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WASHINGTON REACTIVA LA DOCTRINA MONROE

“Basus belli” en Colombia

Par Maurice Lemoine  |  13 mars 2010     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Bogotá y Washington pretenden que las siete bases militares puestas a disposición de Estados Unidos en territorio colombiano, en virtud del acuerdo firmado el 30 de octubre de 2009, tengan por objeto reforzar la lucha contra el narcotráfico. Numerosos países latinoamericanos –empezando por Brasil y, particularmente, Venezuela– consideran por su parte que se trata de un pretexto para encubrir las verdaderas intenciones del Pentágono en la región.

Los problemas de Colombia se extienden mucho más allá de sus fronteras y tienen implicanciones en la seguridad y la estabilidad regional”, declaró en agosto de 1999 la entonces secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright (1). El 13 de julio del año siguiente, el presidente de EEUU William Clinton y su homólogo colombiano Andrés Pastrana acordaron firmar el Plan Colombia, destinado a terminar con el narcotráfico y las guerrillas. A modo de participación, el Congreso, en Bogotá, sólo tuvo derecho a consultar un texto parcial y… en inglés.

Una década más tarde, Colombia recibió más de 5.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, esencialmente militar. Y desde la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, corrió mucha sangre bajo el puente. El Presidente había prometido una “rápida victoria” sobre los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) : según los balances que difunde el Ejército colombiano, triunfó ampliamente. Por ejemplo, en 2007 el Ejército pretendía haber capturado a más de 6.500 guerrilleros y haber dado muerte a más de 3.000 ; cifras que se repiten año tras año. Siempre según Bogotá, de 2002 a mayo de 2008 el programa de desmovilización involucró a cerca de 15.000 personas, de las cuales 9.000 serían miembros de las FARC. Sabiendo que siempre se estimó el número de esas fuerzas en alrededor de 15.000 combatientes, ¡forzosamente han desaparecido !
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El 30 de octubre de 2009, el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense William Brownfield firmaron un nuevo acuerdo elaborado en secreto que otorga a Estados Unidos, por un periodo de diez años, renovable, siete bases militares en territorio neogranadino (2), con los mismos objetivos que adelantara el Plan Colombia (3). De hecho, aunque desde hace dos años vienen sufriendo serios reveses, las FARC siguen activas. El anuncio de su derrota se debe sobre todo a la curiosa manera en que el Ejército colombiano infla sus balances. Actualmente están en curso 1.300 investigaciones –parte visible del iceberg– contra miembros de las Fuerzas Armadas, en el marco de lo que se llama el escándalo de los “falsos positivos” : el asesinato de civiles presentados posteriormente como guerrilleros muertos en combate.

No obstante, frente a un adversario compuesto de “irregulares” y para destruir mediante aspersión química plantaciones de cultivos ilícitos, la fuerza que despliega Estados Unidos en las siete nuevas bases –Palanquero, Malambo, Apiay, Cartagena, Málaga, Larandia, Tolemaida– parece por lo menos desproporcionada (4). Así, el Pentágono invertirá 31,6 millones de euros para el acondicionamiento de Palenquero, a orillas del río Magdalena. La instalación dispondrá de una pista de 3.500 metros preparada para recibir aviones C-17 (Galaxy) capaces de transportar 70 toneladas y que poseen una autonomía de vuelo de más de 8.000 kilómetros sin reaprovisionamiento de combustible. Desde Apiay operarán aparatos de reconocimiento y AWACS (Airborne Warning and Control System ; radares volantes de largo alcance).

El 10 de agosto de 2009, antes incluso del anuncio oficial del acuerdo, el presidente venezolano Hugo Chávez advertía durante la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito : “Vientos de guerra comienzan a soplar” en América del Sur (5). Muchos atribuyeron sus palabras a un delirio paranoico –¡otra excentricidad más !–. Sin embargo, sus homólogos Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) también expresaron su preocupación. A sus voces se agregaría la del ex presidente colombiano Ernesto Samper : “Vamos a prestar el país para que se convierta en un portaaviones para hacer operaciones de vigilancia electrónica en toda la región suramericana. (…) Es como prestarle el balcón a una persona que no vive en el edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos” (6).

Marcando la tendencia dominante de la época pos-Guerra Fría, Estados Unidos ha pasado de una estrategia de containment (contención) del rival soviético a la búsqueda de la omnipresencia geoestratégica planetaria. Las nuevas tecnologías militares ya no exigen bases gigantescas, sino una densa red de puntos de apoyo preestablecidos que permitan, de ser necesario, proyectar fuerzas de rápido despliegue (7).

Hasta finales de 1999, gracias a las catorce bases –y en particular a la de Howard– situadas en la zona estadounidense del canal de Panamá, donde estaba instalado el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (US Southcom), Washington controlaba tanto América Central como América del Sur. Tras la retirada del istmo, fruto del acuerdo Carter-Torrijos (8), el Pentágono se aseguró, evitando utilizar el calificativo de “bases”, centros operativos de avanzada (Forward Operations Location ; FOL) y centros de seguridad cooperativa (Cooperative Security Locations ; CSL), en Comalapa (El Salvador), Soto Cano (Honduras), Guantánamo (Cuba), Roosevelt Roads (Puerto Rico), Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curaçao) –islas bajo jurisdicción de los Países Bajos–, Iquitos y Nanay (Perú), Liberia (Costa Rica) y Manta (Ecuador).

Pero mientras que, en línea directa con la doctrina Monroe (9), la “indócil” América Latina se volvía nuevamente prioritaria, Roosevelt Roads fue cerrada en mayo de 2003, a consecuencia de importantes manifestaciones de los habitantes de la isla de Vieques (Puerto Rico). Brasil se negó a conceder a Estados Unidos, que la solicita hace mucho, la estratégica base de Alcántara, situada en su territorio. Con la llegada al poder del presidente Fernando Lugo, en Paraguay, se detuvo el proyecto de ocupación del aeropuerto de Mariscal Estigarribia, situado a menos de 100 kilómetros de la frontera boliviana –lo que quizás no sea ajeno a las actuales dificultades de Lugo–. Última contrariedad : el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, no renovó la concesión de Manta, que finalizaba el 18 de septiembre de 2009 y desde donde operaban los aviones espías Orion C-130 y AWACS.

Por un breve momento se pudo creer que la Casa Blanca había abandonado la belicosa retórica de George W. Bush. Pero sería olvidar que la planificación del Pentágono es independiente de quién llegue a ser el Presidente. Éste, por más que sea el “comandante en jefe” –y parece que Barack Obama no es una excepción–, ratifica muy a menudo las recomendaciones y decisiones del Estado Mayor Conjunto y del Departamento de Defensa.

Tanto Washington como Bogotá aseguran que no se trata de establecer “bases estadounidenses”, sino tan sólo de usar las “instalaciones colombianas”. Así, el 8 de diciembre de 2009, en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) de Montevideo, el vicepresidente colombiano Francisco Santos declaró : “Podemos superar las diferencias sobre una base de respeto mutuo y la seguridad de que el acuerdo con Estados Unidos jamás será utilizado para ninguna acción contra ningún país del continente”. No convenció, como tampoco lo hizo Uribe, recibido fríamente –salvo en Lima– durante su gira de “franca explicación” del 4 al 6 de agosto de 2009 en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Y con razón…

En mayo de 2009, para obtener la financiación del acondicionamiento de la base de Palenquero, un documento del Departamento de Defensa presentado al Congreso estadounidense precisaba : “El desarrollo de este CSL brinda una oportunidad única para un amplio espectro de operaciones en una subregión crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad están bajo la constante amenaza de insurgencias narcoterroristas, de gobiernos anti-estadounidenses [el subrayado es nuestro], de una pobreza endémica y de constantes desastres naturales” (10). No hay forma más clara de decir que el objetivo de las bases es efectuar misiones de inteligencia militar sobre el conjunto de América del Sur, y que el despliegue de tropas estadounidenses permitirá eventuales operaciones abiertas y/o clandestinas, en Colombia y en la región. Como el Plan Colombia, el acuerdo autoriza la presencia de 800 militares estadounidenses y 600 contractors (contratistas) pertenecientes a las empresas más poderosas del complejo militar-industrial –entre otras DynCorp, Bechtel, Lockheed Martin, Rendon Group y Raytheon–.

Por supuesto, las reacciones más vivas provienen de naciones que están en la mira de Washington, como Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Ya se conoce allí la tradición estadounidense de utilizar a terceros países para espiar, desestabilizar o lanzar ataques militares contra Gobiernos “molestos”. En 1954, la operación destinada a derrocar al presidente de Guatemala Jacobo Arbenz fue lanzada a partir de bases (en este caso clandestinas) instaladas en Nicaragua y en Honduras. Misma estrategia que la de la tentativa de invasión de Cuba, en bahía de Cochinos, organizada en abril de 1961 desde Guatemala y Nicaragua. Honduras también sirvió como plataforma de la estrategia de Washington en la guerra que se impuso a la Nicaragua sandinista en la década de 1980, con la base estadounidense de Palmerola (Soto Cano) como principal punto de apoyo.

Bogotá anunció la creación de una nueva división (12.000 hombres, 6 batallones) en la frontera con Venezuela, y de una base en la península de Guajira, también fronteriza. Por su parte, el Gobierno panameño informó que Estados Unidos establecerá dos (e incluso tal vez cuatro) bases navales en el país, en bahía Piña y en Punta Coca. Mientras tanto, las provocaciones se multiplican –sobrevuelo ilegal del territorio venezolano por un dron (vehículo aéreo no tripulado) procedente de Colombia (20 de diciembre de 2009) y por dos cazas estadounidenses (17 de mayo de 2009 y 7 de enero de 2010) que despegaron de Curaçao–, paramilitares colombianos se infiltran y la guerra psicológica está en su apogeo.

Así, Venezuela aparece (junto con Bolivia y… ¡Birmania !), en el grupo de los tres países que, según Washington, no se esfuerzan por luchar contra el narcotráfico (11). El 25 de mayo de 2009, el diario El Tiempo (Bogotá) publicó informaciones del servicio secreto colombiano según el cual una docena de jefes guerrilleros viven en Cuba, en Ecuador y en Venezuela. Ya en marzo los generales colombianos se declaraban preocupados por no poder actuar “sobre los diez campamentos de jefes rebeldes de las FARC en Venezuela y en Ecuador” (12).

En nombre de la lucha contra la “narcoguerrilla” se establecen los elementos de un escenario catastrófico. El 28 de diciembre de 2009, ante la sospecha de que Bogotá se disponía a poner en escena “falsos positivos” para justificar una incursión o un ataque en su país, Chávez declaraba : “No sería extraño que ellos, que matan a tanta gente en Colombia, maten a no sé qué gente, ni cuánta gente, los traigan a territorio venezolano (…), construyan un campamento improvisado que también contará con armamento y panfletos con propaganda (…) y digan : ahí está la base de los guerrilleros” (13).

Por el momento, no es factible ni se proyecta una agresión directa de Estados Unidos a la República Bolivariana. Pero el menor incidente fronterizo causado por un enfrentamiento entre fuerzas venezolanas y colombianas, o incluso simplemente fabricado, puede servir de pretexto para detonar un conflicto en el curso del cual Washington acudiría en ayuda de su aliado. Sabiendo que las numerosas bases y la IV Flota estadounidense, reactivada en 2008, cercan por completo a Venezuela. 

 

Notas :

(1) The New York Times, 10 de agosto de 1999.

(2) De Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia.

(3) La Constitución (art. 173 y 237) autoriza sólo “el tránsito” –es decir el paso temporal– de tropas extranjeras por el territorio de la República, con acuerdo del Senado y opinión favorable del Consejo de Estado, requisitos que el gobierno no cumplió. Por otra parte, en ausencia de tratado internacional aprobado por el Congreso y sujeto a un control de legalidad por parte de la Corte Constitucional, ese acuerdo viola los artículos 150-16 y 241-10 de la Constitución.

(4) En el marco del Plan Colombia, militares e instructores estadounidenses ya están en las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo.

(5) TeleSur, Caracas, 10 de agosto de 2009.

(6) TeleSur, 8 de noviembre de 2009.

(7) Léase Ignacio Ramonet, “Cercando a Venezuela”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2010.

(8) Firmado por los presidentes James Carter y Omar Torrijos en 1977, fijaba el 31 de diciembre de 1999 como fecha límite para devolver el canal y el conjunto de las instalaciones de la Canal Zone (CZ) a manos panameñas, así como el cierre de las bases estadounidenses.

(9) Principios enunciados por el presidente James Monroe en su mensaje al Congreso del 2 de diciembre de 1823, que establecen, de hecho, la dominación de Estados Unidos sobre todo el continente.

(10) Department of the Air Force, “Military Construction Program. Fiscal Year (FY) 2010. Budget Estimates. Justification Data Submitted to Congress”, mayo de 2009.

(11) El 13 de agosto de 2009, después de que la Guardia Nacional interceptara más de 3 toneladas de droga (marihuana) en el Estado de Táchira, el ministro del Interior venezolano Tareck el Asaimi señalaba que el camión había pasado sin inconvenientes tres puestos de control, de tres organismos de seguridad, del lado colombiano de la frontera, en Cúcuta.

(12) Noticias 24, Caracas, 6 de marzos de 2009.

(13) Venezolana de Televisión, Caracas, 28 de diciembre de 2009.





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