En junio de 2007, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, elegido algunos meses antes, anunciaba el lanzamiento de una iniciativa calificada de “revolucionaria” : el proyecto Yasuní-ITT. Éste preveía la renuncia de Ecuador a la explotación petrolera en el corazón del parque natural de Yasuní –donde ya se han realizado excavaciones para tres pozos exploratorios (Ishpingo, Tambococha y Tiputini, de donde proviene la abreviatura “ITT”)– si la “comunidad internacional” aceptaba pagar al país una compensación correspondiente a la mitad de los ingresos calculados, estimados en más de 7.000 millones de dólares en trece años. Los fondos así obtenidos permitirían a Quito desarrollar las energías ­renovables, preservar y reparar los ecosistemas protegiendo al mismo tiempo a las poblaciones indígenas (algunas de las cuales viven en total aislamiento), llevar a cabo investigaciones sobre la ­valorización de la biodiversidad, e ­incluso instaurar programas sociales ­destinados prioritariamente a las poblaciones de las zonas en cuestión.

A primera vista, el proyecto Yasuní parece ser una idea genial. Mientras que las negociaciones internacionales sobre el clima y la biodiversidad llegan a punto muerto, éste evitaría emitir las 400 ­millones de toneladas de dióxido de carbono correspondientes a la explotación de esos recursos, y preservaría al mismo tiempo uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Sin romper con la lógica de “valorización”, y por lo tanto de mercantilización, de la naturaleza, se opone no obstante al productivismo neoliberal : en un país pobre y dependiente de la actividad petrolera, entablaría una conversión ecológica y social de la economía. Pero detrás de esta imagen idílica, aparecen numerosas dificultades.

Elegido el 26 de noviembre de 2006, el ex ministro de Economía Rafael Correa puso en marcha una política cercana a la del presidente venezolano Hugo Chávez : nacionalizaciones, políticas ­sociales y adopción de una nueva Constitución favorable a los más pobres. También decidió reducir el servicio de la deuda, tras realizar una auditoría que denunció la ilegitimidad de gran parte de la carga (ver Carlos Játiva y Jean Gradey, pp. 8 y 9). La desocupación disminuyó, los salarios del sector público aumentaron y el país se emancipó de la tutela de las organizaciones internacionales ; pero un intento de golpe de Estado, en septiembre de 2010, recordó la extrema fragilidad de esta “revolución ciudadana”. Las relaciones de Correa con las poblaciones indígenas, y en particular con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), son tensas. Entre los movimientos amerindios, algunos critican las políticas extractivas del gobierno que hacen peligrar su hábitat ; otros se preocupan por los intentos de prohibir algunas tradiciones juzgadas poco compatibles con la reconstrucción del Estado ecuatoriano (como elementos de justicia consuetudinaria que a veces legitiman el linchamiento).

En la geopolítica ecuatoriana, el petróleo ocupa un lugar esencial. Para el Estado, constituye tanto un recurso indispensable para financiar las políticas sociales (en 2008, la renta petrolera representaba la mitad de su presupuesto general), como una adicción que mantiene al país bajo la dependencia de empresas extranjeras (que controlan más del 40% de la extracción) y del mercado estadounidense. Para los pueblos indígenas es a veces la única fuente de empleo. Pero también engendra desastres ecológicos y sanitarios, así como prácticas neocoloniales impuestas por la industria extractiva. El grupo militante Acción Ecológica se opone frontalmente al petróleo y lucha desde hace mucho para que se prohíban nuevas ­perforaciones. En febrero de 2011, la condena a la empresa petrolera ­Chevron-Texaco por contaminación (¡18.000 millones de dólares !), confirmada un año más tarde tras su apelación, representó una gran victoria.

Desde que Correa formó Gobierno, la cuestión de la explotación petrolera provocó enfrentamientos en la cima del Estado. En el espacio de diez años, la idea de una moratoria y de una sociedad post-petrolera germinó en los círculos intelectuales de izquierda, de los cuales el economista Alberto Acosta es uno de los portavoces. Ministro de Energía y Minas en 2007, Acosta finalizó el proyecto Yasuní, cuyas bases se habían sentado antes de la llegada de Correa al poder. En la vereda de enfrente, la empresa estatal Petroecuador intentaba, por lo contrario, convencer al Gobierno de que había que explotar con urgencia el petróleo del parque natural. Con el aumento del precio del barril en el mercado mundial (de 60 dólares a comienzos de 2007 a más de 100 dólares en 2012), los yacimientos ITT, de muy difícil acceso, ofrecían nuevas perspectivas de rentabilidad.

El presidente tenía que elegir entonces entre un medio rápido pero destructor para financiar su programa político y dar satisfacción a las reivindicaciones ecologistas e indígenas. Tras tensos debates, zanjó la cuestión con habilidad : Ecuador dejará el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación financiera. De este modo, transfirió la responsabilidad de la explotación o no de los yacimientos a la comunidad internacional. Aprobado durante el verano de 2008, el proyecto Yasuní fue presentado en diciembre de 2009 en la Cumbre de Copenhague sobre el clima. Después de un duro intercambio con las Naciones Unidas, Correa obtuvo la creación de un fondo fiduciario administrado directamente por Ecuador. El 3 de agosto de 2010, el fondo estaba operativo. El gobierno se fijó el objetivo de reunir 100 millones de dólares antes del 31 de diciembre de 2011, y multiplicó los viajes a los países occidentales para defender su causa.

Pero muy pronto la falta de entusiasmo de los potenciales donantes suscitó ciertas inquietudes. Tan sólo unos pocos países se comprometieron a girar dinero : España, Alemania, Italia… Veinte meses después de la apertura del fondo fiduciario, el total de transferencias efectuadas no está a la altura de las esperanzas. España –donde existe una importante comunidad ecuatoriana– es el único país occidental que contribuyó efectivamente, con un monto de 1.400.000 dólares. Dos colectividades locales francesas (la región Rhône-Alpes y el departamento de Meurthe-et-Moselle) así como algunos países que no figuran entre los mayores contaminadores ni los más ricos (Chile, Colombia, Georgia, Turquía) también engrosaron el fondo con cantidades que van de los 50.000 a los 200.000 dólares cada uno. Otras promesas, como la realizada por la región Valona, de Bélgica, no se concretaron. Tras varios anuncios contradictorios, Alemania optó por una vía de “apoyo” distinta, privilegiando una cooperación bilateral que le garantiza beneficiosas inversiones.

¿El compromiso más consecuente ? Quizás sea el italiano… que toma la forma no de una donación, sino de una anulación de la deuda externa por 51 millones de dólares. Detrás del efecto publicitario, en medio de una crisis de la deuda particularmente grave en Italia, resulta difícil conocer el verdadero peso de la iniciativa Yasuní en la decisión de Roma : en 2006, Noruega no había necesitado el argumento ecológico para anular, bajo presión de distintas asociaciones, 20 millones de dólares de deudas ecuatorianas. A falta de algo mejor, Quito aceptó esas contribuciones multiformes y consideró alcanzado el objetivo de reunir 100 millones de dólares a finales de 2011. Sin embargo, el contador del fondo sigue bloqueado en 3 millones de dólares.

Podía suponerse que las organizaciones no gubernamentales iban a estar más motivadas que los Estados. Nada de eso. Los buscadores de las webs de las grandes asociaciones medioambientalistas no responden a la palabra clave “Yasuní”. Ya se trate del Fondo Mundial por la ­Naturaleza (Worlwide Wildlife Fund, WWF), Greenpeace o Amigos de la ­Tierra, ninguna estructura adoptó una posición oficial sobre este asunto. Oficiosamente, están divididas. Greenpeace aprecia la propuesta de no extraer el ­petróleo, pero por principio no apoya ­ningún proyecto gubernamental. Los Amigos de la Tierra también son sensibles a este medio de evitar la emisión de gases de efecto invernadero y preservar la biodiversidad, así como de respetar los derechos indígenas, pero temen que Yasuní legitime el “chantaje ecológico”. Para Sylvain Angerand, encargado de la campaña sobre los bosques tropicales, “se necesita un verdadero debate sobre Yasuní. Dejar el petróleo debajo de la tierra es algo bueno. Pero saldar la deuda ecológica que contrajeron los países del Norte con respecto a los países del Sur no implica por fuerza un reembolso financiero”. Por otra parte, al igual que una parte de los indígenas, la asociación critica las políticas extractivas de Ecuador, que siguen siendo intensivas.

Lanzada en 2010 por las ONG ecuatorianas, la petición internacional de apoyo a Yasuní fue firmada, en Europa, por responsables de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y para la Ayuda Ciudadana (Attac), del Frente de Izquierda, del Nuevo Partido Anticapitalista, de Die Linke y de muchos diputados europeos ecologistas (1). Pero sólo el Partido de ­Izquierda francés está relamente interesado en un proyecto que cabe en su concepción de la “planificación ecológica”. Los dirigentes de los Verdes, a quienes les gustaría apoyar a Yasuní sin parecer que apoyan al Gobierno de Correa, juzgado demasiado cercano al “populismo de Chávez” que denuncian (2), siguen siendo simples signatarios.

Desde su lanzamiento, el proyecto choca con innumerables dificultades. La crisis financiera de otoño de 2008 y el fracaso de la Cumbre de Copenhague en 2009 casi remataron unas negociaciones internacionales sobre el cambio climático ya bastante deterioradas. Naciones Unidas concentra sus esfuerzos en la adopción de un dispositivo de lucha contra la deforestación, bautizado REDD+, que debe recurrir mucho al sector privado y a los mercados del carbono, y cuyos mecanismos de decisión quedarían en manos de los grandes Estados. La ­intrusión del proyecto Yasuní en los debates no es del agrado de los países desarrollados, y el ambiente de austeridad presupuestaria es un buen pretexto para evacuarlo de forma cortés. Pero sin duda los países ricos temen más que nada el efecto de arrastre que podría tener la iniciativa ecuatoriana : aceptar financiar Yasuní implica abrir la puerta a cientos de proyectos de la misma naturaleza presentados por países del Sur, que reclamarían el mismo trato.

En ese contexto hostil, Ecuador se vuelca hacia las empresas, con la esperanza de que se muestren más generosas que los Estados. Además de muy incierta, esta solución presenta riesgos reales de recuperación. En contrapartida los donantes se beneficiarían de un “marketing de afinidad”, es decir, de derechos de utilización de la marca Yasuní para la comercialización de productos (3). Estremece la idea de ver a fabricantes de automóviles o a grandes industrias energéticas enarbolar el logo oficial de la iniciativa, “Producto Yasuní – Crear un mundo nuevo”… Pero el Gobierno de Correa podría tomar una vía aún más peligrosa si eligiera otra opción, prevista en el lanzamiento del proyecto : su integración al mercado del carbono. Así, los “certificados de garantía ­Yasuní” emitidos a cambio de contribuciones financieras se convertirían en “créditos carbono” que vendrían a compensar las emisiones de gases de efecto de invernadero de los países ricos o de las grandes empresas (4). Si por ahora esta opción parece haber sido dejada de lado, nada indica que no pueda resurgir como último recurso.

La reconversión ecológica de un pequeño país pobre como Ecuador no es nada evidente. Las posibilidades de éxito de la iniciativa Yasuní son escasas, y el principal objetivo de Correa consiste, probablemente, en mantener con ­vida el proyecto hasta las próximas elecciones nacionales de 2013. En efecto, resulta difícil ofrecer muestras de debilitamiento cuando en marzo de 2012 la CONAIE, favorable a Yasuní, organizaba una gran marcha hacia Quito, la capital, para “decir no a la explotación minera a gran escala en el país” y desafiar al Gobierno. Pero ante la ausencia de perspectivas de nuevos financiamientos, no parece probable que la diplomacia ecuatoriana pueda seguir siendo tan optimista como hoy.

Paradójicamente, el proyecto Yasuní y su cuota de incertidumbre tienden a esconder los otros éxitos, aún frágiles pero bien reales, de la revolución ciudadana llevada a cabo por Correa. Para los movimientos “verdes” o altermundialistas occidentales, ávidos de símbolos, corresponde a esquemas simples : un pueblo indígena que por naturaleza sería ecologista ; energías fósiles necesariamente dañinas que trabarían el desarrollo de energías renovables, por fuerza buenas ; apuestas medioambientales susceptibles, como por arte de ­magia, de trascender las divisiones políticas… Y lo que es más, en Europa se está en consonancia con las luchas locales, como las que llevan adelante los movimientos que se oponen a la extracción de gases de esquisto. Por lo tanto, es tentador convertirlo en un ejemplo simple, o incluso simplista. Sin embargo, es imposible desconectar el proyecto Yasuní del proceso revolucionario que está en curso en Ecuador, un proceso que debe contemporizar con una realidad social económica y con delicadas relaciones de fuerzas : en resumen, a semejanza de la ecología política, una idea simple en un juego complejo.

 

(1) www.gopetition.com/petition/35446.html

(2) Veáse particularmente la intervención de Daniel Cohn-Bendit en el Parlamento Europeo, el 18 de enero de 2012, sobre la situación en Hungría, en la que califica al gobierno venezolano de “totalitario”.

(3) “La iniciativa Yasuní y el sector privado”, Embajada de Ecuador en Francia, www.ambassade-equateur.org

(4) Veáse Aurélien Bernier, “¿Hay que quemar el protocolo de Kioto ?”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2007.