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La culpa no es de Bruselas

Par Bernard Cassen  |  5 de mayo de 2016     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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La Unión Europea (UE) es un objeto político sin equivalente en el mundo. Entre otras características, combina dispositivos muy potentes con elementos de fragilidad. Y eso, en parte, debido a su carácter inacabado, es decir, a la tensión estructural –y deseada como tal por el Tratado de Roma de 1957– entre dos lógicas institucionales, una federal y otra intergubernamental, en una relación de fuerzas entre ellas que varía según la coyuntura.

En aproximadamente seis décadas, la Comunidad Económica Europea (CEE) de 1958 –devenida en Unión Europea en 1993– se ha afirmado como un bloque cada vez más integrado, que responde al objetivo inicial de los tratados de una “unión cada vez más estrecha”. Pero este objetivo adoptó la forma de un proyecto ideológico particular, y que podría haber sido bien distinto: el de la unificación por el mercado, con la competencia “libre y no falseada” (y no la cooperación) como principio organizador. Un proyecto neoliberal, para retomar un término que pasó a ser de uso corriente a finales de los años 1970.

Los sucesivos tratados reforzaron o ampliaron progresivamente los poderes de las instituciones de tipo supranacional de la UE –la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo– sin por ello disminuir los del Consejo, donde se encuentran los Gobiernos nacionales. Estos últimos siguen siendo los decisores de última instancia, pero han utilizado sus poderes para amputarse una parte creciente de sus prerrogativas en beneficio de las instituciones sobre las cuales ni ellos ni los ciudadanos tendrán influencia alguna. En las áreas cruciales (políticas monetaria, comercial, presupuestaria y fiscal), se ha instalado así un federalismo neoliberal, sin ningún control democrático por los Parlamentos nacionales, ni siquiera por el Parlamento Europeo.

En la opinión pública, el sentimiento de tener que enfrentarse a una fortaleza hostil provoca un fuerte rechazo a todo lo que, de cerca o de lejos, emana de “Europa” o de “Bruselas”. Y, a falta de un verdadero espacio público europeo, ese rechazo no puede hacer más que utilizar las oportunidades que brindan las agendas nacionales.

Es así como, con ocasión del referéndum consultivo del pasado 6 de abril, obligatorio a partir de una petición que recogió más de 300.000 firmas, los neerlandeses rechazaron con un 61% el acuerdo de asociación UE-Ucrania, cuyo contenido no le interesaba prácticamente a nadie. Muy distintas serían las duras consecuencias de un “no” de los Países Bajos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) si tuviera lugar un referéndum al respecto. Y la recogida de firmas está en curso… El referéndum británico del próximo 23 de junio sobre el brexit decidido de forma imprudente por David Cameron, y cualquiera que sea el resultado, dará cuenta de una verdadera desconfianza hacia “Europa”.

Acerca de temas que varían de un país a otro, los Gobiernos son, con razón, considerados como responsables de las políticas europeas –puesto que las decidieron en Consejo– y sancionados por los electores. El clásico argumento “la culpa es de Bruselas” ya no convence a los ciudadanos. Es bueno que el sentimiento popular vuelva a encontrarse con la realidad de las disposiciones institucionales. En buena lógica, la cuestión europea debería, por tanto, figurar a la cabeza de todo programa electoral nacional y estructurarlo. No hemos llegado ahí todavía, pero no nos escaparemos. La “fortaleza Europa” bien podría no salir indemne…    





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