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Un decreto presidencial que deja mal gusto

La falta de Barack Obama en América Latina

Par Christophe Ventura  |  2 de abril de 2015     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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« Venezuela no es una amenaza para ningún país ». Se podría pensar que esta fué la respuesta del presidente Nicolas Maduro al decreto (executive order) de Barack Obama del 9 de marzo, que designa Caracas como una « amenaza (…) extraordinaria y poco habitual (…) para la seguridad nacional y la política extranjera de los Estados Unidos » y anuncia acordar « urgencia nacional para tratarla » [1].

Estaría la Revolucion bolivariana a punto de invadir el territorio norteamericano con armas de destrucción masiva ? El presidente electo de Venezuela expresó enérgicamente su rechazo a las acusaciones desmesuradas y oportunistas de Barack Obama y a su decreto que le permitirá, si asi lo decide, establecer nuevas sanciones económicas, comerciales, financieras y diplomáticas, atacando directamente a las autoridades de Caracas. Hasta ahora, el texto se aplica a « personas », funcionarios, militares, policías y representantes de la institución judicial [2].

Nicolas Maduro efectivemente afirmó que « Venezuela no será nunca una amenaza para nadie » y que esta acusación es una « aberración histórica », pero él no es el autor de la declaración « Venezuela no es una amenaza para ningún país ». Esta emana de los dirigentes de la oposición reunida en la Mesa de la unidad democrática (MUD) ! quien además agrega : « Recibimos con aprecio y agradecimiento el apoyo de la comunidad internacional, pero no aspiramos ni admitimos que la comunidad internacional o alguno de sus miembros asuma deberes que son nuestros » [3]. La MUD tuvo cuidado de distanciarse de la decisión de Barack Obama porque sabe que esta vez, la injerencia de Washington en la política interior de Venezuela es demasiado visible. Esto la debilita en el momento que, como el resto de las derechas latinoamericanas, quiere mantenerse a la ofensiva, según un plan bien establecido.

Marginadas del poder del Estado desde comienzos de los años 2000 – y por varios años más todavía, puesto que el mandato de los diferentes gobiernos progresistas actuales se prolonga hasta el final de este decenio –, las fuerzas conservadoras representantes del órden político y económico anterior utilizan tres maneras de hostigar hasta la destabilización a los gobiernos elegidos. Primero, la calle : salir a manifestar es la estrategia utilizada en Venezuela, que se acompaña ahora con la organización de un golpe de Estado « lento » [4]. Segundo : los medios de comunicación que estan generalmente controlados por ellas y que les permiten desarrollar campañas ideológicas permanentes. Y por fin, el poder judicial, poder que los conservadores controlan directamente o que se encarga de la defensa de sus intereses (así actua actualmente el poder judicial contra los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay).

En el caso de Uruguay, la situación ha sido bien explicada por el ex-presidente José Mujica : « Uruguay funciona con un sistema jurídico acorde con el pasado, pero no con los cambios necesarios en el presente. Si tú en Uruguay le querés poner un impuesto a la tierra, a la concentración de la tierra, te lo terminan declarando inconstitucional. Como en todo el mundo y siempre en la historia, la jurisprudencia fue pensada e instalada por las clases dominantes, las clases conservadoras » ; y el ex-presidente agrega « la Justicia refleja el peso de las clases que dominan en una sociedad. Los instrumentos jurídicos están sometidos a la historia y la historia es una lucha de clases » [5]. En Argentina, la instrumentalización del « caso Nisman » se debe analizar teniendo en cuenta este parámetro. Lo mismo ocurre en Brasil con los problemas de la compañía petrolera Petrobas.

En el plano interno, las derechas latinoamericanas saben que pueden beneficiar de un contexto muy favorable para llevar adelante sus ofensivas. Los gobiernos progresistas enfrentan diversas dificultades ; una de ellas les perjudica particularmente : la acentuación de la crisis económica y financiera – profunda en el caso de Argentina y de Venezuela, y cada vez más preocupante en el caso del gigante brasileño – que agudiza el rechazo de la opinión publica al despilfarro y al sistema de corrupción financiera. Las fuerzas conservadoras, ampliamente ligadas a los sistemas que ellas parecen denunciar, machacan sin cesar sobre este tema, utilizando todos los medios a su disposición, incluídos los aparatos judiciales. De la capacidad de los gobiernos progresistas a mejorar realmente la situación en sus países dependerá una buena parte de su credibilidad futura.

En el plano exterior, las derechas latinoamericanas legitiman sus estrategias gracias al apoyo de las derechas europeas y estadounidenses y de sus intermediarios financieros, mediáticos y políticos. En el caso de Estados Unidos, el enfrentamiento actual con Venezuela lo confirma y pone en evidencia la escalada culpable de Washington. El decreto de Obama pone además en evidencia el debilitamiento político de un presidente que parece estar condenado a dar garantías a los « neo-conservadores » republicanos y demócratas, que lo tienen cercado ahora que enfrenta serias dificultades con la política nuclear iraní, con Ucrania, con Israel y además con la región latinoamericana, sobre todo con Cuba.

El presidente norteamericano acaba de crearse más dificultades a sólo algunas semanas de la VII Cumbre de las Américas en Panama (10-11 de abril) que pensaba transformar, gracias a las nuevas disposiciones relacionadas con Cuba, en « Cumbre de la nueva era » entre los Estados Unidos y América Latina [6]. Su ofensiva injustificada contra Caracas va a frustrar sus planes. Esta pone en apuros a sus aliados en la región y está produciendo un poderoso movimiento sudamericano de solidaridad. Desde la publicación de su decreto, Cuba, Bolivia, Ecuador, Argentina han condenado a Barack Obama y rechazado el intervencionismo americano.

Reunida en Quito el 14 de marzo, la Unión de naciones suramericanas (UNASUR), aún con la diversidad política de los doce gobiernos representados, declaró por su parte que la adopción del decreto de Obama constituía « una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados ». El comunicado oficial de la organización regional pide al gobierno de los Estados Unidos que « evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela, bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos » y proceder en consecuencia a la « derogación » del decreto del 9 de marzo [7].

Notas

[1] Leer el decreto « Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela » fechado 9 de marzo 2015.

[2] El decreto Obama define sin embargo las « personas » como « individuos » o « entidades’ (asociaciones, empresas, grupos, organizaciones) ».

[3] Comunicado de la MAD después de la publicación del decreto Obama : http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/276965/la-mud-asegura-que-venezuela-no-es-una-amenaza-para-ningun-pais-comunicado/.

[4] Leer Ignacio Ramonet, « La tentativa de golpe de Estado contra Venezuela », Mémoire des luttes, mars 2015.

[5] http://www.elpais.com.uy/informacion/despedida-mujica-lanza-andanada-criticas.html

[6] Sobre la nueva estrategia económica y geopolítica de los Estados Unidos en América latina, leer Christophe Ventura, « Washington se lanza de nuevo en el juego latinoamericano » Mémoire des luttes.

[7] Leer texto completo del « Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela ».





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