En la frontera “intacta” de la Alta Amazonía se cuentan casi 200 campos petrolíferos y gasíferos, y alrededor de 35 compañías trasnacionales que llevan a cabo una explotación sistemática de los recursos minerales. Lo más preocupante son los proyectos. En la cuenca del río Solimões, Brasil descubrió recientemente una reserva de 540 millones de barriles de crudo, y ya trabaja en su extracción. Perú se inquieta : en 2005 solo un 15% de su territorio amazónico estaba afectado por explotaciones petroleras, divididas en “Lotes” ; en 2008, bajo el presidente Alan García, ya era el 70% (1). Ollanta Humala juró su cargo en junio de 2011 y no ha perdido tiempo en anunciar, por boca de la compañía de hidrocarburos estatal, que va a triplicar la producción de crudo durante su legislatura. En Colombia, la Fundación Alisos, dedicada a promover el desarrollo sostenible, acaba de hacer público un informe en el que se recalca que la Amazonía colombiana (rica en crudo y otros minerales) ocupa un 47% del territorio nacional, pero solo contribuye un 1% al PIB (2). Este dato podría interpretarse como una buena noticia o como un mal augurio.
Hay motivos para la esperanza. El caso ecuatoriano es uno de los más veteranos. El preciado combustible se extrae desde los años 1970, y parece que la economía petrolera en esa región ha entrado en una etapa reflexiva. El pasado 19 de septiembre se supo que la multinacional petrolera estadounidense Chevron Inc. había perdido una nueva batalla legal con los indígenas de la selva ecuatoriana (3). Se espera que Chevron (antes llamada Texaco) pague la multa de 18.000 millones de dólares por el estropicio hecho durante su actividad extractiva en ese rincón del Amazonas. Son ya veinte años de lucha en los tribunales, diez de ellos de intensa actividad. Chevron ha utilizado todos los recursos en su poder para enturbiar y retrasar el proceso. Para las víctimas, ha sido una lenta búsqueda de justicia por la contaminación de la foresta y la propagación de enfermedades asociadas a los vertidos. La indemnización, si finalmente llega a su destino, sería la más alta de la historia en un caso de este tipo. Y caería como un chorro de agua fría sobre otras compañías, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF.
REPSOL YPF EN ACUSACIÓN
La implicación transnacional en la extracción del petróleo ecuatoriano ha sido siempre turbia, y España es una pieza clave del rompecabezas. En 2003 comenzó a operar la compañía ecuatoriana Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), dedicada al transporte de petróleo. Se trata de un consorcio financiado por siete bancos (entre ellos Bankia y BBVA) y formado por otras tantas empresas petroleras. Repsol YPF, según algunos informes externos, sería dueña del 25% de OCP, solo por detrás de la canadiense Encana (31%).
Las operaciones de esta compañía, que por ser totalmente privada se definine a sí misma como libre de riesgo para el Estado ecuatoriano, han sido hasta la fecha un cúmulo de irregularidades. La más notable es que el oleoducto en sí mismo –que, con 500 kilómetros de longitud, se alarga hasta la costa Pacífica– se habría construido con materiales inadecuados, en zonas de inestabilidad sísmica y sin garantías para las regiones de delicado balance ambiental que atraviesa.
La factura del oleoducto incluye continuos derrames de desastrosas consecuencias ecológicas. El más grave ocurrió en 2009 cuando una rotura en la tubería provocó el vertido de 14.000 barriles en plena selva amazónica. A raíz de este accidente, decenas de grupos ecologistas pidieron la expulsión de Repsol del Ecuador. Además, por su “falta de seriedad” a la hora de mantener los compromisos económicos adquiridos, el gobierno de Rafael Correa rompió los contratos con Repsol YPF a finales de 2008, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo de continuidad. Las dudas acerca de OCP no remiten, sin embargo : en mayo de 2011 la justicia ecuatoriana acusó al conglomerado de haber evadido millones de dólares en impuestos (7,3 millones en 2003, por ejemplo) desde su formación.
Los problemas de Repsol se extienden a muchos de los países en los que opera. Un informe de Survival International asegura que la petrolera española ha ignorado a sabiendas la existencia de indígenas no contactados en una de sus zonas de exploración en el norte de Perú (4). Esta región, conocida como “Lote 39”, lleva años en el punto de mira de ecologistas y organizaciones indígenas. El Lote 39 estaba en poder de Repsol YPF y la empresa tejana ConocoPhilips, pero esta última retiró su participación en mayo de 2011 ante la presión internacional. En la actualidad Repsol, con el 55% de participación y en calidad de operadora, comparte el Lote 39 con una firma vietnamita (Petrovietnam, 35%) y otra india (Reliance, 10%). Se prevé mucha más polémica en cuanto comience la perforación de pozos en 2012.
Repsol, a pesar de todo, ha sido declarada “la petrolera más transparente y sostenible del mundo”, algo que nos recuerdan en su página web (5). La imagen pública de Repsol es, en efecto, una larga lista de buenas intenciones : “Visión y Valores”, “Modelo de Responsabilidad Corporativa”, “Derechos Humanos”, “Ética y Transparencia” etc. La Fundación Repsol es, todo sea dicho, líder regional en políticas privadas de desarrollo comunitario. Y es que las petroleras tienen tan mala prensa que están obligadas a dar ejemplo. Pero, a fin de cuentas, son corporaciones transnacionales : cualquier inversión en –digamos– microfinanzas para mujeres no representa más que calderilla. Los beneficios de Repsol YPF son astronómicos (1.344 millones de euros en el primer trimestre de 2011) y su capacidad de litigar en caso de ser denunciada, algo que ocurre con frecuencia, es casi ilimitada.
En la última década, el avance de la mentalidad verde en los gobiernos latinoamericanos ha sido considerable. Hoy en día, no hay candidato a la presidencia de un país amazónico que no prometa una política prioritaria de protección ambiental. En todo esto hay cierta verdad que va más allá de la mera retórica. También va más allá de la economía del petróleo y se ocupa de la Amazonía como lo que es : una gran colección de árboles que debe ser protegida, con el beneplácito de quienes habitan en la región.
A pesar de haber prometido poner a la Amazonía en el centro de la economía peruana, el nuevo presidente Ollanta Humala demuestra una actitud de conciliación para con los pueblos indígenas. Hace unas semanas promulgó la Ley de Consulta Previa, destinada a asegurase de que los nativos tengan voz y voto en cualquier decisión legislativa o administrativa que afecte a su territorio. Esto es algo muy positivo, que va a dificultar cualquier intento de comercialización de productos forestales por parte de compañías transnacionales.
La deforestación es un problema serio, que se asocia más a la colonización espontánea y la tala ilegal que a la acción de las petroleras. En Colombia, se desmatan 330.000 hectáreas de bosque al año. Según un estudio, el 42% de la madera talada en el territorio amazónico de ese país no habría recibido ningún permiso oficial. El negocio de la madera mueve en Colombia unos 60 millones de dólares anuales. Una parte de ese capital lo manejan, al parecer, las guerrillas, un problema adicional. Por este y otros motivos, el presidente Juan Manuel Santos anunció este año el llamado Pacto por la Madera Legal, cuyo objetivo es eliminar la tala ilegal por completo. El plan del gobierno colombiano incluye, además, reforestar 280.000 hectáreas de bosques. Se espera una inversión privada de 728 millones de dólares para llevarla a cabo. Queda por ver el resultado final.
UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Otros líderes sudamericanos han hecho lo propio. Hugo Chávez, presidente venezolano desde 1999, puso en marcha la denominada Misión Árbol en 2006, que se basa en el voluntariado popular. Evo Morales, primer mandatario de Bolivia desde 2005, llevó a cabo en 2010 y 2011 un simbólico plan de reforestación de 10 millones de árboles, también con la esperanza de que “cada boliviano” plantara un árbol. La deforestación es más dramática en Ecuador, pero la acción gubernamental para contrarrestarla es muy viva. Entre 1990 y 2008, el país perdió aproximadamente un 10% de su cobertura forestal, sobre todo debido al avance de la frontera agrícola. De los 9,5 millones de hectáreas restantes, cuatro están ya protegidas por ley, y el resto ha sido incluido en programas de conservación.
La propuesta más interesante tiene que ver, de nuevo, con el petróleo. Y es un plan tan polémico como revolucionario. En 2007, Rafael Correa hizo pública su intención de no extraer los 900 millones de barriles de petróleo que yacen bajo el Parque Natural Yasuní, uno de los ecosistemas más ricos del mundo. La condición es que la comunidad internacional pague, en “bonos de carbono”, a cambio de la conservación de Yasuní (6). La llamada Iniciativa Yasuní-ITT (las siglas de los tres yacimientos afectados) está siendo promocionada con el apoyo de la ONU. Ecuador ha decidido dar como plazo hasta finales del año 2011 para la recaudación de 100 millones de dólares, con el fin de comprobar si el plan es viable o no. En su reciente visita a Estados Unidos, Correa consiguió 50 millones, los cuales, sumados a los 40 millones ya asegurados, casi garantizan el éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT –al menos en su fase inicial.
Esta medida, que algunos han tildado de chantaje ecológico, es en verdad una invitación a la responsabilidad global. Mientras que los gobiernos se han mostrado tradicionalmente reacios a la intervención foránea en los asuntos patrios, Ecuador ha recordado al mundo que el Amazonas es patriomonio de la humanidad. No deja de ser, no obstante, una cuestión económica. Si no hay acuerdo, una porción de la riqueza ecológica de Yasuní se echará a perder. La intención explícita de Correa es, además, convertir a la Amazonía en la región “más próspera” del país. Teniendo esto en cuenta, se diría que la sostenibilidad, a pesar de la Iniciativa Yasuní ITT, es una contradicción.
La buena noticia es que las comunidades indígenas de la región tienen décadas de experiencia política y emiten su protesta desde el mismo centro del debate nacional. En la Alta Amazonía los pueblos indígenas no son, ni mucho menos, actores marginales. El ejemplo de los nativos ecuatorianos frente a Chevron es el más sobresaliente, pero sólo uno entre muchos, de la capacidad de resistencia indígena.
El de la Amazonía es un problema preñado de contradicciónes. Es difícil creer que las petroleras no quieran extraer hasta la última gota de crudo del Amazonas. Es asimismo complejo vislumbrar un futuro en que los gobiernos de la región se resistan a hacer uso de sus recursos naturales. Se han dado, sin embargo, pequeños pasos que van más allá del mero simbolismo. Sólo podemos esperar que el crecimiento de esta actitud sea exponencial. ¿Por qué no ver el lado positivo ? 2011 es, después de todo, el Año Internacional de los Bosques.
(1) Más información : Matt Finer, Clinton N. et al. “Los proyectos petroliferos y gasíferos en la Amazonía occidental”, PloS ONE (2008).
(2) Fundación Alisos, Transformaciones en la Amazonía colombiana : retos para un desarrollo sostenible, 2011.
(3) Ver http://www.chevroninecuador.com/
(4) Survival International, 39 cosas que Repsol no quería que supieras (abril 2011).