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EXPLOTACIÓN Y DESPOJO EN LA AMAZONIA

Matanza de indígenas en Perú

Par Martí Orta y Joan Martínez Alier  |  9 juillet 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El pasado 5 de junio, en Bagua, departamento del Amazonas, en Perú, una carga de las fuerzas especiales de la policía causó decenas de muertos y heridos, sobre todo indígenas. La matanza se produjo durante el desalojo de unas posiciones que ocupaban los indígenas para protestar contra la creciente explotación de recursos como el oro, la madera, el petróleo y el gas que se lleva a cabo en sus territorios ancestrales. Estas explotaciones han sido entregadas por el Gobierno de Alan García a empresas transnacionales –entre ellas las españolas Repsol y Cepsa– que proceden de forma irresponsable y sin ningún control a la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios, contaminan los ríos e ignoran los derechos de las comunidades nativas.

El 28 de octubre de 2007, el Presidente de Perú Alan García usó la metáfora del “perro del hortelano”, en un artículo de prensa (1), para indicar que los pueblos amazónicos tenían recursos que no aprovechaban, pero no dejaban que fuesen explotados por otros. A pesar de que Perú ha ratificado, en 1993, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno ha querido eliminar tales derechos mediante varios decretos legislativos (2), con el fin de aplicar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Muchos de esos decretos son inconstitucionales. Su objetivo es quitar obstáculos a la explotación del territorio, cambiar los derechos de propiedad e incentivar las exportaciones. Facilitar la venta de tierras y la entrega de recursos amazónicos a empresas transnacionales, mientras se negocia otro TLC con la Unión Europea, sin garantías para las poblaciones indígenas.

Las organizaciones indígenas de la Selva amazónica acusan al Gobierno de Alan García de haber cambiado los derechos sobre la tierra en beneficio de empresas extranjeras. Lima ha firmado contratos, por ejemplo, con la empresa petrolera HOCOL (3) para explotar una parte del alto Marañón, sin haberse tomado la molestia de consultar a las comunidades locales. La actividad petrolera en la Amazonia peruana empezó a principios de los años 1970. Hoy, el 70% del territorio amazónico está en concesión a compañías petroleras. Repsol opera en ocho lotes en la selva peruana (alrededor de 5.100.000 ha) y Cepsa en cinco (alrededor de 4.650.000 ha) ; una superficie equivalente al 20% de España. Las concesiones se superponen con territorios indígenas, áreas naturales protegidas e incluso con territorios de pueblos indígenas en “aislamiento voluntario” (esto es, pueblos que evitan el contacto con la población nacional y, por tanto, vulnerables a las mismas enfermedades que, desde 1492, asolaron a la población originaria americana). Son incontables los conflictos con las poblaciones locales.

En octubre de 2005, los pueblos ashaninka, shipibo konibo, nawa, amawaka, yine, resolvieron “declarar en emergencia sus territorios de las regiones de Ucayali, Cuzco y la provincia de Atalaya ; negar el ingreso de las empresas petroleras PlusPetrol y Repsol en sus territorios, así como de las empresas mineras, forestales y otras transnacionales ; así como, demandar al Gobierno peruano por el incumplimiento de los siguientes tratados internacionales : Convenio 169 OIT, Convenio sobre la Diversidad Biológica Articulo 8 J, y Pacto de San José sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Perú es el segundo país del mundo (después de Brasil) en número de pueblos indígenas en “aislamiento voluntario”. El 66% de los territorios de estos pueblos ya han sido entregados por las autoridades de Lima a empresas petroleras (4). La empresa española Repsol estaría afectando, con sus operaciones del lote 39 en la frontera con Ecuador, a diversos de estos grupos. En 2003, la Asociación Interétnica en defensa de los indígenas de la Selva (AIDESEP), inició los procesos administrativos para el reconocimiento de la “Reserva Territorial para Indígenas en Situación de Aislamiento del Alto Curaray, Arabela, Nashiño y Napo”, a favor de pueblos tagaeri, taromenae, abijires, pananajuri y taushiros (pueblos que están también en el “campo ITT” en el Yasuní, que el Gobierno de Ecuador tal vez deje expresamente sin explotar) (5).

Las recientes protestas de las comunidades awajún y wampis, en junio de 2009, hay que verlas como la continuación de anteriores protestas en el territorio achuar al norte, también contra la extracción del gas de Camisea en la selva central, y tantos otros conflictos socio-ambientales no solo en la Selva sino en todo Perú. Por eso se muestra tan activa, en la Sierra, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), mientras la AIDESEP lo ha sido en la Selva. La causa de tales conflictos es el apetito de recursos naturales de la economía internacional. Y el creciente sentimiento de identidad indígena proporciona un lenguaje eficaz para evidenciar tales conflictos.

El Gobierno peruano tiene una larga experiencia en el uso de la táctica de aburrir a los ciudadanos, o engañarlos. En 1978, tres líderes achuar ya viajaron a Iquitos para hallar una solución a los atropellos de la actividad petrolera y conseguir un “título de propiedad” del Ministerio de Agricultura. El 12 de agosto de 1983, llegaron a ser recibidos por el presidente de entonces, Fernando Belaúnde Ferry. Pero tres decenios más tarde, no habían conseguido aún solución alguna.

La paciencia de los achuar se agotó en noviembre de 2005. Los pueblos achuar, kichwa (de la Selva), urarina y muratos del río Corrientes, con una historia de treinta y cinco años de extracción petrolera en sus territorios (lo que les ha llevado a presentar concentraciones excesivas de cadmio en la sangre), firmaron el pronunciamiento de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, en el cual afirmaban : “No aceptar más desarrollo petrolero en nuestro territorio”.

El antropólogo Alberto Chirif, conocedor de esos conflictos en la Selva, ha escrito : “El Gobierno, al igual que ahora, negó las evidencias de contaminación y eludió asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso, y los achuares, exacerbados por el Gobierno, tomaron las instalaciones y, después de una situación tensa, lo obligaron a asumir su papel. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona, recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas, y reconociendo demandas sociales (educación y salud que, por cierto, no han sido atendidas) es presentada por el Ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías...” (6).

El Congreso nunca ha debatido los decretos del 2007 de privatización de la Amazonia. Constatando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el Gobierno eran engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. El último aplazamiento del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos, fue el 4 de junio pasado, y el Gobierno ordenó esa noche levantar por la fuerza el bloqueo que unos dos mil indígenas awajún y wampis mantenían en la carretera Fernando Belaúnde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). Tenían apoyo de la población mestiza de la zona.

En la madrugada del viernes 5 de junio, el cuerpo policial de elite lanzó gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones. Los disparos de la policía empezaron poco después ; al parecer, los indígenas arrebataron armas a algunos agentes y se defendieron. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con un saldo de muertos y heridos. Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros) se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del orden. Eso derivó en la destrucción del local del Partido aprista (el de Alan García) y algunas instituciones públicas. La policía mató a varias personas, entre ellas a un joven ayudante de periodista (apellidado Ticlla, 17 años). Al enterarse de estos hechos, la tarde del 5 de junio, los indígenas de la estación 6 de bombeo del oleoducto norperuano, de Petroperú (a tres horas de carretera), agredieron a policías que tenían como rehenes. Más de diez murieron.

El dirigente awajún Santiago Manuin, quien inicialmente había sido dado por muerto en la Curva del Diablo, fue herido e ingresado más tarde en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Conocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, este líder responsabilizó directamente al Gobierno de la violencia y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamaciones y los había estado engañando todo este tiempo.

Mientras, el primer ministro Yehude Simón acusó de sedición al líder indígena Alberto Pizango, presidente de AIDESEP. Después de los sucesos trágicos del 5 de junio, el Estado ha criminalizado a otros dirigentes de AIDESEP que estaban también en Lima ese día, mientras otros, que se hallaban en Bagua, eran eliminados.

Alberto Pizango había sido un interlocutor aceptado hasta horas antes de la tragedia. En septiembre del 2008, el Ministro del Medio Ambiente Antonio Brack Egg, que gozaba de buena reputación hasta ahora, conversó con Alberto Pizango para crear una Comisión Multisectorial de revisión de los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón. Pero ello no impidió que el Gobierno decidiera usar a la fuerza pública para levantar el bloqueo en la carretera de Bagua. El 7 de junio, temiendo por su vida, Aberto Pizango se asiló en la embajada de Nicaragua en Lima. Lo cual recuerda la estancia, a partir de 1949, del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar a la persecución del dictador general Manuel Arturo Odría.

Alan García no duda en calificar a los indígenas de “terroristas” y de “simpatizantes de Sendero Luminoso”, pero es conocido que los ashaninka siempre se opusieron a Sendero. Los awajún, con Santiago Manuin de líder, también resistieron contra Sendero Luminoso.

El Perú salió de la década de la guerra de Sendero Luminoso (1980-1992) con unos 70.000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse realizado después una investigación completa a cargo de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado juicios no sólo contra los líderes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), sino también contra el ex presidente Alberto Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas por el Estado. Sin embargo, no hubo juicio por la “Matanza de los Penales”, sucedida en junio del 1986 durante la primera presidencia de Alan García, cuando centenares de presos, en las cárceles Lurigancho y El Frontón, fueron eliminados por las fuerzas del Estado.

Según Alan García, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la “conspiración extranjera” de organizaciones no gubernamentales ecologistas y de derechos humanos, junto con la complicidad de Hugo Chávez y Evo Morales. Pero el conflicto es internacional por otras razones. El petróleo y el gas, la madera y los agrocombustibles son para la exportación. Se sacrifican pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. Aunque llegara a doblar, la producción de petróleo de la Amazonia peruana no daría ni para un día de consumo mundial.

Hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a la matanza del 5 de junio. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Claramente, los indígenas no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron a los disparos de la policía. Es probable que si en las fuerzas estatales hay 24 muertos, haya habido muchos más entre los indígenas. APRODEH, una institución de defensa de los Derechos Humanos en el Perú, señaló que había 61 desaparecidos indígenas.

El conflicto también se está internacionalizando por la intervención de organizaciones mundiales en la contabilidad de los muertos, heridos y desaparecidos. Ojalá esos trágicos hechos sirvan para un cambio de rumbo que ponga fin a la explotación de la Amazonia y de sus habitantes. 

 

© lmd edición en español

Notas :

(1) “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.

(2) Identificados con los números : 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y el 1090 conocido como la “Ley de la Selva”, y aprobados en virtud de la ley 29157 del 19 de diciembre del 2007. El congreso derogó los decretos 1090 y 1064 el pasado 18 de junio.

(3) Perteneciente al grupo francés Maurel & Prom, Hocol ha sido adquirida, en mayo de 2009, por la empresa petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol una de las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.

(4) La mayoría extranjeras, de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa), sin excluir Petrobrás (empresa estatal brasileña) y también empresas chinas.

(5) Léase, Lucía Gallardo, Kevin Koenig, Max Christian y Joan Martínez Alier, “El impuesto Daly-Correa”, en Le Monde diplomatique en español, abril de 2008.

(6) Alberto Chirif, “No es tiempo de permanecer callados…”, Idéele, Lima, 11 de junio de 2009.





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