Nadie sabe si el contenido del compromiso elaborado por el Consejo Europeo los días 18 y 19 de febrero pasado como respuesta a la amenaza de brexit esgrimida por David Cameron asegurará la victoria del “sí” a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE) con ocasión del referéndum convocado por el Primer Ministro británico para el próximo 23 de junio. En cambio, lo que sí es cierto, independientemente del resultado de dicho escrutinio, es que se habrá creado y asumido un precedente histórico en las relaciones entre la UE y uno de sus Estados miembros.

En dos ocasiones muy conocidas, uno de estos Estados se encontró solo contra todos los demás para hacer prevalecer sus intereses nacionales o para respetar sus compromisos electorales. Fue el caso en marzo de 1965 cuando, para exigir el financiamiento de la Política Agrícola Común (PAC), el general De Gaulle decidió aplicar la figura de la “silla vacía” en todas las instancias de la Comunidad Económica Europea (CEE), que contaba solamente con seis miembros en aquel entonces. La crisis duró hasta el 30 de enero de 1966 y se resolvió a favor de Francia mediante lo que se denominó el “Compromiso de Luxemburgo”. Por el contrario, en 2015, el primer ministro griego Alexis Tsipras, llevado al poder por la victoria de su partido, Syriza, con un programa antiausteridad y confirmado en sus posiciones por un referéndum, terminó capitulando ante la presión de sus 27 compañeros del Consejo Europeo bajo la férula de Angela Merkel. Fue obligado a acatar los diktats de la troika compuesta por el Fondo Monetario Internaiconal (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.

La gran diferencia entre esas dos importantes crisis y la del brexit es que ni De Gaulle ni Tsipras hicieron chantaje con la salida de la CEE (devenida en UE en 1993) ni, en el caso del Primer Ministro griego, con la salida del euro. Tampoco pusieron en tela de juicio la inserción de su país en la construcción europea. Lo que hay que conservar del texto final de la negociación maratoniana de Bruselas que permitió a David Cameron cantar victoria son menos las medidas concretas que este contiene –esencialmente las discriminaciones contra los trabajadores de otros Estados miembros de la UE y una valoración reforzada de los intereses de la City frente a la zona euro– que sus orientaciones estratégicas. El Reino Unido ciertamente sigue siendo miembro de la UE, pero mantiene con ella “relaciones especiales” (retomando la fórmula clásicamente utilizada para sus vínculos con Estados Unidos).

 La expresión que una y otra vez se recoge en los comentarios es semi-detached, que evoca las viviendas adosadas de los suburbios británicos. La imagen lo dice todo: la UE no forma una sola casa de 28 habitaciones, sino dos casas: una, efectivamente, con 28 habitaciones –entre ellas la del Reino Unido– y otra con una única habitación, la del Reino Unido solo. Según las circunstancias, Albión vive en una u otra de estas residencias y no quiere bajo ningún concepto alojarse en una tercera, en particular la de los 19 miembros de la zona euro. La cuestión es saber si este ejemplo será seguido por otras capitales que podrían también, de forma individual o colectiva, reclamar un estatus especial. ¿Y por qué no, por analogía, a iniciativa de un Gobierno progresista, para replantear algunas de las políticas neoliberales que la Comisión impulsa continuamente? Pero, a la luz del precedente griego, más vale que se trate del Gobierno de un Estado lo suficientemente potente como para que la perspectiva de su retirada de la UE haga reflexionar seriamente a sus socios.