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La hiperinflación alimenta la corrupción

Venezuela, minada por la especulación

Par Ladan Cher  |  29 mars 2015     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Caracas anunció haber burlado una tentativa de golpe de Estado a mediados de febrero. A pesar de los acontecimientos de este tipo, es del interior del proceso bolivariano de donde emerge la principal amenaza para su futuro : la corrupción. Esta se opone a la ética revolucionaria que el antiguo presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, reivindicaba.

A pesar de la escasez, los estantes de las tiendas de Caracas están repletos : los comerciantes compensan la falta de variedad de los productos que ofrecen amontonando los mismos productos en metros y metros lineales. Pero las torres de pasta dental de ninguna manera satisfacen a Cecilia Torres, que hace cola desde hace varias horas con la esperanza de conseguir leche o detergente. La mujer ironiza : “Habría que encontrar la piedra filosofal que transformara el dentífrico en leche”.

Para el gobierno, los culpables de esta situación se encuentran entre los comerciantes y los grandes importadores, involucrados en una estrategia similar a la del sector privado chileno contra Salvador Allende a principios de la década de 1970 : generar indignación privando a la población de los productos básicos. Por ello, en febrero de 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó la ocupación policial de los treinta y seis establecimientos de la cadena de supermercados Día a Día, así como el arresto de sus directivos, sospechosos de participar en una “guerra alimentaria contra el pueblo” (1).

Seguramente las penurias derivan sobre todo de la peor crisis económica que haya conocido Venezuela en el transcurso de los últimos quince años. Esta preocupa incluso al ex ministro de Planificación del presidente Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013), el economista marxista Jorge Giordani : “Ya casi somos el hazmerreír de América Latina. Cuando la situación está mal, cuando el termómetro marca una temperatura de cuarenta grados, hay quienes achacan la culpa al termómetro. (...) Hay que reconocer que atravesamos una crisis” (2). Admitir una crisis no basta para hacerla desaparecer (3). En cambio, combatir el mercado negro en torno al comercio de divisas sí podría ayudar.

“El bolívar tiene tan poco valor que se podrían verter carretillas llenas en una plaza y nadie se agacharía a recogerlos. Ni siquiera para jugar al Monopoly”, se lamenta Andrés Redner, un comerciante de Maracay. Aquí, existen dos formas de valorizar la moneda nacional venezolana : al tipo de cambio oficial o al paralelo (unas treinta veces más, en febrero de 2015).

Semejante diferencia estimula la inventiva de las empresas y de los particulares deseosos de acumular ganancias fáciles. Obtener dólares a la cotización oficial y revenderlos en el mercado negro permite espectaculares lucros. A veces el alza de los precios hace necesarias estas operaciones. La inflación anual, del 63%, es una de las más altas del mundo y agrava la escasez. En febrero, por ejemplo, las pocas cajas de preservativos disponibles en Caracas se vendían por alrededor de 4.700 bolívares, mientras que el salario mínimo está establecido en torno a 4.900 bolívares al mes.

Las motivaciones para especular en el mercado negro del dólar son, por tanto, numerosas. Todavía hace falta poder encontrar algún billete verde. Franz von Bergen, periodista del diario de oposición El Nacional, expone los diversos métodos para obtener la preciosa divisa : “Por un lado, están las mil y una formas a través de las cuales las personas surgidas de las clases populares o medias retiran las divisas a las que tienen derecho para viajar y las revenden, discretamente. Pero también hay trucos mucho más estructurados, que implican a empresas importadoras o altos funcionarios con acceso a las agencias de cambio oficial. Ellos mueven sumas inmensas”.

Los especuladores ponen todo su empeño en esquivar el laberinto de controles que ha establecido el Gobierno. Oficialmente, la única forma de obtener dólares consiste en pasar por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). La agencia vende bolívares aplicando diversos tipos según el uso al que se los destine : por ejemplo, las empresas que producen alimentos o medicamentos tienen acceso a la cotización de 6,3 bolívares por dólar, el tipo de cambio oficial más bajo.

Pero la política monetaria del Gobierno cambia constantemente. La última reforma, de febrero de 2015, apunta a devaluar la moneda. El tipo de cambio de 6,3 bolívares se ha mantenido para ciertos productos importados, pero se ha registrado a 12 bolívares para los viajeros. Esta reforma instaura sobre todo un nuevo sistema de cambio libre, llamado “SIMADI” (Sistema Marginal de Divisas), que se abrió a 170 bolívares y con el que el Gobierno espera terminar con el mercado negro. Por el momento, este no ha desaparecido y el dólar se cambia clandestinamente en torno a 190 bolívares. No se trata sino de uno de los múltiples cambios decididos en estos últimos años para combatir la inflación. Su complejidad no inspira mucho optimismo. Henkel García, economista de la consultora Econométrica, estima que “estas medidas no tienen ninguna racionalidad económica y harán al sistema aún más ineficaz. Mientras haya sobrevaluación, habrá especulación”. “No entiendo cómo funciona”, nos reconoce el comerciante de Maracay, Andrés Redner.

Por otra parte, el CENCOEX concede cierta cantidad de dólares a cualquier ciudadano que desee viajar al extranjero. El importe varía en función del destino : un viaje a Cuba da derecho a 3.000 dólares (comprados al tipo de cambio de 12 bolívares), una estancia en Miami a 700. Por lo tanto, es completamente posible volver a traer la mayor parte a Venezuela para revenderla en el mercado negro. Esta forma de turismo de divisas se está volviendo corriente. “Cuando fui a México, el año pasado, me autorizaron a retirar 300 dólares –nos cuenta un estudiante–. Al cambio de hoy, en el mercado negro, eso corresponde a cerca de 55.000 bolívares, casi el salario de un año. ¡No hay que sorprenderse de que la gente se abalance !”.

Las compras por internet daban lugar a operaciones similares antes de que la Comisión de Administración de Divisas (la agencia de cambio) interviniera para reducir los importes autorizados : de 3.000 dólares en 2006, hoy se limitan a 300 dólares. Entonces, los sitios web se especializaban en la reventa de “derechos” de particulares. Y pequeñas organizaciones criminales se encargaban de juntarlos para realizar importantes transacciones. Una gran ventaja : no era necesario viajar. “Realmente era dinero fácil –nos explica un banquero de Caracas–. Todo lo que uno necesitaba era que un amigo, establecido en Panamá, por ejemplo, creara un sitio de venta por internet. Entonces, bastaba con realizar falsas compras en esa página. El amigo le devolvía los dólares, después de haberse quedado con una comisión : a uno sólo le faltaba revenderlos de forma discreta. En realidad, el Gobierno gastaba millones de dólares en subvencionar un comercio virtual que alimentaba el mercado negro”.

Fraudes masivos desde

empresas y altos funcionarios

 

El Gobierno respondió a estas derivas restringiendo el acceso a las divisas. En 2014, por ejemplo, Caracas prohibió los envíos de dólares a allegados en Colombia : el mecanismo era utilizado para reintroducir los billetes verdes en el mercado negro venezolano (4). Sin embargo, cada nuevo obstáculo genera nuevos ardides para alimentar el circuito paralelo, siempre tan lucrativo.

Los trucos de los particulares, incluso sumados, no llegan más que a sumas módicas si se los compara con los fraudes masivos a los que se dedican las compañías y los altos funcionarios que disponen de un acceso privilegiado a la moneda estadounidense. Un escándalo que se reveló en 2013 levantó una parte del velo sobre la magnitud del problema. En ese momento, diversas filtraciones mostraron que la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela (CADIVI, antecedente de la CENCOEX) era culpable de corrupción al conceder dólares a compañías cómplices. Según las estimaciones oficiales, cerca de un tercio de las sumas distribuidas por esta agencia beneficiaban a compañías inexistentes (5). La presidenta del Banco Central de entonces, Edmée Betancourt, estimó que el coste de ese fraude podía alcanzar los 20.000 millones de dólares al año, cerca del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) (6).

Las investigaciones revelaron dos métodos principales para extraer los fondos de la CADIVI. En el primer caso, las compañías sobrefacturaban sus costes operativos del modo que les permitiera obtener más dólares del Estado. En el segundo, surgían compañías que no tenían la más mínima existencia real –“empresas de maletín”– con el único objetivo de obtener divisas.

Según la economista Jessica Grissanti, “las empresas que realmente necesitan dólares son las que más sufren esta situación”. Como nos detalla un importador de productos de caucho instalado en la periferia de Caracas, “es muy difícil trabajar. Sobre todo cuando uno sigue las reglas. Todo el mundo piensa que los importadores estamos involucrados. Sin embargo, cuando obtenemos dólares, no son suficientes para pagar nuestras compras en el exterior”.

Quedan los casos de corrupción en el seno del aparato del Estado. Un alto funcionario –que prefiere no ser identificado– nos explica una de estas modalidades. Imaginemos a una persona encargada de administrar un fondo gubernamental alimentado por una parte de las divisas que afluyen hacia el país a través de la venta de petróleo. Imaginemos que esa persona esté encargada de registrar la entrada de 100 dólares. Le basta con inscribir el importe tomando como base una conversión al tipo de cambio oficial –o sea, 650 bolívares– para embolsarse la diferencia con el importe correspondiente al tipo de cambio paralelo : cerca de 17.400 bolívares…

En febrero, el presidente Maduro anunció la flexibilización del control de cambios para intentar reducir el margen de maniobra de los defraudadores. Pero la lucha contra la corrupción sigue siendo ineficaz. Los escándalos y las acciones mediáticas ilustran la naturaleza esporádica de este combate en el que las declaraciones resultan ser más severas que los castigos. Durante una serie de discursos emitidos por televisión, el presidente denunció lo que llamó el “cadivismo”. Cambió el nombre de la agencia (que entonces pasó a ser CENCOEX) y anunció registros en las empresas. Sin embargo, la corrupción se basa en las complicidades dentro del aparato del Estado, hasta el extremo de que Maduro se encuentra en una posición delicada : ¿cómo luchar contra esa plaga sin acusar a individuos que respaldan su poder, sobre todo porque no dispone del apoyo popular con el que contaba su antecesor ?

En 1983, Caracas ya había creado una agencia encargada de administrar tipos de cambio diferenciales (RECADI, Régimen de Cambios Diferenciales), que supuestamente favorecía la importación de productos clave para el desarrollo industrial y la satisfacción de las necesidades prioritarias de la población. “Rápidamente RECADI se enredó en transacciones fraudulentas –asegura el investigador Steve Ellner– y probablemente, en el transcurso de sus seis años de existencia, se convirtió en la fuente más importante de corrupción de la historia del país. Tales prácticas bloquearon cualquier posibilidad para la agencia de alcanzar los objetivos sociales y económicos que le había fijado el Estado” (7). La experiencia, desastrosa, suministró a los neoliberales los argumentos soñados para promover una desregulación de los tipos de cambio (así como del resto de la economía).

Henkel García concede que la corrupción no surgió, ni mucho menos, con la elección de Hugo Chávez. “Seguimos sin tener un modelo que permita pensar en el desarrollo del país, un modelo que nos libere de nuestra dependencia del petróleo. Ese es el desastre”.  

NOTAS :

(1) “Maduro ordena la ocupación de los 36 ‘Practimercados Día a Día’”, El Universal, Caracas, 2 de febrero de 2015.

(2) “Giordani : Ya casi somos el hazmerreír de América Latina”, El Universal, 2 de febrero de 2015.

(3) Véase Gregory Wilpert, “Venezuela y el exceso de petróleo”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2013.

(4) Esas transferencias, nuevamente autorizadas, no pueden superar los 200 dólares al mes, frente a los 900 dólares de antes.

(5) Andrew Cawthorne y Patricia Velez, “Venezuela says 40 percent of dollar buyers are shell companies”, Reuters, 12 de diciembre de 2013.

(6) “Presidenta del BCV : Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, www.aporrea.org

(7) Steve Ellner, Rethinking Venezuelan politics, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2008.





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