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500.000 EXTRANJEROS SIN ACCESO A LA SANIDAD

España castiga a los inmigrantes

Par Javier de Lucas  |  8 juin 2012     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El pasado 20 de abril, el Gobierno de Mariano Rajoy, en línea con el objetivo prioritario de austeridad convertido en dogma (elevado en España a rango de “principio constitucional”, como resultado de la reforma relámpago pactada con Zapatero, en septiembre de 2011), aprobó un Real Decreto-Ley, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es restringir el acceso a la sanidad pública de los extranjeros lo que afectará especialmente a los inmigrantes irregulares, unos 500.000...

Para nadie es un secreto que las políticas de inmigración desarrolladas por la UE y sus Estados miembros han conseguido un notable éxito al imponer a la opinión pública su construcción de un concepto de inmigrante que es parcial, instrumental y maniqueo. En efecto, de acuerdo con la visión puramente instrumental, propia de esas políticas migratorias, los inmigrantes –y entre ellos de forma particularmente aguda los inmigrantes irregulares– se ven constreñidos a ocupar no ya la periferia, sino un no-lugar. Es el espacio propio de los “don Nadie”, porque nuestra mirada (aquella que refleja el Derecho de inmigración que hemos creado en la UE) los convierte en lisa y llanamente en no-sujetos. Son instrumentos cuya presencia se considera necesaria en aras de una rentabilidad, es decir, siempre y cuando produzcan beneficios por encima del “coste” de su estancia. Por eso, se les regatean los derechos, para abaratar ese coste. Y por eso también su invisibilidad social : relegados a lo privado, se niega su presencia en el espacio público –fuera de las horas de trabajo y eso si no es que se desempeñan en economía clandestina en cuyo caso también son también laboralmente invisibles–. Se constata una vez más el argumento que Marguerite Yourcenar ofrece en sus memorias de Adriano : “Dudo que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud ; a lo sumo le cambiarán el nombre”.

Todo eso lleva a aherrojar a los inmigrantes a un status que puede ser caracterizado como subordiscriminación : un verdadero estado de excepción permanente creado ad hoc para ese grupo social, que les separa –e incluso invierte respecto a ellos– de la vigencia de principios básicos del Estado de Derecho : igualdad y no discriminación, presunción de inocencia, favor libertatis, seguridad jurídica, garantía de los derechos por juez ordinario, interdicción de la arbitrariedad y reducción de la discrecionalidad administrativa, etc.

Además, se les somete a un status de dominación : la diferencia cultural es la coartada que propicia una jerarquía de dominio y el modelo de asimilación impuesta, así como la aculturación como condición sine qua non de la admisión de la presencia aunque sea presencia ausente. Y ello sobre la base de que se deben medir, comparar las culturas, las civilizaciones. Es decir, de una parte se les configura jurídicamente como sujetos no iguales, cuya presencia sólo es necesaria coyunturalmente, y por eso se les regatean o fragmentan sus derechos, se les sitúa en un status de vulnerabilidad en el que no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos, ni de idénticas garantías. Y, de otra parte, como extranjeros en el fondo no deseables (el prejuicio que domina las políticas de gestión de su presencia es que están aquí solo provisionalmente y no pueden ni deben establecerse entre nosotros) no pueden tener derecho a decidir : sólo sufren la ley, sin participar en su elaboración. ­Peor aún que los metecos en Atenas, nuevos esclavos, no conozco mejor explicación para describir esa situación que el espléndido oxímoron que creó Abdelmalek Sayad para describirlo : “presencia ausente”.

Pues bien, el modelo de gestión de la crisis que conduce en la UE la denominada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, FMI) ha conseguido que, conforme a sus continuas exigencias de reformas de austeridad dirigidas a España, el Gobierno español retroceda al modelo reduccionista que insiste en negar a los inmigrantes la igualdad en el derecho a tener derechos.

 Primero fue la desaparición –en el proyecto de presupuestos de 2012– del Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes (poco más de 60 millones de euros) que el Gobierno central asignaba a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero más grave es el vaciamiento de derechos sociales fundamentales como el derecho a la salud, tal y como se produce con la medida adoptada por el Gobierno español el pasado 20 de abril y convalidada en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo. En efecto, el Consejo de Ministros, en línea con el citado objetivo prioritario de austeridad convertido en dogma, aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Lo hizo so pretexto de la necesidad de atajar el gasto injustificado de recursos públicos que provoca el denominado “turismo sanitario” (que, por cierto, es practicado no tanto por los inmigrantes –que obviamente no disponen de los recursos para ser turistas–, sino por los europeos que llegan a España con ese propósito).

 A mi juicio –y al de muchos– se trata de un grave error : es un ejemplo de medida destinada a crear un falso problema para solucionarlo después, aunque sea al precio de matar moscas a cañonazos o, si se prefiere, enfocar la artillería sobre quienes, por ser parias, difícilmente pueden constituir un riesgo, pues su existencia es ignorada o invisibilizada. Algo así parece entender el portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, cuando se permite asegurar que el derecho a la salud es un derecho universal para los ciudadanos españoles, pero no universal para todo el mundo.

A causa de esta reforma se modifica la actual Ley de Extranjería a fin de introducir como requisito para el acceso a la sanidad la necesidad de estar en situación de residencia legal. El Gobierno restringirá el acceso a la sanidad pública de los extranjeros en España, lo que afectará especialmente a los inmigrantes irregulares (unos 500.000, se estima) porque ya no les bastará con el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria, como ocurría desde 2000 gracias a una reforma aprobada por el Gobierno de José María Aznar : el acceso a la tarjeta sanitaria quedará excluido para los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes”. A partir de ahora, el Ejecutivo “matizará” las condiciones, según señaló la ministra de Sanidad, Ana Mato. Un portavoz del Ministerio añadió que los extranjeros deberán demostrar “que de verdad viven en España, trabajan aquí y pagan sus impuestos” (1). Ni la ministra ni esos portavoces han precisado cómo afectará este cambio a los miles de emigrantes irregulares que ya poseen la tarjeta sanitaria, pero se calcula que la reforma dejará sin tarjeta sanitaria, en un plazo máximo de dos años, a un mínimo de 150.000 inmigrantes irregulares. Se trata de las personas a las que desde el 1 de septiembre de 2012 no se les renovará ese documento, renovable cada dos años. Frente a las críticas, la respuesta ha desnudado el ­modelo subyacente : se sustituirán los derechos por la beneficencia, pues se encomendará la asistencia a las ONG.

La justificación de la medida, en línea con lo denunciado por la experta Sara Collantes, para quien este tipo de iniciativas tienen poco que ver con la realidad y sí mucho con la ideología, parece triplemente demagógica : por un lado, porque sigue la tramposa estrategia que ha tenido tanto éxito en la opinión pública y que liga crisis y presencia de la inmigración : se trata de hacernos creer que la llegada y la presencia estable de inmigrantes son la causa desencadenante o, al menos, factor coadyuvante o acelerador de la crisis, cuando en realidad son víctimas de la misma. Es difícil discutir que, si bien es verdad que la crisis (y sobre todo el modelo neoliberal de gestión de la misma que conduce la mencionada troika) ha hecho de los nuestros tiempos difíciles, tiempos duros para todos, que nos hacen evocar las escenas descritas por Dickens, lo son más para los inmigrantes. Y es demagógica porque, como ya he recordado, no son los inmigrantes quienes protagonizan ese abuso, ese derroche del sistema público español de salud. Pero este mensaje dirigido a la opinión pública (“recortamos el despilfarro provocado por los inmigrantes”) tendrá un efecto estigmatizador que es la dimensión más profunda de esa demagogia : estigmatizar a los inmigrantes, sembrando así xenofobia institucional. Por si fuera poco, en el marco comparado europeo, países como Bélgica, Holanda, Portugal, Italia y, en menor medida y con matices, Francia.

Como ha explicado el constitucionalista J. L. Solozábal (2), se trata de una restricción de un derecho constitucional materialmente fundamental (el derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución Española)…un derecho de titularidad universal “en virtud de su relación con la dignidad de la persona”. Acorde con ese planteamiento, el reconocimiento del derecho a la sanidad a los inmigrantes en el artículo 12 de la vigente Ley española “de Extranjería” (Ley Orgánica 4/2000 con sus sucesivas reformas) se acercaba muy positivamente a la consideración de un derecho universal que, como tal, debe ser garantizado a todo ser humano con independencia de su situación administrativa. La ley establece que los extranjeros inscritos en el padrón municipal “tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. En el mismo sentido se pronuncian los Estatutos de Cataluña, Aragón o el País Vasco, que definen el acceso a la salud en términos universales. Por el contrario, a partir de la reforma, sólo quien pruebe que contribuye fiscalmente de modo adecuado, como inmigrante residente legal, podrá disfrutar de esas prestaciones. Sólo se exceptúan (lo contrario sería puramente barbarie) la asistencia de urgencia, la maternidad y los cuidados de los niños.

La respuesta frente ese desafuero ha llegado casi inmediatamente por parte de agentes de la sociedad civil, como la Coordinadora de Entidades de apoyo a los inmigrantes o el Colectivo de asociaciones de inmigrantes. En un comunicado de 23 de abril, éstos pidieron a los médicos que sigan atendiendo a las personas indocumentadas, invocando la formulación contemporánea del juramento hipocrático (3). Por su parte, la Federación Estatal de SOS Racismo asegura que esa medida, además de inconstitucional, utiliza la crisis como burda coartada para vaciar de derechos a los inmigrantes, romper con el modelo de sanidad universal y “coloca al actual Gobierno en la ola de otros países europeos de populismo y racismo institucional que dejará un rastro de excusión social y conflictividad que terminará “mojándonos” a todas y todos”.

Desde los medios jurídicos, el Consejo General de la Abogacía, a través de su Subcomisión de Extranjería que preside Pascual Aguelo, ha condenado esta reforma señalando motivos de inconstitucionalidad y además razones de disfuncionalidad : “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio y la enfermedad”. El profesor y abogado Eduard Sagarra, destaca que la reforma supone una infracción de lo que disponen los Tratados internacionales que garantizan este derecho como fundamental y la negación del derecho no sólo vulnera la noción misma de dignidad, sino que destruye “un valor convivencial de nuestra sociedad”. También se ha insistido en que resulta como mínimo cuestionable que una reforma que afecta a un derecho fundamental, de rango constitucional se haga por la vía de urgencia y además invadiendo competencias de instituciones como las Comunidades Autónomas. Algunas, como Cataluña, País Vasco, Andalucía, ya han manifestado su oposición a aplicar la reforma. Por su ­parte, en un último y casi desesperado intento, un grupo de ONG se dirigió directamente a los diputados a través del manifiesto Sanidad para todos (sanidadparatodos.org) para pedirles, entre otras cosas, que hicieran caso a las instituciones europeas a las que tanto invocan como ultima ratio de sus decisiones. Y así, cumplieran con lo que pide la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, en su informe del pasado 11 de octubre de 2011, aconsejaba a los Estados miembros : “El acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismos criterios que a los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones”.

Y no es ese el único error grave. Muy grave es otra consecuencia de esta reforma, que utiliza de nuevo a los inmigrantes como chivo expiatorio al que se puede estigmatizar en aras de la cohesión social. Eso traslada a España una mancha que se extiende en la UE. En efecto, no pocos de sus países miembros parecen estár incubando de nuevo el huevo de la serpiente. El partido nazi “Amanecer dorado” que obtuvo un significativo respaldo parlamentario en Grecia es sólo el penúltimo ejemplo.

Lo cierto es que no es la presencia de los inmigrantes la que ponen en peligro la cohesión social, sino las políticas populistas que señalan a los inmigrantes como factor de la crisis, que siembran el odio y la desconfianza. Porque son esos invisibles los que están en riesgo y no ellos los que amenazan nuestra cohesión ni la supervivencia de un Estado de bienestar, al que otras fuerzas e intereses asedian sin piedad y tratan de arrojar al basurero de la historia. Por eso, resistir frente a medidas como ésta no es un acto de solidaridad con un grupo desfavorecido, sino una exigencia del interés general. Y no me refiero ya a los argumentos a lo Bonhoffer (“primero vinieron…”). Esta reforma del derecho a la asistencia sanitaria apunta, sí, a los inmigrantes irregulares, pero excluye también a otros grupos, como los españoles mayores de 26 años que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social, o los nacionales de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario. La lógica de la precariedad y de la exclusión –en nombre de la sacrosanta rentabilidad– no ha hecho más que empezar. Nuestra obligación es detenerla.

(1) Ese es el sentido del nuevo artículo 3 ter, que reza así : “Asistencia sanitaria en situaciones especiales. Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades : a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

(2) “El tiempo de la precipitación”, El País, Madrid, 30 abril 2012.

(3) “No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente”.





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