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Balance del primer año de Barack Obama

Balance del primer año de Barack Obama Guantánamo, el infierno sigue

Par Roberto Montoya  |  8 février 2010     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El 12 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados del 11-S, la Administración de Bush mostraba con orgullo al mundo entero humillantes fotos de anónimos prisioneros maniatados, encapuchados y arrodillados frente a sus jaulas-celdas en el penal de Guantánamo. Eran las primeras presas de la “cruzada contra el terror”. El 12 de enero de 2010, a casi un año de la llegada de Obama a la Presidencia de Estados Unidos y de su promesa de cerrar ese campo de concentración del siglo XXI, cerca de 200 prisioneros seguían allí, olvidados por la comunidad internacional.

En los ocho años transcurridos desde la llegada de los primeros prisioneros a la cárcel de la ilegal base naval que EEUU mantiene desde 1903 en la bahía de Guantánamo, en Cuba, han pasado por ella 779 (1) hombres de cuarenta nacionalidades, desde adolescentes hasta ancianos. Al iniciar Obama su mandato el 20 de enero de 2009 quedaban 242 prisioneros. Entre sus primeras promesas al llegar a la Casa Blanca, estaba la de cerrar esa prisión en el plazo de un año. Sin embargo, hasta mediados de enero de 2010 sólo habían sido liberados o transferidos a otros países 44 de esos detenidos. Aún se encontraban allí 198 reclusos, 92 de ellos yemeníes, esperando la decisión de las autoridades estadounidenses sobre su futuro, mientras permanecían invisibles la ONU y la llamada comunidad internacional. Al menos 40 de esos prisioneros yemeníes aguardaban su inminente liberación y traslado a Yemen.

Pero el 6 de enero, Obama les anunciaba una mala noticia ; decidía congelar su liberación, tras consultarlo con el fiscal general del Estado, Eric Holder (2). La causa : el frustrado intento de atentado contra el vuelo 253 de Delta Airlines que cubría el trayecto Amsterdam-Detroit el pasado 25 de diciembre. Según los servicios de Inteligencia estadounidenses, el joven nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, que intentó hacer explotar el aparato en vuelo con una pequeña carga de pentrita escondida en su cuerpo, habría confesado pertenecer a Al Qaeda y haber sido entrenado en Yemen. También, según la CIA, ex prisioneros yemeníes de Guantánamo, como Abu Hrayrah Qasim al-Reemi y Said al-Shihri, forman parte actualmente de la dirección de Al Qaeda de la Península Arábiga, la rama de la organización de Ben Laden que, desde 2006, opera en Yemen, Somalia y otros países de la convulsionada región.

Después del intento de atentado de Navidad, se filtró interesadamente a la prensa un informe clasificado del Pentágono, según el cual uno de cada cinco de los 560 ex prisioneros de Guantánamo liberados y enviados a distintos países, son sospechosos de practicar alguna actividad militante o abiertamente terrorista (3).

Asociaciones defensoras de los derechos civiles en EEUU denunciaron la clara intencionalidad del informe, en el que predomina la imprecisión y la ambigüedad, pero que consigue extender el rechazo a la liberación de prisioneros entre la opinión pública.
Obama ha terminado así, como ante muchos otros de sus objetivos declarados, cediendo a la fuerte presión del Pentágono, de los servicios de Inteligencia, los republicanos y un número creciente de congresistas del propio Partido Demócrata. Todos ellos extremadamente críticos con cada uno de los intentos del Presidente por desmontar la compleja trama legal que, durante los ocho años de la Administración de Bush, legitimó y justificó el uso sistemático de la tortura contra los prisioneros y las violaciones a las leyes federales, la Constitución de EEUU y el derecho internacional.

John A. Boehner, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, ya había criticado a Obama por las liberaciones de prisioneros antes del atentado frustrado de Navidad. “Devolver esos terroristas a otros países no funciona y tampoco debemos traerlos a EEUU”, dijo Boehner. “Es hora de que el Presidente acabe con el traslado de terroristas a otros países, incluyendo a Yemen, y que se replantee su decisión de cerrar la prisión de Guantánamo”, añadió (4). No fue el único. El líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que “Guantánamo sigue siendo el lugar adecuado para tener a los terroristas, especialmente a aquellos que no estarían a buen resguardo detenidos en un tercer país” (5).

La propia presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la senadora demócrata Dianne Feinstein, dijo por su parte : “No se puede devolver a Yemen a detenidos de Guantánamo en este momento, porque es muy inestable” (6).

Abogados de los presos contestaron que la inestabilidad de Yemen es ya crónica y que a los cerca de 40 presos yemeníes a los que se iba a liberar no tienen por qué pagar con más tiempo en la cárcel la inestabilidad reinante en su país.

El propio Abu Bakr al-Qirbi, ministro de Exteriores de Yemen, país pobre de 22 millones de habitantes, aliado de EEUU, calificó de “totalmente contraproducente” la decisión de Obama de cancelar las liberaciones, porque fortalecía la popularidad de Al Qaeda. El débil y corrupto Gobierno del Presidente Ali Abdullah Saleh teme las consecuencias de un eventual despliegue de tropas de EEUU en su país. “Estoy seguro de que las experiencias en Irak, Afganistán y Pakistán serán muy útiles para entender que una intervención directa complica las cosas”, dijo Saleh (7). 

Los prisioneros que permanecen en Guantánamo han recibido un varapalo con el anuncio del presidente. Contra la mayoría de ellos no existe cargo alguno, como no existía contra ninguno de aquellos liberados en estos años, sin explicación ni indemnización alguna, tras haber sufrido torturas y humillaciones durante su cautiverio. En su desesperación para combatir a un enemigo tan atípico como la descentralizada y extendida red Al Qaeda, los mandos estadounidenses de la Operación Libertad Duradera, que inició el Pentágono el 7 de octubre de 2001 contra el poder talibán en Afganistán, compraron todos los prisioneros capturados por sus aliados de la Alianza del Norte, a los que presentaban como talibanes o combatientes de Al Qaeda. Después se supo que en realidad, por algunas decenas de dólares –50 por los supuestos combatientes de a pie y 100 y hasta 300 por los supuestos líderes–, la Alianza del Norte y señores de la guerra afganos vendieron al Ejército estadounidense a cientos de campesinos que en la mayoría de los casos no tenían nada que ver con los milicias talibanes o con Al Qaeda.

Permanecieron durante años, y muchos permanecen aún, sin poder recibir visitas de sus familias, privados de los derechos más elementales, como en las cárceles de las más crueles dictaduras. Sometidos a interminables interrogatorios, a humillaciones sexuales y religiosas, varios de ellos no aguantaron semejante infierno y se suicidaron. Entre el 18 y el 26 de agosto de 2003, 23 prisioneros trataron de estrangularse en sus celdas con la ropa en una acción coordinada, ante los malos tratos sufridos. Tres años más tarde algunos lograrían su objetivo. Fue el 10 de junio de 2006 cuando el comandante de la base, almirante Harry B. Harris, anunciaba que dos prisioneros saudíes y un yemení se habían suicidado. “No tienen respeto por la vida, ni la de ellos ni la nuestra. Creo que no fue un acto de desesperación sino una guerra asimétrica librada contra nosotros” (8), dijo Harris.

Por su parte Colleen Graffy, subsecretaria de Estado adjunta para la Diplomacia Pública, dijo, en una entrevista a la BBC, que el suicidio había sido “una buena operación de relaciones públicas para llamar la atención” (9). Los familiares de los tres prisioneros denunciaron claros signos de torturas en sus cuerpos y falta de órganos, al entregarles sus cuerpos el Pentágono.

El lunes 1 de junio de 2009 se unía a la lista de suicidados el yemení Muhammad Ahmad Abdalá Sali, de 31 años, quien permanecía preso desde febrero de 2002, sin que se hubiera presentado ningún cargo contra él.

La guerra que inició EEUU con su Operación Libertad Duradera y el Reino Unido con la Operación Herrick contra el poder talibán y las bases de Al Qaeda en Afganistán, contó y cuenta con el apoyo de numerosos otros países, entre ellos España, aglutinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) auspiciada por la ONU. A pesar de ello, ninguno alzó su voz contra la decisión del Pentágono de trasladar detenidos a su territorio de ultramar de Guantánamo, para mantenerlos en un limbo legal, lejos de los tribunales federales y de cualquier Corte de justicia internacional. Los aliados de EEUU fueron cómplices de esa flagrante violación de las Convenciones de Ginebra y otros tratados humanitarios internacionales. Aliados, España entre ellos, que permanecieron también mudos ante las denuncias de torturas en las bases militares, o ante las cárceles secretas de la CIA y su programa de secuestros ilegales de sospechosos en cualquier parte del mundo que eran trasladados a prisiones propias en el extranjero, o a prisiones de países aliados, para ser torturados con impunidad. Una comisión del Consejo de Europa y otra del Parlamento Europeo aportaron las pruebas de que esos vuelos de la CIA hicieron más de 1.000 escalas en aeropuertos de Europa entre finales de 2001 y 2007. Ningún organismo ni dirigente político europeo asumió su responsabilidad ; nadie pagó, ni política ni penalmente, por esos crímenes.

Sólo después de años de denuncias de los familiares de los prisioneros y de organismos defensores de los derechos humanos ; medios de comunicación y sectores minoritarios de la oposición, la Unión Europea reclamó tímidamente a EEUU una solución para ellos. La reacción llegaría con la nueva Administración. Obama, en su intento por acabar con ese símbolo de la “sombría era Bush”, pidió a los países aliados europeos que acogieran a algunos de los detenidos contra los que no existían cargos ni eran considerados peligrosos, pero que no podían ser devueltos a sus respectivos países por su propia seguridad. La UE aceptó albergar y controlar a un puñado de ellos, pero Obama sólo resolvía con ello una parte del problema.

La mayoría de los gobernadores de EEUU se negaron a recibir en sus respectivos Estados a presos de Guantánamo, alegando razones de seguridad. Muchos de ellos preferían que se quedaran eternamente en el limbo legal de Guantánamo. La fórmula ideada por la Administración de Bush sigue teniendo muchos adeptos.

La Administración de Obama dejó de utilizar el concepto de combatientes enemigos con el que Bush justificó que los detenidos no reunían las condiciones para gozar de los derechos que reconocen las Convenciones de Ginebra. Sin embargo, hasta ahora, no se ha cambiado radicalmente su estatus. Obama ha reconocido algunos derechos a los presos juzgados por las comisiones militares creadas por Bush, pero sigue manteniéndolas en pie. El 8 de enero Obama dijo también : “Estamos en guerra”.

Son tribunales militares, y no tribunales federales, los que juzgarán, en territorio continental, a los únicos seis prisioneros contra los que, hasta mediados de enero, se habían presentado cargos formales. Un enigma envuelve aún el futuro de las otras docenas de prisioneros contra los que no existen cargos, pero a los que el Pentágono considera peligrosos, como el futuro de los cerca de cuarenta yemeníes cuya liberación ha sido cancelada por Obama.

La última solución encontrada por Obama para sortear la resistencia del Congreso y los gobernadores a aceptar presos en sus cárceles, ha sido la de comprar una prisión de máxima seguridad casi vacía en una zona rural de Illinois, el Thomson Correctional Center. El gobernador de ese Estado, el demócrata Patrick J.Quinn, quien precisamente hace poco fue denunciado por liberar a 1.700 presos comunes con poco tiempo de condena cumplida, para reducir el presupuesto penitenciario, es el más entusiasta defensor del proyecto, convencido de que permitirá crear muchos puestos de trabajo.

Obama no lo tiene fácil para que el Congreso apruebe el coste de la compra de la prisión y su adaptación para albergar a los prisioneros de Guantánamo. Algunos ya la llaman Guantánamo Norte. Amnistía Internacional ha dicho que si no se llevan a cabo procesos con todas las garantías “GITMO (las siglas en inglés de la prisión de Guantánamo) cambiaría simplemente de código postal”.

El chapucero intento de atentado en el vuelo de Delta Airlines ha servido a los neocons y a muchos de los opositores de Obama en el Partido Demócrata, no sólo para que se cancelen liberaciones de Guantánamo. También para que la seguridad nacional yla lucha contra el terrorismo vuelvan a ser las grandes protagonistas, desplazando a la crisis económica, al paro, a la reforma sanitaria, y a las múltiples injusticias. Y el retorno de esas “prioridades securitarias” no afectará sólo a EEUU... 

© lmd EN ESPAÑOL

 

Notas :

(1) The Washington Post actualiza diariamente los traslados de prisioneros de Guantánamo a otros países y la lista, con los nombres de los que quedan, en http://projects.washingtonpost.com/guantanamo/

(2) http://latimesblogs.latimes.com/washington/2010/01/nigerian-underwear-bomber.html

(3) http://www.nytimes.com/2010/01/07/us/politics/07gitmo.html?hp=&pagewanted=print

(4) http://www.nytimes.com/2010/01/01/us/politics/01terror.html

(5) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/06/AR2010010602825.html

(6) http://www.nytimes.com/2010/01/01/us/politics/01terror.html

(7) http://www.nytimes.com/aponline/2010/01/07/world/AP-ML-Yemen-Al-Qaida.html?_r=1

(8) http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37763

(9) http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_5069000/5069764.stm

 





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