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El ‘alakrana’ y los piratas

Muchos responsables y muchos beneficiarios

Par Roberto Montoya  |  6 décembre 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El pasado 21 de noviembre llegaban a Euskadi y Galicia los tripulantes del buque atunero vasco “Alakrana”, liberados por los piratas somalíes tras 47 días de secuestro y después del pago de varios millones de euros de rescate. Así terminaba una odisea que tuvo en vilo a España y varió la agenda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que creó una célula de crisis para coordinar las negociaciones y las acciones de la Armada en la zona. Después de la emoción llega el momento del necesario análisis, y entonces descubrimos que detrás del relato sencillo de “piratas culpables y víctimas inocentes” hay muchos más responsables y muchos más beneficiarios...

No es la primera vez que es asaltado un pesquero español en esta región del Océano Índico, ni será seguramente la última. Más de una veintena de atuneros españoles faenan en la zona, de donde España obtiene el 40% de sus capturas de atún, lo que le convierte en el segundo productor mundial. Pero el gran atractivo de faenar en los ricos caladeros del Golfo de Adén supone cada vez más riesgos. Sólo en 2009 se han registrado en este sector lindante con el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el estratégico Canal de Suez, 175 de los 331 actos de piratería consignados en el mundo. Los piratas obtuvieron un botín total de más de 200 millones de euros, pero el perjuicio económico puede multiplicar hasta 50 veces esa suma. La inmovilización, a veces durante meses, de los barcos y tripulantes mientras duran las negociaciones supone millones de euros de pérdida para los armadores.

El coste económico para las empresas pesqueras españolas se verá a partir de ahora aumentado por nuevos suplementos. Las compañías aseguradoras aumentan sus primas por los elevados riesgos, que en caso de cobertura total pueden llegar a los 30.000 euros diarios. Los tripulantes exigen, a su vez, mayores salarios. A esto se le añade ya la factura de las empresas que ofrecen agentes armados para viajar a bordo (entrenados por militares), provistos de fusiles de asalto y ametralladoras pesadas. Las Private Military Companies (PMC), participan también del negocio de la antipiratería, ofreciendo no sólo protección sino la resolución del secuestro a través de comandos de mercenarios. Alguna de estas PMC, como la británica Marine Risk Management (MRM) (1), es dirigida por el capitán John Dalby desde Alicante (2). Compuesta por un grupo de ex Specialist Boat Service (SBS) de la Marina Real británica, cuenta incluso con su propia Anti-Piracy Rapid Response Force. Francisco Correa, encarcelado por el caso Gürtel, contactó hace años con John Dalby para encargarle la custodia de altas personalidades a bordo de uno de sus yates, aunque la MRM rechazó el trabajo (3).

Muchos países se han dotado de seguridad privada ya hace años y otros, como Francia, con 3.000 militares en su cercana base de Yibuti, protegen a sus pesqueros con soldados a bordo, aunque cobrándoles por sus servicios.

En 2002, la ONU puso en marcha la Combined Task Force 150, una fuerza naval internacional, como parte de las acciones en Afganistán por un lado y contra la piratería somalí por otro. En 2008, la Unión Europea desplegó por su parte una flota de barcos de guerra en el marco de la operación Atalanta, renovada en 2009.

De los actos de piratería esporádicos que se producían a inicios de los años 1990, se ha pasado –en 2009– a la acción de más de 1.500 piratas armados con AK-47, lanzagranadas, lanchas rápidas con poderosos motores fuera de borda, sofisticados equipos de navegación y comunicación GPS, visores nocturnos y una logística cada vez más perfeccionada. Los piratas somalíes se han convertido en una amenaza no sólo para los atuneros extranjeros, que obtienen aquí una producción de más de 1.000 millones de euros anuales, sino también para el comercio marítimo mundial.

Estos piratas no llevan parches en el ojo ni garfios, patas de palo, cuchillos en la boca, ni en sus barcos ondean banderas negras con calaveras y tibias. Son jóvenes, de entre 16 y 30 años, visten camisetas, vaqueros, sandalias ; y la sofisticación de su armamento y medios depende de la capacidad del clan al que pertenezcan. Su objetivo : apoderarse de barcos, mantener secuestrada a su tripulación en alta mar o en alguna cueva de la costa somalí y pedir rescate a la empresa propietaria, que oscila entre medio millón y 10 millones de euros normalmente. La presencia de barcos de guerra no logra impedir sus ultrarrápidas y audaces acciones en aguas cada vez más alejadas de sus costas.

El origen de este fenómeno se encuentra en la descomposición de este país, mayoritariamente musulmán, ex-colonia del Reino Unido y de Italia, independiente desde los años 1960 y desangrado en múltiples conflictos armados entre las milicias de los distintos señores de la guerra. La intervención militar de Estados Unidos en 1993 en defensa de los intereses de las petroleras estadounidenses presentes en el país desde 1952 (Conoco, Chevron, Mobil, Shell, Amoco y otras), camuflada de misión humanitaria y con tutela de la ONU, se transformó en un enfrentamiento abierto entre las tropas estadounidenses y las milicias. La misión Restaurar la Esperanza fue cualquier cosa menos lo que indicaba su nombre. Terminó en 1994 con la salida presurosa de los marines por la puerta trasera (llevados a la gran pantalla por Ridely Scott en Black Hawk derribado, 2001), convirtiendo a este país en un estado fallido, abandonado a su suerte por la comunidad internacional.

La guerra civil se desataba poco después y EEUU apoyaba, al igual que la Unión Europea, al desprestigiado y débil Gobierno somalí, respaldando igualmente la entrada de las tropas etíopes (histórico enemigo de Somalia) para ayudarlo a combatir a las milicias integristas de la Unión de Tribunales Islámicos (ICU por sus siglas en inglés). Estas obtendrán cada vez más apoyo de la población y lograrán hacerse con buena parte del sur del país, incluyendo en algún momento su capital, Mogadiscio. La ICU mantiene relaciones con la red Al Qaeda, fundamentalmente con organizaciones yemeníes. La invasión etíope propició la entrada en escena de otro de los enemigos del gobierno, Eritrea, que ha proporcionado miles de combatientes a la ICU.

En medio del caos y falta de gobierno centralizado y estable tras la caída del dictador Siad Barre (4) en 1991, cientos de buques pesqueros, europeos, estadounidenses y asiáticos, vieron su oportunidad para faenar libremente en los riquísimos caladeros somalíes y zonas cercanas. Igualmente, otros buques descargaban ilegalmente productos tóxicos y desechos nucleares... Joaquim Sempere, profesor de Teoría Sociológica Medioambiental de la Universidad de Barcelona, explicó (5) cómo ese abuso se hizo visible en 2005. “Un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de la ONU en Somalia, Ahmadou Ould Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertos”.

Esta práctica se realizaba ya en tiempos de Siad Barre, a cambio de tasas en función de las toneladas vertidas, pero se masificó aún más con la acefalía de poder provocada por su caída.

En algunos casos los pesqueros pagaban una licencia de pesca al poco representativo gobierno transitorio somalí. A su vez, asociaciones de pescadores locales juntaron fondos para que la poderosa empresa británica de seguridad Hart Security (6) los asesorara y entrenara, creando así la Guardia Costera Nacional Voluntaria, que exigía a los buques pesqueros un impuesto por los perjuicios sufridos por sus kilométricas redes, que arrasaban sus reservas de pesca. Pronto, cada clan establecería su tarifa y éstas subirían al comprobar el poderío económico de los pesqueros extranjeros frente a la pobreza extrema de la población somalí.

Pero lo que nació como una actitud defensiva de pescadores afectados, terminó convirtiéndose en un gran negocio para muchos clanes y para ex miembros de las fuerzas de seguridad somalíes, que pasaron de cobrar 30 euros de sueldo al mes, a recibir entre 5.000 y 50.000 dólares por asalto exitoso.

La zona de Puntland, antigua colonia italiana, autoproclamada autónoma en 1998, situada al noroeste del país, se convirtió en el santuario principal de los piratas, apoyados por más del 70% de la población. Los abordajes ya no se limitaron a los pesqueros, sino que se ampliaron a todo tipo de naves, superpetroleros, buques como el ucraniano MV Faina que transportaba 33 carros blindados, cañones antiaéreos, misiles y armas de todo tipo para Sudán (violando el embargo de la ONU) ; otros con ayuda humanitaria o armas para el propio gobierno somalí, o con miles de toneladas de madera o cualquier tipo de carga.

Según el informe Piracy in the greater Gulf of Aden del Instituto Noruego para la Investigación Urbana y Regional (NIBR), encargado por el Ministerio de Defensa de ese país, al menos 51 empresarios, muchos de ellos señores de la guerra somalíes, pero también de otros países, financian los secuestros, especialmente los de mayor envergadura, que requieren una inversión mayor en armas y equipamiento.

Cuentan con informantes en todos los puertos de la zona, pero sus principales cómplices y consultores trabajan en lujosas oficinas londinenses (7). Es en Londres donde tienen sus sedes las grandes aseguradoras marítimas del mundo y donde se controla todo el tráfico marino, se conoce con exactitud las cargas, origen y destino de los barcos.

Un informe de Inteligencia (8) de la Misión Atalanta centraba sus sospechas en Londres, sosteniendo que los abordajes no se producen al azar. En él se reflejaba el hecho de que rara vez han sido asaltados barcos británicos, a pesar de su importante presencia en la zona.

Es también en la capital británica donde se hallan las principales empresas de seguridad privada que operan en el Índico, como la MRM citada anteriormente, o como la Hart Security, que entrenó a inicios de los años 1990 a la Guardia Costera Nacional Voluntaria, para ser paradójicamente después, la suministradora de muchos de los mercenarios que protegen barcos de los ataques piratas-en la zona.

Según el informe del NIBR noruego, los jefes de los clanes se quedan normalmente con un 20%, otro 20% o 30% se reparte entre los piratas, dependiendo del papel que ha representado cada uno de ellos. En algunos clanes, los piratas distribuyen parte de las ganancias con su comunidad, y el resto va a parar a los bolsillos de los empresarios y a las arcas de respetables despachos de abogados londinenses especializados en mediar en casos de piratería marítima.

A pesar de que la piratería ha frenado parte de la pesca ilegal y los barcos tienden a faenar más allá de las 200 millas de la costa, Abdirahman Ibbi, viceministro de Pesca del gobierno de transición, estimaba sin embargo, meses atrás, que cerca de 220 barcos extranjeros pescaban todavía en aguas somalíes. “La flota española también está pescando de forma ilegal en nuestros caladeros”, advertía Dala (9).

Aun así, cientos de pesqueros han decidido alejarse de las costas somalíes y otras cercanas, como las de Kenya. En uno de los varios vídeo-reportajes realizados con pescadores de ese país vecino, éstos explican cómo su pesca ha mejorado notablemente desde que los piratas han ahuyentado mar adentro a los buques extranjeros, que también vaciaban sus caladeros.

La simpatía por la acción de los piratas es generalizada entre la población somalí y las de países vecinos beneficiados colateralmente de ella. Esa realidad ha hecho que los grupos islámicos más extremistas de la zona intenten rentabilizar cada vez más para su yihad esa guerra de guerrillas marítima de los piratas, que amenaza con extenderse por todo el Cuerno de Africa y afectar a buena parte del tráfico marítimo mundial.

Mientras EEUU, la UE y el resto de la comunidad internacional realizan cumbres, aprueban resoluciones sobre la piratería y despliegan flotas de barcos de guerra para garantizar la pesca y el tráfico marítimo en la zona, esos mismos países permanecen indiferentes tanto frente a esa gran tragedia humanitaria, como frente al desastre medioambiental que están ayudando a provocar. 

© lmd edición en español

 

Notas :

(1) http://www.marinerisk.com

(2) http://www.laopinioncoruna.es/estaticos/domingo/20080907/domingo.html

(3) http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022000_19_557942__Comunitat-Valenciana-yates-imputados-Valencia-Calp

(4) Siad Barre gobernó Somalia desde 1961 hasta 1991. Dentro del contexto de Guerra Fría que padeció África, recibió en un principio el apoyo de la URSS, sin embargo, a partir de los años 1970 fue respaladado por EEUU, enfrentando Somalia con Etiopía (protegida de la URSS). A partir de los años 1980 diversos clanes comenzaron a exigir mayor autonomía, llegando al conflicto armado. En 1991, tropas rebeldes entraron en Mogadiscio, detuvieron a Siad Barre y pusieron fin con el Gobierno y la integración del propio Estado.

(5) http://sinfuturoysinunduro.com/2009/11/21/una-vision-diferente-de-los-piratas-somalies/

(6) http://www.hartsecurity.com/index.asp

(7) http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/11/somalia-pirates-network

(8) http://www.cadenaser.com/espana/articulo/piratas-reciben-informacion-londres-rutas-pesqueros-espanoles/csrcsrpor/20090511csrcsrnac_2/Tes

(9) El Mundo, 20 de abril de 2009.





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