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Los exorbitantes poderes de la Comisión Europea

Par Bernard Cassen  |  6 de mayo de 2012     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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De todas las instituciones de la Unión Europea (UE), la Comisión es la única que no tiene equivalente en los demás bloques regionales organizados. Si nos limitamos a comparaciones con América Latina, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur pueden equipararse con el Parlamento Europeo (aun cuando estén muy lejos de tener los mismos poderes). En el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Consejo Presidencial se asemeja mucho al Consejo Europeo. Así como su Consejo Político tiene funciones idénticas a las del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE).

En cambio, en ningún lugar de América Latina existe una institución tan original y tan poderosa como la Comisión Europea. Es cierto que cada una de las diferentes entidades regionales del Hemisferio tiene una estructura permanente, pero se trata de estructuras muy livianas (como la Secretaría Administrativa del Mercosur), que sólo tienen a su cargo la puesta en práctica de las decisiones tomadas colectivamente por los dirigentes de los Estados. Mucho más importantes son las competencias de la Comisión de Bruselas. Entre otras prerrogativas, tiene en efecto el monopolio de la propuesta de los actos legislativos que se elevan al Consejo y al Parlamento. Por otra parte, dispone de poderes exclusivos de decisión en materia de política de la competencia. Es totalmente independiente de los gobiernos que se limitan a designar a sus miembros por un mandato de cinco años (renovable).

En otras palabras, mientras las medidas de integración de América Latina se toman únicamente bajo el impulso de instancias políticas que deben rendir cuentas a los electores, la construcción europea se realiza bajo un doble mando: por un lado, el de las instancias políticas (esencialmente el Consejo) también elegidas; y por otro lado, el de una estructura no elegida y que no responde ante nadie: la Comisión. Sus poderes –de los que tiene una concepción muy amplia– han dado forma a la UE tal como la conocemos: una UE cuyo principio rector es la “competencia libre y no falseada” y cuyos instrumentos políticos son la liberalización financiera y el libre comercio. Con los resultados que ya conocemos.

El paradigma neoliberal no sólo está grabado en los textos europeos, sino también en las mentes de los decididores bruselenses que, totalmente indiferentes a las opiniones públicas, se comportan como si ese paradigma no estuviese en quiebra. Los ejemplos abundan. Entre los más recientes, un informe que acaba de hacerse público y en el que la Comisión, con el pretexto de promover el empleo, preconiza el desmantelamiento del derecho laboral, especialmente la “flexibilización” del salario mínimo allí donde éste existe. De esta forma -deseando implícitamente su extensión a otros países-, justifica las políticas de destrucción social implementadas por los gobiernos español, griego, italiano y portugués, y que conducen a sus sociedades al caos social.

Al son de las elecciones, los gobiernos nacionales pasan, pero la Comisión permanece. Sólidamente atrincherada detrás de los textos de los tratados, constituye un obstáculo estructural para cualquier evolución progresista de la UE. Por lo tanto, no bastará con cambiar los objetivos de estos tratados. Habrá también que quitarle a “Bruselas” los poderes exorbitantes que le fueron confiados, y que equivalen a un seguro contra todo riesgo de un cuestionamiento del modelo neoliberal en Europa. Entre las lecciones que nos quedan de las experiencias latinoamericanas, está la de la primacía de lo político, y por lo tanto, de la democracia. Dos nociones contradictorias con el papel que desempeña actualmente la Comisión Europea.





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