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El Gobierno de Francfort

Par Bernard Cassen  |  9 de julio de 2009     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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El resultado más significativo de las recientes elecciones al Parlamento Europeo ha sido el carácter masivo de las abstenciones: el 56,9%, de promedio en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), con picos del 80% en Eslovaquia y Lituania. El número reducido de ciudadanos que depositó su voto en las urnas, pone de manifiesto, en el mejor de los casos, su indiferencia, y en el peor, su hostilidad hacia las instituciones comunitarias, y no solamente hacia el Parlamento. Desperdiciaron de ese modo la única oportunidad de influir un poco en las políticas europeas, de las cuales derivan directamente las políticas nacionales que, al final, les afectan directamente.

Cabe recordar que no se pide la opinión de los ciudadanos sobre las propuestas de leyes europeas que son monopolio de la Comisión,  y mucho menos sobre las decisiones que adoptan dos instituciones que gozan de poderes considerables: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, y el Banco Central Europeo (BCE).

En 2008, el Tribunal, interpretando los tratados en un sentido ultraliberal, adoptó una serie de decisiones (en particular, las sentencias Viking y Laval) que aceleraron el desmantelamiento del derecho social en la UE. Apoyándose en las disposiciones del Tratado de Maastricht de 1992, el BCE, creado en Francfort en 1998, se ha erigido en un poder europeo autónomo, sin obligación de rendir cuentas a nadie. Amparado por la independencia que le otorgan sus estatutos, decide con total soberanía sobre la política monetaria de los 16 Estados miembros de la zona euro, y los Gobiernos tienen formalmente prohibido tratar de influenciarlo. No sin arrogancia, su presidente, Jean-Claude Trichet, se encarga de recordarlo sistemáticamente.

Mientras los tipos de interés de las principales operaciones de refinanciamiento de la Reserva Federal Estadounidense y del Banco de Japón bajaron a cero, el BCE se empecina en marcar la diferencia manteniéndolas en el 1%. De ahí la sobrevaloración del euro, perjudicial para las inversiones en Europa y para las exportaciones europeas. La mayoría de los Gobiernos son hostiles a esta rigidez monetaria, que supuestamente lucha contra una inflación inexistente, pero están condenados al silencio.

Lo contrario no vale: el BCE no se priva de juzgar las políticas gubernamentales y de amonestar a los dirigentes acusados abusivamente de “laxismo”, especialmente en el área social. Prueba de ello es su reciente Boletín mensual, de junio de 2009: mientras la tasa promedio de desocupación de los 16 países de la zona euro saltó al 9,2% en abril, y seguirá aumentando en los próximos meses y en 2010, el BCE critica duramente las medidas de apoyo al paro parcial, adoptadas sobre todo en Alemania y Francia, con el objeto de evitar una deflagración social. Según el BCE, si estas medidas continuaran aplicándose, “reducirían los estímulos para una redistribución  de los trabajadores entre las empresas y los sectores”, por lo que recomienda su progresiva anulación. Para el BCE, la crisis actual, con la creación de un ejército de reserva de desocupados, “puede considerarse como un catalizador que acelere la puesta en marcha de las reformas internas necesarias, especialmente en los mercados de trabajo”.

Por “reformas” se debe entender flexibilidad, precariedad, estancamiento o rebaja salarial y destrucción de los logros sociales. Estas son las directivas y las decisiones del “Gobierno de Francfort” sobre las cuales no se les pidió, a los electores, que votaran...

 

© LMD EDICIÓN EN ESPAÑOL





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