Cuando, en octubre de 2009, Río de Janeiro fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2016, la playa de Copacabana se convirtió en una fiesta. “¡Llegó nuestra hora ! Será una oportunidad sin igual. Aumentará la autoestima de los brasileños, consolidará conquistas recientes, estimulará nuevos avances”, se emocionó el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las primeras Olimpiadas de Sudamérica fueron interpretadas como la ocasión perfecta para consolidar a Brasil como gran economía emergente y, para los cariocas, como la ocasión para acelerar la necesaria mejora de las infraestructuras de la cidade maravilhosa. El evento se sumaba además a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol), que se llevará a cabo dos años antes, en 2014, en doce ciudades brasileñas, entre ellas, en la propia Río, donde se jugará la final en el célebre estadio Maracaná.

Serán años de mucho movimiento para la economía brasileña y las inversiones extranjeras. Los números marean : 14.000 millones de dólares para las obras del Mundial, 18.000 millones para el proyecto olímpico, creación de 330.000 empleos fijos y otros 380.000 temporales, incremento del consumo en 3.000 millones de dólares (1). Por no hablar del estímulo que recibirá el sector turístico : se espera la llegada de más de 3 millones de turistas, nacionales y extranjeros. Pero quizás la mayor apuesta sea la mejora de las infraestructuras, y en especial la de la red de transportes, una de las principales asignaturas pendientes de la mayor economía de América Latina. Se prevé en este capítulo inversiones por 14.000 millones de dólares que apuntan a modernizar y ampliar la red vial así como los puertos y aeropuertos, además del ambicioso proyecto de construcción de un tren de alta velocidad que uniría Sao Paulo con Río (2).

Sin embargo, algunas sombras acechan en el horizonte. Un considerable retraso en las obras. La precariedad de la red de transportes brasileña –particularmente los aeropuertos– es tal que podría llegar a colapsar si no culminan con éxito los proyectos. El propio Ministro de Deportes reconoce que “el desafío del cronograma es urgente”, pero por las dudas recuerda que “la ejecución está en manos de las alcaldías y de los gobiernos de los estados”. Por otra parte, el antecedente de los Juegos Panamericanos (PAN), celebrados en Río en 2007, alimenta recelos sobre la construcción de “elefantes blancos”, esas construcciones grandes y caras que acaban abandonadas, sin ningún uso práctico. El Ejecutivo niega que vaya a ser así y enarbola la bandera de Barcelona 92. Por último, la comunidad internacional está siguiendo muy de cerca el tema de la seguridad. El gobernador del estado de Río, Sérgio Cabral, ha anunciado inversiones por 144 millones de dólares en la materia y, confiado en políticas como las de las Unidades de Pacificación Policial, estima que no habrá problemas.

La pregunta que se hacen los brasileños de a pie es hasta qué punto ellos, que pagarán la factura de las mastodónticas obras previstas, acabarán beneficiándose de ellas. La suspicacia no es gratuita : los PAN de 2007 dejaron como legado edificios innecesarios, facturas infladas y todo tipo de irregularidades fiscales (3). No se construyeron las infraestructuras prometidas, pero sí apartamentos para los sectores acomodados, algo que el concejal Eliomar Coelho calificó de “absurdo e irresponsable si se tienen en cuenta las necesidades habitacionales de Río” (4), donde alrededor de un millón y medio de personas viven en favelas. La pregunta es, entonces, ¿hacia qué modelo de ciudad se encamina el proyecto olímpico ?

Carlos Vainer, profesor del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), sostiene que los megaeventos deportivos se utilizan como una “cortina de humo” : sumen a la ciudadanía en una “movilización emocional” que posibilita una aprobación acelerada de los proyectos, sin debate previo y sin un planeamiento urbano estratégico. “Es como un estado de excepción, un momento en que la legislación brasileña no necesita ser cumplida”, resume Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada. Ante la urgencia de los eventos, se aceleran las licitaciones y se aprueban proyectos sin el diálogo con la ciudadanía que estipula el Estatuto de las Ciudades (5). El Gobierno Federal ya ha anunciado que elaborará una medida provisional para que las obras del Mundial tengan un proceso de licitación más rápido, mientras dirige sus críticas contra el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), un órgano fiscalizador que supuestamente retrasa las obras.

“Los negocios prevalecen sobre el interés común : la privatización del espacio público es absoluta”, sintetiza el profesor Vainer (6), para quien este proceso se enmarca en la concepción urbana alentada en los años 1980 y 1990 por el Consenso de Washington que concibe a la ciudad como una mercancía y antepone el lucro empresarial al interés público. Es lo que denomina “la ciudad vitrina” : una “ciudad reducida a su faceta de exportación. Es preciso esconder todo aquello que genera críticas, todo lo que no se coloca en la vitrina, es decir pobreza, miseria…” (7). Y los eventos deportivos, concebidos como una oportunidad para impulsar la imagen de la ciudad, aceleran este tipo de procesos.

A menudo, ello conlleva el intento de “eliminar las favelas consideradas estéticamente negativas en áreas frecuentadas por los visitantes, por medio de proyectos de reurbanización que priorizan la estética en relación con las necesidades de la población local”, como ha denunciado Raquel Rolnik (8). De ahí que las expulsiones y los desalojos forzados se hayan convertido en “una característica común de los preparativos de los megaeventos deportivos”. Los precedentes internacionales, poco alentadores, le dan la razón a la relatora de la ONU : en Nueva Delhi fueron desalojadas 35.000 familias con motivo de los Juegos de la Commonwealth de 2010. Ese mismo año, en la Sudáfrica del Mundial de Fútbol, 20.000 vecinos del asentamiento irregular Joe Slovo fueron recolocados en áreas pobres de la periferia, y Pretoria aprobó la Ley de Eliminación y Prevención de Villas para trasladar a sus vecinos a campamentos alejados de las zonas más concurridas.

Rolnik explica que se trata de una tendencia mundial que empieza en los años 1980, cuando las Olimpiadas y otros eventos comienzan a cambiar la fisonomía de las ciudades : “El Comité Olímpico Internacional (COI) adoptó la filosofía de incorporar progresivamente al sector privado en la promoción de los Juegos Olímpicos”. Desde entonces, el COI impone requisitos “excesivos” que van en consonancia con los intereses de la especulación inmobiliaria. En consecuencia, los eventos deportivos suelen dejar como balance una subida de precios, menos viviendas sociales y más asentamientos precarios. La relatora de la ONU no vacila en denunciar que “si el COI actúa con una cierta ética, la FIFA es una de las organizaciones internacionales más corruptas” y que los Mundiales se orientan en función de intereses empresariales (9).

Los riesgos son evidentes en el caso de Río de Janeiro, donde el lujo de barrios como Ipanema y Leblón convive con la omnipresencia de las favelas en los morros. Algunas, como la Maré, al norte de la ciudad, han sido invisibilizadas por los muros que, desde 2008, se construyeron alrededor de una docena de favelas. Otras, directamente deben ser demolidas. Es el caso de favelas como Vila Recreio, Vila Harmônia o Vila Autódromo, que ya sufrió presiones en la antesala de los Juegos Panamericanos. En ese momento, sólo la unidad de la comunidad libró a sus habitantes de la recolocación (10). Hoy, vuelven las presiones, y ellos siguen dispuestos a resistir. Ya han comenzado a movilizarse : el Foro de Articulación de las Luchas en los Territorios Afectados por el Mundial 2014 ha solicitado formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se manifieste ante la “situación de emergencia de violación de derechos humanos de esas comunidades”.

Para las asociaciones vecinales, el problema no son los desalojos en sí, sino el modo en que se llevan a cabo. “Se pasa por encima de los derechos de la población pobre para liberar el suelo mejor situado, donde se pueden hacer grandes negocios”, sostiene Rolnik (11). Aunque la ley brasileña contempla la recolocación como la última alternativa, y siempre que sea dialogada con los vecinos, la relatora de la ONU lleva tiempo denunciando la existencia de un “patrón de actuación de falta de transparencia y consulta, de falta de diálogo y de negociación con las comunidades afectadas” (12). La ley establece también que los afectados deben recibir una vivienda igual o mejor, y en un lugar próximo. Pero, en el mejor de los casos, se les dio un cheque de unos 5.000 reales (3.000 euros), una cifra “absolutamente insuficiente para su reasentamiento”, cuenta Rolnik, y detalla que en ocasiones las autoridades “compran liderazgos o distribuyen el dinero de forma desigual, para que no resistan de forma cohesionada”.

Helena Silvestre, veterana militante de movimientos sociales por la vivienda digna, relata que las comunidades reciben amenazas y se ven forzadas a aceptar ese cheque o, incluso, apenas un pasaje de vuelta al Nordeste, la empobrecida región de la que provienen muchos trabajadores que, en la época de la industrialización brasileña –y todavía hoy– pasaron a engordar los cinturones de pobreza de las grandes urbes. Otras veces, las comunidades directamente deben enfrentarse con la policía, que no duda en hacer uso de la fuerza. Hay también casos más extremos : Rolnik sostiene que, en el estado de Maceió, los vecinos de una favela que luchan para no ser desalojados han recibido amenazas de grupos paramilitares, y que ya se han registrado homicidios sospechosos en esas comunidades. En Sao Paulo, muchos vecinos sospechan que varios incendios fueron provocados para expulsar a los vecinos de las favelas más codiciadas por la especulación inmobiliaria, como Real Parque y Paraisópolis (13).

En Brasil, el déficit en vivienda no es un problema marginal : se calcula en seis millones de viviendas. Un 70% de la población no tiene acceso al mercado inmobiliario. Los trabajadores, incluso los que tienen un salario fijo, profesionales como maestros o policías, no pueden aspirar a una vivienda digna si no es con un subsidio público. A muchos no les queda más opción que la ocupación ilegal. “Las favelas se multiplican porque son el único modo de acceso a la vivienda para amplias franjas de la población”, escribe el profesor de la UFRJ Cristovão Fernandes (14). La consecuencia ha sido una creciente periferización y favelización de las ciudades en las últimas décadas. Resulta complejo indicar fielmente qué porcentaje de la población brasileña vive en favelas, pero algunas estimaciones sostienen que existen entre 900 y 1.000 favelas en Río de Janeiro, donde viven casi un tercio de los cariocas, mientras que en Sao Paulo la cifra alcanzaría las 1.500 favelas.

Así, la excepción se ha convertido en regla, y no sólo en las favelas. Las irregularidades urbanísticas son ley : millones de brasileños carecen de títulos de propiedad ; en algunos municipios, hasta el 90% de las viviendas está en una situación jurídica irregular.

En uno de los países más latifundistas del planeta, tanto en la ciudad como en el campo, la desigualdad pasa esencialmente por el reparto de la tierra. Por eso, la arquitecta Ermínia Maricato afirma que “la tierra está en la esencia del alma brasileña”. Por eso los movimientos sociales más fuertes de Brasil están relacionados con el suelo, rural o urbano (15). Y de ahí que Gizele Martins, vecina de la favela carioca de Maré, insista en que, frente a lo que venden los estigmas y pregonan los medios de comunicación, “el primer problema de la favela es la precariedad en vivienda, no el narcotráfico ni la violencia”.

Movimientos sociales y expertos piden desde hace tiempo una reforma urbana. Volver a una concepción volcada en los intereses de los ciudadanos y no de las empresas ; de implementar una planificación estratégica de la ciudad basada en la función social del suelo. Una estrategia que, por ejemplo, privilegie la ocupación de edificios vacíos para el realojamiento de personas que viven en zonas de riesgo, en un país donde existen cerca de cinco millones de edificios vacíos –según el Censo 2010– que prácticamente cubrirían el déficit habitacional.

¿Por qué no convertir, por ejemplo, los grandes almacenes desocupados de la zona portuaria carioca en vivienda social para la población necesitada ? El Mundial y las Olimpíadas podrían dejar así un legado positivo y duradero desde el punto de vista social y medioambiental.

Pero los proyectos que ya han sido aprobados van en dirección contraria. Si una activa movilización ciudadana no lo impide, todo apunta a que se cumplirá la predicción de Carlos Vainer : las competiciones deportivas en Brasil dejarán ganadores y perdedores. Y, apunta el profesor que “ganarán las grandes empresas y los propietarios de las tierras de Barra de Tijuca, que verán sus propiedades revalorizadas. Perderá la mayoría de la población, que seguirá desprovista de transportes”. Perderán quienes sean despojados de sus casas. Perderán, sobre todo, los más débiles, los más pobres, los mismos de siempre.

 

(1) Los datos surgen del Ministerio de Deportes de Brasil, del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

(2) Emblemático y polémico, el llamado “tren bala” requeriría de una inversión de más de 30.000 millones de dólares. La licitación ha sido postergada varias veces.

(3) En aquella ocasión, se había presupuestado 700 millones de reales (unos 430 millones de dólares), pero el gasto final se disparó hasta 4.000 millones (2.500 millones de dólares), y sin embargo muchas obras, especialmente de infraestructura, no se terminaron o no llegaron a iniciarse. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) detectó casos de sobrefacturación y otras irregularidades.

(4) Marcelo Salles, “Jogos ou negócios olímpicos ?”, Caros Amigos, Sao Paulo, noviembre de 2009.

(5) Dicho Estatuto garantiza el “derecho al acceso, por parte de cualquier interesado en la fiscalización de los planes directores, a cualquier documentación e información producida en el proceso de planeamiento urbano” (Ley 10.257/2001, art. 39).

(6) Carlos Vainer, “Rio 2016 : um jogo (Olímpico ?) de cartas marcadas”, Jornal dos Economistas do Rio de Janeiro, Nº 254, diciembre de 2009.

(7) En Río de Janeiro, esta concepción urbana se inaugura con el Plan Estrátegico de 1993, concebido por el alcalde César Maia. Cf. Vainer, op. cit.

(8) Informe de la relatora Raquel Rolnik ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2009.

(9) Entrevista para Caros Amigos, Nº 169, abril de 2011.

(10) Nazaret Castro, “Juegos en Río : ¿otra oportunidad perdida ?”, Público, Madrid, 25 de diciembre de 2009.

(11) Similares denuncias hizo el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en su visita a Río de Janeiro a fines de abril.

(12) Véanse los sucesivos informes presentados por Rolnik ante la ONU : http://raquelrolnik.files.wordpress.com/ 2010/11/mega_eventos_portugues1.pdf

(13) Débora Prado, “Onde Há Fumaça, Há Fogo”, Caros Amigos, octubre de 2010.

(14) http://cristovao1.wordpress.com

(15) Esto es, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y las asociaciones que luchan por la vivienda digna. Entre ellas se destaca el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), que nació en 1997 por iniciativa del MST y, siguiendo su línea, promueve ocupaciones de edificios vacíos y asentamientos en campamentos.