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Los efectos planetarios de una decisión de la justicia estadounidense

Fondos buitre mantenidos a raya en Argentina

Par Mark Weisbrot  |  12 octobre 2014     →    Version imprimable de cet article Imprimer

¿Debemos permitir que un puñado de especuladores tomen como rehenes a cuarenta millones de argentinos ? A esta pregunta, la Justicia estadounidense acaba de responder “sí”, sembrando el desconcierto entre las filas de los inversores. Al debilitar los mecanismos que permiten a Estados Unidos aligerar el peso de la deuda, esta toma de posición amenaza con desequilibrar el conjunto del sistema financiero.

El enfrentamiento entre Argentina y los “fondos buitre”, sociedades dedicadas a la especulación con títulos de deuda pública dudosos, recuerda a ciertas series de televisión estadounidenses. Reúne todos sus ingredientes : misterio, intrigas políticas, golpes de efecto y “malvados” completamente detestables. Entre ellos, muchos ex altos funcionarios que pasan a integrar los grupos de presión, de los cuales el periodista Mark Leibovich explica que “se aferran a Washington como mejillones a las rocas” (1).

El último episodio empezó el 21 de noviembre de 2012, en un tribunal federal del distrito de Nueva York, cuando el juez Thomas Griesa ordenó a Argentina el pago de 1.330 millones de dólares (más de un millón de euros) a varios fondos especulativos, entre ellos NML Capital, dirigido por Paul Singer... Las consecuencias de esa decisión trascienden rápidamente la disputa entre un Estado y los mercados financieros. La intriga se tejió, en adelante, alrededor de los países endeudados y los acreedores. E ilustra, por otra parte, la división de los responsables de la política exterior estadounidense en torno a una cuestión dolorosa : ¿qué reacción adoptar frente a la emergencia de gobiernos sudamericanos que reivindican su independencia geopolítica ?

Como suele ocurrir, para comprender los últimos incidentes se requiere haber estado atento a las etapas precedentes. Todo comenzó en 2001. Al término de más de tres años de recesión, Buenos Aires confirmó su incapacidad de pagar una deuda de unos 100.000 millones de dólares. El país se declaró en suspensión de pagos y, tras largas negociaciones, propuso a sus acreedores canjear sus obligaciones por nuevos títulos “reestructurados”, con un valor un 70% inferior al de los títulos originales. En total, el 76% de ellos habían aceptado en 2005 ; en 2010, lo había hecho el 93%. Ya no tenían motivos para quejarse de Buenos Aires, que resultó pagar bien sus deudas. Hasta el 30 de julio pasado...

Porque, mientras tanto, los fondos buitre –su sobrenombre viene de mucho antes del episodio argentino– hacen su entrada en escena. Traídos por NML Capital, compraron los títulos de deuda por los que Argentina había entrado en suspensión de pagos, con un descuento medio del 80% : apenas pagaron 20 centavos por cada dólar de deuda que compraron. ¿Cuál era la idea ? Entablar un proceso judicial con Buenos Aires, para exigir el reembolso total o bien –tomando en cuenta los intereses sobre el periodo– un rendimiento de la inversión de alrededor del 1.600% (frente al 300% de la reestructuración propuesta por Buenos Aires).

Volvamos pues al episodio del 21 de noviembre de 2012 en que el juez Griesa corrió en auxilio de los buitres, ordenando que se les pagara sin dilaciones... A continuación, para la sorpresa general, el 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su negativa a tratar el caso, validando la decisión de Griesa. Un mes y medio después, se bloquearon los pagos de Buenos Aires a sus acreedores reestructurados : los medios de comunicación anunciaron nuevamente que Argentina entraba en suspensión de pagos...

 

Casandras mediáticas contra Argentina

Argentina, sin embargo, se había convertido en modelo para los Estados endeudados. Al lograr reducir la carga de sus deudas para reactivar la economía, permitió que los inversores sacaran provecho del nuevo despegue, recuperando con regularidad sus inversiones. Pero la prensa económica no le perdonó esa política heterodoxa. De ahí, sin duda, la cobertura mediática negativa que el país padece desde hace una década. Basándose en medidas de inflación independientes –más elevadas que las del Gobierno–, Argentina redujo la pobreza más de un 75% entre 2002 y 2011. Las desigualdades también cayeron : entre 2001 y 2010, la relación entre los ingresos más altos (percentil 95) y los ingresos más bajos (percentil 5) cayó del 32 al 17.

La casi duplicación del Producto Interior Bruto entre 2002 y 2011 permitió que Buenos Aires se arreglara mejor que Grecia : bajo la tutela de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI), hace más de seis años que esta padece recesión, desempleo y recortes en el presupuesto sanitario. Pese a los diversos “planes de rescate” que aceptó, Grecia sigue ostentando una deuda del 170% del PIB, y nadie espera que su producción de riqueza recupere su nivel de 2007, en el mejor de los casos, en menos de una década.

En los últimos tres años, la economía argentina ha vuelto a tener dificultades. La inflación alcanzó el 38% anual (2), mientras que en el mercado negro, el dólar muestra un tipo de cambio un 70% más alto que en su cotización oficial. Las explicaciones son múltiples. La economía mundial se lentificó a partir de 2010 (de un crecimiento del 5,2% en 2010 al 3% en 2013) y no perdonó a los dos principales socios comerciales de Buenos Aires : Brasil y Europa. Además, a raíz de los procesos judiciales de Singer y sus amigos, no tiene acceso a los mercados de crédito internacionales, lo que lo vuelve más vulnerable que otros a los desequilibrios en su balanza de pagos. Sin contar con que las Casandras mediáticas alientan la fuga masiva de capitales...

¿Cómo explicar las motivaciones del juez Griesa ? ¿Su decisión no contraviene acaso el principio básico del sistema judicial estadounidense : la propiedad privada ? Al impedir que los acreedores reestructurados perciban las sumas que les pertenecían, ¿infringió Griesa la ley ? En todo el mundo, el desconcierto es tal que Brasilia, México, París y hasta la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), dieron su apoyo a Buenos Aires. No obstante, el Tribunal de Apelaciones decidió validar la decisión del juez Griesa en segunda instancia.

En este estadio de la intriga, hay que volver la mirada hacia Washington. En un primer momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apoyó a Argentina. El 17 de julio de 2013, la directora del FMI, Christine Lagarde, indicó que el Fondo se disponía a darle su apoyo ante la Corte Suprema. Pero el 23 de julio, el consejo administrativo del FMI –donde el representante de Estados Unidos tiene una influencia decisiva– revisó esa decisión, para incomodidad de Lagarde y unos cuantos funcionarios de la institución, quienes no disimularon su fastidio. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el 24 de julio, el portavoz del FMI, William Murray, al ser interrogado sobre ese golpe de efecto, dio una respuesta explosiva : “¡Vaya a ver a la gente del Departamento del Tesoro, ellos son quienes tienen la respuesta !”.

En Washington, varias personas –empezando por Lagarde– evaluaron el peligro de la orden del juez Griesa. “La dirección y los equipos del FMI siguen preocupados por las implicaciones sistémicas generales de [esa] decisión”, explicó Murray el 25 de julio. Hasta la International Capital Market Association (ICMA), organización que representa los intereses de los actores de los mercados de capitales, participó de su preocupación. El 29 de agosto pasado, anunció una revisión de las directivas que enmarcaron la emisión de bonos de deuda pública para tratar de cortar las alas a los fondos buitre.

 

Reestructuraciones de deuda en peligro

Tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países (empezando por Francia), existen leyes que dan un marco a la posibilidad de que los prestatarios que no pueden pagar sus deudas se declaren en quiebra, y así, vuelvan a empezar de cero. No existe ningún mecanismo de este tipo a escala internacional para los Estados. Con el fin de evitar las suspensiones de pagos caóticas, el sistema financiero internacional se apoya en procesos de reestructuración negociada. Ahora bien, el fallo de Griesa podría complicar tales operaciones, incluso en caso de acuerdo : un puñado de descontentos (o de especuladores) bastarían para hacerlos zozobrar.

Subsiste entonces una pregunta : ¿quién convenció al Departamento del Tesoro de cambiar de postura e influir así al FMI ? Como en el juego de detectives del Cluedo, sospechosos no faltan. Los fondos buitre cuentan con su propio lobby, la American Task Force Argentina. Esta organización, que cuenta con los servicios de ex altos funcionarios de la Administración de Clinton, gastó más de un millón de dólares en la defensa del caso Singer, en 2013. Entre los actores clave de este cambio de posición están, sin duda, algunos representantes neoconservadores del Congreso de Estados Unidos, en especial, del ala derecha anti-cubana de la delegación en Florida. No contentos con haber puesto palos en las ruedas al presidente Obama cada vez que vislumbraba una posibilidad de mejorar la relación de Estados Unidos con América Latina. Además se han propuesto despojar a la región de todos los Gobiernos progresistas (incluido Brasil). Del apoyo, discreto, de Washington al golpe de Estado hondureño, en 2009, a su apoyo a los manifestantes opositores al Gobierno, en Venezuela en 2013, la historia reciente muestra que en general, logran imponer sus prioridades.

Desde el 30 de julio de 2012, la prensa explica que Argentina ha entrado en suspensión de pagos por segunda vez en trece años : lo que es falso. El Gobierno ha efectuado todos los pagos previstos, pero los bancos los han bloqueado, por orden del juez Griesa. Argentina busca la manera de cumplir con sus acreedores fuera de la jurisdicción estadounidense. Ya ha adoptado medidas legislativas en ese sentido para permitir que los poseedores de bonos reestructurados canjeen sus títulos por otros nuevos, emitidos en Argentina.

Por su parte, la mayoría de los países ricos rivalizaron en la firmeza de su apoyo a la elite financiera. El 9 de septiembre de 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas estaba llamada a votar un texto que apuntaba a establecer un mecanismo de reestructuración de las deudas soberanas, propuesto por el “grupo de los 77” países en desarrollo más China. Estados Unidos y sus aliados (Israel, Canadá, Australia, Alemania) votaron en contra, mientras que la mayoría de los Estados europeos se abstuvieron (entre ellos, Francia). Sin embargo, el texto fue aprobado por ciento veintiún votos (once en contra, cuarenta y una abstenciones).

Los países en desarrollo no se equivocarían si decidieran emitir sus bonos en jurisdicciones distintas a la de Estados Unidos. La decisión del juez Griesa demuestra que al optar por estas, se exponen a las decisiones de una justicia imprevisible, que puede poner el interés de unos pocos especuladores por delante de la suerte de millones de personas. En 2009, el 70% de las obligaciones de los mercados emergentes se emitían en Nueva York. Pero el Reino Unido y Bélgica disponen de leyes que habrían hecho imposible la decisión de Griesa. Es indudable que, de observar un principio de fuga de la emisión de deuda pública hacia otros centros financieros, el legislador estadounidense tendría una motivación para adaptar sus leyes a las normas internacionales.





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