, tanto al vicepresidente Michel Temer como al presidente del Senado Renan Calheiros. “Las tensiones que existen hoy en día entre el Congreso y Planalto [sede del Ejecutivo] vienen en gran parte de la lucha por la influencia entre los líderes del PMDB con vistas a las próximas elecciones presidenciales”, analiza Monclaire.

Abandonada por el Congreso, Rousseff puede contar cada vez menos con el apoyo de los movimientos sociales, desorientados por su política de austeridad presupuestaria y su acercamiento a las fuerzas más conservadoras del país (3). “Si este Gobierno quiere que lo defiendan en la calle, nos tiene que dar razones para hacerlo”, recalca Guilherme Boulos, principal dirigente del Movimiento de los Trabajadores sin Techo y figura ascendente de la izquierda.

Para él, mientras que el PT parece paralizado por su pertenencia al Gobierno, se vuelve urgente que la Presidenta abandone su estrategia de negociaciones –inciertas– con los diputados. “Tiene que pensar más allá del Congreso, ver la movilización social como una ventaja. Si no lo hace, nos encontraremos con el Gobierno más reaccionario de la historia reciente”, se alarma. Pero en la izquierda se muestran con un optimismo más bien tenue : incluso cuando estaba en la cima de su gloria, con el 85% de la opinión a su favor, Lula da Silva nunca pensó en enfrentar al Congreso para imponerle una verdadera reforma política…

 

NOTAS :

(1) Cf. “Pour sauver son poste à la tête du Brésil, Dilma Rousseff saborde l’héritage de Lula”, 15 de agosto de 2015, www.mediapart.fr

(2) http://donosdamidia.com.br

(3) Véase Breno Altman, “El giro a la derecha del Partido de los Trabajadores”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2015.