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HACIA LOS CINCO MILLONES DE PARADOS EN ESPAÑA

Un arma olvidada : la huelga general

Par Miguel Ángel Herrero  |  4 novembre 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

España tendrá pronto cinco millones de trabajadores desempleados, parte de ellos sin prestaciones ni ingresos. Es una de las consecuencias más graves de crisis actual. A escala planetaria, unos cincuenta millones de trabajadores han venido a engrosar las listas del paro. En ese contexto, resulta cada vez más inaceptable que los grandes bancos, principales beneficiarios de la burbuja económica, hayan sido los receptores prioritarios de las ayudas públicas, e incrementen actualmente sus beneficios y los supersueldos de sus ejecutivos. Los trabajadores temen además que se les recorten derechos sociales básicos conquistados tras largas luchas. Muchos de ellos comienzan a preguntarse : ¿por qué las organizaciones sindicales no responden con una gran huelga general ?

Egipto, 1166 antes de Jesucristo. En el poblado Deir el-Medineh, tras reiterados retrasos en la entrega de su paga, un centenar de trabajadores –albañiles, artesanos, canteros, pintores, escultores– deciden paralizar sus actividades como medio de presión. Para ellos y sus familias, reclaman pan, pescado y hortalizas, al grito de : “¡Tenemos hambre !”. Inician lo que puede considerarse como la primera huelga de la historia (1).
España, agosto de 1917. Obreros industriales y mineros paralizan pueblos y ciudades. En el “Manifiesto” de esta gran huelga general revolucionaria, según se hace saber a la opinión pública, se identifica la huelga como “el arma más poderosa que posee el proletariado español para reivindicar sus derechos” (2).

Entre estos dos hechos históricos transcurren más de tres mil años. Pero en ambos acontecimientos podemos identificar una serie de elementos comunes : sentimiento de pertenencia a un colectivo que se organiza para luchar por la defensa de sus intereses, asunción del riesgo de represión, penuria temporal acrecentada, cese decidido de las actividades, denuncia de un sistema social y político donde la corrupción constituye un pilar básico para su mantenimiento y utilización de una plataforma reivindicativa como estrategia política.

Con la crisis actual, comenzada en septiembre de 2008, millones de trabajadores han perdido su empleo sin apenas indemnización. Muchas grandes empresas, bordeando los límites de una legislación excesivamente tolerante con la injusticia social, han llevado a cabo “regularizaciones” masivas de empleo, recortes de derechos sociales, ajustes salariales, supresión o reducción del tiempo libre y aumento de la productividad. Muchas personas pertenecientes a las clases sociales menos favorecidas, que no han podido hacer frente al pago de hipotecas, han visto cómo sus bancos se quedaban con sus viviendas. Los meses pasan y hay quien incluso suspira por un contrato temporal, en la búsqueda desesperada de una actividad que consiga sacarlo de esa crítica situación.

Entre tanto, el Banco de España sigue insistiendo en abaratar el despido, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) le exige asímismo al Gobierno una legislación que rebaje el coste del despido. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, no cesa de reclamar que se den más facilidades al empresario para que, si tiene que “estrechar plantillas”, pueda hacerlo (3). Los trabajadores no entienden cómo es posible que la patronal reivindique más libertad para despedir cuando durante los dos últimos años le ha sido tan fácil desprenderse de cuatro millones de actuales parados. Frente a esa actitud, muchos trabajadores se preguntan por qué los sindicatos carecen de combatividad y no recurren a un acto fuerte de profunda tradición obrera : la huelga general.

En España, las últimas huelgas generales, convocadas por los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), tuvieron lugar en 1985, 1988, 1992, 1994 y 2002. Las cuatro primeras fueron contra la política económica y laboral de los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González. Especialmente masiva e histórica fue la del 14 de diciembre de 1988, que, con un 95% de seguimiento, obligó al Gobierno a sentarse a negociar y a renunciar al “Plan de Empleo Juvenil”. Ese Plan suponía una importante regresión en el mercado laboral, abaratando el despido (ya entonces) e introduciendo la precarización –los “contratos basura”– para los jóvenes trabajadores. Aquella huelga se convirtió en una movilización general de descontento contra la política económica del Gobierno del PSOE, expresada por su propia base social, ante las continuas reformas en beneficio de la patronal. Y terminó siendo victoriosa.

El 20 de junio de 2002, CC.OO. y UGT convocaron otra huelga general esta vez contra el decreto –conocido como el decretazo– del Gobierno de derechas de José María Aznar que abarataba aún más el despido, eliminaba subsidios agrarios y fomentaba la precariedad laboral. La movilización y la protesta fueron también colosales. Según las cifras oficiales, aquella convocatoria se saldó con 4,52 millones de trabajadores en huelga. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás : la medida fue retirada casi en su totalidad. Desde esta gran victoria de los trabajadores no ha vuelto a haber huelgas generales en España (4).

A pesar del éxito de esas luchas sindicales, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menos trabajadores afiliados a los sindicatos, sólo el 15% del total. Cuando el porcentaje medio está en 25%, y en algunos países como Suecia, Finlandia y Dinamarca, más del 72%. Al mismo tiempo, nuestro país se encuentra entre las economías con un mayor número de empresas inscritas en las patronales, un 72% (5). En la tradición social española, los sindicatos compensan su debilidad en número de afiliados con el recurso a la movilización para mostrar su fuerza de convocatoria (6).

Sin embargo, paradójicamente, cuando el contexto social de la crisis debiera favorecer hoy la combatividad social, ésta ha disminuido. En cualquier caso, se sitúa muy lejos de la registrada entre 1985 y 2002, contra las políticas económicas de los Gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. En esa época, el número de huelgas era superior a 720 cada año. En cambio, en 2008, el número de huelgas cayó un 18% respecto al año anterior. En cuanto al número de participantes en alguna huelga, los datos del Ministerio del Trabajo indican un descenso todavía mayor : del 36%, lo que refleja una fuerte caída de la conflictividad laboral (7). La frecuencia de las huelgas cae cuando la economía va mal y la tasa de paro aumenta (8). Como si a más crisis, correspondiese menor conflictividad laboral. Pues aunque España continúa siendo el país europeo con mayor conflictividad laboral, el número de jornadas de huelga por persona asalariada ha caído más de un 70% en los últimos veinte años. Es paradójico, en este sentido, el hecho de que entre enero y agosto de 2008 únicamente 2.000 trabajadores del sector de la construcción –el más afectado por la crisis– se hayan puesto en huelga, cuando en 2007, en el mismo periodo, la cifra se elevó a 45.300.

Las organizaciones sindicales han perdido, al parecer, una gran capacidad de lucha como consecuencia de la vía reformista y de diálogo adoptada desde hace varios años. El resultado de esta alianza objetiva con las patronales ha sido la progresiva pérdida del concepto de clase social que ha difuminado casi por completo una identidad social claramente reconocida hasta hace poco. En su lugar, la reiterada expresión clase media ha logrado calar en multitud de ciudadanos que, siguen encontrándose en circunstancias materiales muy similares a las de la tradicional clase obrera por sus condiciones materiales de trabajo, pero han ido adaptando sus cánones de vida y de consumo a los contemplados en las clases más pudientes de la sociedad. Por lo tanto se han identificado con ese concepto de clase media, rechazando la igualdad asalariado = clase obrera.

Eso es también el resultado de la alienación ideológica y del lavado de cerebro permanente que ocasiona la publicidad y el bombardeo mediático. Esa constante “represión invisible” ha ido domesticando poco a poco las mentes. El control policial ha sido sustituido por un ojo infinito que todo lo ve y todo lo vigila : un espacio ciudadano donde todo se visualiza, se registra y se controla. De tal modo que la mera posibilidad de una pequeña insurgencia social queda asfixiada por el registro preventivo e incesante de movimientos o conversaciones.

En las revueltas sociales vividas otrora por los obreros tradicionales la asunción del riesgo a la represión era inversamente proporcional a lo que podía perderse. Cuando una parte de la sociedad está confinada a unas condiciones sociales y laborales de penuria, el temor a una (imposible) peor situación pasa a un segundo término. Las pautas de consumo actuales impiden valorar esa realidad : se facilita la propiedad de bienes tales como la vivienda barata o el automóvil a cambio de generar una deuda permanente, y un nuevo tipo de esclavitud y de dependencia impulsadas desde el consumo y el crédito. El acceso de las clases desfavorecidas a algunos bienes y servicios se permite en función del interés de rendimiento de las grandes corporaciones prestatarias y crediticias.

A ello se suma, respecto a la huelga, las disposiciones legales existentes referidas a la obligación de garantizar los servicios mínimos (9) que afectan a los objetivos de cualquier cese colectivo de actividades. Numerosos tribunales en España han concedido la razón jurídica a los trabajadores que reclamaban la consideración de servicios esenciales abusivos al perjudicarles respecto a la presión social pretendida. Pero una buena parte de dichas sentencias judiciales han llegado meses, o incluso años, después de desarrollarse la huelga en cuestión...

Por último, el éxito de la resistencia de aquellos obreros tradicionales de antaño iba acompañado de estructuras colectivas (plataformas de obreros o sindicatos) que denunciaban el sistema social y económico dominante evidenciando la explotación y la corrupción como nervios centrales del sistema. Hoy, el papel asumido en buena parte por las cúpulas sindicales ha dejado de ser el de denuncia del sistema. Es decir, se critica el capitalismo pero no se hace de su cuestionamiento o de su derrocamiento el eje central de la conflictividad sindical. No es casualidad si las cúpulas sindicales han renunciado al uso del término simbólico “sindicato de clase”.

Todo esto explica por qué se ha atropellado de tal manera a la clase trabajadora en apenas dos décadas, cuando resistió y atemorizó a las clases dominantes durante más de tres mil años. El historiador Manuel Tuñón de Lara dice que para comprender una huelga no hace falta conocer sólo los niveles de vida de los obreros, sino también los niveles de beneficios empresariales y el estado total de la coyuntura (10). De ahí que resulte hoy día tan difícil, a pesar de las favorables circunstancias, organizar una huelga general eficaz. Aunque, hartos de contemplar cómo pierden siempre los mismos mientras otros siguen enriqueciéndose como nunca, los trabajadores españoles no han dicho todavía su última palabra. 

© lmd edición en español

 

Notas :

(1) Léase Nelson Pierrotti, “La primera huelga de la historia” en : www.egiptomania.com/historia/huelga.htm

(2) David Ruiz González : La crisis de 1917, en Manuel Tuñón de Lara, Historia de España, tomo 8 : Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Labor, Barcelona, 1987.

(3) Expansión, 25 de septiembre de 2008.

(4) Con excepción del “paro general” de dos horas convocado el 10 de abril de 2003 por UGT y algunas federaciones de CC.OO. contra la guerra de Irak.

(5) Europa Press, 3 de febrero de 2009.

(6) Pere Jodar, “Conflictividad y huelgas generales en España (1993-2004)”. Universitat Pompeu Fabra, www.upf.edu/iuslabor/012006/TrabajoMundo.PereJodar.htm

(7) elBoletin.es, 3 de agosto de 2009. www.elboletin.es/economia/2009/08/03/2008-produjo-conflictividad-laboral-baja-transicion/56809.html

(8) David Luque. “Un análisis regional de la actividad huelguística en España”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) , nº124, 2008.

(9) La legislación laboral española indica que, en caso de huelga, “si el proceso productivo afecta a servicios públicos, las partes en litigio deben acordar unos servicios mínimos que garanticen que el proceso productivo pueda volver a la normalidad cuando concluya el periodo de huelga”.

(10) Manuel Tuñón de Lara, Metodología de la historia social en España, Siglo XXI, Madrid, 1984.





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