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Puertas abiertas para el sector privado

Par Anne Vigna  |  25 février 2017     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Un choque frontal desde la entrada. Aquí, nada de cacheos. Mejor aún : el joven que abre la puerta de la prisión de la ciudad de Itaúna, en el estado de Minas Gerais, es un preso. En este centro, los encarcelados tienen las llaves y también desempeñan el papel de guardianes.

Ciertamente, la prisión dispone de rejas y de cerrojos, y los reos en régimen cerrado no salen de un perímetro bien definido : un edificio compuesto por un patio, celdas, un refectorio, talleres de trabajo, aulas y un espacio para recibir a las familias. Aquellos que están en régimen semiabierto cambian también las rejas por salir al terreno que linda con la prisión y trabajar en el jardín, en la panadería o incluso en la cocina. En la entrada, un gran cartel azul indica el número de fugas desde 1997 : 101 intentos, pero... ¡86 regresos ! A veces, las familias de los presos que se fugan logran convencerles de dar media vuelta ; también sucede que vuelven ellos mismos, conscientes de que acaban de agravar su caso.

“Aquí tratamos a los presos como seres humanos en proceso de recuperación. Nuestro objetivo es devolverles la confianza y reformular con ellos el contrato que les vincula con la sociedad. La familia participa activamente en esta rehabilitación”, explica Valdeci Ferreira, director general de la Asociación de Protección y de Asistencia a los Condenados (APAC).

Este sistema, que nació en Brasil hace cuarenta años, se hace cargo actualmente de 3.500 encarcelados, principalmente en Minas Gerais. Todos escribieron al juez responsable de la aplicación de las penas para pedir su traslado al régimen APAC. Aquí hay que comprometerse a trabajar y a estudiar, y se aconseja en gran medida (pero no es obligatorio) profesar alguna religión. “No obstante, las actividades de ‘socialización’, tanto con la familia como con los otros encarcelados, se organizan para todo el mundo”, precisa el director.

En las prisiones “comunes”, el trabajo representa un privilegio, ya que da derecho a una reducción de la pena y a un salario. En la gran mayoría de los casos, es inexistente (el 4% de los presos trabajan) ; así pues, la actividad se limita a tareas de limpieza. Sin embargo, en las prisiones llamadas “APAC”, ningún encarcelado puede permanecer ocioso : disfruta de varias horas de libertad a lo largo del día, pero encadena desde las siete de la mañana una serie de actividades bien definidas, entre ellas el trabajo, el estudio, los intercambios en grupos de debate, etc. En Itaúna se les ofrecen diversas opciones : trabajos de carpintería, artesanía, panadería, agricultura o de mecánica.

Según los responsables de la APAC, sus encarcelados han sido condenados por toda clase de crímenes ; una afirmación difícil de verificar e incluso impugnada. “Recomiendo encarecidamente las APAC, pero yo no enviaría nunca allí a un detenido peligroso para la sociedad –asegura Miriam Vaz Chagas, jueza de aplicación de penas en Minas Gerais–. De todas formas tenemos bastantes condenados por delitos sin violencia. Esta experiencia permite prepararles para su reinserción en la sociedad”.

En su distrito de Ribeirão das Neves, que cuenta con 9.000 presos, esta jueza tiene actualmente la posibilidad de enviarlos a tres tipos de estructuras : una prisión corriente, una APAC y una prisión construida y gestionada por una empresa privada. Ex gobernador de Minas Gerais y desafortunado rival de Dilma Rousseff en las últimas elecciones presidenciales, Aécio Neves, actual senador de este estado, defiende la privatización : la sociedad GPA, formada por cinco empresas del sector de la construcción, obtuvo una concesión de veintisiete años para la construcción y la gestión de un complejo penitenciario que, en un periodo determinado de tiempo, debe recibir a 3.600 prisioneros. A diferencia de las cárceles públicas, ésta, que nació de la asociación público-privada de Ribeirão das Neves, ha recibido a decenas de periodistas. La empresa no impone ningún límite a la prensa ; sin embargo, se niega a hacer públicos sus beneficios. Alaba sus edificios, mucho más agradables que los del sector público. En efecto, el establecimiento es totalmente nuevo y se rechaza la superpoblación, lo que cambia radicalmente las condiciones de vida de los prisioneros.

Además de a la prensa, GPA recibe a los responsables de la gestión de las prisiones en Brasil, quienes, “interesados” en esta experiencia, desean “reproducirla, eventualmente”, en otros estados, tal y como lo afirma, por ejemplo, el director general de la administración penitenciaria de Río de Janeiro, el coronel Erir Ribeiro Costa Filho. Esta tendencia a la privatización, hoy en día defendida por el presidente Michel Temer (1), preocupa : ¿No se corre el riesgo, con la irrupción del ámbito privado, de acentuar la desigualdad de trato hacia los presos ? En primer lugar, porque un reo en el sector privado cuesta el doble que en un centro penitenciario público. En segundo lugar, porque, a pesar de que se supone que las prisiones privadas (APAC o de otro tipo) funcionan al 100% de sus capacidades, pero sin superpoblación, esto sólo son las buenas intenciones del principio...

 

En Manaos, el complejo penitenciario Anísio Jobim, donde acaban de morir sesenta presos, estaba bajo gestión privada y funcionaba al triple de su capacidad en ausencia de cualquier tipo de control y sin vigilantes. La empresa Umanizzare (que se llamó así por “humanizar las prisiones”, según su sitio web), responsable del complejo, ganaba el triple del coste de los presos en el sector público (4.700 reales por persona), un dinero que supuestamente reinvertía en un trato adecuado. Ahora bien, la Fiscalía de Manaos, que lleva a cabo la investigación como consecuencia de la masacre, acaba de pedir la “revocación inmediata del contrato por faltas graves”. Para ésta, Umanizzare es incapaz de asegurar la seguridad de los encarcelados, quienes fueron trasladado a una antigua prisión municipal de Manaos a pesar de que ésta fue cerrada por la misma Fiscalía por no reunir las “condiciones mínimas” para acoger a presos.

Normalmente, la Justicia evita enviar a las estructuras de gestión a los individuos más peligrosos. “En realidad, tanto las APAC como el sector privado necesitan que las prisiones comunes se hagan cargo de los presos problemáticos. Pero el sistema APAC cuesta dos veces y media menos que el público y cinco veces menos que el privado (2). Su objetivo inicial era, precisamente, hacer que descendiera la inseguridad y el índice de encarcelación. Ahora bien, actualmente, las APAC se multiplican como las prisiones, públicas o privadas”, explica Robson Sávio, profesor de Sociología en la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

A diferencia de la APAC, el lobby de la privatización actúa entre los parlamentarios : “Antes de la reciente reforma de la financiación de las campañas electorales, varias empresas que gestionan prisiones financiaron a los miembros del Parlamento apodados como los ‘diputados matones’, defensores de llevar armas. Algo poco sorprendente, éstos abogan por la privatización y por el descenso de la mayoría de edad penal hasta los 16 años –una reforma ya aprobada por la Cámara de Diputados y que espera actualmente la votación de los senadores–”, explica la socióloga Jacqueline Sinhoretto.

El mercado penitenciario es, en realidad, mucho más importante de lo que parece, pero no existen cifras sobre su dimensión real. Si se mantiene el ritmo de encarcelación, Brasil debería de contar con 1,9 millones de presos en 2030. Por lo tanto, hará falta construir 5.816 nuevos establecimientos en quince años según una estimación realizada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Una inversión considerable, incluso imposible en la actualidad, para el Estado brasileño, pero quizás prometedora para el sector privado. Salvo si se extraen enseñanzas de Manaos.  

 

NOTAS :

(1) O Globo, Río de Janeiro, 28 de agosto de 2016.

(2) Un preso cuesta 850 reales bajo el sistema APAC, 2.200 en una prisión pública y 3.500 en el sector privado (sin incluir los salarios de unos trescientos vigilantes del exterior de las prisiones, que son funcionarios). En Manaos, la empresa recibía 4.700 reales.





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