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ELECCIONES AUTONÓMICAS

El órdago catalán

Par Andreu Mayayo I Artal  |  11 novembre 2012     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Las elecciones autonómicas del 25 de noviembre en Cataluña van a suponer un órdago en toda regla al concepto de España, como nación y como proyecto colectivo. El choque de trenes entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán está servido y no parece que nadie vaya a apartarse, como en el famoso juego del “gallina” (en el que dos coches circulan a toda velocidad frente a frente y pierde quien primero gira el volante). Sobre todo si nos atenemos a un previsible mapa electoral con mayoría absoluta de Convergència i Unió (CiU), una debacle histórica del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y un segundo puesto para el Partido Popular (PP).

El “café para todos” ya es historia. Ahora lo que se necesita es mucha tila, tila para todos, antes que uno de los dos nacionalismos, el español o el catalán, (o los dos a la vez) nos hiele el corazón.

La Transición dejó dos problemas esenciales sin resolver en España : la violencia política en Euskadi y el modelo de Estado. El primero –con demasiada sangre y sufrimiento a sus espaldas– parece que está en camino de pasar página. La solución del segundo cada vez resulta más complicada y la confrontación nos lleva a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles. De la recesión económica saldremos antes o después, con más o menos jirones. No será la economía la que dará al traste a España sino la falta de acomodo de todos en un proyecto común.

El catalanismo político mayoritario se ha definido, históricamente, por la defensa de la democracia en España y del autogobierno en Cataluña. Los resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977 (más que la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre del mismo año) fueron los que posibilitaron el restablecimiento de la Generalitat, en lo que se considera el primer factor de la Transición netamente rupturista con el franquismo y de ligazón con la legitimidad de la Segunda República. Recordemos : mientras en España ganaba las elecciones el último secretario general del Movimiento (Adolfo Suárez), en Cataluña ganaban las fuerzas políticas democráticas y de izquierda. El presidente Adolfo Suárez dejó en papel mojado el famoso decreto de creación del Consejo General de Cataluña (una especie de mancomunidad provincial) y aceptó el restablecimiento de la Generalitat propuesto por los partidos que consiguieron el 80% de los sufragios. Eso sí, activó la llamada “operación Tarradellas” en un intento de enmascarar la hegemonía socialista y comunista.

De esta manera, cabe subrayar que el restablecimiento de la Generalitat es previo a la Constitución de 1978, aunque encuentra su acomodo en una Carta Magna que sanciona, en su artículo segundo, el reconocimiento de las nacionalidades y regiones. En este sentido, la Constitución española defiende la igualdad de todos los españoles pero al mismo tiempo reconoce sus diferencias, que fueron negadas y combatidas por el franquismo. Por este motivo, personas como José María Aznar negaron, en el momento de su aprobación, su apoyo al texto constitucional.

El problema vino con el famoso “café para todos” (con el que se intentaba emular al autogobierno catalán) y, de manera particular, la apuesta andalucista del PSOE con la cual consiguió quebrar a la Unión del Centro Democrático (UCD). El problema se acrecentó con la tentativa de golpe de Estado del 23-F (1981) y la subsiguiente voluntad política de la UCD y del PSOE de poner coto a las autonomías con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (posteriormente desactivada por el Tribunal Constitucional).

Los gobiernos en minoría del PSOE y del PP (1993-2000) dieron un nuevo impulso al Estado autonómico, aunque el precio pagado fue una imagen “chantajista” de los catalanes. Con la mayoría absoluta del PP, en el año 2000, resurgió la fiera centralista del más rancio nacionalismo español. Aunque entonces CiU, que dependía del PP para gobernar la Generalitat, hincó la rodilla a cambio de promocionar al delfín de Jordi Pujol, Artur Mas.

Fue el socialista Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de 2003 a 2006, quien lideró la necesidad de un nuevo Estatut (para obtener, para Cataluña, el reconocimiento como nación, clarificar y blindar el marco competencial y mejorar la financiación de la Generalitat). Y Rodríguez Zapatero quien se comprometió a apoyar el texto que saliera del Parlamento catalán. Quizás tuviera razón el PP objetando que el proceso de reforma de los diferentes estatutos de autonomía era una reforma constitucional encubierta, pero no justifica el empecinamiento contra la propuesta catalana, la catalanofobia azuzada por doquier y, muy especialmente, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

El error de Zapatero y del PSOE fue permitir la sentencia de un tribunal falto de legitimidad y, además, sobre una materia refrendada por el pueblo soberano. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña obligaba a la reforma constitucional para mantener el pacto político explicitado por las Cortes y el respeto a la voluntad popular. No obstante, a la inhibición socialista, descolocada por la magnitud de la tragedia económica, siguió la cerrazón del PP, alentada por una cómoda mayoría absoluta obtenida en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Para mayor escarnio, los gobiernos del PSOE y del PP han violentado sistemáticamente la ley haciendo caso omiso del Estatuto vigente y, concretamente, de los compromisos de inversión pública. 

El fracaso de la reforma estatutaria y los nuevos vientos recentralizadores auspiciados por el PP han desplazado la centralidad del catalanismo político hacia el llamado “derecho a decidir” con una creciente adhesión a las propuestas secesionistas e independentistas.

En este contexto, el factor clave para entender la situación en que estamos es el cambio operado en el seno de CiU. Las consultas populares sobre el derecho a decidir, organizadas entre la primavera del 2010 y la primavera del 2011, empujaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, una de las dos componentes, junto con Unió Democràtica de Catalunya, de CiU) a reivindicar en su congreso la creación de un “Estado propio”. CDC asumía el ideario independentista (y neoliberal) pero mantenía su programa electoral y de gobierno basado en el pacto fiscal, es decir, en la mejora del sistema de financiación. Además, por su parte, Unió Democràtica de Catalunya apostaba –al menos el sector mayoritario afín a su líder, Josep Antoni Duran i Lleida– por el confederalismo, marcando distancia respecto a los nuevos vientos independentistas.

Artur Mas y Mariano Rajoy son viejos conocidos desde el famoso pacto del Majestic (1996) (1). Jordi Pujol y Artur Mas siempre han vindicado el mencionado acuerdo entre el PP y CiU que permitió, entre otras cosas, la transferencia a los Mossos d’Esquadra de las competencias de tráfico activando el milagroso artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir competencias propias a las comunidades autónomas.

Ahora también, Mas confiaba en llegar a acuerdos con Rajoy pero la mayoría absoluta del PP rebajó de golpe y porrazo las expectativas. Los primeros presupuestos de Rajoy encendieron todas las alarmas. El problema de fondo no era la negociación sobre el confuso y etéreo pacto fiscal sino la incapacidad de conseguir el pago del fondo de competitividad y del cumplimiento del Estatuto en materia de inversiones dando prioridad a la construcción del AVE, el corredor del Mediterráneo y la salida por ferrocarril del puerto de Barcelona. El presidente del Gobierno no estaba por la labor y tampoco ponía coto a la catalanofobia que continúa dando buenos réditos electorales al PP, como se ha comprobado una vez más en las recientes elecciones gallegas. 

Los dos años que se había dado el presidente Mas para salir del bache económico y preparar la negociación del pacto fiscal en el último tramo de la legislatura resultaron insuficientes, y la fe religiosa en la política de austeridad fiscal empezó a flaquear. A pesar de todo, Artur Mas siguió con su hoja de ruta y el Parlamento catalán aprobó, a finales del mes de julio pasado, una resolución favorable al nuevo pacto fiscal con la oposición minoritaria del PP, Ciutadans y Solidaritat per la Independència (que le parece poco). A continuación, el presidente Mas, entrado el mes de agosto, reclamó la movilización de la sociedad civil para presionar al Gobierno español en la negociación. L’Assemblea Nacional de Catalunya, que convocó marchas por todo el territorio para confluir el 11 de septiembre en una manifestación en Barcelona, rechazó apoyar el pacto fiscal y reclamó sin tapujos la independencia, que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de Europa. El presidente Mas dudó, no entre ir o no ir a la manifestación, sino entre encabezar una manifestación a favor del pacto fiscal o bien alentar una manifestación claramente independentista. 

Ante el éxito de la multitudinaria manifestación de la Diada, Artur Mas no se lo pensó dos veces y decidió subirse a lomos de un tigre desbocado, que algunos creen que es de papel, pero que ya ha dado algunos zarpazos convocando elecciones anticipadas en Cataluña y manifestado su compromiso de realizar, en la próxima legislatura, un referéndum de autodeterminación.

Tras el respiro de las elecciones gallegas, Rajoy ha sacado pecho y ha dejado de rehuir el envite de Mas. Nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes se han puesto de acuerdo en polarizar la campaña en perjuicio de los socialistas catalanes, cuyos resultados, siguiendo la senda de los socialistas vascos y gallegos puede provocar la implosión del propio PSOE, si quedan por detrás de los populares.

La desaparición (o marginalidad) del PSC dejaría a CiU sin alternativa a corto y medio plazo, consolidando e incluso aumentando su poder institucional a lo largo y ancho de Cataluña, y concretamente, en la ciudad de Barcelona. Asimismo, el PP podría respirar tranquilo tras la debacle socialista en Cataluña.

El poder mediático de CiU, público y privado, ha convertido la campaña electoral en un plebiscito a favor del presidente Artur Mas, quien se erige en la única garantía para la convocatoria de un referéndum. El mensaje es claro y directo : sin mayoría absoluta no habrá referéndum, con el cual Artur Mas pasará la aspiradora recogiendo votos a diestra y siniestra compensando con creces los que pueda perder en su apuesta independentista. Por su parte, el PP ha enarbolado el estandarte antiindependentista y constitucionalista.

Ante los mensajes claros y contundentes de CiU y PP, el PSC ofrece más de lo mismo aunque lo adorne con una necesaria e ineludible reforma de la Constitución. Ya no es suficiente ofrecer el marco del Estatuto aprobado por las Cortes el 2006, ni siquiera el proyecto aprobado por el Parlamento catalán, el 30 de septiembre de 2005, por una amplísima mayoría de 120 diputados sobre 135. Ahora hay que vindicar y negociar Cataluña como sujeto político propio, con la llave de la caja pero también de la casa, con el derecho a decidir su propio futuro. Más o menos como lo tiene Quebec o Escocia.

Así pues, el reconocimiento de la identidad nacional catalana en la reforma constitucional ya no es suficiente si no va acompañada de la aceptación de Cataluña como sujeto político propio con el derecho a decidir. Aquí está la madre del cordero del próximo debate ; y José María Aznar se ha apresurado, desde la FAES y en presencia de Rajoy, a ­cortar por lo sano rechazando no tan sólo el soberanismo catalán sino también cualquier tipo de modelo federal, confederal o que simplemente ponga en cuestión la soberanía indisoluble de la nación española. El PP no piensa mover ficha y de hacerlo lo haría para cortar las alas al actual modelo de Estado autonómico.

La respuesta catalana depende de los resultados electorales del 25-N y de la altura de miras de las diferentes fuerzas políticas. CiU, junto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA), pueden alcanzar los dos tercios del Parlamento catalán, una mayoría cualificada, sin duda, pero quizás insuficiente para mantener el pulso con el Gobierno español.

La mejor opción sería facilitar el aterrizaje suave de un PSC magullado en una nueva mayoría vertebrada por el derecho a decidir que podría sumar las tres cuartas partes de la Cámara, una mayoría cualificada máxima, que podría granjearse las simpatías de la Unión Europea y obligar al Gobierno de España a dar una respuesta política.

En este nuevo escenario no hay que descartar un acuerdo para celebrar un referéndum con la pregunta propuesta por Artur Mas “Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea” añadiendo la coletilla “dentro de España”. La cuadratura del círculo, sin duda, como en el referéndum de la OTAN de 1986 en el que la pregunta parecía indicar “Está usted de acuerdo en permanecer en la Alianza Atlántica con su voto en contra”. Cataluña no sería Dinamarca pero se asemejaría a Baviera, y España tendría la posibilidad de construir un nuevo modelo de Estado (tan exitoso como la ”Roja” de Vicente del Bosque) aceptando –de una vez por todas– la realidad plurinacional, que los nacionalistas españoles llevan intentando negar y combatiendo durante siglos sin resultado alguno.

Hoy por hoy, el problema es más español que catalán. El problema de los catalanes es que la mayoría absoluta de CiU nos conduce, en palabras del propio Artur Mas, a continuar por la senda de los recortes de los servicios públicos. Muchos ciudadanos tienen la sensación de que los neoliberales independentistas tan sólo aspiran a un Estado propio para poderlo privatizar. 

(1) Ese Pacto se estableció el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic de Barcelona entre una delegación del PP dirigida por José María Aznar y otra de CiU presidida por Jordi Pujol. Básicamente, el PP se comprometió a mejorar el sistema de financiación autonómica de Cataluña pactado en la anterior legislatura con los socialistas –la cesión del IRPF a las autonomías pasó del 15% pactado con el PSOE al 30%– ; a permitir que los Mossos d’Esquadra se convirtieran en una policía integral ; y a agilizar el traspaso de varias competencias, paralizadas los últimos años.





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