Evidentemente, hay algo que no funciona. Interminables colas de espera a la entrada de los comercios para surtirse de productos básicos como leche, harina, aceite o papel higiénico ; auge de una economía paralela en la que vendedores callejeros proponen los mismos productos a precios prohibitivos. Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo los venezolanos están sufriendo desabastecimientos puntuales, el agravamiento del problema desde comienzos de año ha cogido a todos por sorpresa. Este mal agobia a la población sobre todo porque se viene a sumar a los problemas de infraestructura que provocan cortes de agua y de electricidad. Los que tienen la posibilidad, llenan sus bañeras para hacerse con reservas, y todo el mundo reza para no perder el contenido del congelador...

Durante estas últimas semanas, el gobierno ha anunciado prácticamente día tras día nuevas medidas que prometen remediar la inflación y el desabastecimiento. La causa de estas dificultades y las respuestas que estas demandan son objeto de apasionadas controversias. Mientras que el régimen bolivariano denuncia un sabotaje económico perpetrado conjuntamente por la oposición, los sectores empresariales y el gobierno de Estados Unidos, la derecha incrimina la negligencia del presidente Nicolás Maduro y de su equipo. Sin embargo, la polémica no hace más que rozar el corazón mismo del problema, que consiste en saber cómo Venezuela, uno de los más importantes productores de petróleo del planeta, debería administrar el maná que extrae de sus recursos naturales.

Antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, los enormes ingresos procedentes del oro negro prácticamente solo generaban inmensos beneficios a las compañías petroleras. Chávez, inmediatamente después de ser elegido, invirtió dicha política, por un lado militando con denodado vigor en el seno de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por un alza del precio del barril, y por el otro presionando a los explotadores privados para que pagaran a la colectividad lo que les correspondía. Mientras que antes la industria venezolana de los hidrocarburos únicamente reinvertía el 30% de sus ganancias en el tesoro público, su tasa de impuestos trepó al 70% a lo largo de los años posteriores.

Cuando las arcas del Estado empezaron a llenarse de petrodólares, y después que la oposición fracasara en 2003 en su intento de bloquear la explotación petrolera con vistas a destituir a Chávez, la cuestión de saber para qué debía servir todo ese dinero y qué política monetaria sería la más adecuada se convirtió en un desafío crucial para el futuro de la Revolución bolivariana. ¿Había que ahorrar los fondos recaudados a modo de previsión para épocas de vacas flacas, como había hecho Noruega ; invertirlos en grandes y opulentas infraestructuras, a la manera de Catar ; o más bien destinar esos fondos a programas sociales y a la lucha contra la pobreza ? La joven República bolivariana optó por la tercera solución, combinándola con una política de control de los tipos de cambio para frenar la fuga de capitales, devenida un desafío importante para el gobierno después del fallido intento de golpe de Estado de la oposición en 2002.

Acoplada al crecimiento demográfico, esta política les permitió a los venezolanos consumir un 50% de calorías más que en 1998, reduciendo al mismo tiempo las desigualdades con mayor rapidez que en otros países de la región. Pero la redistribución de la renta petrolera entre los pobres evidentemente presentaba un riesgo inflacionario, dado que, al estimular el consumo interno más rápido de lo que crece la producción, se provoca mecánicamente un alza de los precios.

No obstante, ya hacía veinte años que Venezuela sufría de la fiebre de los precios, desde aquel “viernes negro” del 18 de febrero de 1983, cuando el país devaluó bruscamente su moneda. Durante la década de las dos presidencias anteriores a la de Chávez, la inflación alcanzaba un promedio del 52% anual. Una de las primeras tareas del president bolivariano fue controlar esta inestabilidad. Con una tasa anual del 22% de media entre 1999 y 2012, este objetivo se alcanzó parcialmente. La calma no ha sobrevivido la muerte de Chávez, acaecida el pasado mes de marzo. La inflación se ha disparado nuevamente este año, para culminar en un 49% en septiembre.

El segundo desafío económico es el fenómeno desmoralizante de las rupturas de los stocks, de los que el propio Banco Central de Venezuela (BCV) registra casi una duplicación en un año. Según las declaraciones del poder socialista, la alta burguesía local estaría orquestando el sabotaje de las cadenas de aprovisionamiento y la especulación en el mercado negro para hacer fracasar la política del gobierno. El presidente Maduro reiteraba estas acusaciones el pasado 8 de octubre, en un discurso ante la Asamblea Nacional : “La economía venezolana está atravesando una coyuntura particular en la cual el aparato productivo del país sufre una violenta y agresiva ofensiva a través de la especulación, del acaparamiento, del contrabando y del mercado negro de las divisas”. (1)

El jefe de Estado compara las actuales dificultades de Venezuela con las que conocía Chile antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet, cuando el sector privado, con la ayuda de la Central Intelligence Agency (CIA), fomentaba el desabastecimiento para debilitar al presidente Salvador Allende. Por su parte, la oposición imputa la agitación del país a la mala administración gubernamental. No se descarta que ambos tengan razón... El gobierno, efectivamente, ha dejado el campo libre a los sectores empresariales para prestarse a las maniobras de las que lo acusa, y si los tráficos, el contrabando y la fuga de capitales se revelan más lucrativos y más cómodos que las inversiones legales en la producción y en la distribución, entonces la política pública sin duda ha fallado en algo.

La apuesta consistente en construir el socialismo en un solo país, cuando el capitalismo campea por doquier, no favorece las aspiraciones del régimen bolivariano. El Chile de comienzos de los años 1970 y la Nicaragua de los años 1980 chocaron con el mismo obstáculo. En estos dos países, como en Venezuela, la voluntad política de liberarse de las leyes del capitalismo provocó una fuga masiva de capitales, creando una inestabilidad frente a la cual los gobernantes se han visto vulnerados. Es verdad que el control de los precios y de los tipos de cambio permiten, dentro de ciertos límites, remediar esta contraofensiva, pero no menos cierto es que crean otros problemas de envergadura, como el desabastecimiento.

Si Venezuela consiguió durante mucho tiempo limitar el deterioro es porque su fuerza de choque petrolera le confiere una ventaja comercial y monetaria importante. Pero esta no basta para garantizar la estabilidad de la moneda, en la medida en que el sector privado, que sigue siendo muy influyente en la economía del país, concentra en sus manos un 66% del PIB. En consecuencia, dispone de enormes volúmenes de capitales que solo piden abandonar el país ya que los depósitos más rentables son recibidos afuera con los brazos abiertos.

Tanto bajo el gobierno de Maduro como bajo el de Chávez, el principal mecanismo de protección de la moneda nacional es la Comisión de Administración de la Divisa (Cadivi), que fija las condiciones en las cuales los venezolanos pueden cambiar a tipo oficial sus bolívares por dólares. La operación solo está autorizada en casos muy precisos, como la importación de productos no provistos por el mercado local, los viajes, el mantenimiento de familiares y allegados instalados en el extranjero o incluso algunas compras por Internet.

Mientras el gobierno autorice un acceso relativamente fluido a las divisas extranjeras, el tipo de cambio en el mercado negro y la inflación mantienen un techo soportable. Pero Venezuela importa el 70% de los bienes que consume. Por ende, trata de mantener un tipo de cambio favorable para su moneda, para que los precios de los productos de importación no se disparen. Pero esta política es una fuente de distorsión : con el transcurso del tiempo, se profundiza la brecha entre el valor real del bolívar, al que una inflación –incluso controlada – devalúa mecánicamente en el mercado interno, y su valor nominal en el mercado de divisas, el cual se mantiene a un nivel elevado. Esto acarrea un azote para las industrias venezolanas, ya que el coste de sus productos aumenta más rápido que el de los bienes de importación, de lo cual se desprende que los productores locales resultan aplastados por la competencia. ¨Por ello el gobierno decidió limitar las importaciones exclusivamente a los productos fabricados en el exterior ; pero esta condición se ha revelado insostenible. Los alimentos básicos, por ejemplo, en su mayor parte se producen en Venezuela, pero en cantidad insuficiente para satisfacer la demanda.

La otra consecuencia indeseada del control de cambio tiene que ver con el hecho de que, al devaluarse el bolívar en el mercado interno mientras que se mantiene fuerte en el mercado de divisas, el abismo entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio practicado en el mercado negro se ahonda inexorablemente. De ahí que el acceso a las oficinas de cambio gubernamentales se está convirtiendo en un privilegio cada vez más codiciado y disputado. Un año de estudios universitarios privadosen Estados Unidos, por ejemplo, costaba 46.000 bolívares a comienzos de 2010, es decir, el equivalente de 10.000 dólares. En la actualidad, sigue costando lo mismo, aunque técnicamente el bolívar haya perdido mientras tanto el 50% de su valor en suelo venezolano. Así pues, en tres años, el precio de un curso universitario en el extranjero ha bajado a la mitad.

En suma, el control del topo de cambio se ha vuelto una herramienta ventajosa sobre todo para los sectores más acomodados de la población, ya que las compras de dólares están reservadas a quienes tienen los medios para viajar, para enviar dinero a sus familiares o para financiar estudios en el extranjero. Estas tres motivaciones cubren casi el 20% de las compras de divisas efectuadas en 2012 en el marco de la Cadivi, es decir 5.800 millones de dólares. Lo que significa que Venezuela, a partir de ahora, es el único país de América Latina donde los envíos de dinero se realizan desde el Sur hacia el Norte, en lugar de tomar el camino inverso. Entre 2011 y 2013 , el número de venezolanos viajando al extranjero se ha duplicado. Pero gran parte de ellos vuelven sin haber gastado la mayor parte de sus dólares, que se guardan para poderlos cambiar por bolívares en el mercado negro…

El gobierno intenta atacar al mercado negro, pero sus esfuerzos hasta ahora han resultado infructuosos. En principio, no se puede efectuar transferencias bancarias al extranjero sin autorización. Pero saltarse este obstáculo es un juego de niños : basta con dirigirse a un intermediario que posea una cuenta a la vez aquí y allí. Una vez que el dinero ha sido ingresado en la cuenta venezolana, se desbloqueará el importe correspondiente en la cuenta de los Estados Unidos, deducidos la comisión y los beneficios obtenidos de los tipos de cambio en el mercado negro. Difícil para el Estado contrarrestar un tráfico tan fluido.

Los efectos perversos del control de cambio han empeorado desde comienzos de 2013. La primera razón, probablemente, es la iniciativa concertada de los sectores empresariales favorables a la oposición para exacerbar las dificultades económicas del país, aprovechando oportunidades abiertas por la ausencia de Chávez durante su enfermedad, y luego por su fallecimiento. En múltiples ocasiones a lo largo de este año, las autoridades han descubierto naves llenas hasta el techo de aceites de cocina y otras provisiones alimentarias básicas, claramente sustraídas al circuito de venta para agravar el desabastecimiento.

A ello se añade la torpeza del régimen : en el momento en que el Estado bajaba un 32% el tipo de cambio oficial del bolívar, en febrero de 2013, también suprimía su sistema de cambio secundario, llamado Sistema de Transacciones para los Fondos de Divisas Extranjeras (SITME). La concomitancia de estas dos medidas, anunciadas un mes antes de la muerte de Chávez, tuvo un impacto devastador en la economía, estimulando la inflación, que trepaba un 2,8% a partir del mes siguiente.

Con el tiempo, los venezolanos han aprendido a convivir mal que bien con este flagelo. Los ahorradores preocupados por proteger su colchón contra la devaluación constante de su moneda se las arreglan efectuando depósitos astutamente calculados. En orden decreciente de fortuna, los mejor provistos se lanzan al mercado inmobiliario, a los automóviles y a la Bolsa (la más rentable del mundo, con un alza del 165% entre enero y octubre de 2013), razón por la cual estos tres mercados, desde la instauración del control del cambio en 2003, explotaron a un ritmo muy superior al de la inflación.

Pero el dólar sigue conservando su papel de valor refugio. Cuando se disparó la inflación a comienzos de este año, hasta alcanzar el 6,1% en mayo, muchos venezolanos se lanzaron a por el billete verde del mercado negro, provocando un nuevo recalentamiento del tipo de cambio clandestino. Como este sirve de base al cálculo de los precios de la mayoría de los productos disponibles en el comercio, este ataque febril tuvo por efecto galvanizar la inflación y, consecuentemente, acrecentar aún más la avidez de dólares. Por consiguiente, la economía venezolana está entrampada en este círculo vicioso de una potencia devastadora pocas veces vista.

El abismo cada vez más profundo entre el tipo de cambio oficial y su contraparte en el terreno económico origina graves deterioros sociales. No es infrecuente que los productos subvencionados por el Estado –principalmente las provisiones alimentarias– aterricen por contrabando en los países vecinos. Los habitantes de las zonas fronterizas ven desfilar regularmente camiones cargados de leche, de aceite o de arroz que van a descargar su mercancía a Colombia, a Brasil o a la Guayana. Los aduaneros cierran los ojos. Entre el precio de estos productos en Venezuela y las tarifas a las que se negocian del otro lado de la frontera, el margen es holgado y les permite a los traficantes asegurarse la condescendencia de los funcionarios. Y mala suerte si el desabastecimiento se redobla en el interior del país.

Al final de la historia, el sistema de control de cambio, herramienta de una política soberana y anticapitalista, se vuelve a favor de los venezolanos más ricos. Los privilegiados que tienen acceso al mercado de cambio oficial se embolsan beneficios exorbitantes adquiriendo mercancías a tipo legal para revenderlas a los precios vertiginosos del mercado negro. En la República bolivariana, las tasas de un beneficio que va del 100% al 500% se han vuelto moneda corriente.

El gobierno ha comprendido que no podía permanecer inactivo. El 8 de octubre, Maduro le pidió a la Asamblea Nacional que lo autorizara a gobernar por decreto, no sólo para combatir la corrupción sino también para enderezar la economía. Poco después, Rafael Ramírez, presidente de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y vicepresidente de la República responsable de los asuntos económicos, anunciaba el lanzamiento de un nuevo sistema de cambio “subastado” que daría acceso a 100 millones de dólares por semana. Destinado a reemplazar al ex SITME, este régimen ya suscita, empero, las críticas de muchos economistas, que lo juzgan demasiado tímido para satisfacer la demanda y secar el mercado negro.

La única solución para detener la evaporación de los capitales consistiría seguramente en reafirmar el control del Estado en la economía, por medio, por ejemplo, de una nacionalización total del sector bancario o de un control más riguroso de las importaciones. Son muchos los ex seguidores de Chávez que luchan a favor de esta reorientación, como los exministros de Economía Víctor Álvarez y Felipe Pérez o incluso el Partido Comunista de Venezuela. Pero el gobierno de Maduro parece haberse comprometido en un camino más tortuoso (los principales mandos militares no se han pronunciado públicamente).

La situación excepcionalmente difícil de Venezuela se debe a la vez a su estatuto de gran productor de petróleo y a su compromiso de construir un sistema no capitalista. Los ingresos del petróleo no cambian en nada el hecho de que la construcción de una isla socialista en un océano liberal ocasiona mecánicamente una epidemia de evasión de capitales. El maná petrolero abandona el país tan rápido como había entrado, dejando detrás a una población agotada por la inflación, el desabastecimiento y la inestabilidad.