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Política salarial en tiempos de crisis en la economía española

Par Fernando Luengo  |  16 octobre 2016     →    Version imprimable de cet article Imprimer

La quintaesencia de la agenda económica europea, la hoja de ruta impuesta, sobre todo, a las economías periféricas y el santo y seña de la política aplicada por el Gobierno del Partido Popular (PP) ha sido contener los salarios. ¿Cuál ha sido el alcance del ajuste salarial llevado a cabo en la economía española durante los años de crisis ?

Entre 2008 y 2015, la compensación real por empleado (utilizando como deflactor el Índice de Precios al Consumo, IPC) tan sólo aumentó un 0,8%. Para valorar correctamente este dato –que, en todo caso, refleja con nitidez que los salarios promedio se han mantenido en el conjunto del periodo virtualmente estancados– hay que tener en cuenta la existencia de un “efecto composición”.

Los trabajadores que primero perdieron su empleo fueron los que recibían salarios más reducidos (por ejemplo, una parte de los que tenían contratos temporales, cuando llegaron a su término, no fueron renovados). Ello explica que, cuando estalla el crack financiero, la remuneración promedio aumente, en términos meramente estadísticos, sin que ello suponga necesariamente una progresión de los salarios de los trabajadores que han conservado su puesto de trabajo. Repárese, por otro lado, que la irrupción de la crisis tuvo un efecto especialmente adverso sobre las rentas de naturaleza financiera.

Ha sido en los últimos años, en los que han dominado con claridad las denominadas políticas de “devaluación interna” (1), cuando los trabajadores han experimentado una sustancial pérdida de capacidad adquisitiva : un 3,4% entre 2010 y 2015.

Como consecuencia del efecto combinado del estancamiento salarial y de la destrucción del empleo (2), la participación de los salarios en el ingreso nacional ha seguido una pendiente descendente, que no es nueva en nuestra economía, ni en la Unión Europea (UE), pero que en los últimos años se ha hecho más pronunciada. Así, entre 2008 y 2015 el peso de los salarios en la renta nacional se ha reducido en algo más de tres puntos porcentuales –pasando desde el 58% hasta el 54,6%–, reducción que se ha materializado, sobre todo, a lo largo de los últimos años, alcanzando, en términos históricos, un récord (un retroceso equivalente al que se produjo en una década, entre 1998 y 2007).

Esta evolución responde, por lo tanto, a una tendencia de amplio recorrido en la economía española, que se dio también en los años de rápido crecimiento y que pone de manifiesto la capacidad de los beneficios y de las rentas del capital de apropiarse de una parte creciente de la riqueza generada.

Es evidente, pues, que en la pugna distributiva los asalariados han cedido terreno, ganándolo el capital. Pero hay más. El indicador “salarios promedio” no puede –y, posiblemente, quienes lo utilizan como categoría exclusiva no quieren– dar cuenta del desigual reparto del ingreso. Dimensión trascendental, pues las remuneraciones percibidas por los trabajadores son muy distintas dependiendo de factores como el grado de implantación de las organizaciones sindicales en las empresas y centros de trabajo, su tamaño, la configuración más o menos oligopólica de los mercados, el sector de la actividad económica donde operan o la cualificación de los trabajadores.

Téngase en cuenta, además, que la categoría salario incluye las retribuciones de los de menor cualificación y que tienen contratos precarios, junto a las recibidas por los directivos y ejecutivos ; todo ello forma parte de lo que, en términos genéricos, se denomina masa salarial. Como acabamos de ver, el peso de la misma en el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído de manera sustancial durante los años de crisis ; pero ese retroceso es todavía mayor si se excluyen los ingresos, también de naturaleza salarial, obtenidos por ejecutivos y directivos.

Un indicador habitualmente utilizado en los estudios socioeconómicos sobre desigualdad de ingreso es el índice de Gini, cuyo rango de valores se encuentra comprendido entre 0 –igualdad total– y 100 –inequidad extrema–. La evolución de esta ratio, referida a los salarios entre 2008 y 2013, último año del que ofrece información el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado en más de dos puntos porcentuales, pasando del 32,2 al 34,6 (por cierto, uno de los niveles más altos de la UE).

Pero no se trata sólo de un aumento de la desigualdad, que podría ser reflejo de que unos grupos sociales mejoran más que otros (“todos los barcos suben con la marea”), como ha ocurrido en fases anteriores de la evolución del capitalismo. Estamos asistiendo, en España y en el conjunto de las economías comunitarias, a una fractura social en el mundo laboral, que ya se divisaba en los años de auge, pero que es ahora cuando está alcanzando toda su envergadura, amenazando con convertirse en un rasgo estructural de la UE. Precisamente, el aumento de las disparidades salariales es el principal factor que explica el crecimiento de la desigualdad.

Otra manera de acercase a la medición de la desigualdad, y que está estrechamente relacionada con la degradación salarial, tiene que ver con las condiciones en que los asalariados desempeñan su trabajo (desgraciadamente, en este ámbito hay mucha menos información y las estadísticas oficiales apenas se ocupan de ello).

Una parte, variable pero creciente, de la remuneración de los trabajadores depende de su productividad (entiéndase bien, no de la productividad de la firma). Así, son muchas las empresas que están introduciendo o actualizando mecanismos de evaluación y revisión de los ritmos de trabajo. Al vincular un porcentaje de los salarios a la consecución de objetivos, se supone que el esfuerzo de los trabajadores aumentará, reduciéndose los tiempos necesarios para la realización de las tareas, con el consiguiente aumento de la productividad laboral.

Esta práctica, que ya formaba parte de las políticas retributivas de las empresas, ha cobrado una importancia creciente. Son muchas las que han implementado programas de “racionalización de tareas” consistentes en definir los tiempos de cada una de ellas y sobre esta base incrementar el rendimiento de los trabajadores. Las empresas fijan las primas entre los diferentes grupos de trabajo o, en ocasiones, las establecen de manera individual. Se consigue así aumentar la presión sobre los trabajadores, abriendo una vía para reducir los salarios e intensificar los ritmos de producción (en un proceso de ajuste continuo de los tiempos exigidos para recibir la correspondiente prima).

Y todo esto es compatible con el mantenimiento de las condiciones pactadas en buena parte de los convenios colectivos, condiciones que, por cierto, también se están revisando a la baja. Asimismo, y este no es el menor de los objetivos, se favorece una dinámica de competencia por las primas entre los propios trabajadores. El conflicto de intereses entre diferentes grupos de operarios contribuye a su desunión, dificultando, de esta manera, la acción sindical.

En esta misma línea, que pone el acento en la desigualdad de ingreso, resultan reveladores los datos publicados por el INE relativos a los salarios promedio de cada decila de ingreso para el periodo 2008-2014. Esa información apunta a que la disparidad de ingreso ha crecido con fuerza. En efecto, la distancia entre los asalariados mejor y peor pagados era en 2008 de 8,7. En 2014, la brecha se había ampliado hasta 11,2 ; buena parte de dicho aumento se materializó a partir de 2010.

Si se pone el foco en el comportamiento de los salarios según decilas en el último tramo del periodo 2010-2014 y la comparamos con la trayectoria seguida por los precios, encontramos que, precisamente, los trabajadores con retribuciones más bajas han sido los que han soportado en mayor medida la represión salarial. Las cuatro decilas de menores ingresos han experimentado una contracción de los salarios nominales, ajuste que en las dos inferiores ha sido del 14,8% y del 8,2%. Para calibrar la importancia de la capacidad adquisitiva perdida por estos trabajadores, hay que reparar que el IPC aumentó en el mismo periodo el 7%. Los trabajadores integrados en los otros tramos de ingreso también perdieron poder adquisitivo, si bien en este caso aumentaron los salarios nominales. Los que mejor resistieron este proceso fueron los asalariados situados en los tramos superiores de ingreso.

Según la Encuesta de Población Activa, la situación de los trabajadores de bajos ingresos ha empeorado de manera sustancial. La retribución promedio del 10% de la población asalariada era de 411 euros en 2014 (502 en 2007). Los ingresos de la decila siguiente eran en 2014 de 820 euros (852 en 2007). Para estos trabajadores, el denostado término de mileurista se ha convertido en un sueño inalcanzable. Estos trabajos están especialmente representados en los contratos temporales y a tiempo parcial, modalidades contractuales que han ganado protagonismo en los últimos años, fruto de las últimas reformas laborales y, de manera muy destacada, como consecuencia de la impulsada por el Gobierno del PP.

En este contexto de progresiva precarización de las relaciones laborales ha aumentado el grupo de trabajadores cuyas retribuciones se sitúan por debajo del umbral de la pobreza (3). En 2014, el 12,6% de los empleados formaba parte de este colectivo –entre los países comunitarios, sólo Grecia y Rumanía ofrecían peores resultados–, lo que, en relación con 2008, representa algo más de un punto porcentual de aumento. De acuerdo con Eurostat, la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (no solo la asalariada) ha aumentado, entre 2008 y 2014, en más de cinco puntos porcentuales, hasta alcanzar en este último año el 29,2%.

Estamos ante un asunto de gran trascendencia, pues a menudo se afirma –las patronales, los Gobiernos conservadores, el discurso dominante en las facultades de Economía– que la creación de empleo es el camino, o incluso la única ruta, para salir de la pobreza. Se sostiene, desde esta perspectiva, que no hay mejor política social que la creación de puestos de trabajo. La información que se acaba de presentar obliga a revisar este postulado –por apriorístico y por carecer de evidencia empírica– al poner de manifiesto el avance, antes y durante la crisis, de la categoría de trabajadores pobres, convertida en una pieza central de nuestro mercado de trabajo.

Pero no se trata sólo de que los salarios más bajos han soportado en mayor medida los costes de la crisis, de la que no son en absoluto responsables, y las políticas de devaluación interna. Se ha asistido, en paralelo, a una progresiva degradación de los clases medias trabajadoras y a un enriquecimiento de aquellos grupos que perciben salarios más elevados. Resulta significativo, en este sentido, que la brecha entre los salarios intermedios –decila 4 a 7– y los más elevados –decilas 8 a 10– ha aumentado ; también ha crecido la brecha que separa las de mayor y menor ingreso.

De lo anterior se deduce que no sólo se ha aplicado una drástica política de devaluación interna, no sólo se ha abierto la “tijera” salarial, contribuyendo al aumento de la desigualdad, sino que el ajuste ha recaído de manera particularmente intensa sobre los trabajadores de menores ingresos, los que, por lo demás, cuentan con contratos más precarios. 

 

NOTAS :

(1) Como contraposición a la devaluación cambiaria, instrumento de política económica al que las economías que forman parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han renunciado. El término es, no obstante, confuso, pues, en la práctica, la referida devaluación interna apunta exclusivamente a los salarios, excluyendo los ajustes en los beneficios.

(2) La economía española ha experimentado entre 2008 y 2015 una masiva destrucción de puestos de trabajo (un 13%, cerca de tres millones). Sólo en los últimos años se ha podido revertir esta tendencia, generándose empleo en términos netos, si bien en su mayor parte consiste en trabajos precarios y de baja calidad. De hecho, el número de horas por trabajador se ha reducido como consecuencia del creciente protagonismo de los contratos temporales y a tiempo parcial.

(3) En la Unión Europa se considera que un trabajador es pobre si su ingreso está situado por debajo del 60% del promedio.





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