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TRANSICIÓN ANTIDEMOCRÁTICA en honduras

Cómo blanquear un golpe de Estado

Par Anne Vigna  |  8 février 2010     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Celebradas fuera del marco constitucional por las autoridades provenientes del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, las elecciones del 29 de noviembre han llevado al poder al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Ignorando la violencia de la represión desatada contra la oposición, Estados Unidos se apresuró a reconocer la validez de las votaciones.

Los policías recogen las cruces negras abandonadas en el suelo por los manifestantes, en medio del pánico. Cada cruz lleva el nombre de algún muerto, asesinado durante las concentraciones organizadas contra el golpe de Estado que el 28 de junio pasado derrocó al presidente Manuel Zelaya. Unos minutos antes, ese 29 de noviembre de 2009, día de la elección presidencial, la multitud avanzaba pacíficamente hacia el centro de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. Pero ni la presencia de la prensa internacional pudo impedir la dispersión violenta de la manifestación. Los policías detuvieron a 46 personas, golpearon a todos aquellos que estaban al alcance de sus porras y destruyeron las cruces, convertidas en el símbolo del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRCG).

La escena no era nueva. En vísperas de la elección, el balance de la represión se elevaba a 30 muertos, 4.200 arrestos y un número incalculable de heridos. Desde entonces, unos 30 militantes del FNRCG habrían sido asesinados en el marco de una “ola de terror planificada”, según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) (1). A ello se suman los numerosos testimonios de mujeres violadas, de dirigentes constantemente amenazados de muerte y una población aterrorizada por la violencia militar. La represión logró poner fin a las grandes manifestaciones que paralizaron el país durante cinco meses. “Por el momento, no es necesario expresarnos en la calle porque es muy peligroso –explica Rafael Alegría, representante de Vía Campesina en Honduras–. Ingresamos en una nueva etapa de la lucha”.

Esta nueva etapa comenzó con la elección presidencial, que se suponía iba a poner fin a la crisis política. El escrutinio, que ganó Porfirio Lobo, del Partido Nacional, fue organizado por las autoridades de facto, sin la previa restitución en el cargo del presidente Zelaya, tal como estaba previsto por el acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre de 2009, bajo los auspicios de Thomas Shannon, subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental (América Latina).

La campaña electoral se llevó a cabo, a pesar de que desde octubre dos decretos prohibían a los ciudadanos “participar en reuniones públicas” y a los medios de comunicación “incitar a la anarquía social”. Ante la falta de retorno al orden constitucional, el FNRCG llamó al boicot de la elección y a un “toque de queda popular” en lugar de una demostración de fuerza. “Optamos por la razón. Manifestarse frente a los 30.000 hombres armados que ese día patrullaban el país habría sido una locura”, considera Juan Barahona, uno de los coordinadores del Frente.

Esto dio lugar a que los representantes de la prensa extranjera pudieran escribir que la resistencia se había calmado y que sólo representaba a una escasa proporción de la población. “El Frente no se ha aquietado en los más mínimo –explica Gustavo Irias, analista político del Centro de Estudios para la Democracia (2)–. Consideramos que por lo menos la mitad de la población forma parte de la resistencia. Zelaya era un Presidente popular, aunque no sea más que por haber duplicado el salario mínimo. Por otro lado, los métodos de las autoridades de facto chocaron enormemente a la población”.

El FNRCG basa este análisis en la cantidad de organizaciones que lo componen : sindicatos, feministas, ecologistas, estudiantes, agrupamientos indígenas y campesinos, etc. En cierto sentido, el movimiento sacó provecho de lo que en Honduras se llama el “efecto Mitch”. Después del devastador huracán del mismo nombre, en 1998, las organizaciones populares debieron ocupar el lugar de las autoridades y poner en práctica la reconstrucción. Para ello se vieron beneficiadas con recursos inéditos y, desde entonces, desempeñan un papel importante en la sociedad, aunque su representación política sigue siendo inexistente.

El golpe de Estado fue el detonante para un movimiento nacional que actualmente federa a esas organizaciones populares. “Pero la gran sorpresa fue la importante participación de los más pobres –cuenta la socióloga María Elena Méndez–. En particular, de todos aquellos que viven de la economía informal, los vendedores ambulantes, los pequeños artesanos, las madres de familia…”. El mismo análisis hace Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) : “El movimiento no ha hecho más que crecer desde el 28 de junio. Es un reguero de pólvora que se va a convertir en una verdadera fuerza política de oposición al próximo gobierno”.

Sin un verdadero programa político, por el momento el FNRCG se organiza en torno a algunos puntos clave. La consigna sigue siendo el rechazo de la elección presidencial y, particularmente, de la tasa de participación del 61%, anunciada por el Tribunal Supremo Electoral la noche en que se dieron los resultados. Esa cifra le permitió a las autoridades de facto ostentar una “participación masiva” y solicitar inmediatamente el reconocimiento de Lobo como nuevo jefe de Estado.

Prudente, la comunidad internacional, que no había enviado a ningún observador, se negó –con excepción de Estados Unidos y sus más cercanos aliados regionales, Colombia, Perú y Panamá– a avalar ese resultado, que era diez puntos superior al de la elección presidencial de 2006. En efecto, el recuento de los votos depararía algunas sorpresas, como probó el periodista estadounidense Jesse Freeston, de la cadena estadounidense The Real News (3). Freeston se introdujo en la sala de recuento del Tribunal Electoral y filmó los resultados difundidos en la pantalla : 49% de participación. En el mismo momento, el presidente del Tribunal anunciaba el 61%, “una cifra que inventó él mismo”, según el periodista, que interrogó a varios miembros de la institución.

“Hagamos Democracia”, una organización financiada por Washington a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, en inglés), realizó por su parte un recuento rápido y anunció un 47% de participación. Diez días después de la elección, el Tribunal tuvo que reconocer que la participación no había superado el 49%. Los partidarios de Zelaya, que calcularon la participación a partir de sus estimaciones a la salida de 1.400 centros de votación, hablan del 25%. “Nunca se sabrá la verdad porque las papeletas están en manos de las autoridades, que ya manipularon los resultados –opina Laura Carlsen, directora del programa Americas Policy Program, del Center for International Policy (4)–. Pero la comunidad internacional no puede validar una elección que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos”.

Lograr que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya reconozca estas violaciones es ahora el segundo eje de lucha para el FNRCG, con el objeto de deslegitimar la elección a nivel mundial. “Honduras firmó el Tratado de Roma y, en consecuencia, todos sus ciudadanos, incluso los militares, pueden ser juzgados bajo su jurisdicción”, recordó el presidente Zelaya durante una entrevista otorgada a una emisora de radio local (5). La Misión internacional de observación sobre la situación de los Derechos Humanos denunció especialmente ante el Tribunal el hecho de que el principal instigador de la represión no es otro que Billy Joya, responsable de la desaparición de un centenar de militantes en los años 1980 (6). Durante mucho tiempo prófugo, y luego juzgado en Honduras por la desaparición de dieciséis militantes, fue nombrado “consejero especial de seguridad” del gobierno golpista de Roberto Micheletti.

“La resistencia está en una posición muy vulnerable. Las autoridades de facto hacen el trabajo sucio para el próximo gobierno, eliminando a la oposición. La disminución de la atención internacional dirigida al país es un verdadero peligro para los dirigentes del movimiento”, agrega Carlsen, que fue agredida en Honduras por haber criticado las elecciones en el canal Al-Jazeera.

Con escaso seguimiento por parte de la prensa extranjera, el movimiento de la resistencia también ha sido apartado del paisaje mediático hondureño. Como el acceso a internet está poco desarrollado y los medios de comunicación están controlados por grupos económicos favorables al golpe de Estado, el gobierno de facto sólo tuvo que bloquear una quincena de medios de comunicación (7) para controlar la información. La mañana del golpe los militares invadieron varias instalaciones para secuestrar el material audiovisual, los teléfonos, los ordenadores y cortar las comunicaciones. Las señales de los principales canales de televisión accesibles por cable –Telesur (Venezuela), Cubavisión (Cuba), Guatevisión (Guatemala), Teletica (Costa Rica) y CNN en Español (Estados Unidos)– también fueron bloqueadas. Durante la campaña electoral, se prohibieron las emisiones del Canal 36 de televisión. En lugar de los programas de información previstos en esa señal, las autoridades, a pesar de estar apoyadas por la Iglesia Católica, difundieron por la fuerza… películas eróticas.

Esdras Amado López, director del canal, está visiblemente agotado. Muestra un gráfico de su frecuencia, constantemente afectada por interferencias de satélite que limitan su difusión exclusivamente a la capital. “Y más aún –dice–, si el tono se vuelve demasiado crítico, entonces, otra vez, aparece la pantalla en negro, a menudo durante varios minutos. Con cada corte, juegan con nuestros nervios”. La decisión de censurar parece aleatoria : puede resultar afectado tanto un reportaje sobre la misión de Amnistía Internacional, como el comentario de un telespectador en directo o el anuncio de una manifestación hecho por un periodista. El examen de su comportamiento no deja ni sombra de duda sobre la estrategia de las autoridades : las organizaciones de defensa de la prensa han contabilizado “ocho medios de comunicación cerrados y veinte impedidos de funcionamiento ; treinta heridos, catorce detenidos y un muerto entre los periodistas” (8). Como a muchos de sus colegas, a Amado López no le gusta hablar de las amenazas de muerte que recibe. Pero la víspera contó en antena que desconocidos encapuchados habían ametrallado la casa de su madre.

El miedo y la tensión son palpables. Para los militantes, preocupados principalmente por la presencia militar a las puertas de sus casas, resulta difícil proyectarse hacia el futuro. “La lucha siempre ha sido algo arriesgado en este país –recuerda el sindicalista Carlos Reyes–. Pero el golpe no ha hecho más que reforzar nuestras aspiraciones democráticas”.

En el seno de la resistencia, el mayor temor es, precisamente, tener que sujetarse al juego político hondureño. “Los partidos políticos tienen tan mala reputación que la gente los asimila automáticamente a la corrupción –comenta Alegría–. Este movimiento que lucha por la democracia debe inventar otra cosa”.

Durante una de las últimas asambleas de la resistencia, ya se percibían claramente las reivindicaciones. Sentados, uno al lado del otro, el Comité de mujeres de las maquiladoras y la Central General de los Trabajadores (CGT). Ambos se opusieron a la reforma del código de trabajo iniciada bajo la presidencia de Zelaya. Las mujeres exigían medidas específicas para la salud en las maquiladoras, y la CGT prefería insistir con los salarios. Hoy, cuando las mujeres dicen estar dispuestas a luchar por una Constituyente al lado de los sindicatos mayoritarios si sus reivindicaciones son tomadas en cuenta, una de ellas se levanta para tomar la palabra : “El aprendizaje de la democracia debe comenzar aquí, en nuestros barrios, en el seno de nuestras familias. Ya que la sangre va a seguir corriendo, ¡que sea derramada por una Constituyente que no excluya a nadie !”. 

 

Notas :

(1) Le Courrier, Ginebra, 16 de diciembre de 2009.

(2) www.enlaceacademico.org

(3) Jesse Freeston, “Honduran elections exposed” : http://therealnews.com

(4) www.americaspolicy.org

(5) Esta petición tiene pocas posibilidades de ser considerada, ya que el TPI tiene competencia sobre los crímenes más graves de alcance internacional, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

(6) Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, “Gobierno de facto viola derechos humanos en Honduras”, Washington DC, 7 de agosto de 2009.

(7) Los canales de televisión Canal 36, Canal 11, Canal 8 de Juticalpa, y Canal 6 ; las emisoras de radio Globo, Cadena Voces, Progreso, América, Gualcho y Libertad ; los diarios El Libertador y Diario Tiempo ; la agencia Prensa Latina.

(8) “Primer informe : Estado de situación de la libertad de expresión en Honduras en el contexto de la ruptura del orden constitucional”, Comité por la libre expresión y Fundación Democracia sin Fronteras, Tegucigalpa, noviembre de 2009.

(9) Véase Maurice Lemoine, “Retour des gorilles au Honduras”, 1 de julio de 2009 : www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-07-01-Honduras





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