Ya lo hemos escrito varias veces en estas columnas: la crisis actual no es sólo financiera. Es sistémica, en la medida en que lleva al paroxismo, a escala planetaria, las contradicciones de lo que se ha dado en llamar la globalización liberal entre, por un lado, el factor humano y el factor ecológico y, por otro, la lógica predadora y suicida del capitalismo en su fase neoliberal.

Esta fase, inaugurada hace unos treinta años, no sólo se impuso por la dinámica propia del capital y de las empresas multinacionales, y de su frenética búsqueda del lucro. Ha contado con el apoyo complaciente (y a veces entusiasta) de los poderes políticos. Son ellos, y sólo ellos, quienes tenían los medios institucionales para liberar las finanzas de todas las presiones que aún pesaban sobre ellas. De tal modo que, en Estados Unidos y bajo la presidencia de Bill Clinton, en 1999 se abolió la ley Glass-Steagall de 1933 que prohibía a un establecimiento financiero ejercer simultáneamente el oficio de banca de depósitos y banca de inversiones. Este ejemplo se siguió más tarde en la mayoría de los países.

Los banqueros pudieron ponerse a especular impunemente con el dinero de los ahorradores, reservándose el derecho de arruinarlos en caso de quiebra. En estos últimos años, los Estados han venido a socorrer a los bancos una vez más, asegurándoles con los fondos públicos, es decir, con los impuestos de los contribuyentes, un umbral mínimo de reembolso de las cuentas corrientes (100.000 euros en Francia y en España).

La construcción europea es también un caso emblemático de la institucionalización de las normas de la globalización liberal por parte de los gobiernos conservadores y socialdemócratas. En sucesivos tratados ha instituido, efectivamente, en “libertades fundamentales” los dos principales pilares del sistema neoliberal: la libertad de circulación del capital y la libertad de circulación de bienes y servicios, es decir el libre comercio.

Curiosamente, si bien la imposición de límites a la libertad de circulación del capital ya no es un tema tabú, no ocurre lo mismo con el libre comercio. Toda forma de protección arancelaria contra el dumping social, fiscal y ecológico es rechazada, no sólo por los liberales –lo cual es natural–, sino también por la gran mayoría de los socialdemócratas y por una parte de la extrema izquierda que ve ingenuamente en ella una forma de “internacionalismo”.

Sin embargo, los cambios comienzan a verse. Se empiezan a discutir formas de “proteccionismo altruista” (1). -es decir, medidas que apuntan a elevar los salarios de los países “pobres” y no a bajar los salarios de los países “ricos” (2). Las encuestas de opinión muestran que gran parte de los franceses, pero también de los alemanes, españoles e italianos están a favor de formas de protección aduanera a nivel europeo o, en caso de no lograrse éste, nacional (3). Incluso el proyecto del Partido Socialista francés propone la implementación de “esclusas” arancelarias entre la Unión Europea y los demás bloques económicos.

No obstante, aún queda mucho por hacer para que el rechazo del libre comercio ocupe un lugar central en todas las estrategias de salida de crisis que pasan por un desmantelamiento de las estructuras de la globalización liberal, en otros términos por la “desglobalización” (4).

 

(1) Bernard Cassen, “Pour un protectionnisme altruiste”: http://www.protectionnisme.eu/Un-protectionnisme-altruiste_a75.html

(2) Christophe Ventura, “En finir avec le libre-échange: un projet politique pour la gauche. Chiche?”: http://www.medelu.org

(3) http://www.protectionnisme.eu/

(4) Bernard Cassen: “La hora de la desmundialización ha llegado”: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=60401