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RESISTENCIA FRENTE A LOS GOLPISTAS

Pulso en Honduras

Par Maurice Lemoine  |  30 juillet 2011     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El acercamiento diplomático en curso entre Colombia y Venezuela ha abierto el camino al retorno de Honduras al seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ante esta perspectiva, el Gobierno de Porfirio Lobo –surgido del golpe de Estado de junio de 2009– aceptó el regreso a su país del ex presidente Manuel Zelaya, una de las cuatro reivindicaciones de la resistencia hondureña.

Un escenario de desdicha, trescientas carpas de lona azul se protegen bajo los penachos de un océano de palmas de aceite. Insectos zumbando por todas partes ; el aire tiene la consistencia de la lana mojada. En medio de esta pestilencia, el paludismo impera. Hay muchos niños y ancianos. Con la nariz fruncida por un resoplido, una campesina pronuncia un nombre, el de Miguel Facussé. “Es un hombre poderoso que, con su dinero, mueve montañas. Y nosotros le tenemos miedo”.

Don Miguel Facussé : oligarca de Honduras, amo y señor del Bajo Aguán, en la costa caribeña, al noreste del país. El 9 de diciembre de 2009, algunos campesinos ocuparon “sus” tierras ; no le pertenecen. Fueron golpeados, expulsados por sus secuaces en diciembre de 2010. Obstinados, ocuparon nuevamente ese lugar, Paso Aguán. Muestran el camino de tierra que, más lejos, atraviesa la plantación del terrateniente. “Ese camino lleva a la carretera y es de todos. Sus guardias no nos dejan pasar. Nos impiden llegar a nuestros campos, a nuestros cultivos de bananas, ir a pescar al río. Somos literalmente prisioneros”.

“Facussé” dio la orden. Ninguna gallina, ningún cerdo, ninguna cabeza de ganado de estos mendigos debe pisar su propiedad. “Si, por desgracia, escapan a nuestro control, sus guardias los matan. Y si uno reacciona…” El hombre abre las manos, lleno de rabia e impotencia.

Fue en virtud de la Ley de Reforma Agraria de 1962 cuando el Estado decidió colonizar el Aguán. Financiado por bancos internacionales, el gobierno reformista del general Oswaldo López Arellano construyó en esa época carreteras y caminos, puentes, sistemas de drenaje, escuelas y centros de salud. Organizados en cooperativas, los asentamientos campesinos convirtieron a la región en una de las más productivas del país. ¡Lo que les quita el sueño a terratenientes y políticos ! Bajo su presión, y concentrando la propiedad de la tierra, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) fue promulgada en 1992 por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. La gran devastación podía comenzar.

Con una dosis letal de violencia y de cinismo, se les hizo entender a los campesinos que les convendría abandonar el terreno. “No estábamos de acuerdo –se enfurece Jeremiah Martínez, del asentamiento La Concepción–. Vendimos las tierras a causa de las presiones”. Los sicarios no dudaron en matar a los hombres que hacía falta para la ejecución de los planes de sus patrones. En otras partes, les bastó con corromper a algunos dirigentes. Veintinueve cooperativas pasaron a manos de tres grandes propietarios : René Morales, Reinaldo Canales y Miguel Facussé. La palma africana devoraba los terrenos. Muriéndose lentamente, a los campesinos no les quedó más opción que recuperar los palmares. Lo que harían multiplicando las ocupaciones, a partir de 2001, sufriendo a cambio expulsiones, encarcelamientos y asesinatos.

La llegada al poder de Manuel Zelaya, el 27 de enero de 2006, trajo un principio de alivio. Proveniente del Partido Liberal (PL), se distanció sin embargo de los grupos de poder económico y abrió las puertas de su gobierno al movimiento social. El 19 de junio de 2009, con la firma del decreto 18-2008, otorgó a los campesinos las tierras que ocupaban desde hacía más de tres años ; los “propietarios” afectados fueron indemnizados. Montada en sus grandes caballos, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (FENAGH) se unió a los demás sectores de la oligarquía –repartida entre las dos grandes agrupaciones políticas tradicionales, el PL y el Partido Nacional (PN)– para organizar el golpe de Estado que derrocó a Zelaya, el 28 de junio de 2009.

“Necesitamos la tierra. ¡Es nuestra !”. El 9 de diciembre siguiente, alrededor de dos mil quinientas familias agrupadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) recuperaron 20.000 hectáreas cultivadas de palma africana. ¡Maldita palma ! La guerra estalló inmediatamente. En La Concepción, Martínez cuenta : “El 12 de febrero (de 2010), ‘ellos’ dispararon a sangre fría contra dos compañeros, que fueron heridos pero están vivos, gracias a Dios”. “¿Ellos ?” Unos sesenta sicarios encapuchados, que llegaron en automóviles de la policía y vehículos de Facussé.

Con la piel curtida en sus pómulos salientes, una mujer denuncia en Lempira : “Los guardias de Facussé entraron en las viviendas, destruyeron las camas, los víveres, asustaron a los niños”. Un habitante de Marañones se enfurece : “Capturaron a dos compañeros, los desnudaron completamente y, usándolos como escudos humanos, comenzaron a dispararnos [un herido]”. Una campesina muestra su teléfono móvil : “Hace tres días, a medianoche, me amenazaron. Ya lo habían hecho tres veces y había cambiado de número, pero… ¡Te conocen ! Vas a pagar. Y si no eres tú, será alguien de tu familia…”.

En Guadalupe Carney, los miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) se aferran a las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). Creado en 1983 por Estados Unidos para formar a las tropas hondureñas, salvadoreñas y la contrarrevolución nicaragüense, fue desmantelado en 1993 y transferido al Instituto de Reforma Agraria (IRA). En la más absoluta ilegalidad, la Municipalidad de Trujillo vendió las tierras a ganaderos locales, ex militares y, según dicen, narcotraficantes. Facussé se apropió de 550 hectáreas. Cuando, el 6 de abril de 2010, el MCA las ocupó, en El Tumbador, los esbirros los expulsaron. Cuando, el 5 de noviembre, los campesinos volvieron a la carga, cinco de ellos cayeron baleados por un comando de militares y guardias.

Desde entonces, dirigida por los “palmeros” de la muerte con la asistencia de la policía y el ejército, la represión nunca ha cesado. De enero de 2010 al 10 de mayo de 2011, el conflicto por la tierra le costó la vida a veintiocho campesinos y al periodista Nahum Palacio (así como a su compañera), que relataba los acontecimientos con demasiada honestidad. Cual celosos portavoces de los poderosos, los medios de comunicación privados nacionales –en poder de las grandes familias del país– dan su versión de los hechos : ayudados y financiados por Venezuela, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los narcotraficantes, esos “rebeldes” poseen mil fusiles AK-47 y M-16, que las fuerzas de seguridad nunca encontraron –y con razón– en requisas y allanamientos.

Al obtener la presidencia el 29 de noviembre de 2009, al término de elecciones organizadas por el gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti, Porfirio Lobo puso en marcha la segunda fase de la operación : un golpe de Estado social. Y si bien no todos murieron, todos fueron duramente golpeados : derogación del decreto 18-2008 que otorgaba tierras a los campesinos ; suspensión del salario mínimo ; ley de empleo temporal (que permite contratar a los trabajadores “por hora”) (1) ; destrucción del estatuto docente y privatización –bajo el término “municipalización”– de la educación ; ley de concesión de los recursos naturales que permite licitar recursos vitales como el agua ; fragmentación lisa y llana del territorio nacional (ver el recuadro “Ciudades privadas en la selva”)…

En San Pedro Sula, principal ciudad económica de Honduras, Tirza Flores Lanza era jueza de la Corte de Apelaciones. Conmovida por la expulsión manu militari de Zelaya a Costa Rica, presentó al día siguiente un recurso de amparo ; “el artículo 112 de la Constitución establece que ningún hondureño puede ser extraditado. Con la excusa de que este recurso era incompatible con mi función de magistrada, neutral por naturaleza, fui destituida”. Otros tres jueces corrieron la misma suerte ; uno de ellos, Guillermo López, por haber participado, el 5 de julio de 2009, en una manifestación de doscientas mil personas en favor del legítimo jefe de Estado. En un comunicado emitido algunos días antes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había invitado a todos los funcionarios a concurrir a una marcha de apoyo al golpista Micheletti.

Little Caesars, Dunkin’ Donuts, Popeyes, Burger King, Denny’s, Pizza Hut, Wendy’s, DK’D Donuts, McDonald’s (hasta se puede encontrar un lugar para comer)… Tegucigalpa es, teóricamente, la capital de Honduras (aunque algunos mencionan a Washington). Si bien los grandes grupos mediáticos pertenecen allí a las diez familias de la oligarquía, Radio Globo, aunque comercial, se volcó hacia la oposición. Silenciada en dos oportunidades, reanudó sus emisiones. “En lo que nos cocierne –señala su director David Romero–, no sufrimos presiones del poder ; hay una relativa libertad de información. Pero… diez periodistas fueron asesinados, en distintas circunstancias, desde el comienzo de la administración Lobo [el undécimo lo sería el 10 de mayo de 2011]. Son mensajes indirectos, muy preocupantes”.

Al denunciar el asesinato de más de cien miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) (2), Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se indigna : “¡La gente no puede ni siquiera hacer una denuncia ! Tuvimos numerosos casos de testigos que se presentaron ante la justicia y que, un mes después, fueron ejecutados”.

No obstante, a pesar de la policía, el ejército y los paramilitares, la oposición, agrupada en el seno de este FNRP, crece. “El Frente se constituyó al día siguiente del golpe de Estado, en medio de la multitud, frente al palacio presidencial –recuerda Juan Barahona, su actual subcoordinador–. Llamamos al pueblo a organizarse y, de manera muy voluntaria, respondió.” Masivamente, en toda su diversidad : bases en resistencia del Partido Liberal (traicionados por el golpista Micheletti surgido de sus filas) y de otros partidos ; organizaciones no gubernamentales (ONG) ; sindicatos ; movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, feministas ; artistas, intelectuales, colectivos vecinales, gente común que no pertenece a ninguna estructura… “Evidentemente, esta diversidad, esta riqueza no son fáciles de manejar –sonríe Gloria Oqueli, presidenta del Parlamento Centroamericano en el momento del golpe y, desde entonces, ‘liberal en resistencia’–. Quienes dirigen el proceso deben saber escuchar, leer y conducir toda esta energía”. ¿Qué hacer con semejante heterogeneidad política y social ? ¿Hacia dónde movilizarla ?

“Si nos transformamos en partido –reflexiona Beatriz Valle, ex viceministra de Relaciones Exteriores y también ‘liberal en resistencia’–, eso puede debilitarnos, porque los partidos son percibidos como instrumentos de dominación. ¡Pero hace un año y medio que lo estamos debatiendo ! Y algunos quieren ignorar las elecciones. Si no somos pragmáticos, no veo cómo se podrá avanzar…”.

La participación o no en las próximas elecciones se ha convertido en un tema de discusión inagotable. En otro registro, algunos sectores reprochan a los líderes surgidos de los movimientos sociales –Barahona, Carlos H. Reyes, Rafael Alegría, Rasel Tomé–, pero también a Oqueli, así como a los dirigentes de los sindicatos docentes –la columna vertebral de la Resistencia– su “poder” sobre el movimiento y su radicalismo.

Esta fuerza en gestación logró sin embargo, sin medios, sin dinero, del 20 de abril al 17 de septiembre de 2010, recoger 1.342.000 firmas reclamando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Con este apoyo, el FNRP organizó una Asamblea General, el 26 y 27 de febrero de 2011, en la que participaron 1.500 delegados de todo el país. Al término de discusiones a veces “muy acaloradas”, una fuerte mayoría logró preservar la cohesión colectiva y estableció tres prioridades.

En primer lugar, el retorno incondicional y seguro del coordinador del Frente, el ex presidente Zelaya (refugiado en República Dominicana y perseguido por la justicia, mientras que los golpistas se autoamnistiaron). En segundo lugar, la no-participación en cualquier elección. “No se puede ir a elecciones con Zelaya en el exterior, un Tribunal Electoral y una Corte Suprema de Justicia en los que nadie cree, porque son cómplices del golpe de Estado y del régimen surgido de éste –traducía, días más tarde, Alegría–. Además, eso sería legitimar el ‘blanqueo’ del golpe de Estado”. Otro dirigente, Reyes, completaba el razonamiento : “¿El poder ? No se trata de tomarlo por tomarlo ; de todas formas, ¡se encuentra fuera del Estado ! Es necesario reconstruirlo todo desde abajo”. De ahí el anuncio para el 28 de junio, segundo aniversario del golpe, de la autoconvocatoria a una ANC.

En realidad, esta demostración de fuerza no se llevará a cabo, al precipitarse los acontecimientos vertiginosamente. Sucede que, si bien el poder intenta mostrarse muy seguro, tiembla interiormente. La resistencia... resiste. El aislamiento del país –excluido de la Organización de los Estados Americanos (OEA) gracias a la firmeza de los gobiernos de izquierda sudamericanos (3)– impide el acceso a los préstamos de organismos financieros multilaterales. Incluso la ruptura con la Venezuela “despreciada” por los golpistas ahoga la economía. Cuando Honduras pertenecía a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Caracas, a través del acuerdo Petrocaribe, suministraba a Tegucigalpa petróleo a precios inferiores a los de mercado.

Lobo debe imperativamente aflojar la presión. Así… La voluntad de Zelaya de consultar a la población sobre la eventual convocatoria a una ANC sirvió de pretexto para su derrocamiento. La Constitución, se afirmaba, no lo permitía ; es falso : el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana aprobada en enero de 2006 lo autorizaba. Curiosamente, el 17 de febrero de 2011, el Congreso reformó dicha Constitución para autorizar plebiscitos y referéndums… prohibidos al jefe de Estado anterior. Con, no obstante, una pequeña diferencia : si bien el 2% de los electores o diez diputados pueden solicitar dicha consulta, ¡es el Congreso el que decide, en última instancia, si se organiza o no ! “El gobierno trata de vendernos una idea –sonríe Oqueli–. Ya no es necesaria una Constituyente, puesto que ahora disponen de los instrumentos de participación ciudadana que reclamaban”.

Mientras los aliados de Tegucigalpa, Washington a la cabeza, presionan para que Honduras se reintegre a la OEA, cuya Asamblea General tendrá lugar el 5 de junio, en San Salvador, el presidente colombiano Juan Manuel Santos aprovechó una cumbre celebrada en Cartagena de Indias con Hugo Chávez, el 9 de abril, para hacer que se encontrara con su enemigo jurado, Lobo, e iniciar una “mediación”. Unos días más tarde, y mientras muchos especulaban con este espectacular giro de la situación, Chávez se reunía a su vez, en Caracas, con los dirigentes del FNRP, Zelaya (proveniente de Santo Domingo) y Barahona (llegado de Tegucigalpa).

Tal como lo hiciera posteriormente la coordinación nacional del Frente, reunida el 27 y 28 de abril, éstos presentaron en la mesa de negociaciones cuatro reivindicaciones para una salida de la crisis y el retorno a la OEA : el regreso seguro de los exiliados, entre ellos, Zelaya ; la implementación de una ANC “participativa y democrática” ; el desmantelamiento de las estructuras golpistas y el castigo de los responsables ; el reconocimiento del FNRP como partido político. Tegucigalpa aceptó.

Ejerciendo una presión indisimulada sobre la Corte Suprema de Justicia, Lobo logró que anulara, el 2 de mayo, los dos cargos (absurdos) que pesaban sobre Zelaya. El 19 de mayo, desde Managua, donde más de cuarenta partidos políticos de izquierda latinoamericanos reunidos en el seno del XVII Foro de San Pablo apoyaron la negociación, Zelaya anunció que regresaría a su país el 28 de mayo ; el 22, en Colombia, firmó con Lobo el Acuerdo de Cartagena, en presencia de Santos y del ministro de Relaciones Exteriores venezolano Nicolás Maduro.

En apariencia, el poder aceptó todas las exigencias. Al cuestionar el FNRP la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral, el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández anunció que su reconocimiento se hará basado en una “decisión de carácter extraordinario”, por decreto. Ningún problema para la convocatoria a una ANC : el artículo 5 de la Constitución reformada lo permite, pero, por las razones anteriormente mencionadas, la afirmación no está exenta de ambigüedades. La creación de una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos forma parte, en lo que a ella respecta, de una retórica no siempre seguida de efectos. Es decir que no todos los problemas están resueltos, razón por la cual, Esly Banegas, miembro de la comisión política del Frente, considera prematuro el regreso del país a la OEA.

Para el FNRP, se trata no obstante de una victoria. Ciertamente, Alegría no niega sus límites : “Hay algunas cosas que habrá que discutir de manera más clara y, a partir de ahora, analizar punto por punto”. Sin embargo, señala sus avances : “Lo importante es el regreso de Zelaya : como aglutinador, unirá a todas las fuerzas políticas y sociales. Están dadas las condiciones para desafiar al poder y avanzar hacia el control del Estado”.

 

(1) Esto impide tanto sindicarse como acceder a los derechos sociales.

(2) Otras fuentes señalan 160 muertos ; la enorme inseguridad que existe en Honduras permite al poder imputar a delincuentes comunes la mayoría de los crímenes políticos, nunca esclarecidos.

(3) Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Nicaragua.





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