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Un movimiento social ignorado

“Sin justicia, no hay paz” en Colombia

Par Maurice Lemoine  |  14 février 2013     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El 27 de agosto de 2012, en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba la apertura de negociaciones de paz con las FARC, en presencia de representantes de la patronal, pero no de los movimientos sociales. ¿Se podrá poner fin al conflicto armado sin escuchar las reivindicaciones que fueron la causa de su nacimiento, hace ya cincuenta años ?

Sólo algunas canoas de motor permiten acceder a Puerto Matilde y sus humildes viviendas, en la orilla de las aguas verdosas del río Cimitarra. Apenas cae el crepúsculo, la aldea se esfuma en la oscuridad, por falta de electricidad. Por la noche, una lluvia torrencial bombardea los techos de chapa acanalada. A las ocho de la mañana, diluyendo las últimas nubes, el sol ya pega. Toda el agua que se evapora engrasa el aire. Se transpira incluso antes de haber apoyado un pie sobre los tablones resbaladizos que, tirados encima del barro, permiten los desplazamientos. De camino al puesto de salud desprovisto de médico, enfermera e incluso de cualquier medicamento, el presidente del comité de acción comunal Carlos Enrique Martínez constata lo evidente : “Como en tantas otras zonas de Colombia, esta región del Magdalena Medio vive marginada, en la más absoluta miseria”.

“Todos los obstáculos se acumulan –agrega Luis Carlos Arizanillo, encargado de los proyectos productivos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)–, violencia, falta de educación, de servicios públicos y de vías de comunicación, corrupción de los administradores locales… Todo eso recae en los hombros de los campesinos”. Llegados de otras comarcas, colonizaron estas tierras vírgenes “como consecuencia de los desplazamientos forzados que provocó el terrorismo de Estado”, explica el coordinador general de la ACVC, Gilberto Guerra. Recordémoslo : más de seis décadas de conflicto armado interno afectan a este país considerado, desde un punto de vista formal, una democracia. A los grupos de oposición armada, nacidos como reacción a una violencia estructural, respondió una represión que sobrepasa en intensidad a la de los regímenes militares de la región : “Cada año –destacaba en 2005 la Comisión Internacional de Juristas– son asesinados por las fuerzas militares y los grupos paramilitares un número de personas muy superior a las ejecutadas en Chile durante los diecisiete años de la dictadura del general Pinochet” (1).

La ACVC nació en 1996 en el valle del río Cimitarra. Empezó con 15.000 campesinos, hoy cuenta con 28.000. “Habíamos perdido nuestras tierras, muy buenas tierras –precisa Guerra–, entonces decidimos organizarnos para impedir que nos volvieran a desplazar”. Más que en otros lugares, entre bloqueos y masacres, el paramilitarismo, con la ayuda de la fuerza pública, devastó la región del Magdalena Medio. A pesar de la permanente amenaza, la ACVC organizó una zona de reserva campesina destinada a asegurar la autosubsistencia de las comunidades. “Este proyecto forma parte de la resistencia por el territorio”, explica Guerra, no sin una nota de desafío en su voz : amenazado de muerte, perseguido judicialmente, tuvo que exiliarse varios años en Venezuela.

Con satisfacción, pisoteando esteras de forraje, acaba de inspeccionar el centro de reproducción de búfalos instalado en las proximidades de la aldea. Donados por el Programa Desarrollo y Paz de la ONU, los primeros de estos imponentes búfalos se multiplicaron, “permitiéndoles al día de hoy beneficiarse a cincuenta familias del ganado de la Asociación”. Desbordante de energía, Arizanillo concluye : “Le mostramos al pueblo que, organizándose, se pueden encontrar soluciones”.

Después de que una canoa los llevara hasta una pista en mal estado, los dos dirigentes toman el camino de Barrancabermeja, puerto petrolero ubicado sobre el río Magdalena, donde se encuentra la sede de la ACVC. Cuando su vehículo pasa por la zona de El Tigre, en el municipio de Yondo, interrumpen su conversación. Se instala un silencio tenso. Ahí es donde, antes de su “desmovilización”, en 2005, los paramilitares montaban regularmente uno de sus cordones de seguridad. Ahí es donde interceptaban a los campesinos que figuraban en sus listas. Donde…

Nadie lo niega, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también andan por estas tierras de aflicción. Pero, nos confesó Martínez, expresando un sentimiento ampliamente compartido, “no estoy de acuerdo en atribuirle toda la responsabilidad del conflicto a la guerrilla. Acá es la extrema derecha la que excedió todos los límites de la barbarie”. Sabe de lo que habla. Como representante de la Unión Patriótica (UP), en los años 1980-1990, fue tres veces consejero municipal de Yondo. “Ese periodo fue una experiencia muy dura, muy cruel ; dejó muchas viudas, muchos huérfanos, muchas tierras abandonadas”.

La UP surgió de una iniciativa de las FARC, el 12 de marzo de 1984, en el marco de un diálogo establecido con el presidente Belisario Betancur y un alto el fuego que duró más de dos años. Reagrupando guerrilleros desmovilizados a tal efecto, el Partido Comunista y diversas corrientes progresistas, debía permitirle a la organización armada regresar a la vida civil, una vez consolidada la paz a través de las reformas sociales prometidas por el Gobierno. En las elecciones de marzo de 1986, la UP obtendría 5 escaños para senadores y 9 para diputados, más 23 alcaldes de ciudades intermedias y numerosos consejeros municipales. Un éxito espectacular, en semejante contexto, para una primera participación.

Lamentablemente… Con la brusquedad de una trampa que se cierra, los paramilitares, apoyados subrepticiamente por los militares y los servicios de inteligencia, se lanzaron sobre los dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición. Entre torturas, homicidios y desapariciones, el número de víctimas asciende, como mínimo, a 4.500. Entonces, salido de las selvas del Caquetá y de las filas de la guerrilla para integrar la UP, el diputado recientemente elegido Luciano Marín Arango tomó de inmediato el camino opuesto para salvar su pellejo y, bajo el nombre de Iván Márquez, retomó la lucha armada. Es él quien, desde el 18 de octubre de 2012, lidera la delegación de las FARC, en el marco de las negociaciones entabladas con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“Que dialoguen, que lleguen a un acuerdo y terminemos con todo esto”, se irrita Martínez, en Puerto Matilde. Por estos lugares, la paz es un sueño. Pero no cualquier paz. “La paz con justicia social”, se impacienta en el cantón de San Pablo Inocencio Pino, al tiempo que observa solapadamente el escuadrón militar que vigila el desembarcadero, sobre el Magdalena. En Cantagallo, también sobre la margen del río, marcadamente ojeroso por el cansancio, el viejo Elías Rodríguez va más allá : “Algunos piensan, y se equivocan, que el término de la negociación tiene que ser la rendición de las guerrillas. En realidad, no puede haber fin del conflicto si no hay cambios, y en particular una reforma agraria”. Estando claro, agrega en Bogotá Xavier Cuadros, uno de los portavoces de la Marcha Patriótica, en la cual militan nuestros interlocutores precedentes, que “el proceso en curso no se puede limitar al encuentro de delegados del gobierno con los emisarios de la oposición armada, sino que tiene que prever mecanismos de participación que incluyan al movimiento social”.

Aparentemente desarticuladas por la represión, las organizaciones populares reaparecieron con fuerza, en la capital, el 20 de julio de 2010, con motivo del bicentenario de la Independencia, para “mostrar su unidad frente a la burguesía”. Fue en esa ocasión, durante un cabildo abierto, cuando se hizo alusión por primera vez a la Marcha Patriótica. Dos años después, del 21 al 23 de abril de 2012, convergencia de iniciativas y de procesos de unidad regionales, la Marcha, como se la conoce desde entonces, reunió en la Plaza Bolívar, en Bogotá, a 80.000 personas que representaban a más de 1.500 organizaciones locales y nacionales. Un acontecimiento. Definida como “un movimiento político y social”, esta fuerza ascendente privilegia, según Cuadros, “la movilización y las manifestaciones, es decir, los canales no institucionales de participación, para acumular fuerzas y transformarse, en el futuro, en alternativa de poder”.

Si el estilo del presidente Santos difiere del de su antecesor Álvaro Uribe, no es económicamente menos liberal que aquel de quien fuera ministro de Defensa, y también él pretende transformar al país en proveedor de materias primas, lo que implica concederles a las multinacionales enormes porciones de territorio, acaparado ya por la concentración del latifundio (2). Esto en un país donde, según cifras oficiales, el 16% de la población vive en la indigencia, y el 45% (62,1% en el campo) por debajo de la línea de pobreza (3).

Históricamente despojado, el mundo rural constituye el corazón de la Marcha. No obstante, la presencia en su seno del Partido Comunista, la Izquierda Liberal de Pilar Córdoba (4), sindicatos, sectores de la juventud –en particular de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), surgida de las luchas contra la privatización de la universidad– y de medios de comunicación alternativos, así como también de “nuevas identidades” (mujeres, ecologistas, gays y lesbianas, actores culturales, etc.), le asegura una presencia urbana que no aspira sino a fortalecerse.

Como si fuera poco, con sus semejanzas y sus diferencias, no faltan los aliados : el Congreso de los Pueblos (indígena), la Minga (también indígena), la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), las Iglesias por la Paz, etcétera (5). Todos convergen en el seno de la Ruta Social Común para la Paz que, el 12 de octubre de 2012, durante una jornada de movilización nacional, sacó a las calles a 350.000 “indignados” al grito de : “¡Sin trabajo, no hay paz ! ¡Sin salud, no hay paz ! ¡Sin educación, no hay paz !”.

Una consigna legítima pero… delicada. Ya que el 18 de octubre, en la apertura de la primera sesión del diálogo, el comandante Márquez, recordando el carácter político de las FARC, también reclamó una “transformación estructural del Estado”. Semejante impertinencia escandalizó a la Colombia “que decide”, la de las ciudades y la de una clase media que mejoró su nivel de vida sin que le afectaran ni el desastre social, ni el conflicto. El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, inmediatamente replicó que, en la mesa de negociaciones, “el modelo económico del país no está en discusión” (6). Y en el Ministerio de Defensa y en los medios de comunicación estallaron las acusaciones : igual que la Unión Patriótica en su momento, la Marcha sería el brazo político de los “terroristas” de la guerrilla.

Falso, replican en el seno de la organización : la UP surgió, en 1985, de una iniciativa de las FARC, que contaban en su seno con sus propios delegados, mientras que “la Marcha es el fruto de una convergencia de organizaciones legítimamente constituidas, que trabajan a plena luz del día, pacíficamente”. En Barrancabermeja, Miguel Ángel González, secretario de la ACVC, se encoge de hombros : “Cuando nos juntamos en la Plaza Bolívar, ¿éramos 80.000 guerrilleros ?”. En Cantagallo, el asunto hace reír al viejo Rodríguez : “Por un lado, el poder afirma que la guerrilla está aniquilada, aislada, que es rechazada por toda la población… Y por otro lado dice que somos su brazo político. Que lo entienda quien pueda…”.

Hay en Colombia un conflicto social. Piense lo que se piense de ciertos métodos detestables de la guerrilla (secuestros, asesinatos, implicación en ciertos segmentos de la cadena del narcotráfico), la lucha armada es un producto de ese conflicto ; no surgió de la nada. “El discurso de las FARC no difiere mucho del de un partido de izquierdas, un sindicato o una organización contestataria, en el marco de una democracia confiscada”, analiza en Bogotá Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz.

Siendo parte de la oposición, no es para nada sorprendente que marchadores y farianos (7) tengan reivindicaciones similares. Por supuesto, algunas de las organizaciones que conforman el núcleo duro de la Marcha provienen de las zonas de conflicto –Cauca, Magdalena Medio, Catatumbo, Norte de Santander, el oriente colombiano– y se construyeron en un proceso de resistencia no desprovisto de porosidades ni de algunas pasarelas con la insurgencia. Las FARC, por su parte, nunca abandonaron el trabajo político, creando, después de las últimas negociaciones abortadas de 1999-2002, un Partido Comunista Clandestino y un Movimiento Bolivariano también subterráneo. Sin embargo, nadie puede negar el predominio en el seno de la MP de los habitantes de esta Colombia sufriente que, principal víctima del conflicto, no está de acuerdo ni con el statu quo, ni con la lucha armada.

“Aun cuando no les negamos a los insurgentes la condición de organización política que reclama transformación –insiste David Flores, otro portavoz de la Marcha–, ellos no representan al conjunto del movimiento popular. Consideramos que la paz pasa por la participación del conjunto de la sociedad”. ¿Un lugar en la mesa de negociaciones ? Es, sin saber definir exactamente sus modalidades, lo que reclama la Marcha. Ahora bien, en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado por las FARC y el Estado en septiembre de 2012, inicialmente la participación de la sociedad no se previó.

En La Habana, aceptando esta reivindicación, los insurgentes insistieron en una representación directa. Estimando acaso que la presencia de hombres ligados a los sectores patronal, industrial y militar en su delegación representaba al país en su conjunto, el Gobierno recomendaba, para “los otros”, una modalidad de consulta menor… ¡por internet ! (8). Finalmente, aceptó que tuviera lugar, en Bogotá, del 17 al 19 de diciembre, bajo la égida de la ONU y de la Universidad Nacional, un “Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral”. Con un total de 1.314 participantes (522 organizaciones, muchas miembro de la Marcha, que también participó como tal), los debates insistieron en la necesidad de construir un modelo más equitativo de desarrollo agrario, el nudo gordiano del conflicto. Las 400 sugerencias elaboradas en este encuentro fueron transmitidas a ambas partes de la mesa de negociaciones. Un detalle significativo : alineada con las posiciones violentamente “anti-negociaciones” del ex-presidente Uribe, la poderosa Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) se negó a participar en el Foro.

Algunas semanas antes, dejando en claro su diferencia y sus divergencias con las FARC, un dirigente de la Marcha nos decía : “Se pueden aprobar o no sus modos de acción, pero lo que es seguro es que consiguieron sentar a la mesa al establecimiento, cosa que ninguna organización social ni partido político consiguió jamás en este país”. Lo que no quita que todavía quede mucho camino por recorrer para obtener “la paz con justicia social” tan reclamada. “No se hace la revolución en la mesa de negociaciones –admite lúcidamente Lozano–. Pero, al igual que la guerrilla, el Gobierno tiene que hacer concesiones. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar ?”. Y sobre todo : ¿está dispuesto a concederle garantías a una oposición que no pide más que expresarse democráticamente, pero con firmeza ? “Mientras ‘ellos’ sigan en la mesa de negociaciones –nos dicen en Medellín–, nosotros tenemos que estar en la calle”.

Después de su seudo-desmovilización en 2005, muchos paramilitares se reciclaron en nuevas bandas criminales cuyos métodos no cambiaron. Mientras continúa una represión generalizada contra el movimiento social –57 sindicalistas fueron asesinados en estos dos últimos años–, la Marcha Patriótica ya lamenta numerosos arrestos arbitrarios, asesinatos y desapariciones. “Yo no tengo miedo de comprometerme –declara una campesina en Sabana de Torres, en el Magdalena Medio, con una sonrisa tensa–, pero, como todos, le pido a Dios que me proteja”.

 

(1) “Colombia : socavando el estado de derecho y consolidando la impunidad”, Bogotá, 2005.

(2) Según la ONU, el 52% de las tierras está en manos de 1,15% de la población, El Tiempo, Bogotá, 11 de noviembre de 2012.

(3) Caracol Radio, Bogotá, 15 de marzo de 2011.

(4) Miembro del Partido Liberal (PL), Pilar Córdoba, mediadora en la liberación de varios prisioneros de las FARC, con el consentimiento del Gobierno, fue destituida de sus funciones de senadora y se encontró privada de ejercer cualquier cargo público durante dieciocho años por… “sus lazos con la guerrilla”.

(5) Para pesar de muchos, el Polo Democrático Alternativo (PDA), partido que durante mucho tiempo fue la esperanza de la izquierda, rechaza cualquier confluencia con la nueva organización. Excluyó al PC de sus filas por su implicación en la Marcha.

(6) El Tiempo, Bogotá, 21 de octubre de 2012.

(7) Miembros de las FARC.

(8) Organizó sin embargo trece mesas regionales de trabajo entre el 24 de octubre y el 23 de noviembre de 2012, con el apoyo y la participación de la ONU.





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