El nuevo jefe de Estado, a quien los nicaragüenses llaman familiarmente “Daniel” –Daniel Ortega–, poco tiene que ver con el joven guerrillero que, en compañía de otros ocho dirigentes rebeldes, formó parte del primer gobierno colegiado sandinista, tras el fin de la tiranía de los Somoza.
Durante la agresión militar de Estados Unidos, en el seno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se imponía el autoritarismo vertical. Para la revolución, cualquier disenso hubiera sido suicida. La derrota electoral de 1990 modificó la situación. O hubiera debido modificarla. En el interior del partido nació una demanda de democracia. Entre los “renovadores”, reagrupados en torno al ex vicepresidente Sergio Ramírez y los “radicales” de Ortega, hacía tiempo que se incubaba la crisis. Crisis que explotó en el Congreso Extraordinario de mayo de 1994. Culminó el 9 de ese mes con la expulsión pura y simple de la tendencia de Ramírez. A partir de ese instante, los opositores a Ortega en el seno del Frente y sus ex camaradas, que lo habían abandonado, no dejaron de acusarlo de “ambición personal”, de “caudillismo”, de “autoritarismo” y de “privatización del partido”.
En marzo de 1998, su hija adoptiva Zoilamérica Narváez (nacida de un primer matrimonio de su mujer, Rosario Murillo), lo acusó de haber abusado sexualmente de ella durante diez años –desde que tenía once–. Circunstancia confusa : estas tardías revelaciones –ella ya tenía treinta y un años– se produjeron en vísperas del IIIº Congreso del FSLN, que debía desarrollarse del 15 al 18 de mayo y prendieron las luchas internas que no habían cesado. Muchos consideraron que el escándalo se producía demasiado a propósito como para ser totalmente fortuito. Tanto los defensores o adversarios de Zoilamérica como, a la inversa, los de Ortega, todos los actores del caso ocupaban puestos directivos –muy disputados– en el partido. La propia Zoilamérica fue una de las principales dirigentes de la Juventud Sandinista. ¿Acusación fundada ? ¿Manipulación ? Como todos y cada uno, Ortega se benefició con la presunción de inocencia. Desde el inicio de la cuestión, su esposa, Rosario Murillo, voló en su auxilio denunciando a quienes “lavaron el cerebro de su hija” (1). Pero como en la Asamblea Nacional nunca había sido levantada su inmunidad de jefe del grupo sandinista –intercambio de favores con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán mediante–, Ortega nunca fue juzgado y por lo tanto no lavó la acusación.
Una vez más el pacto de “gobernabilidad” celebrado a finales de los años 1990 entre Ortega y Alemán permitió cosechar el número de votos necesarios para cambiar la ley electoral en la Asamblea Legislativa. Su reforma llevó al 35% el porcentaje necesario para ser elegido Presidente en la primera vuelta (con la condición de superar por el 5 % al segundo). Y permitió que el 5 de noviembre de 2006 Ortega triunfara con el 38% de los votos. En esa época, la revista de la universidad centroamericana Envío había criticado severamente las nuevas reglas de juego que estableciera el pacto : “Instituir el bipartidismo en los órganos electorales y encauzar a la fuerza la voluntad de los votantes hacia el bipartidismo. (Con) una filosofía : las mayorías se imponen, las minorías no se respetan” (2).
En vísperas del comicio de 2006, el 26 de octubre, con el fin de complacer a la Iglesia católica, los diputados sandinistas unieron sus votos a los del PLC para aprobar una ley que prohibía el aborto terapéutico, incluso para las mujeres víctimas de violación o cuyo parto representara un riesgo mortal. En adelante, cualquier médico que asistiera a una de ellas correría el riesgo, en nombre de este oportunismo electoral, de sufrir una condena de cuatro a ocho años de cárcel.
Notas :
(1) Véase Amérique centrale. Les naufragés d’Esquipulas, L’Atalante, Nantes, 2002.
(2) Envío, Managua, enero-febrero 2000.
