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EN AMÉRICA LATINA

Tipología de los golpes de Estado

Par Marcos Roitman  |  15 décembre 2012     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Tanto en Honduras en 2009 como en Paraguay en junio pasado, los gobiernos legítimos, democráticamente elegidos, –el de Manuel Zelaya en Tegucigalpa y el de Fernando Lugo en Asunción– fueron derrocados sin recurrir a los sangrientos métodos militares que caracterizaron durante decenios los pronunciamientos en América Latina. La “gorilada” se ha sofisticado. Ahora, las fuerzas conservadoras se apoyan en argucias jurídicas para “destituir” a Presidentes progresistas. Estamos asistiendo a una nueva modalidad de golpes de Estado. Los llamados “constitucionales”.

El erudito francés Gabriel Naudé, en 1693, publicó Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado. Aunque limitado por la época, Naudé homologó los golpes a cualquier conspiración. Era una acción cuyo fin se proponía reemplazar o reforzar el poder del príncipe. Para lograrlo, el ejército era una alternativa. Pero también podían actuar otros órdenes presentes en el Estado moderno.

Será a partir del siglo XIX, con el desarrollo del constitucionalismo, cuando los golpes de Estado se consideren actos que transgreden el orden político legítimo. Desde ese instante los golpes aducen a la Constitución vigente como pretexto para ser ejecutados. El Golpe de Estado llevado a cabo por Luis Napoleón Bonaparte, en 1851, asestando el tiro de gracia a la II República francesa, y proclamándose emperador de Francia, es un buen ejemplo (1) 

Sin embargo, adjudicar el calificativo de Golpe de Estado sólo cuando la violencia directa de los militares acaba con el gobierno constitucional supone un reduccionismo. Tal caricatura, se debe a un imaginario recurrente. Escenas de uniformados ocupando centros neurálgicos, instaurando el toque de queda, suprimiendo libertades, ilegalizando partidos políticos, clausurando parlamentos, asaltando palacios de gobierno y cometiendo asesinatos políticos impunemente. Visión que se completa con un discurso apocalíptico empleado por sus hacedores, donde predomina la excusa del caos general, amenazas contra la unidad nacional, la pérdida de los valores patrios y planes para instaurar regímenes totalitarios, casi siempre vinculados a la conspiración marxista y ­oscuros intereses extranjeros. Por consiguiente, el golpe de Estado tendría una función terapéutica : restablecer la paz social, recuperar la estabilidad política y proteger la Constitución amenazada.

Bajo el manto constitucional, las Fuerzas Armadas cumplirían su deber al salvaguardar el honor de la Patria. No hay golpe de Estado donde las fuerzas armadas no hayan desplegado este argumento. Honduras es un caso ejemplar. Bajo la doctrina de la “seguridad nacional”, en el año 1957, la proclama de las Fuerzas Armadas para derrocar al Gobierno de Julio Lozano Díaz, antiguo ministro del dictador Tiburcio Carias fue precisa : “Las Fuerzas Armadas supieron cumplir el más exigente de sus deberes, esforzarse porque Honduras retomara cuanto antes la normalidad constitucional... Las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un fenómeno pasajero en la vida institucional del país. Ellas, al desarrollar su actividad, se manifiestan como algo inherente a la libertad, al orden, al decoro y la felicidad de la Patria. En tal sentido, suponer que pudiera prescindirse de su vigilancia tutelar, sería tanto como pensar que el Estado podría seguir subsistiendo sin la presencia del pueblo... De ahora y para siempre asumen la función irrevocable, histórica y meritísima de guardián permanente de las instituciones patrias” (2).

Dichas proclamas se repetirán en 1963 para derrocar al gobierno reformista de Ramón Villeda Morales. Su impulsor, el general Oswaldo López Arellano, subrayó : “Bien sabe el pueblo hondureño que al ejército nacional no le han impulsado otros móviles que propiciar la conciliación de la familia hondureña, hacer efectivo el respeto a la propiedad privada y a la vida humana ; organizar una sana administración de los fondos públicos ; atender a las necesidades del pueblo y procurar el pronto retorno de la república a un orden constitucional que garantice verdaderamente a todos los ciudadanos la igualdad democrática”.

Hubo otros, hasta llegar al cometido el 28 de junio de 2009. Éste contará con el mismo decálogo, pero sus protagonistas serán distintos. Las Fuerzas Armadas ocuparán un lugar secundario. Una parte del poder legislativo y judicial, legitimó el coup d’État. El secuestro, por parte de un cuerpo de élite militar, y posterior destitución del presidente Manuel Zelaya se acompañó del nombramiento de Roberto Micheletti, hasta ese momento presidente del Congreso. La corte suprema, avaló la decisión, inhabilitando a Manuel Zelaya. La maniobra era perfecta. No se trataba de una acción aventurera de militares. Sin derramamiento de sangre, con represión selectiva y una junta militar sometida al poder civil que “velaba por el estricto cumplimiento de la Constitución, puesta en peligro por Zelaya, al querer ­convocar un referéndum para su mo­dificación”, emergía la versión de guante blanco.

Todos los golpes de Estado urden una estrategia cuyo pretexto es salvar la Constitución de sus detractores. El 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar chilena que derrocó al presidente Salvador Allende se vale de ella para justificar su derogación : “Teniendo presente la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país, la incapacidad del Gobierno para adoptar medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos (...) Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están unidos, para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la Patria del yugo marxista, y la restauración del orden y de la institucionalidad...”.

Los golpes de Estado no se producen en el vacío, están inmersos en la batalla por el control político. No sólo es importante responder ¿quién y cómo se ejecuta ?, sino qué intereses lo promueven. Preparar el campo de condiciones para que el “pucherazo” sea aceptado como irremediable, conlleva una operación de desgaste, deslegitimación y presenta, al gobierno, como un obstáculo para la democracia representativa. Los medios de comunicación dominantes, en manos de las oligarquías, las burguesías gerenciales y los partidos políticos tradicionales, aliados del capital trasnacional y las compañías multinacionales son la mano que mece la cuna. Los militares, salvo excepciones, no obran por su cuenta, responden a fuerzas políticas que manejan, controlan y establecen los planes de la conspiración. El golpe contra el Presidente Hugo Chávez en ­Venezuela, el 11 de abril de 2002, expresaba esta particularidad, aunque saliera mal y fuese un fiasco. En otros casos, el golpe, si no se consolida inmediatamente, puede transformarse en guerra civil, como ocurrió en España en 1936, sin ir más lejos.

En América Latina, los golpes de Estado presentan una rica variedad. Destruido el “enemigo interno”, el pusch militar se recubre de una política restauradora. En algunos casos se crean partidos políticos ad-hoc y realizan elecciones no competitivas. Hubo circunstancias donde el Parlamento se mantuvo “vivo”. Brasil, Nicaragua, República Dominicana, el Paraguay de Stroessner, Ecuador o Bolivia constituyen casos concretos. En otros, se prefirió la solución contraria. Chile, Argentina o Uruguay acabaron con el poder legislativo y de paso sometieron el poder judicial a su arbitrio. En el medio de estos extremos, hubo híbridos.

 Durante la Guerra Fría (1948-1989), las oligarquías y burguesías modernizantes, sintieron un miedo profundo a la democratización política. Cuando vieron peligrar sus intereses acudieron a las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. El 27 de junio de 1973, en Uruguay, su presidente, Jose María Bordaberry, del partido colorado, solicitó la actuación de los uniformados, proclamando : “La acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actitud formalmente legal”. Bordaberry se mantuvo hasta 1976. Durante su mandato disolvió ambas cámaras e instauró un gobierno cívico-militar. Más adelante, los militares emprendieron en solitario la labor represiva y de gobierno.

Concluida la Guerra Fría, en medio de la algarabía por el retorno a los regímenes poliárquicos, las dictaduras perdieron protagonismo. Se inauguraba, en la década de 1990, un momento dulce. Democracias representativas, militares en los cuarteles y los partidos políticos acatando los resultados electorales. El fraude electoral se volvió marginal, aunque siguió existiendo.

Fue otro tipo de golpe de Estado lo que ocurrió en México en 1988 y 2006. En Haití se practicará otra técnica. Tras años de dictadura, el presidente electo, Jean Bertrand Aristide, la padecerá en 1991, a manos de la cúpula militar encabezada por Raúl Cédras. La “comunidad internacional” será un factor nuevo a la hora de hacer valer su peso contra los golpes de Estado. Aristide, será repuesto, por primera vez en la historia de América Latina, mediante una fuerza multinacional encabezada por los Marines estadounidenses en 1994. El nombre de la operación será conocida, irónicamente como : “Restaurar la democracia”. Los golpes de Estado dejaban de ser una opción recurrente.

El respeto a los procesos electorales fue el punto de partida para un nuevo ciclo político. Nada hacía presagiar nuevos golpes de Estado. Pero la realidad fue obstinada. En abril de 1992, Alberto Fujimori, presidente de Perú, amparado en los artículos 227 y 228 de la Constitución vigente de 1979, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y llamó a un nuevo proceso constituyente que le diera más poderes. Fue una solución estudiada para las circunstancias.

Los golpes de Estado seguirán su andadura en pleno siglo XXI. Venezuela (2002), Haití (2004), Honduras (2009) Bolivia (2010), Ecuador (2011) y Paraguay (2012). En tres de ellos, lograrán su objetivo : Haití, Honduras y Paraguay. Pero en Venezuela, Ecuador y Bolivia, países donde se desarrollaron procesos constituyentes democráticos, no lograron su objetivo y fueron rechazados por el pueblo. Las nuevas formas de participación y el protagonismo de las clases populares los llevó al fracaso.

En Paraguay, el golpe más reciente, se buscará destituir al presidente y llevarlo a un juicio político urdiendo una complicada trama desestabilizadora. Responsabilizando al presidente de la matanza de Canindeyú, acaecida el 15 de junio de 2012. El Congreso Nacional y el Poder Judicial, en manos de la derecha, justificarán la destitución y el posterior juicio político “exprés”. Un apaño destinado a satisfacer la comunidad internacional. Las Fuerzas Armadas no tienen protagonismo directo. “Los que dieron el golpe fueron los políticos conservadores que querían 50 millones de dólares para sus operadores políticos a través de la Justicia Electoral. Los mismos que esperan esconderse del juicio popular en las listas sábanas de los partidos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio con la multinacional Rio Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con un modelo de país para pocos, ­donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarán el impuesto a la soja (...) Detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por los negocios ilícitos y la narcopolítica” (3).

Hoy no es necesario que las Fuerzas Armadas estén en primera línea. Los golpes de Estado pueden derivarse al Poder Legislativo. No por ello dejan de ser golpes de Estado. Ni mejores ni peores ; menos sangrientos tal vez, pero igual de anti-democráticos. El golpe en Paraguay tiene el tufo neoliberal dependiente de las trasnacionales. Su triunfo expresa un sueño de la derecha latinoamericana, que no pudo realizar en el Chile de la Unidad Popular. Sin conseguir el triunfo electoral en marzo de 1973 que le otorgara la mayoría de 3/4 de las Cámaras para lograr la destitución constitucional del presidente Allende, abrazó la opción militar, con las consecuencias por todos conocidos.

Hoy se buscan golpes indoloros, donde nadie les pueda acusar de antidemócratas ni de transgredir la Constitución. Su derrota depende de fortalecer un nuevo marco regional donde instituciones como Unasur (Unión de ­Naciones del Sur), ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América) o la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) tengan un peso suficiente para disuadir a los nuevos golpistas y sus espurios intereses. 

(1) Véase Karl Marx : “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte” ; en Karl Marx y Friedrich Engels : Obras Escogidas. Vol I. Editorial Akal, 1975. Págs 250-351.

(2) Citado por Leticia Salomon : Militarismo y reformismo en Honduras, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 1982. Págs 33 y sig.

(3) Mensaje del Presidente Fernando Lugo a un mes del golpe.





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