Cuando, en noviembre de 1993 y por aplicación del Tratado de Maastricht, la Comunidad Económica Europea (CEE), creada por el Tratado de Roma de 1957, se transformó en la Unión Europea (UE), se estaba dejando constancia, a través de esta nueva denominación, de la extensión de las competencias de las instituciones comunitarias, al no limitarlas a la economía. El Tratado de Lisboa fue aún más lejos en el mismo sentido. 

De hecho, en todos los Estados miembros de la UE, prácticamente todos las esferas de la acción pública son actualmente declinaciones de las políticas decididas a nivel europeo, a veces con carácter marginal (cultura o educación), a veces de manera más sustancial (seguridad, relaciones exteriores), a veces en su totalidad (agricultura, comercio). Si el perímetro de los campos de intervención de la UE se ha ampliado así considerablemente, el prisma a través del cual se abordan la mayoría de ellos continúa siendo el del Tratado de Roma y la CEE : la primacía de la competencia y del libre comercio sobre cualquier otra consideración potencial, ya sea política, social, fiscal, medioambiental o cultural. 

La Comisión Europea, valiéndose de su estatuto de “guardiana de los tratados”, ha tenido un papel clave para hacer un santuario de esos pilares del neoliberalismo, hasta el punto de transformarse en vector entusiasta de la globalización. Ha confirmado la idea de que el proyecto europeo era prioritariamente la puesta en funcionamiento de un mercado único en el interior y la conclusión de acuerdos de libre comercio con el exterior. En este sentido ha logrado un éxito perfecto. En primer lugar en el plano ideológico, al hacer del crecimiento del comercio internacional un objetivo central de las políticas económicas. También reforzando sus propios poderes : ella y solo ella negocia los acuerdos comerciales firmados por la UE, interpretando eventualmente los textos a su favor. Cuantos más acuerdos de este tipo hay, mayor es su peso frente a las restantes instituciones europeas.

Los Gobiernos son totalmente responsables de esta situación, pues son ellos quienes firman los tratados y quienes designan a los comisarios. La experiencia indica que eligen generalmente a los más liberales (que a menudo resultan ser los más sensibles a los grupos de presión). En los últimos tiempos, en los casos de los “perturbadores endocrinos” y del glifosato, la Comisión ha mostrado, de manera espectacular, que la salud pública le importa mucho menos que la preservación del fructífero comercio de los productos de las grandes multinacionales de las industrias química y farmacéutica –con Monsanto a la cabeza–, que disponen en Bruselas de decenas y decenas de “lobistas”.

Es una trivialidad afirmar, como lo hacen regularmente los dirigentes políticos de todas las orientaciones, que la UE está en crisis, que debe ser reformada o incluso refundada si quiere sobrevivir. Pero cuando los ciudadanos y los movimientos sociales la interpelan en aras de denunciar su responsabilidad en las políticas de austeridad, de precariedad, de dumping fiscal, social y medioambiental y de incremento de las desigualdades, les responde con gobernanza de la zona euro, flexibilidad, competitividad, mercado, libre comercio. Visiblemente, las dos partes no hablan el mismo lenguaje ni hacen la misma lectura de la realidad, y divergen en cuanto a las herramientas a utilizar.

Cuánto desearíamos que, con un toque de varita mágica, la UE se metamorfoseara en un verdadero conjunto solidario en su seno y con el resto del mundo. Pero si la oruga se transforma naturalmente en crisálida y luego en mariposa, es difícil imaginar cómo el mercado podría metamorfosearse en comunidad.