El Tratado de Lisboa ha sido ratificado hasta ahora por 26 Estados de los 27 que integran la Unión Europea (UE), siendo la firma de la República Checa la única que aún queda pendiente. En Praga, el presidente Vaclav Klaus le ha dado largas al asunto con la esperanza de que en las próximas legislativas del Reino Unido, previstas como muy tarde para junio de 2010, triunfen los conservadores. Efectivamente, el líder de los Tories, David Cameron, ha prometido llevar a cabo un referéndum que tendría grandes posibilidades de enterrar definitivamente el Tratado, aunque éste ya haya sido ratificado por su país. Pero es evidente que el presidente checo sólo está librando una batalla desesperada. Por eso, a partir de ahora, el gran tema que ocupa a los gobiernos es el reparto de cargos a la cabeza de las instituciones de la Unión Europea, los cuales deberían designarse a inicios del mes de enero de 2010. 

No se trata únicamente de la elección de tal o cual personalidad. Lo que está en juego, es la propia concepción del poder en el seno de la UE. Desde este punto de vista, las disposiciones del Tratado de Lisboa, concebidas a principios de 2000, parecen particularmente desfasadas en relación con la nueva realidad política revelada por la crisis. Las capacidades de intervención financiera han sido la prueba de la verdad que ha permitido demostrar que la UE es ante todo los Estados –particularmente los más grandes (Alemania, Francia, Reino Unido)–, y no la Comisión de Bruselas o el Parlamento de Estrasburgo. Y tampoco el Banco Central Europeo. De esta forma, el carácter intergubernamental del dispositivo comunitario ha quedado reforzado, en detrimento de su dimensión federal. Sin embargo, el Tratado postula una fuerte visibilidad de la UE como tal, y no como un conglomerado de Estados.

El Parlamento ya ha elegido a su presidente, el polaco Jerzy Buzec, y ha votado la prórroga de José Manuel Barroso en la Presidencia de la Comisión. Pero todavía queda por proveer un cargo de presidente, recientemente creado por el Tratado: el Presidente del Consejo Europeo que debe ser designado por los gobiernos, por mayoría cualificada, y que tendrá un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez. Él (o ella) será quien presida las Cumbres Europeas y asegure la continuidad que las actuales presidencias semestrales hacían no sin dificultad.

A primera vista, este Presidente debería ser percibido por el resto del mundo como el “Señor” o la “Señora Europa”. Pero estará en competencia con otra personalidad, cuyo perfil fue redefinido por el Tratado: el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El (o la) titular de este cargo acumulará dos legitimidades: la del Consejo, que lo habrá designado, y la de la Comisión de la cual será vicepresidente. Más importante aún, dispondrá de considerables recursos materiales: una especie de cuerpo diplomático autónomo –el Servicio Europeo para la Acción Exterior– compuesto por unos 5.000 funcionarios y dotado de un presupuesto de 6.000 millones de euros. 

Pero dirigentes como Gordon Brown, Angela Merkel o Nicolas Sarkozy no tienen la más mínima intención de dejarle el campo libre a este super funcionario para que defina e implemente una política exterior europea que, a sus ojos, solamente puede estar en armonía con la suya. Por esta razón, los nombres de los titulares de los cargos de Alto Representante y de Presidente del Consejo Europeo serán objeto de intensas negociaciones. Es posible prever, pues, que habrá bastantes forcejeos no sólo entre ellos, sino también con el propio Presidente de la Comisión, para saber quién hablará en nombre de la UE, y con qué margen de maniobra en relación con los Estados miembros. 

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