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DESTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA

RTVE y la nueva censura audiovisual

Par Enrique Bustamante  |  22 août 2012     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El Real Decreto del 20 de abril pasado cambia sustancialmente el sistema de elección del Presidente de Radio Televisión Española (RTVE) al exigir una mayoría simple del Congreso en lugar de la mayoría reforzada de dos tercios. De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración pueden ser ahora nombrados con los votos del PP únicamente, se recorta su número para expulsar más fácilmente a los representantes sindicales y se desprofesionaliza su gestión al dejar de exigirles dedicación exclusiva. Toda una regresión que anula el principal logro democrático de la reforma de 2006.

En su último año como oposición, el Partido Popular había evidenciado dos obsesiones sistemáticas. La primera : recortar los recursos materiales de RTVE, y para ello Soraya Sáenz de Santamaría presentó dos proposiciones en el Congreso de los Diputados : recortar el presupuesto de RTVE en 200 millones de euros y quitarle un múltiplex (cuatro programas). La segunda, expresada en numerosos mítines pero nunca en los espacios institucionales previstos, consistía en acusar a los informativos del servicio público de falta de neutralidad ; una campaña que culminó en el vergonzoso intento de controlar, desde el Consejo de Administración, la confección misma de los telediarios. Pero ninguna de esas ­aspiraciones figuraba en su programa electoral de finales de 2011, en donde prometía “una democracia ejemplar”.

Ambas líneas resultaban llamativas desde la oposición, en el contexto de la reforma emprendida por el Gobierno de Zapatero desde 2006, cuyo logro fundamental fue la elección por consenso (dos tercios del Parlamento) del Presidente y del Consejo de Administración de la Corporación, y la independencia consiguiente de los informativos, blindada por un Estatuto de la Información y un Consejo de Informativos. Pero la reforma socialista había mostrado también serias debilidades que minaron la capacidad de RTVE : frente a la propuesta del Informe del Consejo para la Reforma de 2005 de elegir al Director General mediante un concurso público y abierto, prefirió la proposición de los grupos parlamentarios ; frente a su recomendación de un Consejo de Administración de 8 miembros, propuestos por el Congreso y el Senado (y apoyados por la mitad de los grupos parlamentarios en cada caso), el Consejo Audiovisual y los sindicatos más representativos, prefirió que se eligieran 10 de los 12 miembros por cuotas de partidos. Además, el ERE de más de 4.000 trabajadores privó al servicio público de buena parte de sus mejores profesionales ; y la eliminación de la publicidad en 2010, una cesión vergonzante al lobby de la televisión privada organizada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, debilitó financieramente a RTVE. Aun con todo, la desgubernamentalización conseguida, inédita en tres décadas de democracia, vino refrendada por los españoles con el liderazgo general de TVE y la primacía permanente de audiencias de sus informativos.

Ninguno de esos logros ha impedido la frenética actividad audiovisual del actual Gobierno del PP, vehiculada por decreto ley, justificada siempre por la urgencia, la austeridad y la eficiencia. En su primer Consejo de Ministros, celebrado en diciembre pasado, anunció un recorte para 2012 del presupuesto de gastos de RTVE en la cifra de 204 millones de euros (un 17% del presupuesto total, más de un 37% de la subvención comprometida). RTVE entraba así en un periodo de incertidumbre respecto a su oferta y su propia supervivencia económica.

La segunda decisión vino mediante el Real Decreto de 20 de abril que cambiaba el sistema de elección del Presidente de la Corporación al exigir, en segunda votación, una mayoría simple del Congreso en lugar de la mayoría reforzada de dos tercios, “que ha demostrado ser ineficaz”.

De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración podían ser nombrados con los votos únicamente del grupo gubernamental, se recortaba su número para mejor expulsar a los representantes sindicales, y se desprofesionalizaba su gestión al dejar de exigirles dedicación exclusiva. Toda una regubernamentalización que anulaba el principal logro democrático de la reforma de 2006 y que se aprobó con el ­apoyo de Convergència i Unió, en correspondencia con el favor prestado por el PP en el Parlamento catalán para una involución similar (Ley 2/2012 de 22 de febrero) no sólo de la dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión sino también de un Consell Audiovisual de Catalunya de bien ganada tradición independiente. Se verificaba así que la epidemia de autoritarismo afecta a todas las derechas hispánicas, porque si la pesadilla del PP era Fran Llorente y, más allá, el Consejo de Informativos en pleno, la del presidente de la Generalitat, Artur Mas, se llamaba Mònica Terribas, ya defenestrada de la dirección de Televisió de Catalunya (TV3, El 33, 3/24,...).

Algunos blogueros captaron la contradictoria coincidencia : por los mismos días en que la BBC británica publicaba en su Web la convocatoria de un concurso público para su próximo director general, tras la dimisión anunciada de Mark Thompson, que será elegido por la autoridad BBC Trust y refrendado por amplia mayoría del Parlamento británico, el Gobierno español promulgaba el real decreto que le permitía designar a dedo al Presidente de la Corporación RTVE. El llamativo contraste no apelaba sin embargo a las diferencias entre la BBC y RTVE sino a la sideral distancia democrática entre la derecha británica y la española.

En efecto, los nombramientos efectuados gracias a estas argucias legales (remedios a la Ley 17/2006 de 5 de junio) superan los peores augurios. El Presidente de RTVE, electo tras cuatro votaciones, es Leopoldo González Echenique, abogado del Estado, amigo de la vicepresidenta y del PP, cuyo currículum más cercano al campo audiovisual, aparte de su última función como secretario del grupo NH Hoteles, es haber sido director general de la Sociedad de la Información durante seis meses en la era Aznar... Para el Consejo de Administración, con mayoría aplastante del PP, han sido elegidas figuras de tan intensa experiencia audiovisual como un exdiputado del PP, asesor de un consejero anterior, o un empresario privado de larga trayectoria en la industria textil e informática (CIU) ; sólo dos candidatos aparecían respaldados por su historial profesional en RTVE, pero aceptaban el dudoso honor de ser nombrados sin consenso en un Consejo sin poder alguno, que se limitará forzadamente a consagrar la destrucción democrática y la ruina económica del servicio público.

Porque el auténtico núcleo duro de la contrarreforma radica justamente en el inmediato nombramiento del nuevo Director de Informativos, Julio Somoano, expersonal de RNE sin excedencia, y directivo y presentador de los informativos de TeleMadrid, caracterizados por su absoluta manipulación a favor de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Autor de una tesina de máster (de calidad académica deleznable) sobre la orquestación mediática a favor del PP, miembro durante años de un grupo clandestino de profesionales y políticos autodenominado “el lado oscuro”, que conspiraba para orientar a los medios de comunicación a favor de ese partido, Somoano ha prometido también defender la independencia de RTVE aunque su historial apunta más bien a la resurrección de los tiempos de Urdaci, cuando los telediarios de TVE llegaron a ser condenados por los tribunales de justicia por manipulación ostentosa. Así lo han entendido los trabajadores de los informativos de RTVE cuando le han considerado como “no idóneo” para el cargo, aunque este rechazo no es vinculante para la dirección.

No se trata de presunciones arriesgadas. Porque TVE ha caído ya, en estos seis meses del Gobierno del PP, del puesto líder (14,7 % de share de audiencias) al tercero detrás de Telecinco y ­Antena 3 (11,5 %). Y en las primeras semanas del nuevo equipo han comenzado a sucederse los ceses fulminantes de directivos de prestigio de los noticiarios, incluidos presentadores de programas de éxito incontestable.

En todo caso, la hiperactividad gubernamental contra el servicio público no se queda en RTVE. Un proyecto de ley en tramitación pretende cambiar la Ley General Audiovisual de 2010 para permitir que los Gobiernos autonómicos puedan privatizar o externalizar a voluntad sus canales autonómicos, incluyendo los servicios informativos. El cambio legal está hecho a medida de Tele­Madrid o Radiotelevisió Valenciana (RTVV), caracterizados desde hace años por su despilfarro económico a favor de periodistas y productoras amigas y su manipulación descarada de la información, castigada por su caída libre de audiencias, que podrán así confiar su gestión a empresas privadas después de ejecutar sendos ERE masivos que tienen en marcha. En época de hundimiento publicitario, la fórmula más probable será la ostentada por la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTVRM) : externalización a grupos privados, mediando jugosas subvenciones públicas, de un servicio público ­cuya gestión e información quedarían fuera del control parlamentario y ciudadano. Si el ejemplo cunde, la radiotelevisión autonómica, potencial factor de promoción económica de la cultura y la creatividad pero también plataforma trascendental de la identidad y la diversidad, quedaría eliminada en buena parte de las regiones, o relegada en el mejor de los casos a una estructura secundaria, comercial y clientelar.

Finalmente, un anteproyecto de ley ya en periodo de consultas, vendría a asestar un golpe definitivo a toda concepción equilibrada del espacio democrático español, al consagrar la supresión definitiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la ley audiovisual de 2010 con importantes competencias en el control del cumplimiento del servicio público y en la regulación del conjunto del audiovisual. Reclamado unánimemente por el Senado en 1995, exigido por el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, repetidamente recomendado por el Parlamento y por el Consejo de Europa, y única carencia de entre los 27 países de la UE, el Consejo no fue creado en la anterior legislatura por la falta de acuerdo en su nombramiento entre PP y PSOE. Ahora, alegando la austeridad y la eficiencia, esa non nata autoridad independiente se subsumiría en la futura “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, aunque tal supresión choque con la doctrina europea y evidencie la concepción gubernamental de la cultura y la información como simple business, fuera de toda implicación para el pluralismo y la diversidad.

Sobre todo, este propósito vuelve a mostrar un definido rostro autoritario, porque buena parte de las principales competencias legales previstas para el CEMA, retornarían según el anteproyecto al Ministerio de Industria y a la propia Presidencia del Gobierno, que se encargarán, por ejemplo, de definir y controlar el catálogo de acontecimientos de interés general (léase competiciones deportivas) y seguramente también de administrar las faltas graves y muy graves a las cadenas televisivas, que pueden acarrear hasta la pérdida de la licencia. Las cadenas privadas podrían así violar toda la normativa española y europea –como ya hacen– sin miedo a ninguna sanción significativa y el Gobierno conseguiría un poder omnímodo para avalar su deformación del servicio público y para castigar a los grupos mediáticos que osen enfrentársele.

A tenor de declaraciones inefables como las de Esperanza Aguirre, negando la necesidad de radiotelevisiones públicas “porque tampoco hay panaderías públicas”, podría caerse en el error de leer esta brutal contrarreforma audiovisual emprendida por el Gobierno de Rajoy, –recuperar todo el poder partidista sobre la radiotelevisión pública mientras la destruye–, como un reflejo neofranquista, o como fruto de una posición neocon ­radical, decidida a entregar todos los ­servicios públicos al sector privado. Pero la urgencia de estos cambios y su paralelismo con la política económica desarrollada sugieren una hipótesis más amenazadora : la presumible conclusión de las derechas españolas (y catalanas) de que sus medidas sólo son compatibles con la degradación del espacio público democrático. La gubernamentalización de los medios de comunicación públicos y la total domesticación de los privados encajaría así con una deriva autoritaria cada vez más visible en el terreno legislativo, penal y policial, sobre la base –peligrosa–, de que la democracia perjudica al mercado. En el seno de la UE, seguiríamos de esta forma la estela reciente y poco gloriosa de Hungría o Rumanía.





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