Durante su visita a Brasilia, el pasado 2 de marzo, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sermoneó a la oveja descarriada de su patio trasero : “Esperamos que el Gobierno venezolano inicie un proceso de (…) restauración de la propiedad privada y de retorno a la economía de mercado” (1). Nada nuevo bajo el sol. Aunque desde comienzos de 2003 Venezuela bate todos los récords de crecimiento económico, los opositores al poder establecido –entre ellos Washington y la mayoría de los grandes medios internacionales– no han cesado “de lamentar, inquietarse, esperar”, para retomar el título de la canción “Crying, waiting, hoping” del famoso rockero Buddy Holly. Expresando sus deseos, escribían a toda página que la burbuja petrolera no tardaría en explotar.

Pero resulta que en cinco años y medio el Producto Interior Bruto (PIB) real del país aumentó un 95%, la pobreza se redujo a la mitad y la extrema pobreza en más del 70%. El gasto social por habitante se elevó a más del triple, al tiempo que el acceso a la atención sanitaria y a una educación más sólida mejoró considerablemente. En 2006, los electores expresaron su reconocimiento, ratificando al presidente Hugo Chávez con una mayoría del 63%, la más alta que se haya obtenido hasta el momento.

Pero a finales de 2007, con la entrada de Estados Unidos en recesión, la economía comenzó a marcar el paso. En el último trimestre de 2008, la cotización del petróleo se derrumbó en los mercados mundiales, pasando de un nivel de 99,5 a 29,7 euros el barril. Por primera vez desde las grandes huelgas del sector petrolero de 2002-2003, Venezuela volvió a entrar en crisis económica ; su PIB disminuyó un 3,3% en 2009. Los deseos de los enemigos de Chávez se vieron finalmente realizados. Al igual que en el primer conflicto petrolero posterior a la euforia de 1973-1977, el maná agotado sólo puede traer un derrumbe económico.

¿Podremos estar tan seguros de esto ? El estudio de las características de esta crisis demuestra que no era en absoluto inevitable. El gasto del sector privado, que ya se había comprimido en 2008, se redujo más claramente desde que cayó el precio del petróleo. En ese momento, el Gobierno habría podido implementar un plan de reactivación enérgico, forzando el gasto público para compensar la disminución de la demanda privada. No lo hizo. Por el contrario, el crecimiento del sector público se derrumbó estrepitosamente, pasando del 16,3% en 2008 al 0,9% en 2009.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunas otras instituciones financieras, hace tiempo que existen dos pesos, dos medidas : algunos países ricos, como Estados Unidos o el Reino Unido, pueden permitirse legítimamente importantes déficits presupuestarios para contrarrestar una recesión ; los países en desarrollo supuestamente deben hacer lo contrario, es decir, reducir gasto público y déficit. No obstante, gracias a un plan de reactivación masivo China salió del paso magistralmente, exhibiendo en 2009 un crecimiento del 8,7% a pesar del caos económico mundial.

Claro que el Gobierno chino tiene la ventaja de controlar todo el sistema bancario : pudo obligar a estas instituciones a otorgar crédito, sabiendo además que la inversión pública representa el 20% del PIB. Dicho esto, Bolivia, Estado que no tiene tanto margen de maniobra, supo aplicar una política de reactivación en el momento oportuno mucho más importante que la de Estados Unidos –en proporción al tamaño de su economía–, lo que le permitió obtener el año pasado el mejor resultado del continente, con un crecimiento de 3%. Por el contrario, el PIB de la mayoría de los otros países de la zona se redujo.

Los países en desarrollo que quieren practicar una política de reactivación en periodo de recesión, deben prestar atención además a su balanza de pagos, manteniendo sus reservas y divisas en un nivel suficiente. Éste no es el caso de Estados Unidos, que puede pagar sus importaciones en su propia moneda.

Como en 2008 la balanza comercial venezolana fue ampliamente excedentaria, el país había acumulado dólares. Cuando el precio del petróleo cayó, ese excedente se convirtió rápidamente en déficit… sólo por seis meses : el Gobierno retiró de sus reservas de cambio para cubrir la factura de las importaciones. Nada le obligaba entonces a permitir que la economía se contrajera. Habría podido retirar algo más de sus reservas, que siguen siendo muy holgadas –más de 30.000 millones de dólares-, luchar contra la fuga de capitales e incluso, en último caso, pedir prestado lo necesario en los mercados internacionales. La deuda pública externa de Venezuela es bastante baja (11% del PIB) y su deuda pública total representa apenas el 20% de ese mismo PIB. A título comparativo, la de Estados Unidos equivale al 100% del PIB nacional.

Al Estado venezolano no le faltan divisas para financiar él mismo el mecanismo de reactivación. Sólo las necesita para afrontar la carga de sus importaciones, en aumento a raíz de su desarrollo económico –contrariamente a un país en declive, en el que por lógica se reducirían–, y para preservar un nivel de reservas adecuado.

Todas estas observaciones evidencian que el crecimiento del país no depende tanto del precio del petróleo como suele creerse. El Gobierno posee los medios para intervenir, según las fluctuaciones del mercado petrolero, ya que su endeudamiento es modesto y sus reservas en divisas elevadas. No obstante, hace siete años Venezuela se enfrentó a una de las más preocupantes situaciones : la sobrevaluación de su moneda. En 2003, el Gobierno había fijado el tipo cambiario en 1600 bolívares de ese momento –1,6 bolívares actuales (2)– por dólar. Después de dos devaluaciones, éste pasó en 2005 a 2,15 bolívares, para no volver a modificarse hasta el pasado enero.

Ese tipo fijo ocasionó que la sobrevaluación de la divisa venezolana no hiciera más que acentuarse con el tiempo. La inflación fue mucho mayor en Venezuela que en sus socios comerciales : 20% anual en promedio en los últimos siete años. Si aceptamos la hipótesis de que la moneda no estaba sobrevaluada cuando se instauró ese tipo cambiario fijo, ésta se habría incrementado en más del 130% en términos reales.

Este fenómeno hace aumentar mecánicamente el precio de los productos de exportación y bajar el coste de las importaciones, que se vuelven artificialmente baratas (3). En tales condiciones, es difícil y hasta imposible para Venezuela reducir el peso del sector petrolero, diversificando su economía. En realidad, nada ha cambiado en este aspecto en los últimos siete años.

El 8 de enero pasado, para estimular la economía productiva, frenar las importaciones no estrictamente necesarias y favorecer la exportación, Caracas procedió a una devaluación –que el Gobierno denominó “ajuste del bolívar”–. Se fijó un tipo cambiario de 4,3 bolívares por dólar para la mayoría de las compras en el extranjero –automóviles, herramientas informáticas y de telecomunicaciones, electrodomésticos, servicios, textiles, artículos de lujo, tabaco, bebidas, etc. Al mismo tiempo se decretó un tipo cambiario de 2,3 bolívares para los flujos económicos considerados vitales como el agroalimentario, la educación, las actividades científicas y tecnológicas, la salud, maquinaria y en general, las importaciones destinadas al sector público.

Este “ajuste” en dos niveles favorecerá, indudablemente, un aumento de la inflación, pero cabe esperar que el efecto sea temporal, como ocurrió en las grandes devaluaciones de estos últimos años (Brasil, Rusia, Argentina). Y si bien tiene el mérito de mejorar la competitividad venezolana, probablemente resulte insuficiente.

Como la inflación sigue arreciando, la sobrevaluación en términos reales volverá a aumentar rápidamente. La inflación en sí –que pasó del 30,9% al 25,1% entre 2008 y 2009– constituye un problema secundario. Que debe combatirse, sin duda, ya que ésta se aproxima a la barrera del 20%, más allá de la cual la mayoría de los macroeconomistas estiman que cuesta puntos de crecimiento (4).

Venezuela seguramente se beneficiaría si adoptara un régimen cambiario más flexible, aunque sin abandonar la reglamentación. Mantendría así el control sobre sus capitales –sin comprometer la competitividad– y permitiría la diversificación de la economía. Esto equivaldría a encontrar la fórmula de una verdadera estrategia de desarrollo, concepto más bien exótico en un continente americano abonado al neoliberalismo desde hace varias décadas.

Entretanto, la cotización del petróleo se recuperó, ubicándose actualmente en 80 dólares el barril. Si bien este tipo de previsiones llama a la prudencia, las proyecciones de la US Energy Information Administration (USEIA) –uno de los servicios del Ministerio de Energía estadounidense– denotan un aumento sostenido del precio del oro negro, situando en 98 dólares el barril en el horizonte del 2020 (5). Por otro lado, el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos –US Geological Survey (USGS)– anunció el 22 de enero que la Falla del Orinoco contendría 513.000 millones de barriles de petróleo –el doble de las estimaciones realizadas hasta el momento– lo que en términos de reservas pone a Venezuela muy por delante de Arabia Saudí (266.000 millones de barriles) (6).

Verdaderamente, al mantener el control de los recursos petroleros (7) y adoptar las obligadas medidas macroeconómicas, Caracas sigue teniendo la cancha libre para implementar una serie de experiencias piloto en lo económico, político y social, y extraer todas sus enseñanzas útiles.

 

Notas :

(1) Associated Press, Caracas, 4 de marzo de 2010.

(2) En virtud de la ley de reconversión monetaria que entró en vigor en enero de 2008, 1.000 bolívares se convirtieron en 1 bolívar fuerte.

(3) La reducción de las exportaciones no petroleras durante tres años alcanzó en 2009 un pico de 44,7%. En cambio, las importaciones aumentaron 190,7% entre 2004 y 2008 (22% en 2009).

(4) No obstante, queremos señalar que los economistas no se ponen totalmente de acuerdo sobre este tema.

(5) www.eia.doe.gov/oiaf/forecasting.html

(6) BBC Mundo, Londres, 23 de enero de 2010.

(7) En materia de petróleo, la “ley de los hidrocarburos” exige que PDVSA, la compañía nacional venezolana, tenga una mayoría de al menos 60% en todos los proyectos conjuntos con las empresas extranjeras y en cada una de las fases de la explotación (extracción, conversión y comercialización de la producción).