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Un descanso para tomar impulso

Par Pascual Serrano  |  22 septembre 2012     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Tras 67 días de huelga, los mineros españoles del carbón volvieron a las minas el pasado 3 de agosto y finalizaron los encierros que varios de ellos mantenían dentro de los pozos. Durante las movilizaciones, algunos mineros han llegado a permanecer 52 días en los pozos, a tres kilómetros de la bocamina. Los sindicatos mayoritarios en el sector, UGT y CCOO, aseguran que su decisión de “regresar a los tajos” no supone, ni de largo, “el fin del conflicto”.

Los sindicatos CCOO y UGT se sienten engañados por el Gobierno : “Nosotros no damos pasos atrás más que para coger impulso. Vamos a recargar las pilas y nos vamos a poner una vez más en una movilización sostenida”, afirmó, por ejemplo, el secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana (1). El desencadenante del conflicto fue la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de establecer una reducción del 64% de las ayudas al Plan del Carbón en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (2). El Plan, hasta ahora vigente, fue el aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero tras las revueltas mineras de 2005, que establecía el desmantelamiento progresivo, hasta 2018, de todo el sector estratégico de la minería del carbón. Ahora, con el objetivo de “calmar a los mercados”, el Gobierno adelanta seis años la fecha que la Unión Europea y el Gobierno español habían fijado como tope para la recepción de ayudas públicas para el carbón.

Así, los 703 millones que debían recibir se quedan en únicamente 253. Este recorte no afecta tanto la producción como a las condiciones de trabajo, prevención de riesgos, la seguridad en el lugar de trabajo y se eliminan la mayoría de las becas para los jóvenes de las cuencas mineras. Por segmentos, la reducción es del 63,2% para ayuda a las explotaciones (de 301 a 111 millones) ; del 39,2% para infraestructuras (de 167 a 102) ; del 76,6% para proyectos empresariales (de 167 a 39) ; del 99,6% para formación y becas (de 56 a 2) y del 100% en seguridad minera (de 12 a 0) (3). Actualmente, hay unos 4.000 obreros (sin contar subcontratados) trabajando en la minería, pero se calcula que alrededor de esta actividad se generan unos 30.000 puestos de trabajo indirectos de los cuales dependen unas 200.000 personas. Generaciones de vecinos han trabajado en la mina, y ahora comarcas enteras se enfrentan al colapso económico.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, se excusó en la reducción presupuestaria que ha recibido su departamento (un 32% menos que el año pasado) para justificar los recortes del Gobierno del PP ; recortes que, según los sindicatos, abocarán al cierre de toda la actividad (4). El ministro ha asegurado que la decisión se debe a la aplicación del plan de cierre de la minería del carbón 2013-2018 que el anterior Ejecutivo acordó con la UE (5).

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, también escudándose en imperativos de la Unión Europea, argumentó que el Gobierno sólo está “cumpliendo la ley” con respecto al sector minero y responsabilizó al anterior Ejecutivo socialista de los cierres de empresas, ya que fue él quien pactó con la Unión Europea el plan ordenado del cierre del sector. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, recordó que lo que establece el reglamento del Consejo Europeo es que antes de 2018 los Estados deberán haber conseguido un cierre “gradual y progresivo” de todas las instalaciones de minería del carbón que no sean viables sin subsidios, “pero otra cosa es lo que pasa aquí por decisión del Gobierno, no condicionada por ninguna regulación comunitaria, que ha decidido bajar un 60% los subsidios de un año para otro. Es una decisión española”, afirmó (6).

Estos dos meses de movilizaciones comenzaron con una huelga general en los municipios mineros de Asturias, Castilla y León y Aragón los días 23, 24, 30 y 31 de mayo. Le siguió la convocatoria de huelga indefinida en el sector con ­cierres y encierros en las minas, espectaculares cortes de carreteras con enfrentamientos contra los antidisturbios, movilizaciones de las familias de los mineros y una marcha desde las cuencas mineras hasta Madrid para manifestarse ante el Ministerio de Industria. A la capital llegaron, el 11 de julio, dos columnas de 500 mineros y familiares tras diecinueve días andando bajo el calor del verano. Su recorrido por la ciudad y su acto final mostró la simpatía que despierta la causa minera entre la población y el grado de indignación social que están levantando las medidas económicas del Gobierno. La expectativa sindical de 25.000 personas apoyando a los mineros fue ampliamente superada.

La solidaridad no ha sido sólo en España. Representaciones de mineros polacos, ingleses, chilenos y alemanes visitaron Asturias para mostrar su apoyo. Una delegación de mineros ingleses y alemanes visitó el Pozo María Luisa, y otra de chilenos mostró su apoyo a los trabajadores encerrados en el Pozo Candín. Otro grupo de mineros polacos ­estuvo varios días en Asturias. Los ex mineros ingleses crearon la ‘caja de resistencia’ del Spanish Miners Solidarity Committee (Inglaterra) y enviaron diez mil libras. “Los solidarios del Reino Unido con los mineros del carbón españoles saben muy bien las consecuencias del desmantelamiento de la industria del carbón”, afirmaban en una carta enviada a los sindicatos.

Los intentos de reconversión de la minería española se remontan a 1991, año en que ya se iniciaron encierros en las minas para presionar al Gobierno de Felipe González. El desmantelamiento ha ido avanzando progresivamente y las supuestas inversiones para la reindustrialización nunca lograron ser una alternativa laboral para las regiones. Si en los años 1970 sólo en Hunosa trabajaban 27.000 mineros, hoy la extracción de hulla y antracita ya unicamente emplea, en toda Asturias, a 4.000 personas (7). Alcaldes y sindicatos coinciden en que los municipios mineros no podrían soportar la hecatombe del cierre anticipado y ­desordenado de explotaciones al que, aseguran, les condena la decisión del Gobierno de recortar las partidas ligadas a la producción minera.

El conflicto minero no puede abordarse sin el debate en torno a la contaminación que produce el uso del carbón. Pero las políticas gubernamentales de cierre de las minas no se hacen con ese objetivo, de hecho el carbón nacional se sustituye por importado, más barato. Las centrales térmicas españolas están quemando en la actualidad un 80% de carbón importado y un 20% local. Eduardo Menéndez, miembro de Ecologistas en Acción de Asturias, sugiere que “si priorizamos nuestros carbones con respecto a los de importación, la producción de las cuencas no tiene que sufrir un recorte drástico, a la vez que se han de debatir alternativas viables a las zonas mineras” (8). Las subvenciones también han sido criticadas y se han denunciado muchas irregularidades en su destino. En otros casos, el dinero simplemente no se ha utilizado. Pero es evidente que la alternativa no es eliminarlas.

Tras más de dos meses de conflicto, la calma parece haber llegado pero no es así. Decenas de miles de personas saben que se juegan su futuro con la minería y que ese futuro no existe con las medidas aprobadas por el Gobierno. En el ‘guión de las asambleas’ planteado el día anterior a la vuelta al trabajo, las organizaciones sindicales se marcaron como objetivo “el mantenimiento de la actividad minera, de sus empleos y del cambio económico e industrial de las comarcas mineras”. Según los sindicatos : “Hemos realizado un periodo de movilizaciones de todo tipo encaminadas a la consecución de estos fines (huelga indefinida en el sector, huelga general en las comarcas mineras, manifestaciones, concentraciones, encierros, marchas) y planificaremos en breve, sin duda alguna, la continuidad de cuantas acciones sean necesarias hasta conseguir los objetivos que nos hemos propuesto desde la unidad de acción sindical”.

Por su parte, el Gobierno aspira a repetir el aplastamiento del sindicalismo minero como hace 30 años hiciera Margaret Thatcher en el Reino Unido, dejando sólo “desempleo masivo, pobreza, exclusión social y decadencia”, según han recordado ahora los ex mineros ingleses (9). Rajoy teme que si cede a las presiones de los mineros, la izquierda sindical tome bríos y las movilizaciones y luchas se extiendan a otros sectores. Es evidente que estamos ante un pulso político en el que ambas partes se juegan mucho. El resto de la sociedad española está percibiendo que no se puede mantener al margen en un conflicto entre mineros que luchan por la viabilidad de sus comarcas y un Gobierno que continúa recortando financiación, ayudas y servicios públicos. 

(1) 20 minutos, Madrid, 2 de agosto, 2012

(2) Ver http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdon...

(3) Efe, 21 de mayo de 2012

(4) Público, 11 de julio de 2012. www.publico.es

(5) Europa Press, 26 de julio de 2012

(6) Diario Progresista, 26 de junio de 2012. www.diarioprogresista.es

(7) El Comercio, Gijón, 17 de junio de 2012

(8) Diagonal, Madrid, 25 de junio de 2012.

(9) Público, 12 de junio de 2012. www.publico.es





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