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Unidos contra la explotación

La gran ola que barrió Guadalupe

Par Fabrice Doriac  |  28 avril 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Tras haber subestimado la importancia del descontento popular, París ha tenido que tomarse muy en serio la huelga general que paralizó la isla de Guadalupe, en las Antillas, desde el pasado 20 de enero. La reivindicación principal del Colectivo contra la Explotación (LKP) dirigida al Gobierno francés y a la patronal –aumento de los salarios más bajos– no oculta un malestar más profundo que, superando el marco de un conflicto tradicional, afecta al conjunto de los departamentos de ultramar franceses.

Todo parecía tranquilo en la estratificada sociedad guadalupeña. De un lado, funcionarios y empleados de las grandes firmas. Del otro, obreros y empleados con puestos precarios en pequeñas empresas subcontratistas y de servicios, junto a simples trabajadores no declarados y a quienes viven de la ayuda del Estado. Unos, remunerados correctamente ; los otros, viviendo en la miseria.

Durante treinta años, las relaciones sociales en Guadalupe se redujeron a una carrera consumista para unos, y a una vida improvisada, a veces con pequeños comercios ilegales, para muchos otros. Cada cual se iba adaptando, entre ayudas sociales –recurso mínimo de inserción (RMI), Caja de ayuda familiar (CAF) o Asociación para el empleo en la industria y el comercio (Assedic, seguro de desempleo)– y trabajo clandestino ; entre salarios miserables y desocupación (24% de la población activa, de promedio). En el caso de los menores de 30 años, ese porcentaje llega al 45%, y en algunos barrios deprimidos, como Lacroix aux Abymes, se acerca al 70%. Y como telón de fondo, un éxodo masivo de jóvenes, de egresados con títulos y de profesionales, que no podían insertarse en su propio país… 

Y posteriormente se produjo el 20 de enero, la declaración de huelga general. Conformado por 49 sindicatos, partidos políticos y asociaciones, el grupo Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) –Colectivo Contra la Explotación– convocó directamente al pueblo guadalupeño. Con un lema central : la lucha contra la carestía de la vida y la ayuda a los trabajadores pobres. Sin olvidar la denuncia de las “estafas” a gran escala cometidas por monopolios y grandes empresas, con la bendición del Estado.

A partir de entonces asistimos a un choque frontal entre el mundo sindical y la patronal. La novedad fue que la intransigencia esta vez encontró una respuesta. El apoyo de la sociedad civil hizo que la relación de fuerza fuera favorable al LKP.

Ya a comienzos de diciembre de 2008 los transportistas habían hecho huelga para pedir una bajada del precio del combustible. La eficacia de los cortes de carreteras llevó al prefecto, al presidente de la región y al del departamento a negociar rápidamente. En cinco días se firmó un protocolo de acuerdo, y se obtuvo una reducción de veinte céntimos de euro por litro de combustible sin plomo y la satisfacción de la población por ese beneficio inmediato.

Pero al término de la primera jornada de huelga y de manifestaciones, el 15 y 16 de diciembre, nadie aceptó recibir a los representantes del LKP : ni el subprefecto, ni el prefecto, ni los dirigentes de la región o del departamento. Esa primera movilización fue la ocasión de tomar contacto con el pueblo de Guadalupe.

A partir del 20 de enero, los dirigentes del LKP pusieron el acento sobre el carácter amplio de sus reivindicaciones, reunidas en un manifiesto de 142 puntos. Ese ambicioso documento abarcaba sectores enteros de la vida económica y social : desarrollo, empleo, formación, salud, medio ambiente, cultura, obras públicas… Yendo más allá de la carestía de la vida, cuestionaba las discriminaciones, las violaciones al Código de Trabajo, y las relaciones sociales heredadas del periodo colonial.

El carácter global, y hasta sistémico de las reivindicaciones generaron comentarios burlones : “Exigencias irrealistas o estrafalarias que no van a movilizar a mucha gente…”, estimaron algunos empresarios. Pero entre concentraciones y manifestaciones, el movimiento se convirtió en alud. El LKP obtuvo su legitimidad en la calle. La presión popular de decenas de miles de manifestantes obligó a “los de arriba” –patronos y dirigentes políticos– a sentarse en la mesa de negociación junto al prefecto.

La principal reivindicación del LKP –un aumento de doscientos euros netos mensuales para los salarios más bajos– bloqueó la negociación entre la patronal y los sindicatos. Esa suma equivalía en realidad a equiparar los salarios del sector privado con los de empleados públicos. En los departamentos franceses de ultramar (DOM) los funcionarios ganan el 40% más que sus colegas metropolitanos. Esa “prima por mayor coste de vida”, creada en 1946, al votarse la departamentalización de las cuatro ex colonias –Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión– estaba entonces reservada a los agentes del Estado expatriados. A fuerza de lucha, los funcionarios contratados localmente lograron una igualdad de sueldos. Algunos sospechan que los técnicos del Ministerio del Presupuesto, en París, son favorables a nivelar por abajo, es decir, suprimiendo el aumento del 40%...

Al líder del LKP, Elie Domota, le gusta comparar cifras. “En Pointe-à-Pitre desfilamos 50.000 personas [de una población de 451.000 en todo Guadalupe]. Es como si en Francia hubiera un cortejo de seis millones de manifestantes en las calles de París”. Innovación mediática : las negociaciones fueron transmitidas integramente por los canales de televisión locales. Durante cuatro días la población no quitó los ojos de la pantalla ; hasta que el prefecto rompió las conversaciones. De esa forma el ciudadano fue testigo de discusiones (el cálculo de los precios, los salarios, las licitaciones, la educación, la salud, el desarrollo agrícola…) de las que habitualmente está excluido.

Ni la patronal local ni el Gobierno vieron venir esa gran ola. De entrada, la primera dijo no poder pagar los 200 euros de aumento a los que cobraban el salario mínimo. El Primer Ministro, François Fillon, se negó categóricamente a ayudarla por medio de nuevas exoneraciones sociales y fiscales. El secretario de Estado para los Asuntos de Ultramar, Yves Jégo, apareció, presentó un preacuerdo que permitía a la patronal financiar el famoso aumento, y se fue el 9 de febrero sin avisar a nadie. París envió a dos “mediadores” … y dejó pudrir la situación, que degeneró, provocando la muerte de un sindicalista, Jacques Bino, el 17 de febrero.

El presidente de la región y el del departamento, Victorin Lurel y Jacques Gillot, ambos socialistas, se vieron sobrepasados por su izquierda. Desde hace muchos años los grupos comerciales, los monopolios (1) y el clan de los bekés –descendientes de los antiguos propietarios de plantaciones y esclavistas de la Martinica– imponen sus márgenes exorbitantes, sin que los representantes locales intervengan sistemáticamente ni investiguen esas maniobras fraudulentas. Ocho familias bekés controlan las cadenas de supermercados y la actividad de importación-exportación (2). Ponerse de acuerdo sobre los precios resulta fácil. Entre 2007 y 2008, los precios de los productos de primera necesidad se fueron a las nubes : + 48% la leche ; + 87% los fideos ; + 59% la mantequilla ; etc.

Los márgenes y las falsificaciones de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA, que posee el monopolio de la distribución de productos petroleros) son un caso ejemplar para analizar los fallos en el control del Estado. Al igual que el escándalo del clordecon (3), a partir de 2005, que apenas fue denunciado por los representantes políticos, muy discretos comparados con las asociaciones ecologistas y los sindicatos agrícolas…

Tampoco hubo ninguna toma de posición para modificar la ley de defiscalización Girardin (4), que no aporta nada a la economía en términos de inversiones productivas. En cambio, ese sistema hizo subir considerablemente el precio de los terrenos donde se puede construir, transformando zonas enteras del archipiélago en casas de descanso para grandes contribuyentes metropolitanos. Paralelamente, la oferta de viviendas sociales es deficiente, y los escándalos financieros frecuentes. Por último, los políticos no propusieron nada concreto a los más modestos para atenuar los efectos de la crisis económica mundial.

La adhesión masiva de los guadalupeños al LKP es por lo tanto un acto de desafío respecto de la clase política local. Más allá, existe por supuesto el clásico cuestionamiento del mundo sindical respecto de la política social del Gobierno Fillon-Sarkozy. El portavoz del LKP, Elie Domota, explica de manera lapidaria las idas y venidas gubernamentales en Guadalupe, en un contexto de crisis social aguda en Francia : “Cuando se quema el castillo, nadie se preocupa por las caballerizas”.

Algunos intelectuales, como el psicólogo Errol Nuissier, criticaron los métodos y hasta el alcance de la acción del LKP. En su opinión, el cierre forzado por piquetes de centenares de empresas y de estaciones de servicio, la parálisis de los aprovisionamientos y la perturbación de la red de agua y de electricidad, afectan más a los que menos tienen, a los enfermos y a las personas que viven aisladas. Ídem en la economía : las estructuras más sólidas –grandes marcas o firmas propiedad de bekés– superarán sin problemas este periodo difícil, mientras que los más precarios van a tener que cerrar. Los más poderosos salen ganando.

Visto el carácter heteróclito de las 49 organizaciones que forman el LKP, otros se preguntan : ¿tiene esa asociación una línea política ? La consigna contra la vida cara y la defensa del poder adquisitivo de los más pobres, tiene un efecto federador. Pero, aceptando que obtenga satisfacción en dichos puntos, la movilización popular podría finalizar con esos únicos logros materiales. “Si luego de la movilización general, la gente aumenta su poder adquisitivo, pero al final consume más productos importados y “comida basura”, no habremos ganado nada con este asunto”, estima Georges Magdeleine, agricultor y miembro del LKP.

En realidad, las exigencias de la plataforma superan ampliamente el marco de las negociaciones económicas, y provienen de un profundo deseo de cambio social. Por ejemplo, el fin de la espiral de consumo, que pone a la población en una situación cada vez más precaria (5) ; el fin de la discriminación en la contratación laboral a cierto nivel, que restituye la jerarquía de la sociedad colonial (los blancos arriba y los negros abajo) ; la neutralización de promotores inmobiliarios llegados de Europa ; la reactivación del diálogo en las empresas, a menudo sometidas a un autoritarismo patronal de otros tiempos ; o la rehabilitación del patrimonio cultural criollo.

En último término, el LKP reclama una mayor participación local en las decisiones y en la gestión de un desarrollo “sostenible”, adaptado a Guadalupe y en armonía con su entorno caribeño (6). Todos los sectores administrados directamente desde París –empleo, formación, salud, cooperación regional, infraestructuras, etc.– exigen ser manejados localmente.

Paradójicamente, el debate sobre la evolución del estatuto político de la isla fue evacuado por el referéndum del 7 de diciembre de 2003, en el que el 72% de los guadalupeños votaron “no” a una reforma hacia mayor autonomía. El actual conflicto confirma sin embargo, cinco años después, la obsolescencia del estatuto de DOM, lo que se refleja en la reanudación de las reivindicaciones en Martinica, Guyana y Reunión.

No obstante, el camino lógico hacia la emancipación no es jamás evocado por los principales dirigentes del LKP, en el que sin embargo participan organizaciones independentistas. Elie Domota, su dirigente más carismático, es el secretario general de la Unión General de Trabajadores Guadalupeños (UGTG), que milita abiertamente por la independencia. Cuestión de método o de estrategia : todo el mundo es consciente de las reticencias del pueblo respecto de esa opción.

Mientras tanto, un difundido Manifiesto de nueve intelectuales antillanos, entre los que se encuentran Edouard Glissant y Patrick Chamoisseau, por sociedades “post capitalistas”, afirma : “Ninguna de nuestras reivindicaciones carece de legitimidad. Ninguna es en sí misma irracional, y sobre todo no más desmesurada que los mecanismos del sistema al que se enfrenta. Por lo tanto, ninguna puede ser ignorada por lo que representa, ni por lo que implica en relación con el conjunto de las demás reivindicaciones” (7)

Le Monde diplomatique, París.

Notas :

(1) Como el de la CMA-CGM (Compagnie maritime d’affrètement-Compagnie générale maritime), que aplica tarifas abusivas a los contenedores procedentes de la Metrópoli.

(2) El grupo Bernard Hayot, por ejemplo, está en el lugar 136 en la lista de las fortunas francesas.

(3) Masiva contaminación de tierras agrícolas registrada desde hace veinte años, para el enriquecimiento de algunos productores de bananas.

(4) Créditos de impuestos importantes, por seis años, concedidos a los contribuyentes que invierten en la industria o en la vivienda en los departamentos franceses de ultramar.

(5) Ese cuestionamiento de la "espiral del consumo" apunta a la compra de productos de la metrópoli, cuando podrían ser fabricados localmente (en particular ciertos alimentos).

(6) Llamamiento formalizado por Harry Jawad Durimel, de los Verdes de Guadalupe, miembro del LKP. Ver www.harrydurimel.fr

(7) Ernest Breleur, Patrick Chamoiseau, Serge Domi, Gérard Delver, Edouard Glissant, Guillaume Pigeard de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar, Jean-Claude William. Se puede leer en : www.gensdelacaraibe.org





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