El calvario que los dirigentes de la zona euro hacen padecer al pueblo griego está desacreditando la idea de Europa. Técnicamente, es la “troika” –Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y FMI– quien está encargada del trabajo sucio de exigirle al Gobierno de Lukas Papademos, también banquero, la reducción drástica de los salarios y de las pensiones, el desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones de toda índole.

Protegidos por este siniestro trío, son los otros gobiernos europeos los que, bajo la férula de la canciller alemana Angela Merkel y de su edecán Nicolas Sarkozy, han asumido la responsabilidad política de provocar el destrozo de la sociedad griega y la ruina de su economía: caída del 7% de su PIB en un año, explosión del de­sempleo y de la precariedad, venta al mejor postor de su patrimonio natural y de sus sitios históricos, cuna de una de las grandes civilizaciones de la humanidad. Y todo ello sin la menor perspectiva de mejora de la situación, ¡ni siquiera dentro de 10 años! Esto nos recuerda las palabras atribuidas a Ferdinand Point, notable chef francés (1897-1955): “Tan bien me cuidaron que ahora estoy seguro de morir curado”.

Visto desde otro continente, este ensañamiento causa estupor, y el visitante europeo de paso se siente avergonzado cuando debe explicar a sus interlocutores una situación griega a todas luces comparable a la de los países del Sur, esquilmados por los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. Lejos de los grandes discursos humanistas, el mensaje que la Unión Europea (UE) envía al resto del mundo es el de la solidaridad con sus banqueros y no con sus ciudadanos.

La UE emite también un mensaje destinado a sus propios nacionales, en primer lugar a los de la periferia: prepárense para vivir a la griega. ¡Está en juego su competitividad! Con esta perspectiva, los diferentes gobiernos rivalizan en “rigor”, obsesionados por reducir el coste del trabajo y acelerar su precariedad. En ese campo, Mariano Rajoy, al igual que Mario Monti en Italia, se esfuerza por ser particularmente ejemplar: “reformó” así el Mercado laboral, considerado demasiado “rígido”, sobre todo al hacer bajar de 42 a 12 meses de salario el monto máximo de las indemnizaciones en caso de despido.

Para no dejar ninguna escapatoria a ciertos gobiernos, entre ellos el de Atenas, que, bajo la presión social o electoral, podrían atenuar las medidas de austeridad que se les exigen, Angela Merkel impuso la firma de dos tratados. En primer lugar, el que crea una nueva institución, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para los 17 países de la zona euro; en segundo lugar, el Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, que se articula con el MEDE, pero fue adoptado por 25 de los 27 miembros de la UE (con excepción del Reino Unido y la República Checa ).

Estos dos tratados, que imponen una política presupuestaria única a todos los países de la zona euro (y de los cuales uno, el MEDE, implica una modificación del Tratado de Lisboa), representan un abandono considerable de su soberanía por parte de los Estados firmantes, y por ende, en varios casos, revisiones constitucionales. Pero fue sin el menor debate público en ninguno de los países, y mediante procedimientos acelerados, que los gobiernos decidieron hacerlos ratificar. Se trata, por todos los medios, de impedir la realización de referendos dondequiera fueren posibles (en Francia, por ejemplo) y de anestesiar las opiniones públicas que pudieran rebelarse contra el nuevo yugo al cual deberán someterse. Esta negación de la democracia es una vergüenza más para Europa.