La Ley electoral española es antidemocrática e injusta. Contraria al espíritu de la Constitución. Intolerable. Dos partidos políticos se arrogan la voluntad del pueblo cuando no la tienen, pues más de tres millones de españoles no están representados en el Parlamento o lo están sin que sus votos valgan igual que otros…” (1) En estos términos se expresa un Manifiesto contra la actual Ley electoral impulsado por el abogado y empresario Teodulfo Lagunero, una personalidad emblemática en su lucha contra el franquismo y en sus posiciones resueltamente revolucionarias, y firmado por varios miles de intelectuales españoles.

Este aldabonazo pone una vez más al descubierto, el consenso, en cuestiones fundamentales, de la socialdemocracia y de los conservadores españoles. El Manifiesto denuncia abiertamente cómo, desde la misma Transición, el PSOE y el PP han desarrollado una política de distorsión de la democracia y de la propia Constitución de 1978, manteniendo en pie una legislación que desdibuja y falsifica el mapa electoral español. En su propio beneficio. Y en claro perjuicio de la izquierda transformadora.

En sus rigurosas obras sobre instituciones políticas y derecho constitucional, el profesor francés Maurice Duverger (2) señalaba, en los años 1960, que un sistema electoral mayoritario, a una sola vuelta, favorece el bipartidismo, y que un sistema proporcional apoya la existencia del multipartidismo. Y subrayaba que el punto básico del sistema proporcional se debe a que asegura una representación de las minorías en cada circunscripción “en proporción exacta a los votos obtenidos”.

Pero en España, por la perversion del sistema, el voto proporcional no favorece el multipartidismo, sino, paradójicamente, un bipartidismo artificial. El bipartidismo responde a una determinada historia y cultura política, particularmente a la de algunos países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido, aunque en las últimas elecciones la sociedad británica echó por tierra esa fórmula, mediante el ascenso del Partido Liberal. Sin embargo, nunca cuajó en los países europeos continentales. Y, entre ellos, en España.

En España solamente hubo bipartidismo bajo la Restauración de la Monarquía diseñada por Cánovas del Castillo, tras haber sido derribada la I República por el general Pavía. Aquel “remedo caricaturesco del británico”, como lo definía el historiador Tuñón de Lara (3), no reconocía más que el “turno pacífico” de los partidos monárquicos. Los partidos republicanos, y con ellos la parte de la sociedad española a la que representaban, no existían.

La actual sociedad española se encuentra lejos del caciquismo, la intransigencia y el oscurantismo de la Restauración. Y, sin embargo, “la tentación canovista”, como la definió en las páginas de Triunfo su redactor-jefe Víctor Márquez Reviriego (4), se impuso en plena Transición y sigue vigente hoy.

El resultado de este “canovismo” de nuevo cuño es bien patente y realmente vergonzoso : el voto desigual. Cada escaño le cuesta a Izquierda Unida (IU) siete u ocho veces más votos que al PP y al PSOE. O, dicho de otro modo, tal como lo pone de relieve Gaspar Llamazares, que califica la “anomalía” de “escándalo democrático, (...) mientras al PSOE o al PP les cuesta lograr un escaño una media de entre 60.000 y 65.000 votos, esta cifra se tiene que multiplicar por siete o por ocho para cada diputado de IU, ¡que necesita del apoyo de más de 465.000 electores para ocupar una plaza en el Congreso !”(5).

Para justificar ese “sufragio desigual” se recurre siempre a la necesidad de favorecer la “gobernabilidad”, al primar a los dos partidos mayoritarios, así como a la complejidad técnica del sistema electoral. En aras de una supuesta mejor gobernabilidad y en beneficio de las “mayorías absolutas”, se arrincona en el Parlamento a la izquierda transformadora, privándola de los votos que, realmente, le corresponderían con un sistema electoral limpio y justo. Y ocultando ese objetivo, se recurre a cuestiones técnicas que quieren presentarse como de difícil comprensión para el común de los mortales. Cuando, en realidad, lo que sucede es que, tal como subraya el catedrático José Antonio González Casanova, las dificultades técnicas que presenta el sistema proporcional “suelen ser aprovechados por los grupos interesados en ampliar la distancia entre las mayorías y las minorías mediante ciertas fórmulas de las llamadas “correcciones” a dicho sistema (6). Y en el nuestro, esas “correcciones” son varias y todas ellas importantes, incluida la atribución de dos escaños como mínimo por provincia, independientemente de su población.

Ambos argumentos no hacen otra cosa que enmascarar un profundo objetivo político, diseñado y trasladado a los textos legales desde la misma Transición. En aquella etapa, se trataba de arrinconar al PCE, de reducir la fuerza parlamentaria del partido político que había combatido más resuelta y decididamente a la dictadura franquista y que dirigía la lucha del movimiento obrero y de los intelectuales españoles. En la actual, se persigue marginar a la coalición en la que el PCE se halla integrado, Izquierda Unida. Y así, con la Ley de Hondt en la mano se discrimina y golpea a las fuerzas políticas que se sitúan a la izquierda del PSOE.

Porque la teoría y la práctica del “sufragio desigual” hunde sus raíces en el momento germinal de la democracia española. En un reciente artículo, el ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, denunciaba sin ambages el objetivo de uno de los dos consensos diferentes que se fraguaron en la Transición. Porque, realmente, no hubo uno sino dos consensos, de naturaleza bien distinta : “Uno, que abarcaba al conjunto de las fuerzas que la llevaron a cabo y que consistía en el establecimiento de un sistema democrático. Otro, en el que algunos de los partidos parlamentarios se comprometían a hacer cuanto fuere necesario para que el PCE quedase reducido parlamentariamente a fin de que no se reprodujese en España el modelo político italiano. Había que volcar toda la presión internacional y nacional a favor del PSOE y contra el PCE”.

Y añadía : “Al redactar la Constitución decidimos que el sistema electoral fuera proporcional, respetando el principio de igualdad, una persona un voto. Sin embargo, ese mandato se falseó después con la Ley Electoral. El PSOE se sumaba a la UCD porque había descubierto que el decreto preconstitucional consagraba el bipartidismo, que le aseguraba un aporte del ‘voto útil’. Y ese decreto, reproducido al pie de la letra, se convirtió en Ley Electoral” (7).

La vigente Ley electoral española es, pues, una de las últimas secuelas de la época de la Guerra Fría y del anticomunismo de la derecha española. Del anticomunismo en estado puro, dictado desde Washington en plena Transición para que aquel proceso fuera “controlado”, como escribió quien fue, entre 1972 y 1976, director de la CIA, el general Vernon A. Walters. Y lo que es peor, un anticomunismo asumido por la socialdemocracia española sin remilgo alguno.

Esta perversión de la democracia está sacralizada por una norma jurídica que reproduce una ley dictada antes de 1978. Las elecciones de 1977 fueron reguladas por un Decreto-ley dictado, como subraya el Manifiesto, “por un Gobierno anticonstitucional”. Más tarde, con la Constitución ya aprobada, los comicios de 1979 se celebraron al amparo de un Real Decreto inexplicablemente semejante al anterior. Igual sucedió con las elecciones de 1982…

En todo este proceso se vulneró, además, lisa y llanamente, el mandato de la Constitución española de 1978, que instaba al legislador a regular el sistema electoral, a través de una Ley Orgánica. Hubo que esperar cuatro años más para que el Congreso de los Diputados aprobara una nueva ley. Y el resultado fue un nuevo fiasco. El PSOE sacó adelante la ley del 20 de abril de 1986 que, en la práctica, venía a reproducir en lo fundamental el primer Decreto-Ley aprobado por el último Gobierno franquista… Esa norma legal es la que, con sus “correcciones” de fondo, sigue rigiendo hoy, treinta y tres años después de ser reconquistada la democracia.

Durante este largo periodo, ninguno de los dos partidos mayoritarios ha osado atacar expresamente el principio de igualdad del sufragio. No se han pronunciado nunca en contra del artículo 68.1 de la Constitución, en el que se establece que los diputados serán “elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto”. Sin embargo, PP y PSOE han cerrado filas, rechazando de plano las propuestas presentadas en el Congreso por Izquierda Unida, planteando una revisión de la norma electoral. E, incluso, hacen caso omiso del dictamen del Consejo de Estado a favor de un verdadero sistema proporcional.

Sin embargo, hoy el PSOE necesita la ruptura de ese perverso consenso con el PP. Sus dirigentes más lúcidos saben que una gran parte de la sociedad española rechaza las medidas que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero está aplicando, allanando con su “trabajo sucio” el camino de quienes buscan el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Y son conscientes también de que, por más que intenten remontar la actual situación, están abocados a un fracaso electoral : probablemente muchos electores de izquierda no votarán a un partido socialdemócrata que se pliega a los poderes financieros.

Además, el slogan de la “Casa común” no supone ya gancho alguno para electores de izquierda opuestos a las opciones neoliberales de un Gobierno socialdemócrata. Y es poco probable que tenga éxito el llamamiento al “voto útil” para frenar a la derecha… Puede suceder que, tal como subrayaba Teodulfo Lagunero en La República.es, la abstención se convierta en “el tercer partido en las próximas elecciones”. Y esa abstención favorece a la derecha...

Más allá de las exigencias éticas a las que la socialdemocracia estaría obligada, quizás resulte más persuasivo para el PSOE la realización de un cálculo puramente aritmético : la suma de sus votos con los que Izquierda Unida obtenga será la única garantía para detener el posible avance triunfal de la derecha hacia el Palacio de La Moncloa. 

 

 

(1) Manifiesto contra la actual Ley Electoral. Firmado, entre otros, por economistas de prestigio como el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres ; historiadores como David Ruiz y Asunción Esteban ; abogados como Lidia Falcón o Emilio Gascón ; magistrados como Juan Romea y Antonio Seoane ; escritores como Almudena Grandes, Luis García Montero o Andrés Trapiello…

(2) Maurice Duverger, Partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1961, pág.266.

(3) Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XX, Club del Libro Español, París, 1961, pag.204.

(4) Víctor Márquez Reviriego, Apuntes parlamentarios : La tentación canovista, Editorial Saltés, Madrid, 1978.

(5) Gaspar Llamazares, “Sistema electoral :¿gobernabilidad o fraude ?”, El País, 7 de junio de 2010.

(6) José Antonio González Casanova, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Eidtorial Vicens Vives, Barcelona, 1980, pág. 314.

(7) Santiago Carrillo, “Una Ley Electoral antidemocrática e inconstitucional”, El Siglo, nº 900, 1-7 de noviembre de 2010.