Entender el rechazo del acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el referéndum del pasado 2 de octubre en Colombia implica comprender las razones que condujeron a ambas partes a entablar conversaciones, y, sobre todo, analizar el contexto en el que éstas se desarrollaron. En efecto, el país se encuentra aletargado por 52 años de conflicto, y 4 años de negociaciones no han bastado para sacarlo de un entorpecimiento político alimentado por los grandes medios de comunicación.

Si las FARC y el Gobierno iniciaron estas negociaciones, fue debido a que ambas partes habían comprendido que una solución militar era imposible (1). Las FARC sufrieron grandes pérdidas, especialmente como consecuencia de la escalada represiva del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien movilizó todos los recursos del Estado para acabar con los movimientos de la guerrilla. Entonces, Juan Manuel Santos, el actual presidente, ocupaba el cargo de ministro de Defensa. Logró la ejecución de varias figuras importantes de las FARC, a la vez que diversas medidas de acompañamiento invitaban a los guerrilleros a deponer las armas. Sus filas se habían reducido, pero no habían desaparecido.

El Estado comprendió que sus ofensivas no serían suficientes. Desde la política de “apertura económica” iniciada por el presidente César Gaviria (1990-1994), Colombia pretende participar más en los intercambios mundiales haciendo su economía más “atractiva” : reducción de los derechos aduaneros, desregulación, privatización, liberalización de los intercambios y producción destinada a la exportación (2). Sin embargo, este giro neoliberal se vio obstaculizado por la guerra civil : las FARC y los demás actores del conflicto exigieron impuestos a los terratenientes ; los secuestros con exigencia del pago de un rescate se multiplicaron ; las empresas gastaron fortunas para garantizar su seguridad...

Otro factor determinante : la creación, a comienzos de los años 1990, de fuerzas paramilitares de extrema derecha, particularmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su objetivo declarado era ayudar al Estado a combatir las guerrillas. Pero impulsaron también una violenta campaña de asesinatos políticos y generaron el desplazamiento de millones de personas que molestaban a la oligarquía terrateniente y que frenaban la extensión de la explotación agrícola y minera orientada a la exportación. Así pues, paramilitarismo y neoliberalismo avanzaron juntos durante mucho tiempo.

Este binomio resultó tan eficaz que terminó perdiendo su utilidad. A comienzos de los años 2010, la elección de Santos, encarnación de la elite neoliberal cosmopolita, sugería que esta última deseaba “modernizar” el régimen de acumulación colombiano. Había llegado el momento de iniciar conversaciones con las FARC.

Las negociaciones, que se iniciaron en septiembre de 2012 en La Habana, tenían seis grandes objetivos (3) : establecer las modalidades de un alto el fuego y del abandono de las armas ; impartir justicia para las víctimas de la guerra civil, la cual causó 220.000 muertos ; resolver el problema del narcotráfico ; apoyar el desarrollo rural, ya que la pobreza en las regiones rurales fue uno de los principales factores detonantes del conflicto ; permitir a los ex combatientes involucrarse en la vida política y, en general, favorecer la participación de la población ; por último, asegurar la implementación y el seguimiento del conjunto de acuerdos. Santos, preocupado por reforzar su legitimidad, decidió organizar un referéndum nacional sobre el documento final –una propuesta que las FARC, superando su reticencia inicial, terminaron aceptando–. Algo de lo que sin duda se arrepiente.

El acuerdo no prevé la transformación del sistema económico ni la eliminación de las desigualdades en la distribución de tierras, en un país donde más del 50% de éstas se encuentra en manos del 1% de la población. Dicho de otro modo, no trata ninguno de los problemas que originaron el conflicto : se limita a favorecer el statu quo, sin pretender sin embargo restablecer la situación previa a la guerra. Los negociadores, teniendo en cuenta el número de colombianos desplazados por el conflicto, reconocieron que la restitución de las tierras sería un proceso delicado de llevar a cabo.

De entrada, la campaña a favor de los acuerdos de paz se encontró frente a una dificultad importante : había que sintetizar un documento de trescientas páginas en muy poco tiempo, ya que sólo seis semanas separaban el fin de las negociaciones (24 de agosto) del referéndum (2 de octubre). El bando partidario del “sí” sufría, además, otra debilidad : la impopularidad del presidente Santos, ligada a las dificultades económicas del país, donde el desempleo alcanza el 9% y la inflación, el 7%. Unas semanas antes del escrutinio, su nivel de popularidad apenas superaba el 20%. Finalmente, basándose en las encuestas, que señalaban que el “sí” ganaría ampliamente, sus partidarios creyeron que su victoria estaba asegurada y no tomaron lo suficientemente en serio a la oposición.

Las deficiencias de la campaña por el “sí” hicieron que la del otro bando fuera mucho más fácil. En una entrevista concedida al periódico La República algunos días después del referéndum, Juan Carlos Vélez, responsable de la campaña por el “no”, reveló –tal vez accidentalmente– la “otra cara” de ésta con todo lujo de detalles (4). Una de las principales estrategias consistía en generar “indignación” difundiendo información parcial o falaz. Los partidarios del “no”, por ejemplo, centraron la atención en la ayuda financiera que recibirían los miembros de las FARC mientras no tuvieran otras fuentes de ingresos. No dejaron de recordar la suma del subsidio –212 dólares al mes, es decir, el 90% del salario mínimo–, considerado excesivo para un país pobre.

Argumentos más perniciosos sostenían que los acuerdos incluían cláusulas que tendían a reforzar la legalización del matrimonio homosexual en Colombia (5), un país donde el 30% de la población pertenece a una Iglesia evangélica. En realidad, el texto no menciona ni el matrimonio ni la homosexualidad. Sus detractores proclamaron además que transformaría Colombia en un país “castro-chavista”, es decir, similar a Cuba o a Venezuela. Finalmente, uno de sus argumentos más eficaces se basaba en el programa de justicia transicional, gracias al cual los miembros de las FARC podrían beneficiarse de reducciones o de conmutaciones de pena si confesaban sus crímenes. Esta disposición escandalizó particularmente a una población cuya percepción del conflicto fue tergiversada por los medios de comunicación.

Un estudio de la investigadora Alexandra García (6) sobre más de quinientos artículos publicados en los grandes periódicos (El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, etc.) entre 1998 y 2006 reveló que el término “paramilitar” o el nombre de las organizaciones de extrema derecha no figuraba en el 75% de los artículos referidos a la violencia que se les atribuía ; sólo se mencionaba a “hombres armados” o a “hombres encapuchados”. En el caso de actos de violencia que implicaban a la guerrilla, en cambio, el 60% de los artículos la mencionaba explícitamente. Así pues, para el 32% de la población, las FARC son las principales instigadoras de la violencia en Colombia, mientras que todos los estudios coinciden en establecer otra jerarquía de responsabilidades : el Estado ; la población en general ; los paramilitares ; los narcotraficantes ; y, finalmente, la guerrilla (7).

Durante la campaña, el principal representante del bando partidario del “no”, Uribe, señaló insistentemente su oposición a las disposiciones en materia de justicia transicional. Human Rights Watch (HRW) apoyó al bando partidario del “no” por los mismos motivos. Según ellos, los miembros de las FARC que confiesen haber cometido crímenes durante la guerra civil no deberían poder conmutar sus penas de prisión por simples trabajos de servicio a la comunidad o por una condena de arresto domiciliario. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos de paz –como aquellos firmados en El Salvador o en Sudáfrica– prevén tales disposiciones de justicia reparadora.

La hostilidad de Uribe hacia los acuerdos de paz tiene probablemente motivaciones diferentes de las de HRW. Su balance en materia de derechos humanos durante su mandato como gobernador de Antioquia y, más tarde, como presidente de Colombia lleva a pensar que la justicia no figura entre sus prioridades. Además, ¿acaso no actuó en 2005, cuando era jefe de Estado, para que los paramilitares se beneficiaran de mecanismos de justicia transicional mucho más generosos que los previstos para las FARC ?

Probablemente, lo que más le preocupe sea la cuestión de la restitución de las tierras. En efecto, Uribe mantiene estrechos lazos con la oligarquía, que teme tener que devolver sus tierras a los campesinos desplazados. Tras el resultado del referéndum, presentó propuestas de modificación del texto y la principal recae sobre esta cuestión : “Los acuerdos deben reconocer la existencia de una producción comercial a gran escala, su importancia en el desarrollo rural y en la economía nacional y la obligación del Estado de promoverla” (8). Según él, habría que renunciar a la confiscación de tierras privadas sin cultivar que pertenecían antes a campesinos desplazados. No debería obligarse a aquellos que las han comprado “de buena fe” a devolverlas a sus antiguos propietarios, aun cuando estos últimos hubieran sido obligados a huir por las incursiones de paramilitares o por la guerra civil.

Sin embargo, el rechazo del acuerdo se explica sobre todo por el bajo nivel de participación : el 18% de los electores votaron por el “no”, mientras que el 63% directamente no votaron. Las inclemencias climatológicas del 2 de octubre en las regiones costeras incidieron sin duda en esta abstención masiva, que alcanzó el 75% en el departamento de Magdalena y el 80% en el de La Guajira. Pero sin duda también es producto de la despolitización de la sociedad, fruto de la represión y de la manipulación mediática que caracterizan la historia reciente del país. Los “escuadrones de la muerte” de los paramilitares eliminaron prácticamente a toda una generación de militantes y de defensores de los derechos sociales. En estas condiciones, no resulta demasiado sorprendente que Colombia presente una de las tasas de participación electoral más bajas de América Latina...

La victoria del “no” coloca a ambos bandos en una situación incómoda. Las FARC habían declarado que estarían dispuestas a volver a la mesa de negociaciones, precisando sin embargo que no revisarían la cuestión de la justicia transicional, un punto crucial para los opositores. Estos últimos avanzan también con mucho cuidado. Aunque Uribe hizo campaña contra la justicia transicional, en realidad tenía como objetivo la restitución de las tierras. Santos tal vez podría salvar el acuerdo aportando rectificaciones sin consecuencias para la parte dedicada a la justicia y obteniendo de las FARC concesiones más importantes sobre la cuestión agrícola. Los guerrilleros deberían entonces aceptar concentrar sus esfuerzos en la aplicación de la ley sobre la restitución de tierras aprobada en 2011.

Mientras tanto, los movimientos sociales se movilizaron en toda Colombia a favor de la aplicación de los acuerdos de paz tal y como fueron firmados. Comenzaron a ocupar una de las plazas más grandes de Bogotá y decidieron cuestionar el referéndum ante el Tribunal Supremo alegando el carácter deshonesto de la campaña por el “no”. Pero se corre el riesgo de que no haya tiempo suficiente para que el recurso sea efectivo : el Premio Nobel de la Paz de 2016 concedido a Santos le confiere una legitimidad adicional para cerrar rápidamente el proceso. Y otro factor podría sumarse a la urgencia : el inicio de negociaciones con otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), previsto para el 27 de octubre, en Quito, bajo los auspicios del Gobierno ecuatoriano.

NOTAS :

(1) Véase “Pourquoi la Colombie peut croire à la paix”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 2012.

(2) Cf. Forrest Hylton, “Peace in Colombia : A new growth strategy”, NACLA Report on the Americas, vol. 48, n° 3, Nueva York, 2016.

(3) Véase Maurice Lemoine, “‘Sin justicia, no hay paz’ en Colombia”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2013.

(4) “El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”, La República, Bogotá, 5 de octubre de 2016.

(5) En abril de 2016, el Tribunal Supremo colombiano legalizó el matrimonio homosexual argumentando que era inconstitucional limitar el matrimonio a las parejas heterosexuales.

(6) Autora del blog La Perorata, laperorata.wordpress.com

(7) Adriaan Alsema, “How Colombia’s newspapers consistently misinformed the public on the armed conflict”, Colombia Reports, 18 de octubre de 2016, www.colombiareports.com

(8) Adriaan Alsema, “Uribe formally presents proposals to revive Colombia peace deal”, Colombia Reports, 13 de octubre de 2016.