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¿una guerra perdida ?

México contra las mafias del narcotráfico

Par Jean-François Boyer  |  5 décembre 2009     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Hace tiempo ya que, en México, el narcotráfico dejó de ser una historia de ladrones y policías. Desde que, a mediados de la década de 1980 los “clanes” colombianos de Cali y Medellín negociaron con las mafias mexicanas de Colima y Sinaloa para utilizar su territorio como trampolín hacia Estados Unidos, el narcotráfico se ha vuelto el principal problema político del país, poniendo en riesgo la autoridad del Estado y la soberanía nacional.

Las razones de la dimensión política del narcotráfico son dos. La primera, que paulatinamente, y bajo diferentes modalidades, las mafias se han enquistado en el tejido institucional, político y social, masificando la corrupción en todos los estratos de la sociedad. La segunda, que la lucha contra “el narco” se ha convertido en el principal objeto de discordia del país con su vecino del norte y principal socio económico, Estados Unidos.

Centenares de expedientes judiciales mexicanos, estadounidenses y de otros países, así como numerosos libros (1), han establecido las complicidades de las que se beneficiaron las mafias mexicanas en los tres sexenios sucesivos de los presidentes Miguel De La Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De 1984 a 2000, generales-jefes de regiones militares ; directores de la seguridad federal y luego de la policía federal ; “zares” anti-droga ; secretarios (ministros) ; secretarios particulares de Presidentes de la República ; gobernadores de estados federados como Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Sonora y Chihuahua, han sido cómplices en la transformación del México neoliberal en el primer narco-Estado del planeta, “honor” que comparte con Afganistán.

Pero aparentemente, México seguía en paz. El narco era discreto ; casi invisible. Sus aviones y barcos, protegidos desde el más alto nivel, atravesaban el territorio sin que el ciudadano común se diese cuenta. Con la complicidad de responsables locales del ejército, la marina y la policía, los cargamentos llegaban rápidamente a la frontera.
A cambio de impunidad, el Estado había impuesto a las mafias un acuerdo de no violencia, que solamente ciertos “capos” de Tijuana y Juárez no respetaron. Pero el país descubrió la realidad a final del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando la Presidencia autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la inteligencia militar a investigar más a fondo. Esto ocurrió después del escándalo de la caída del “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de la República “protector” del cártel de Juárez. La presión estadounidense para redoblar esfuerzos en la lucha contra el tráfico y la corrupción se había intensificado.

Todo cambió luego con Vicente Fox (2000-2006). La sustitución en la nueva Administración de gran parte del personal político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por elementos del Partido Acción Nacional (PAN, derecha católica) obligó a las mafias, temporalmente huérfanas, a reorganizarse. 

Los grandes cargamentos de droga no podían ya fluir, como antes, del sur al norte del país sin correr el riesgo de ser interceptados. Las mafias implementaron entonces una suerte de tráfico hormiga, haciéndose con el control de nuevas rutas y plazas a lo largo del territorio. Para protegerlas se dedicaron entonces a reclutar policías locales (municipales y estatales) y privilegiaron la corrupción de autoridades regionales. La corrupción, que se había concentrado en los niveles más altos del Estado, se generalizó.
En ese marco, la situación se volvió rápidamente incontrolable, ya que recurriendo por primera vez al Ejército en forma masiva, Fox lanzó una exitosa ofensiva contra los capos identificados del narco, en particular contra las cúpulas de los cárteles de Tijuana y del Golfo. Pero esta “cacería” tuvo consecuencias imprevistas : se aceleraron las sucesiones en las mafias, al ser detenidos o abatidos muchos de los capos históricos, y los pleitos entre clanes se profundizaron.

La fuga de prisión, en 2001, de uno de los jefes sinaloenses históricos, Joaquín Guzmán Loera, provocó además un terremoto en la gran familia de delincuentes. El prófugo reorganizó los clanes del estado de Sinaloa, pactó acuerdos con familias del entonces cártel de Juárez y emprendió la conquista del “reino” narco, atacando en su propio territorio a su principal rival, el cártel del Golfo, para quitarle “plazas” importantes en la frontera estadounidense, en el estado de Tamaulipas. Esta guerra por las “plazas” y los liderazgos se prolonga hasta hoy.

Y una guerra no se libra sin ejércitos. Antes, los sicarios se limitaban a proteger los cargamentos y a los jefes y a eliminar a algún traidor. En adelante se trataría de controlar ciudades y regiones enteras y de no permitir que la competencia ejerciera allí el negocio. Aumentaron dramáticamente los efectivos de las bandas de sicarios. Y se modernizaron. Para resistir –y tratar de expandirse a su vez– el cártel del Golfo se dotó de un brazo armado, los “Zetas”. Los fundadores de este grupo eran desertores de las fuerzas especiales del ejército, creadas para luchar contra el zapatismo y utilizadas para apoyar al ministerio público desde el final del sexenio de Zedillo. Reclutaron a miles de “gatilleros”. La guerra que los enfrentaría con los brazos armados de los clanes sinaloenses causaría miles de muertos.

Pero aunque Fox persiguió a los capos, no enfrentó ni reprimió la corrupción en el aparato de Estado, federal o estatal (provincial), heredada de los sexenios anteriores. Tuvo la oportunidad de enjuiciar, al menos políticamente y mediante una comisión de la verdad, a decenas de ex funcionarios priistas.

No lo hizo, porque necesitaba al PRI para gobernar y adoptar sus reformas en el Parlamento. La clase política y la opinión pública comprobaron que, a pesar del cambio político, la impunidad seguía siendo uno de los pilares del sistema institucional.
Fox no desarticuló tampoco las nuevas redes de encubrimiento que se reorganizaron a nivel estatal y federal durante su mandato, contaminando a sectores políticos no priistas. La corrupción volvió a impregnar las cúpulas de la PGR, de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría Federal de Seguridad Pública (SFSP). En los seis años de presidencia de Vicente Fox, ningún funcionario de nivel sospechoso para la PGR o las agencias estadounidenses (DEA, FBI, Aduanas...) fue detenido.

En 2006, el presidente Felipe Calderón hereda así una situación preocupante : las mafias no se dedican solamente a garantizar el seguro tránsito de cargamentos de droga, sino que pelean para controlar territorios. Los “Zetas”, en particular, han inventado un nuevo modelo organizativo que sorprende a las instituciones acostumbradas a luchar contra el narcotráfico “clásico”. Formados en las técnicas de contrainsurgencia en las escuelas estadounidenses de fuerzas especiales, y gracias a compras masivas de armas en el mercado libre estadounidense y en el mercado negro internacional, los ex “gafes” (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales) que dirigen la organización han consolidado un nutrido aparato paramilitar, tan bien pertrechado –a veces mejor– como el propio ejército federal. Hasta la llegada de Barack Obama, las autoridades de Estados Unidos no intervinieron para limitar el flujo de armas.

La milicia de los “Zetas” protege los cargamentos de droga del cártel del Golfo, pero también amplía y diversifica las actividades delictivas de la mafia en todo el país. Por ejemplo, practica una agresiva industria del secuestro. Y mediante la corrupción y/o amenaza de funcionarios locales, la extorsión y el control de negocios legales e ilegales (tráfico de CD, DVD y otros productos “pirata” ; de personas ; de combustibles, etc.) e inversiones en la economía legal (taxis, transporte de carga, construcción, night clubs, turismo) se ha apoderado de sectores enteros de la economía regional.

Más preocupante todavía, este “modelo” ha sido imitado por otra nueva organización delictiva en la costa del Pacífico : la “Familia michoacana” (por el estado de Michoacán). Los “Zetas” habían entrenado a sus primeros jefes, pensando que podrían utilizar a los michoacanos para atacar los bastiones sinaloenses (estado de Sinaloa) en el occidente del país. Pero la alianza fracasó y la “Familia michoacana” se alzó pronto como una organización independiente, que lucha por el control total de su territorio. Así, ha desatado una sangrienta ofensiva, tanto contra la milicia del cártel del Golfo como contra los grupos armados sinaloenses.

Mientras se profundiza la guerra entre esos distintos grupos, el presidente Calderón, apenas elegido, resuelve lanzar a las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) a la reconquista de los territorios controlados por las mafias, en particular los estados de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Ya no se trata de perseguir a los capos sino de destruir las infraestructuras locales de las organizaciones. Rápidamente, la violencia alcanza niveles nunca vistos desde la Revolución Mexicana (1910-1917). A los muertos de la guerra entre bandos armados se suman las víctimas de las operaciones de represión lanzadas por las fuerzas federales. A tres años del lanzamiento de la ofensiva, el balance de “la guerra contra el narco” es aterrador : según distintas estimaciones realizadas por la prensa mexicana (2), basadas en los escuetos datos proporcionados por la PGR, desde la llegada al poder de Fox, en 2000, el número de muertes vinculadas a la delincuencia organizada varía entre 11.000 y 17.000 personas. En 2008 murieron unos 5.000 hombres entre sicarios, policías y militares. En lo que va de 2009 el número de víctimas oscila entre 5.500 y 6.000 individuos.

Sin embargo, la ofensiva lanzada por Calderón, aunque permitió la detención de centenares de narcotraficantes, no parece haber debilitado el aparato militar de las mafias. Peor, parece haber estimulado su capacidad.
La “Familia michoacana” desafió directamente al Presidente –originario de Michoacán– cometiendo hace diez meses un cruento atentado contra la población civil en la capital de ese estado. En agosto de este año, los clanes sinaloenses han amenazado públicamente de muerte al Presidente.

Los grupos armados del narco han multiplicado en los últimos meses ataques de tipo guerrillero contra el ejército y las fuerzas policiales federales : ataques a cuarteles y comisarías ; emboscadas a columnas de la fuerza pública en carreteras y autopistas. Fieles a su formación paramilitar e implementando técnicas de “guerra de baja intensidad”, han cometido atentados de cariz netamente terrorista contra el ejército y la policía federal. Ocho soldados aparecieron decapitados en el estado de Guerrero. El general Mauro Enrique Tello Quiñones, responsable de la seguridad en Cancún, fue torturado y asesinado en una carretera de Yucatán. Comandantes del Estado Mayor de la
Policía Federal han sido abatidos regresando a su casa. El presidente Calderón ha movilizado a 40.000 militares contra la delincuencia organizada en toda la geografía nacional, además de miles de efectivos de la Policía Federal. Muchos de estos últimos son ex militares. Y a medida que ha ido aumentando la participación del ejército en la lucha contra el narco, la cifra de desertores no ha cesado de incrementarse. Según la Secretaría de la Defensa, 126.000 efectivos abandonaron la milicia durante el mandato de Fox y 27.411 hicieron otro tanto de enero 2007 a mayo 2009 (3). Los servicios de inteligencia del ejército y la policía federal han confirmado que una parte significativa de esos desertores se integra a uno u otro de los grupos armados del narco. Al punto que el gobierno está estudiando la posibilidad de crear nuevas fuerzas especiales para combatir específicamente a los grupos dirigidos por ex militares…

El ejército mexicano puede también perder su alma en esta guerra. Según fuentes de la propia institución, se han dado casos de ejecuciones extra judiciales de sicarios o narcos detenidos por los comandos militares. Este fenómeno parece ser una reacción al asesinato, en febrero pasado, del general Tello Quiñones. Por otra parte, ONG’s especializadas han denunciado violaciones repetidas de derechos humanos en comunidades campesinas, particularmente en la sierra del estado de Guerrero, región de fuerte concentración de plantaciones de marihuana. Así, un sordo rumor comienza a afectar la imagen de la única institución que todavía goza de la confianza del pueblo mexicano.

El ejército está sin embargo condenado a seguir al frente de la guerra, porque el Estado nacional no puede contar con su policía para enfrentarse a la delincuencia organizada. Desde hace varios meses, la PGR trata desesperadamente de limpiar el ministerio público de elementos captados por el narco. La operación “Manos limpias” ha dado ciertos resultados, pero todos los días surgen nuevos casos de corrupción. Sobre la SFSP, que controla a la nueva Policía Federal, pesan graves sospechas.

Más significativo aún : para desmantelar las estructuras policiales de apoyo al narco en el interior del país, el ejército ha intervenido y desarmado varias sedes policiales estatales y municipales en por lo menos diez estados de la República. Centenares de policías corruptos han sido detenidos pero, curiosamente, la fuerza pública ha tenido que repetir esos operativos en varias ciudades, lo que da a entender que las redes criminales se reconstruyen tras el paso del ejército.

Desde el final del sexenio de Ernesto Zedillo, en 2000, todas las reformas orientadas a construir una policía limpia han fracasado. 

México está en vías de paramilitarización acelerada, sin que el Estado pueda detener esta dinámica. El mundo de los partidos políticos no escapa a esta lenta desintegración del tejido social.

Faltaba comprobar la colusión de militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD, izquierda), para completar este panorama desolador. En 2009 el ejército y el ministerio público detuvieron a varios alcaldes de ese partido en el estado de Michoacán. La secretaria de Seguridad Pública de Leonel Godoy –el gobernador “perredista” del estado– también trabajaba para “La Familia”... 

La corrupción del medio político ha llegado a tal punto, que el director de los servicios de inteligencia (CISEN) de la Secretaría de Gobernación, Guillermo Valdés, declaró en 2008 que los cárteles amenazaban a las instituciones democráticas y que existía un riesgo de “narcofiltración” en el Congreso de la Unión.

En 2009, un observador privilegiado, el senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos, afirmó que según sus cálculos, en el 60% de los gobiernos municipales del país hay gente que trabaja para el crimen organizado.

El analista Carlos Flores expresa que “la clase política en su conjunto no está dispuesta a promover las reformas necesarias para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada : constituir una fiscalía autónoma del poder federal, una policía comprometida con el Estado de Derecho y no con los intereses propios de la institución, y acabar con los fueros políticos para poder enjuiciar a alcaldes, diputados y gobernadores corruptos” (4).

Por último, la economía nacional tampoco escapa a la influencia del narco. La delincuencia organizada mueve en México 19.000 millones de dólares anuales, según cálculos de la revista Expansión basados en datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Se trata de una cifra comparable a la de las remesas de los emigrantes y mayor al monto de divisas generado por el turismo (5).

La delincuencia saca provecho de la crisis del campo, resultado de la importación masiva de productos agrícolas de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. En 2008 el Tribunal Agrario de la Federación reveló que un 30% de las tierras cultivables del país están dedicadas a la producción de marihuana y amapola.

La grave recesión que afecta al país constituye además un óptimo caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia organizada. ¿Cuántos de los 700.000 mexicanos que han perdido su empleo en los últimos doce meses serán tentados por los buenos ingresos ofrecidos por el narco ?

El control creciente ejercido por el narco sobre la sociedad pone en peligro la soberanía del país. Estados Unidos no puede tolerar al sur de su frontera un Estado parcialmente controlado por mafias narcotraficantes y bandas paramilitares. Barack Obama ha expresado claramente su apoyo a “la guerra” del presidente Calderón. Pero también ha exigido que sus propias agencias (DEA, FBI, Aduanas) puedan monitorear, en territorio mexicano, el desempeño del ministerio público, la policía y el ejército. Y actuar, si resulta necesario.

Si la situación empeora, una hipótesis que no se puede descartar : ¿Intervendrá Estados Unidos más aún en México ? 

 

© lmd edición cono sur

Notas :

(1) Jean François Boyer, La guerra perdida contra las drogas, Grijalbo, México, 2001.

(2) Los diarios Reforma y El Universal publican regularmente balances de la “guerra contra el narco”.

(3) Según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a Milenio Televisión, México, 25 de mayo de 2009

(4) Entrevista con Carlos Flores, agosto de 2009

(5) www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco-sa





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