« Pour nos combats de demain, pour un monde plus libre, plus juste, plus égalitaire, plus fraternel et solidaire, nous devons maintenir vivante la mémoire de nos luttes »

Gunter Holzmann

La paix et la guerre dans les médias en Colombie

Conférence de Maurice Lemoine et Yezid Arteta, le 7 décembre à Paris
Feedback
Accueil du site  ›  La sélection du Monde diplomatique en español  ›  Octobre 2009  ›  Narcotráfico y estrategia imperial

Siete bases estadounidenses en Colombia

Narcotráfico y estrategia imperial

Par Adriana Rossi  |  4 octobre 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

La decisión colombiana de facilitar nuevas bases militares en su territorio a Estados Unidos, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, han agitado las aguas políticas en Suramérica. Se percibe preocupación entre los gobiernos progresistas de la Unión Suramericana.

La V Cumbre de Líderes de América del Norte (9 y 10 de agosto pasado, en Guadalajara, México), en la que participaron el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Felipe Calderón, de México, fue en cierto modo decepcionante. El golpe de Estado en Honduras mereció una mención sin gestos significativos y temas espinosos y de gran interés para los mexicanos, como la migración, quedaron para el futuro (1). A pesar de ello, el presidente Calderón se mostró satisfecho por el fuerte espaldarazo recibido de Obama, en lo referente a una problemática que lo tiene en jaque y que pone a México en peligro de terminar siendo considerado un Estado “fallido” (2) : el combate contra el narcotráfico.

Calderón, que mantiene con las Fuerzas Armadas de su país un trato de especial favoritismo, movilizó desde un comienzo a los efectivos militares y creó en 2007 una fuerza especial del ejército bajo su supervisión (3). También pensó, o le ayudaron a pensar, en un instrumento de mayor alcance para frenar y terminar con la ola de violencia : el “Plan México”. Rebautizado “Iniciativa Mérida” para evitar cualquier suspicacia y los posibles y poco agradables paralelismos con el “Plan Colombia”, la “Iniciativa” fue aprobada por el Congreso estadounidense y firmada por el presidente George W. Bush, el 30 de junio de 2008.

Los objetivos de la “Iniciativa” ponen el acento en la optimización de las actividades de inteligencia ; el fortalecimiento de la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre los dos países firmantes y en proveer de nuevas tecnologías a agencias y fuerzas de seguridad en función de garantizar el orden público, impedir el tráfico de drogas y salvaguardar la plena seguridad del hemisferio y de los gobiernos frente al crimen organizado y otras amenazas (4).

Los fondos previstos son 1.400 millones de dólares para el trienio 2008-2010. La primera partida de 400 millones de dólares para México y de 60 millones para los países del área centroamericana, con Haití y República Dominicana para el área del Caribe, llegaron con fuerte retraso. La crisis económico-financiera y la incertidumbre de las elecciones presidenciales estadounidenses impidieron la puesta en marcha, dentro de los tiempos previstos, de este gran Plan que excede las fronteras mexicanas e involucra a toda una región.

El 60% del total del paquete de ayuda está asignado a una gran variedad de programas : luchar contra la corrupción ; hacer efectivos los mecanismos de transparencia requeridos para el logro del Plan ; mejorar la función judicial y reorganizar el temible Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISN) mexicano, entre otros. Este último programa prevé la reestructuración de los bancos de datos del CISN y del Instituto Nacional de Migración (INM) que se integrarán a la Plataforma México (5). El CISN manejará entonces toda la información sobre los operativos a cargo de cada uno de los organismos mexicanos, en coordinación con Estados Unidos, los países centroamericanos y otros potenciales socios en la lucha contra el crimen organizado y por el mantenimiento de la seguridad. Se crea así una enorme red de espionaje.

La “Iniciativa...” no prevé ni la instalación de bases, ni la presencia de militares estadounidenses. Sin embargo existe la sospecha de que Washington pueda recurrir, como lo hace cada vez más frecuentemente en los conflictos en que interviene, a las empresas contratistas de seguridad privada, muy activas en el campo de la inteligencia y la implementación de tecnología punta.

Con o sin soldados estadounidenses, la “Iniciativa” tiene de todas formas un fuerte componente militar, además de policial. El 30% del presupuesto estará destinado a las Fuerzas Armadas, que recibirán equipamiento tal como aeronaves para el patrullaje marítimo, helicópteros, pertrechos y por supuesto capacitación (6). Las Fuerzas Armadas son consideradas el puntal de este programa, aunque amenazan con convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno mexicano.

En el convenio suscrito por México y Estados Unidos existe una cláusula (no del todo estricta, ya que durante el proceso de aprobación se fue diluyendo), cuyo incumplimiento es penado con la retención del 15% de los fondos previstos por la “Iniciativa”. La autorización del desembolso de fondos depende actualmente de un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, confeccionado por el Departamento de Estado y que debe ser aprobado por el Congreso estadounidense.
El informe no ha sido considerado satisfactorio por el senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones, que revisa el paquete de ayuda a México. Según declaraciones de Leahy, las conclusiones del Departamento de Estado son contradictorias con las denuncias de violaciones reiteradas de los derechos humanos, que incluyen torturas y desapariciones forzadas en el marco de la lucha antinarcóticos. Según documentos oficiales, hay 140 denuncias mensuales y las quejas contra la actuación del ejército han aumentado en un 600% desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia (7).

Se trata de un contratiempo serio para el Presidente mexicano. Por un lado, si la situación no se revierte antes de este 30 de septiembre, los 100 millones de dólares que el recorte representa se perderían definitivamente, comprometiendo la política de seguridad de Calderón. Por otro, la demora del Congreso estadounidense otorga mayor peso a las fuertes críticas que arrecian en México contra el Presidente, acusado de militarizar la vida social y política del país. Algunos importantes sectores de la opinión pública piden que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.

No obstante, Obama elogió durante la Cumbre el esfuerzo y el compromiso en materia de seguridad de Calderón, afirmando que los esfuerzos del Presidente mexicano van en el sentido correcto.

En agosto pasado, Colombia firmó con Estados Unidos un más que polémico acuerdo (8) que prevé la utilización por tropas estadounidenses, durante diez años, de siete bases militares diseminadas en territorio colombiano. Con la base de Tres Esquinas en el Caquetá –sede del Joint Intelligence Center–, el número de instalaciones donde se encontrarían efectivos estadounidenses se elevaría a ocho. Las bases en cuestión, además de Tres Esquinas, son Palanquero –en el centro del país–, Apiay y Malambo (las tres de la Fuerza Aérea) ; Bahía de Málaga (en el Pacífico ; a mitad entre Ecuador y Panamá), y Bolívar de Cartagena en el Atlántico, ambas navales, más las bases terrestres Larandia y Tolemaida. En realidad las bases militares de Apiay y Larandia ya habían sido utilizadas por Estados Unidos (9).

El objetivo declarado del acuerdo es la profundización de la lucha antinarcóticos y antiterrorista, supuestamente en el interior de Colombia, compensando así los recortes que sufrirá el Plan Colombia en lo que a fumigaciones de cultivos ilícitos se refiere.
No obstante las reiteradas afirmaciones de las autoridades colombianas acerca de que no habrá cesión de soberanía ; de que los operativos, fronteras adentro, serán decididos conjuntamente entre los dos países y de que el mando de las bases permanecerá en manos colombianas, la región reaccionó con alarma al anuncio. Existe la sospecha de que a partir de esas bases estarían previstas operaciones fuera del territorio colombiano y sobre las cuales Colombia no tendrá la menor injerencia.

Ecuador ya sufrió una incursión militar por parte de Colombia en 2008, a partir de informes de inteligencia que se originaron en la base de Tres Esquinas y el Centro Operativo de avanzada en Manta, Ecuador –al que el presidente Rafael Correa no renovó el permiso, que vence este año (10)–. Esa agresión provocó la ruptura diplomática entre los dos países. El presidente Correa fue acusado por Colombia de haber recibido financiación de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para su campaña electoral. La acusación se basa en un video de dudosa procedencia. A su vez la Venezuela de Hugo Chávez ha sido blanco de acusaciones respecto a armamento supuestamente proporcionado a las FARC, basadas en el hallazgo de lanzacohetes vendidos por Suecia al gobierno venezolano en los años 1980, cuando de Chávez nada se sabía. Tanto Ecuador como Venezuela perciben la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza. El clima beligerante, que genera acusaciones cuyos fundamentos suscitan más de una perplejidad, no hace más que confirmar esa percepción.

Por su parte Brasil, cuya hipótesis de conflicto es la penetración en la Amazonia de una potencia extranjera, ve avivar sus peores aprensiones. Una de las bases colombianas, la de Palanquero, suscita los principales temores. De acuerdo con un documento de planeamiento del Comando de Movilidad Aérea (AMC), el Comando Sur estadounidense pretendería ejercer desde Palanquero el control de casi la mitad del continente. Palanquero dispondría del C-17, una aeronave que puede cubrir toda el área sin necesidad de recarga de combustible. Sólo el Cabo de Hornos quedaría fuera del radio de acción del aparato (11).

En la III Reunión Ordinaria de Jefes de Estado de la Unión Suramericana (UNASUR), realizada en Quito el 10 de agosto pasado, ocupó mucho espacio, aunque el presidente colombiano Álvaro Uribe prefirió realizar una gira por siete países de la región para tratar de explicar el alcance del acuerdo bilateral con Estados Unidos. A pesar de esa ausencia y de la consigna de no abordar la temática por falta de una posición consensuada entre los jefes de Estado, el tema no pudo eludirse. Transgresor como es su estilo, Hugo Chávez lo puso sobre el tapete, con su afirmación de que “soplan vientos de guerra”.

Sólo dos voces se levantaron en favor de Colombia, una desde el interior de UNASUR, la del presidente peruano Alan García, que comparte con Uribe la visión de seguridad made in USA y que ha otorgado a Estados Unidos el permiso de anclaje para su IV Flota en dos puertos : el de Callao y el de Salaverry, 600 kilómetros al norte de Lima.

Desde fuera de UNASUR, el apoyo a Uribe le vino del presidente de México, Felipe Calderón. En una visita a Bogotá en agosto Calderón respaldó la decisión de Uribe con respecto a las bases y estableció con el Presidente colombiano los términos de una alianza entre los dos países. El 13 de agosto se anunció la creación de un “grupo de alto nivel en materia de seguridad para enfrentarse al crimen organizado transnacional” (12) y de un acuerdo mediante el cual se capacitarán en Colombia 11.000 agentes de la policía federal mexicana en el combate contra los narcotraficantes y para formar grupos antisecuestros.

La “Iniciativa Mérida”, las bases en Colombia, la IV Flota estacionada en Perú, no son proyectos aislados, sino parte de una arquitectura de seguridad que obedece a lo que Thomas Shannon, ex secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la Administración de Bush, llamaba un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad regional (13). Se trata de programas integrados que superan ámbitos regionales, que crean un sistema interconectado y constituyen un corredor blindado de múltiples propósitos, que va desde los Andes hasta la frontera suroeste de Estados Unidos, con proyecciones en todo el continente.

Una arquitectura concebida para proveer seguridad contra el narcotráfico, la criminalidad organizada, la delincuencia pandillera de América Central, la insurgencia y el terrorismo, que amenazan la democracia y la gobernabilidad. El argumento es sólido, pero los resultados concretos de los medios elegidos han sido hasta ahora paupérrimos.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, no debe perderse de vista que esta arquitectura se constituye al mismo tiempo en el brazo armado de un diseño hegemónico en pos de la extensión de mercados, del control de territorios, poblaciones y recursos y para el que la seguridad nunca es pensada en términos de justicia social. Una arquitectura que se refuerza y amplía justo cuando en el continente asoman proyectos políticos de signo progresista ; nuevas formas de gobernar ; nuevos liderazgos ; nuevos actores sociales. 

© lmd edición cono sur

Notas :

(1) Los asuntos discutidos fueron los acuerdos sobre migración, medio ambiente y cambio climático, recuperación económica, Gripe A (H1N1), delincuencia organizada y terrorismo.

(2) Países con bajos niveles de institucionalidad e incapaces de administrarse por sí mismos.

(3) Laura Carlsen, “Un abecedario del Plan México. Informe especial del Programa de las Américas”, 28 de julio 2008, www.ircamericas.org

(4) Cámara de Diputados, “Iniciativa Mérida. Compendio”, México DF, junio de 2008.

(5) La Plataforma México es el sistema nacional de seguridad, donde confluye la información de todos los organismos de orden interno.

(6) Vale la pena hacer hincapié en que los fondos para equipamiento no llegarán nunca a México, ya que se ingresarán directamente en las cuentas bancarias de las industrias bélicas estadounidenses proveedoras.

(7) “Frena 100 millones de dólares de Iniciativa Mérida, congresista de Estados Unidos”, 5 de agosto 2009, www.alertaperiodistica.com.mx

(8) El acuerdo fue sellado el 14 de agosto.

(9) Todavía no está claro el número de militares que podrían llegar a Colombia. Se supone que no podrán ser más de 800 y los contratistas más de 600, de acuerdo a anteriores convenios firmados por los dos países.

(10) A. Rossi, “¿Adiós a la base de Manta en Ecuador ?”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2008.

(11) John Lindsay-Poland, “Una nueva base militar en Colombia ampliaría el alcance del Pentágono a través de América Latina”, www.ircamerica.org

(12) “Crean México y Colombia grupo de alto nivel de seguridad”, Notimex, 13 de agosto 2009.

(13) Thomas A. Shannon, “Iniciativa Mérida. Declaración ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, Washington, 14 de noviembre de 2007.





APPEL AUX DONS
Vous pouvez aider au développement du site de Mémoire des luttes par une contribution, ponctuelle ou régulière, d'un montant à votre convenance.

En savoir plus

Trois formules sont à votre disposition :

- Un don en ligne sécurisé via PayPal ou CB

- Un don par chèque adressé à Mémoire des luttes
(Soutien à Mémoire des luttes)
3, avenue Stephen Pichon
75013 Paris

- Un don par virement bancaire au compte de l'association (Code banque : 10107 - Code guichet : 00223 - Numéro de compte : 00518035437 - Clé : 52)

Mémoire des luttes s'engage à informer régulièrement les visiteurs du site sur les montants reçus, ainsi qu'à leur fournir une information transparente sur l'utilisation de ces fonds.

L'équipe de rédaction du site.

  →  Pour en savoir encore plus



ARTICLES





Les chroniqueurs



Les invités de MDL



BRICS



Surveillance de masse



Rencontre mondiale des mouvements populaires



Hugo Chávez


Suivez-nous  →    Flux RSS

   Facebook       Twitter
Administration  →
|
À PROPOS
Site réalisé avec SPIP
Conception :