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Otra Europa es posible

Un simulacro de democracia participativa

Par Bernard Cassen  |  12 de octubre de 2014     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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Dotada de considerables presupuestos de comunicación, la Comisión Europea parte del principio de que si se organizara un debate público a nivel europeo sobre determinado tema, no podría tener otra conclusión que la validación de sus propias posiciones. Si corre el menor riesgo, no hay debate. Un ejemplo significativo de ello ha sido la gestión de las críticas de los adversarios del proyecto de tratado con miras a instituir un Gran Mercado Transatlántico (GMT o ATCI o TTIP) (1) entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

El GMT se perfila como el más comprometido con los asuntos que deberá considerar la Comisión en los próximos meses. Dada la amplitud de oposiciones que suscita, nos recuerda al Tratado Constitucional Europeo, rechazado por los electores franceses y neerlandeses en 2005. Para evitar ese resultado humillante –para él y los Gobiernos de los Veintiocho de los que recibió un mandato de negociación con Washington–, el “colegio bruselense” decidió emprender una acción de relaciones públicas de largo alcance, sin imaginar ni por un segundo que esta podría tener un efecto bumerán. Lo hizo en el marco de las disposiciones del Tratado de Lisboa que autorizan a la Comisión a proceder –sobre un tema de su elección– a “amplias consultas de las partes implicadas”.

De modo que el comisario europeo de Comercio, el belga Karel De Gucht (quien será sustituido el próximo mes de noviembre por la sueca Cecilia Malmström) lanzó, el 21 de enero pasado, una consulta pública sobre la cláusula más controvertida del proyecto de Tratado sobre el GMT:  la creación de tribunales de arbitraje para dirimir los desacuerdos entre Estados e inversores, es decir, una justicia a medida para las multinacionales. Cerca de 150 000 respuestas se recibieron hasta la fecha de clausura (el 13 de julio) de las cuales más de un 99 % provenían de ciudadanos a título individual, y aproximadamente un millar, de organizaciones (ONG, sindicatos, empresas, bufetes de abogados, etc.).

A primera vista, el Comisario tendría sus buenas razones para felicitarse por el éxito de su iniciativa. Lo cierto es que está  muy incómodo pues presiente que la inmensa mayoría de las respuestas son hostiles al dispositivo de arbitraje previsto. Ahora hay que encontrar una artimaña para neutralizar ese resultado previsible. Un posibilidad sería, en caso de respuestas idénticas, por ejemplo elaboradas por una ONG y retomadas tal cual por un ciudadano, no contabilizarlas sino como una sola y única respuesta. De esta forma, 149.000 respuestas podrían reducirse a algunas decenas o centenas...

Para precaverse contra una repetición de este infortunio en caso de lanzamiento de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), dispositivo igualmente previsto por el Tratado de Lisboa2 y presentado como el summum de la democracia participativa, la Comisión hizo saber de antemano para el cuestionamiento del TAFTA (o TTIP) no era elegible tal procedimiento. Nunca se es demasiado prudente: la pregunta no será planteada a los ciudadanos europeos. Todo ello, retomando los términos del Tratado, con el fin de “asegurar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión”… 

NOTAS:

(1) El tratado tiene dos nombres oficiales en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), este nombre es el más conocido en español, que se traduce como Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), y Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA), pero en mi opinión GMT es más explícito.

(2) Se trata de una especie de petición: un millón de ciudadanos de la UE puede invitar a la Comisión a presentar una propuesta de acto legislativo, después ella decide si la somete o no a las demás autoridades para una eventual aprobación.





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