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“SOBERANOS E INTERVENIDOS”

Cómo España se inclina ante Alemania

Par Joan E. Garcés  |  14 janvier 2013     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El 14 de noviembre de 2011, la canciller de Alemania Angela Merkel, en el congreso de su partido democristiano, reclamó la creación de una “nueva Europa” donde los Estados transferirían competencias presupuestarias y fiscales a la Zona Euro, elegirían a un presidente permanente por sufragio universal y en cuyo Banco Central el voto, hasta ahora igual, sería reemplazado por otro ponderado según el volumen de la economía de cada Estado. Es decir, una UE que, bajo la hegemonía de Alemania, país con mayor población y recursos económicos, pudiese bloquear la libertad de los ciudadanos de cambiar su sistema socio-económico y/o político.

Nadie, en la clase política española, se ha opuesto a que España sea absorbida en esa “nueva Europa” y desposeída, también, de la decisión última en materia de soberanía presupuestaria, fiscal y financiera.

Desde las elecciones de 1977, los partidos españoles con representación parlamentaria se financian con subvenciones de los presupuestos públicos, con préstamos de entidades financieras privadas cuyos intereses cautelan y con donaciones en gran medida opacas (las cuotas de los afiliados representan un porcentaje irrelevante de su presupuesto). En el año 2006, los principales partidos recibieron 193,1 millones de euros en subvenciones públicas y reconocían acumular, con entidades bancarias, deudas por un total de 155,8 millones.

Los favores gubernamentales a las entidades financieras exteriorizan la continuada dependencia de los principales grupos políticos. En paralelo, mientras los partidos mayoritarios bloquean, en el Congreso de los Diputados, legislar que las formaciones políticas no puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o fundaciones que presten servicios o contraten con las administraciones públicas, los bancos condonan de manera opaca y sin explicación conocida préstamos a los partidos después de que los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) privatizaran la totalidad de la banca de propiedad pública, desguazando también al Estado de este neurálgico instrumento de defensa del interés colectivo.

El sistema establecido, a partir de 1977 en España, ha adoptado políticas propias del capitalismo financiero : privar al Estado de medios de producción y cambio en áreas estratégicas, y de excedentes que le aporten recursos para sostener inversiones productivas y redistributivas ; desindustrialización y deslocalización industrial, explotación del “ejército laboral de reserva” local y planetario, debilitamiento de los sindicatos y de los partidos obreros ; reducción de impuestos a las mayores empresas y fortunas individuales, con la consiguiente reducción de ingresos del Estado compensada con endeudamiento ; desregulación del movimiento de capitales ; incremento de la concentración de los principales medios de producción, financieros y de información, en empresas privadas que desestabilizan las estructuras políticas y/o socioeconómicas que no controlan.

Entre 2007 y 2012, los principales partidos políticos del postfranquismo han aceptado que el Estado asuma las consecuencias de las especulaciones de la banca privada (incluida la inmobiliaria). Lo que ha disminuido los ingresos del Estado –que han pasado desde casi un 3% del PIB de superávit en 2007 a un 8,5% de déficit en 2011– y aumentado la tasa de desempleo desde el 8% de 2007 al 24,6% de mayo de 2012 (52,1% la juvenil). Lo que el capital financiero ha aprovechado, a su vez, para especular ampliando el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública española con la del bono alemán, en desmedro de España –debe pagar mayor interés para obtener nuevos préstamos– y provecho de Alemania. Los referidos partidos políticos lo han aceptado sin reservas, dando la espalda a las enseñanzas de la historia.

El patrón que emerge de la especulación articulada entre agencias de calificación, capital financiero y medidas sociales represivas es conocido : constreñir la autonomía general del Estado en todas sus estructuras (central, regional/autonómica y municipal), en particular en relación con el capital financiero ; transferir a empresas privadas patrimonio y servicios públicos ; restringir los derechos laborales y las prestaciones a los trabajadores, y ciudadanos en general, en materia de cultura, educación, salud pública, pensiones, servicios sociales, etc.

Tal articulación es indisimulada : el lunes 5 de diciembre de 2011, cinco minutos después de que la canciller de Alemania y el presidente de Francia anunciaran las medidas políticas y económicas que deseaban que aceptara el Consejo Europeo convocado para el viernes 9 de diciembre de 2011, la agencia Standard & Poor’s publicitaba que ponía bajo “observación negativa” a 15 Estados del euro para rebajarles la calificación según se portaran ese viernes. El martes 6, con gran gozo, el ministro alemán de Hacienda declaraba : “Se trata de la mejor incitación posible para la cumbre de esta semana. No puedo imaginar nada más eficaz”. Al tiempo que el entonces presidente del Gobierno español (José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE) y el presidente del Partido Popular (Mariano Rajoy) avanzaban su incondicional respaldo a lo que les pidieran Alemania y Francia.

El euro, como moneda, y el eurosistema no reposan en un poder político federal ni confederal. Las estructuras de la UE carecen de instrumentos jurídicos y políticos que la defiendan de la especulación cuando grupos financieros dirigidos por comités centrales privados y estructurados desplazan electrónicamente de un país a otro, sin barrera ni restricción alguna, masas de capitales superiores a las que disponen los Estados.

El Banco Central Europeo (BCE) es una institución de la UE, pero sus decisiones no responden ante ningún organismo representativo de los pueblos europeos, de sus Parlamentos o Gobiernos. En los hechos, en cada ocasión, el BCE ha actuado según interesaba a los principales organismos financieros privados, en desmedro de los ciudadanos y de los recursos públicos. Desde el 9 de diciembre de 2011, el BCE ha estado ofreciendo préstamos en cuantía ilimitada (1,3 billones de euros hasta abril de 2012) al 1% de interés durante tres años a bancos privados, que los prestaban a España, Italia y otros Estados a un interés hasta un 700% más alto.

Los centros del capital financiero han hecho su lectura de este proceso y sus especulaciones medran, anticipando la explosión del sistema en torno del euro y la quiebra de algunos Estados. Han creado una dinámica que, en Alemania, algunos piensan que abre la oportunidad de modificar los tratados en orden a institucionalizar mayor subordinación de los pueblos, en los términos propuestos el 14 de noviembre de 2011 por la canciller Angela Merkel al congreso de su partido democristiano : una “nueva Europa” donde los Estados transferirían competencias presupuestarias y fiscales a la Zona Euro, un presidente permanente sería elegido por sufragio universal y en cuyo Banco Central el voto, hasta ahora igual, sería reemplazado por otro ponderado según el volumen de la economía de cada Estado. Es decir, una UE que bajo la hegemonía del país con más población y recursos económicos  bloquea la libertad de los ciudadanos de cambiar su sistema socio-económico y/o político.

Nadie en el establishment postfranquista se ha opuesto a que el Reino de España sea absorbido en esa “nueva Europa” y desposeído, también, de la decisión última en materia presupuestaria, fiscal y financiera. El propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 6 de junio de 2012 ofrecía por escrito a los Presidentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo “mayor cesión de soberanía, en particular en los ámbitos fiscal y económico ; crear una autoridad fiscal en Europa que oriente la política fiscal en la zona euro, armonice las políticas fiscales de los Estados Miembros, permita un control de las finanzas centralizado, ser gestora de su deuda ; la supervisión comunitaria del sistema bancario y de un fondo de garantía de depósitos común ; una ‘Unión fiscal y bancaria’”. Ello a pesar de las previsibles consecuencias socio-económicas negativas de enajenar los instrumentos financieros, fiscales y presupuestarios a organismos sobre los que no existe control democrático, aumentando el desguace de los instrumentos del Estado y la consiguiente legitimación de su desintegración territorial.

Tampoco se conoce de responsable alguno que, en España, haya propuesto alianzas –dentro y fuera de la UE– en defensa de intereses específicos de los ciudadanos no subordinados necesariamente a los de Alemania y/o EEUU. Tras el pronunciamiento militar contra la I República española en 1874, las políticas internas, la integridad territorial de la monarquía restaurada quedaron en parte en manos de Alemania ; también las de la dictadura fascista y la monarquía instauradas tras la intervención alemana contra la II República. La envergadura de la desconfianza en la capacidad de las estructuras político-económicas y sus dirigentes parecía llevar a la mayoría de españoles a aceptar, en diciembre de 2011, que su economía fuera directamente dirigida desde fuera de España, sin advertir que éste era uno de los fines del Gobierno alemán publicitado un mes antes, ni tampoco las consecuencias que de ello derivan.

Estos hechos reafirman la precariedad de los valores democráticos si no cuentan con voluntad y medios de defensa frente a quienes los consideran prescindibles, en particular ante recetas económicas ya experimentadas antes : extraer la mayor ganancia posible de países a cuyo endeudamiento han contribuido ; “capitalizar” la deuda cuando no pueden pagarla, es decir, que el capital recupere parte de sus créditos quedándose con empresas y otros bienes que previamente han depreciado. Pero se niegan a aceptar este criterio “de mercado” cuando son los Estados quienes compran sus propias deudas depreciadas. La meta no es mantener o lograr mayor igualdad social, industrialización o autonomía para decidir el presente y futuro de los ciudadanos, sino aplicar directrices del capital especulativo sobre el equilibrio fiscal –excepto cuando los bancos privados piden financiarse con el déficit fiscal– como medio para privatizar empresas de servicios básicos, disminuir la participación de los asalariados y ciudadanos en la renta nacional, reducir a su mínima expresión la capacidad del Estado para intervenir en el sistema económico y, en consecuencia, su capacidad de defender los intereses generales de su población.

Los pueblos iberoamericanos de uno y otro hemisferio ni se han resignado en otras coyunturas, ni se resignarán a ­sufrir las perversas consecuencias del juego de las Potencias y del capital especulativo. En España, pondrán en cuestión los pilares de las estructuras socioeconómicas, políticas y concepciones geoestratégicas que se suceden sin solución desde 1939 hasta hoy, construirán otras en las que participen de forma activa los ciudadanos y los trabajadores, con mayor igualdad social, vigencia efectiva de los valores democráticos y ecológicos, inversiones productivas en innovación y formación, articuladas con la realidad internacional que se aleja de los supuestos de la Guerra Fría sobre los que se construyeron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la OTAN y la UE. Que no aceptarán, en suma, las seculares concepciones estratégicas teorizadas por el geopolítico británico Halford J. Mackinder (1861-1947) que, en 1997, el ex ­consejero de Seguridad Nacional estadounidense Zbigniew Brzezinski ­actualizaba así : “En pocas palabras, la geoestrategia euroasiática de Estados Unidos debe incluir un control resuelto de los Estados dinámicos desde el punto de vista geoestratégico [...] Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial son los de impedir confabulaciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los ­bárbaros”.

Esos denominados “bárbaros” incluye a Rusia, la India y China, y en el altar de la preservación de tales imperativos los actuales discípulos de Mackinder ­sacrifican los intereses y derechos de “vasallos” y “tributarios” –entre los que sitúan a los iberoamericanos y a las instituciones democráticas que les son ­disfuncionales. Constatar las manifestaciones de este proceso en la Europa de hoy día, como hace Jürgen Habermas, no basta. Concebir y crear medios legítimos de autodefensa requiere tomar consciencia de las causas de las interacciones, de sus medios, fines y consecuencias, humanas y ecológicas. 





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