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APRES LA DESTITUTION DE DILMA ROUSSEFF

Brésil brisé, qu’adviendra-t-il ?

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El giro a la derecha del Partido de los Trabajadores

Par Breno Altman  |  1er avril 2015     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Corrupción, contexto económico desfavorable, popularidad de capa caída... Enfrentada a múltiples dificultades, la presidenta brasileña Dilma Rousseff podría haber elegido la osadía. Pero ha preferido ceder a las exigencias de las finanzas.

“Dilma capitula ante los mercados”. El diagnóstico, publicado por el periódico económico brasileño Valor Econômico, el 16 de enero pasado, no proviene de una organización de extrema izquierda. Lo formuló Luiz Gonzaga Belluzzo, un economista moderado que hasta hace poco tiempo asesoraba al Gobierno de Dilma Rousseff. Sólo algunos meses después de la ajustada victoria de la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales, con el 51,64% de los votos, el veredicto sacudió al campo progresista. Y supone un duro balance de las contradicciones que acosan al PT.

La hoja de ruta que se sigue desde el escrutinio de octubre de 2014 no deja de desconcertar a los militantes. Mientras que, durante la campaña, el PT se había presentado como la última muralla contra la amenaza de un regreso al poder de los neoliberales, las primeras medidas del Gobierno parecen directamente sacadas de un breviario monetarista. La designación de Joaquim Levy para el codiciado cargo de ministro de Economía ilustra el giro dado por Rousseff. Este ex presidente de la división de gestión de activos del Banco Bradesco, formado en la Universidad de Chicago, nunca ha sido miembro del PT, contrariamente a todos sus predecesores desde la elección de Lula da Silva en 2003.

Incluso antes de entrar en funciones, Levy había decidido recortar las prestaciones sociales, en especial la prestación por desempleo y las pensiones por viudedad. ¿La razón esgrimida ? La urgencia de la lucha contra el “fraude social”. A pesar de la pronunciada caída de la tasa de desempleo desde 2003 (del 12,7% en enero de 2003 al 4,8% en diciembre de 2014), las partidas que se destinan a pagar las prestaciones por desempleo han dado un salto del 183%. Pero este aumento, que según Levy “desangra” las cuentas públicas, en realidad se explica de esta forma : las empresas contratan a ex desempleados que siguen percibiendo sus prestaciones por la duración prevista por la ley (entre tres y cinco meses), lo que permite a los empresarios no pagar las cotizaciones sociales. En lugar de poner fin a esta práctica, no obstante muy conocida, el Gobierno prefirió cercenar los derechos con los que se benefician todos los desempleados –incluida la inmensa mayoría que no hace trampa–.

Levy se comprometió a alcanzar un excedente primario (saldo presupuestario antes del pago de los intereses de la deuda) del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2015. Para lograrlo, anunció una importante reducción de los gastos e inversiones públicos, incluso en los ámbitos de la sanidad y la educación. Además, el nuevo ministro eliminó las ayudas concedidas a los bancos públicos, obligándolos a aumentar sus tipos de interés y a endurecer las condiciones de financiación, vaciando así la economía. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la institución más afectada, era hasta hace poco el motor de la economía nacional, con una cartera de préstamos superior a los 575.000 millones de reales (cerca de 180.000 millones de euros). Durante ese tiempo, el tipo referencial del Banco Central (el “Selic”) ha aumentado del 11% en octubre de 2014 al 12,75% en marzo de 2015. Ahora bien, la remuneración de los acreedores del país se ajusta en función de ese tipo referencial y todo aumento incrementa el coste de la deuda.

Las medidas anunciadas por Levy no afectan al sector financiero y a los brasileños más ricos ; una elección que genera divisiones dentro del PT, de la izquierda en su conjunto y de los movimientos sociales. Es cierto que se preservaron las políticas que estructuraron el proceso inaugurado por Lula da Silva. En particular la ley de revisión de los salarios basada en el crecimiento y en la inflación a la vez (lo que significa que estos aumentan más rápido que los precios) y los programas de lucha contra la pobreza, como la Bolsa Familia (1). Pero el país se aleja de los grandes equilibrios económicos y sociales de la última década.

En el centro de la estrategia del antiguo obrero metalúrgico convertido en presidente de Brasil se encontraban la ampliación del mercado interno a través de políticas de reorientación de los presupuestos federales hacia la creación de empleo, la redistribución de la riqueza, la extensión de los derechos sociales, el incremento de los servicios públicos y las obras de infraestructuras. Lula da Silva, que se benefició de un contexto internacional favorable –en particular entre 2003 y 2008, con el impulso de la demanda de materias primas y de sus precios–, logró sanear las finanzas al tiempo que instauraba programas sociales de gran magnitud que permitieron sacar a cuarenta millones de brasileños de la miseria y reducir las desigualdades.

En el transcurso de ese periodo, aprovechando una balanza comercial (la diferencia entre las importaciones y las exportaciones) cada vez más beneficiosa y el crecimiento de sus reservas de cambio, Brasil había podido reconvertir su deuda interna en moneda nacional y reducir los tipos de interés pagados a sus acreedores. Poco a poco la urgencia de equilibrar la balanza de cuentas corrientes atrayendo capitales hacia el país había ido desapareciendo (2). Al tiempo que llevaba a cabo una política fiscal austera y mantenía excedentes primarios altos entre 2003 y 2008, el país había logrado reducir el coste de la servidumbre de la deuda e incrementar los gastos públicos y las inversiones. Las capas más pobres de la sociedad se beneficiaban de la generosidad del Estado sin que los sectores dominantes se vieran amenazados (dado que el poder no atacaba al modelo económico que los favorecía). Dicho de otra manera, el Gobierno ponía más arroz y más patatas en el plato de los pobres, sin tocar el whisky de los ricos.

Pero la crisis de 2008 cambió la situación, especialmente a partir de 2011, cuando su impacto sobre Brasil se agravó. El panorama se oscureció de forma progresiva : disminuación de la demanda de materias primas, inversión de la balanza comercial, necesidad de incrementar los tipos de interés para atraer capitales, caída de la inversión privada, crecimiento a medio gas y caída de los ingresos fiscales…

Desde entonces el déficit de las cuentas corrientes supera los 90.000 millones de dólares, es decir, más del 4% del PIB ; se trata de su nivel más alarmante desde que se realizan las estadísticas de la contabilidad nacional, en 1947. Por primera vez desde 2003, el saldo comercial es negativo, mientras que había alcanzado un excedente medio de más de 34.500 millones de euros en el transcurso del primer mandato de Lula da Silva (2003-2006) y de más de 25.000 millones en el transcurso del segundo (2007-2010). Entre 2013 y 2014, por primera vez desde 2009, los ingresos fiscales bajaron (–1,79%), dejando entrever dificultades para mantener las políticas de estímulo del crecimiento adoptadas durante los últimos siete años.

De esta manera, no parece que se den las condiciones para reproducir los éxitos registrados durante los últimos doce años. Incluso porque las políticas sociales del PT pierden eficacia progresivamente : la reducción de la pobreza restringe la cantidad de ciudadanos que hay que “incluir en el mercado” ; el endeudamiento creciente de las familias debilita las políticas de acceso al crédito ; el proceso de desindustrialización –vinculado a la sobrevaloración del real que encareció las exportaciones en el transcurso de los últimos años– traba los esfuerzos de Brasilia para la creación de empleos y el desarrollo económico.

En semejante contexto, Rousseff habría podido optar por reformas estructurales que realmente rompieran con el modelo económico forjado por el ex presidente neoliberal Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y que permaneció intacto desde 2003. Las subidas de impuestos (sobre los beneficios, el patrimonio, las sucesiones, etc.) y una bajada de los tipos de interés habrían saneado las finanzas federales y permitido abrir un ciclo de industrialización, mientras que los tipos actuales orientan el 40% del presupuesto federal hacia la servidumbre de la deuda. Pero tal política se habría traducido en un conflicto inmediato con la elite del país : las veinte mil familias que poseen el 80% de los títulos de la deuda.

Como se ha visto, la presidenta ha elegido otro camino. Preocupada por la fragilidad de la economía, la posibilidad de registrar dos años consecutivos de estancamiento –e incluso de recesión–, el raquitismo de la inversión privada y la amenaza de inflación (cuando el aumento de precios roza el 6,50%), Rousseff decidió tirar la toalla, al menos por el momento. Se ha propuesto como objetivo sellar un pacto con el sistema financiero y sus oráculos, tanto dentro como fuera del país.

Esta no es la primera vez. Ya en 2011, Rousseff se había convencido de la urgencia de poner en práctica una estrategia similar, por los mismos motivos. Así, decidió un aumento del tipo referencial del Banco Central, del 9,9% al 12,5% en ocho meses, lo que recortaba en casi la mitad los proyectos de inversión del Estado Federal. El resultado demostró ser doloroso : una caída del crecimiento, del 7,5% en 2010 al 2,73% en 2011 (y una previsión del 0,20% en 2014). Las finanzas nacionales sufrieron el cóctel explosivo preparado por Rousseff : aumento simultáneo de los gastos tanto operativos como financieros (principalmente el pago de la deuda) durante la casi totalidad de su mandato. La presidenta habría podido elegir darles prioridad a los primeros, reduciendo los márgenes del capital especulativo. Pero prefirió recortar otras líneas presupuestarias de manera tal que evitara un conflicto político que consideraba arriesgado.

Esos retrocesos económicos han encontrado su traducción en el plano político. El gobierno de coalición que entró en funciones el 1 de enero de 2015 se caracteriza por una incrementada presencia de dirigentes políticos moderados (surgidos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) y conservadores (en especial del Partido Progresista, PP). Los miembros del PT sólo ocupan trece de los treinta y nueve ministerios y secretarías nacionales, frente a dieciséis en el primer mandato de Rousseff. Además de las finanzas, el PT ha perdido su dominio histórico sobre la educación y el desarrollo, la industria y el comercio exterior. Desde las elecciones legislativas del año pasado, la composición del Gobierno refleja una relación de fuerzas mucho más desfavorable en el Congreso, en donde las fuerzas de izquierdas nunca han tenido mayoría absoluta. Mientras que el PT ha visto pasar el número de sus diputados de 88 a 70, el conjunto de formaciones de izquierdas sólo representa 120 escaños en una Asamblea que cuenta con 513. Ahora bien, en Brasil, el Parlamento dispone de un peso político considerable : a pesar de tratarse de un régimen presidencialista, el Gobierno debe obtener el aval de los senadores y los diputados prácticamente para cualquier medida que tenga un impacto en los ingresos o los gastos del Estado.

Problema para Rousseff : sus opciones no se traducen en ninguna mejora concreta de la situación. Los recortes presupuestarios suscitan a la vez la cólera y un sentimiento de traición en la población. La popularidad del Gobierno se derrumba mientras que un nuevo escándalo de corrupción ensucia un poco más su crédito.

En marzo de 2014, los brasileños descubrieron que la compañía petrolera nacional Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) y las grandes empresas del sector de la construcción y las obras públicas se habrían puesto de acuerdo para sobrefacturar diversas obras. En contrapartida, se habrían pagado sobornos a los principales partidos políticos. Entre ellos, el PT, cuya implicación se encargan de subrayar los medios de comunicación.

El 15 de marzo pasado, cerca de 500.000 personas se manifestaron en más de cien ciudades, convocadas por organizaciones de derechas, como el Movimiento Brasil Libre (Movimento Brasil Livre) y los Indignados en Línea (Revoltados Online). Exigían la destitución de la presidenta. Las fuerzas de izquierdas habían salido a la calle dos días antes, sin lograr reunir a tanta gente. Directamente afectado por la nueva política económica de Rousseff, el campo progresista se encuentra presa de la confusión y el desaliento, y le cuesta movilizarse contra lo que analiza como una tentativa de “golpe de Estado constitucional” (3) de los partidos conservadores.

En semejante contexto, el Parlamento –el más conservador desde el final de la dictadura, en 1985 (4)– ve reforzado su papel. Puede contar con el apoyo de los medios de comunicación y del poder judicial para bloquear las dos principales propuestas del PT durante la campaña de 2014 : una reforma del sistema político dirigida a terminar con la financiación de las campañas por parte de las empresas (5) y a instituir un escrutinio de listas, así como una regulación del sector de la información, actualmente dominado por un puñado de familias de la oligarquía brasileña (6).

En el seno del Gobierno, la estrategia que prevalece consiste en ganar tiempo, calmar a la oposición y adoptar el programa político de las grandes empresas. Por el momento, los resultados de este proceder no resultan muy convincentes. Sin embargo, algunos imaginan que una ligera mejora de la economía mundial podría permitir el relanzamiento del ciclo abierto por el ex presidente Da Silva.

Por su parte, numerosos sectores de la base del PT y de los movimientos sociales exigen una reorientación de la política del Partido y un retorno a su programa : una confrontación asumida con el capitalismo rentista, aunque haga falta buscar fuera de sus filas las fuerzas que le faltan dentro. Una de las formas de lograrlo consistiría en reemplazar el actual Gobierno de coalición por un gabinete minoritario en el Parlamento determinado a proceder a reformas estructurales y que prefiera el apoyo de una calle movilizada al de un Parlamento reaccionario.

El PT, dividido internamente, atacado por la derecha, debilitado por la ortodoxia de la presidenta, atraviesa su crisis más grave desde 2003. Dado el lugar que tiene Brasil en América Latina, la forma en la que salga de la situación tendrá consecuencias en toda la región.

NOTAS :

(1) Véase Geisa Maria Rocha, “¿Cuál es el balance social de Lula ?”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2010.

(2) Véase Renaud Lambert, “Brasil, un gigante encadenado ”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2009.

(3) Véase Maurice Lemoine, “La era de los golpes de Estado suaves en América Latina”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2014.

(4) Véase Lamia Oualalou, “Los evangelistas a la conquista de Brasil”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2014.

(5) Véase Silvio Caccia Bava, “En subasta”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2014.

(6) Véase Renaud Lambert, “En Latinoamérica, los Gobiernos se enfrentan a los dueños de los medios de comunicación”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2012.





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