El 26 de septiembre de 2016, tras cuatro años de arduas negociaciones deslocalizadas en Cuba, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el comandante Rodrigo Londoño Echeverri, apodado Timochenko, firmaron con bombos y platillos en Cartagena un acuerdo de paz «histórico » para poner fin al conflicto que, desde hace más de medio siglo, ensangrienta el país.
«Histórico », este texto de 297 páginas no lo fue por mucho tiempo puesto que, el 2 de octubre, una escasa mayoría de 50,21 % de los votos lo rechazó en un referéndum marcado por una abstención de más de 60 % del electorado. A pesar de este extraordinario golpe tan funesto como inesperado, al Sr. Santos se le asignó el prestigioso Premio Nobel de la paz el 7 de octubre, como muchos lo habían considerado desde hace mucho tiempo. Integrando las propuestas de la oposición conducida por la derecha dura, por no decir extrema o mafiosa, del expresidente Álvaro Uribe, y después de las concesiones consentidas esencialmente por la guerrilla, un nuevo acuerdo fue finalmente firmado entre los beligerantes el 24 de noviembre en una ceremonia mucho más discreta que la primera, llevada a cabo en el Teatro Colón, de Bogotá.
En términos generales, para poner fin a un conflicto armado a través de la voz del diálogo, es necesario ser dos. Es por ello que, en 1973, el asesor especial del presidente de los USA, Henry Kissinger, y el jefe de la delegación norvietnamita Le Duc Tho, fueron distinguidos por el jurado del Nobel por su contribución al alto el fuego poniendo fin a la guerra de Vietnam [1]. Que, en 1978, Anuar el Sadat y Menájem Beguín recibieron el premio por la paz negociada entre Egipto e Israel. Que, en 1973, Nelson Mandela lo compartió con Frederik de Klerk, con el fin de terminar pacíficamente con el régimen de apartheid, mucho tiempo defendido, en nombre de la minoría blanca, por el segundo. Que, en 1994, el Palestino Yasser Arafat aceptó ser honrado al mismo tiempo que los israelíes Yitzhak Rabin y Shimon Peres. Por último, en 1998, John Hume, arquitecto del plan de paz de la parte católica, y David Trimble, jefe de los unionistas protestantes, viajaron juntos a Oslo para recibir la distinción que los recompensaba por sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto en Irlanda del Norte.
A la luz de estos antecedentes, que se podrían calificar de jurisprudencia, hubiera sido lógico que, por las mismas razones que el jefe del Estado colombiano – « sus decididos esfuerzos para poner fin a una guerra civil que dura desde más de cincuenta años» –, el número uno de los FARC hubiera sido homenajeado. No fue así. No sólo « se olvidó », sino que ningún representante de su organización, en proceso de transformación en movimiento político legal, fue invitado, el sábado 10 de diciembre, a la ceremonia de Oslo. Interrogados en sucesivas ocasiones, los miembros del Comité noruego se negaron a dar explicaciones, dando a sobreentender que tal presencia habría podido « herir la sensibilidad de los promotores del no al referéndum » – leer: los belicistas – y que hubiera sido percibida como una provocación « por los Colombianos, muchos de los cuales sufrieron, directamente o a través de un ser querido, las exacciones de la guerrilla». ¡Como si esta fuera la única protagonista de un conflicto que dejó 220.000 muertos desde 1958 (más de 400.000 si se añade el período anterior, iniciado en 1948, denominado « La Violencia »), entre 25.000 y 50.000 desaparecidos según las fuentes y, globalmente, 6,9 millones de desplazados! Sin embargo, estos mismos notables noruegos invitaron a la liturgia del 10 de diciembre a Henry Kissinger, nombrado Premio Nobel en 1973 – lo que, debemos imaginar, « no hirió la sensibilidad de los Vietnamitas » – y también verdugo, ese mismo año, del pueblo chileno.
En la ceremonia de entrega de su premio, el presidente Santos rindió homenaje a los « hombres y mujeres que, con una paciencia y una fuerza enorme, negociaron en La Habana durante todos estos años». No obstante, el momento crucial muy destacado de su intervención se produjo cuando, después de una pausa en su discurso, lanzó: « Les ruego a las víctimas aquí presentes, que representan a las víctimas del conflicto armado en Colombia, les pido ponerse de pie para recibir el homenaje que merecen. » (Texto completo del discurso aquí). Presentes al lado del equipo de los negociadores, de funcionarios del Gobierno y de personalidades venidas de Colombia, siete víctimas emblemáticas aceptaron el requerimiento, saludadas por una calurosa ovación: la colombo francesa Ingrid Betancourt, rehén de los FARC durante más de seis años; su compañera de infortunio, Clara Rojas, hoy diputada (por el Partido Liberal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso); Leiner Palacios, sobreviviente de Bojayá (Chocó) donde, en 2002, en una confrontación entre las FARC y los paramilitares, 117 personas murieron por un disparo accidental de un mortero artesanal de los guerrilleros a la iglesia donde se habían refugiado; Fabiola Perdomo, cuyo marido Juan Carlos Narváez, diputado regional del Valle del Cauca, fue ejecutado por la guerrilla, tras cinco años de cautiverio; Pastora Mira, dirigente comunitaria cuyo padre, su esposo y tres hermanos fueron asesinados en la toma de San Carlos (Antioquia) por los insurrectos; Liliana Pechené, líder indígena del Cauca, afectada por el conflicto “en general”; Héctor Abad, cuyo padre Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos, fue asesinado en 1981 por los paramilitares.
Cada una de estas personas, que ha atravesado una prueba especialmente dolorosa, merece el mayor respeto y estaba en su lugar en Oslo. ¡Pero, salvo una excepción, curiosamente allí solo estaban las víctimas de los insurrectos! Cuando se sabe que esta guerra cruel implicó diversas guerrillas, los paramilitares de extrema derecha, la policía y las fuerzas armadas (sin hablar de la clase político económica), la cuenta no cuadra. ¿Qué pasa con las decenas de millares de víctimas del terrorismo de Estado?
De manera general, si los medios de comunicación colombianos e internacionales informaron de la presencia de estas siete personas, la prensa francesa perezosamente se limitó, como es su costumbre, a mencionar a Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Muy pocos creyeron conveniente informar sobre el homenaje rendido por la vicepresidenta del Comité noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, al trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) colombiano para reconstruir la historia de quienes han vivido la guerra en carne propia [2]. Para quienes tuvieron la molestia de leer el informe de la CNMH, este menciona que entre otros crímenes, más de 2.000 masacres de civiles tuvieron lugar en Colombia desde principios de la década de 1980 [3].Cerca de 300 de estos asesinatos han sido perpetrados por la guerrilla de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional (ELN), más de 1.000 por los grupos paramilitares y cerca de 300 por las fuerzas de seguridad. Por un lado 300, y del otro 1.300, ¡sabiendo que la consanguinidad entre militares y paramilitares es un hecho ya comprobado! Sin relativizar en modo alguno la gravedad de los hechos imputados a los insurgentes, este balance macabro no los hace los principales culpables de la tragedia colombiana, como algunos pudieron creerlo al seguir la ceremonia de Oslo.
En su discurso, muy aplaudido, el presidente Santos rindió homenaje en términos genéricos « a las víctimas del conflicto», a quienes prometió transferir los 8 millones de coronas suecas (alrededor de 2.500 millones de pesos colombianos, 850. 000 $) de su Nobel. No obstante omitió aclarar la naturaleza de la tragedia. En una carta abierta al Comité Nobel, Aída Avella, presidenta de la Unión patriótica (UP), se rebeló: « Ni una sola palabra sobre las “falsos positivos” que costaron la vida a millares de jóvenes caídos entre las manos de las fuerzas militares, ni sobre el exterminio de la UP, ni sobre otros crímenes atroces. Ignorarlos es ignorar la historia de nuestro país. » Cabe recordar que la masacre de los dirigentes y militantes pacíficos de la UP por los paramilitares, sin que el Estado haya levantado un dedo, en la década de los años 1980, dejó aproximadamente unos 4.000 muertos. En cuanto al escándalo de los «falsos positivos», a principios de los años 2000, se refiere a las ejecuciones extrajudiciales de 4.190 civiles (según la justicia colombiana) por unidades del ejército, las cuales los hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate, a cambio de primas o permisos [4]. Un episodio más que deshonroso cuando se sabe que el Ministro de Defensa del Presidente Uribe, en esta época, no era el sulfuroso proscrito “« Timochenko », sino… Juan Manuel Santos.
Este no es un debate menor en el que cada uno elegiría su culpable según el principio “¿cuál es el que me gusta menos?”. Omitiendo la enorme responsabilidad de las clases dominantes, del Estado y sus fuerzas represivas; pasando bajo silencio los asesinatos de sindicalistas, la represión salvaje de la base social real o supuesta de la guerrilla, las decenas de millares de opositores obligados a exilarse; omitiendo toda autocrítica, en nombre del establecimiento; designando como «verdugos», a través de las auténticas víctimas, pero cuidadosamente seleccionadas, sólo los guerrilleros de los FARC, el flamante nuevo Nobel consolidó, reforzó y dio argumentos a los que votaron «no» en el referéndum del pasado 2 de octubre. Como lo señaló amargamente el Secretario General del Partido comunista colombiano (PCC) Jaime Caceydo, « ¡el conflicto seria responsabilidad exclusiva de los insurrectos»! El jefe del Estado asestó así un duro golpe a lo que se suponía debería representar y por lo que hasta entonces era felicitado calurosa y legítimamente: la paz. Al mismo tiempo contribuyó a mantener el desorden o la indiferencia de los que se abstuvieron en el plebiscito perdido. Desastroso mensaje. Mientras que la posguerra se conjetura especialmente difícil, este planteamiento solo puede causar una agravación de la polarización del país, cuando una pedagogía de la paz debería dedicarse a favorecer la reconciliación de los colombianos explicando que sí, históricamente una parte de los campesinos tomó las armas, fue sobre todo empujada por problemas sociales no resueltos.
Provocando el entusiasmo de las « palomas» y de la « comunidad internacional», el nuevo acuerdo de paz se ratificó por una muy amplia mayoría en el Congreso, el 30 de noviembre (75 votos contra 0 en el Senado; 130 contra 0 en la Cámara de Diputados). Pero los « halcones» del expresidente Uribe, que se negaron a participar en la votación, llaman a la « resistencia civil». Actitud inquietante cuando, ya, la situación toma un cariz muy malo. En su carta abierta y crítica al Comité Nobel, Aída Avella se mostraba preocupaba: « Desconocer [así] la realidad nos hace tan frágiles como lo estábamos a mediados de 1980» (cuando comenzó la masacre de la UP).
Según la oficina local de las Naciones Unidas (ONU), fueron asesinados 57 activistas de organizaciones sociales y defensa de los derechos humanos desde comienzos del año. Por su parte, la Fundación Ideas para La Paz registró 71 asesinatos, 71 tentativas de homicidios y 237 amenazas de muerte. Para La Cumbre agraria, 94 líderes de asociaciones campesinas, indígenas y populares del país cayeron en 2016, la cifra más alta de estos seis últimos años. No decidiremos cuales de estas cifras son las buenas, pero todas van en la misma dirección: una reanudación de la «guerra sucia». La sola Marcha patriótica, un movimiento político y social nacido en abril de 2012, denuncia que, este año 2016, 232 de sus dirigentes han sido amenazados , que 21 fueron víctimas de atentados y 71 asesinados (124 en cuatro años). El último, Guillermo Veldaño, presidente del Consejo de acción comunal de la vereda Buenos Aires, fue asesinado el pasado 12 de diciembre. Detalle que tiene su importancia: este asesinato tuvo lugar a proximidad inmediata de la zona donde deben concentrarse los guerrilleros del Frente Sur de las FARC para su desmovilización.
Mientras que en un comunicado, la ONU ya manifestaba su preocupación a finales de noviembre, precisando que entendía «el temor de las organizaciones sociales afectadas», el brillante Premio Nobel Juan Manuel Santos se ha contentado de contestar con una pirueta: « El ministerio público nos dijo que no hay ninguna intención sistemática. Ha sucedido en las zonas donde las FARC hacían presencia. Hay minas ilegales y las plantaciones de coca. Esto está relacionado con lo que va a pasar con esos negocios [5]. ¿Conclusiones falsas deliberadamente engañosas o desfile de fingimientos perpetuamente renovados?
Por el momento, la desmovilización de las FARC realmente no ha comenzado. El plebiscito perdido la detuvo; la aprobación del nuevo acuerdo por el Congreso no ha levantado aún todos los obstáculos. Si los guerrilleros se incorporaron a sus zonas de pre reagrupación, se desplazarán hacia las veinte zonas y los siete campamentos destinados a acogerlos por seis meses, el tiempo del desarme progresivo, sólo « una vez el camino libre de cualquier obstáculo jurídico», explicó Iván Márquez, uno de sus miembros. Lógicamente, la guerrilla exige que una ley de amnistía sea adoptada y que las órdenes de detención contra algunos de sus miembros sean eliminadas con el fin de garantizar su seguridad hasta que se pongan en marcha los mecanismos de la « Justicia especial para la paz», que debería juzgar todos los actores del conflicto y no sólo los insurgentes. Para hacer que estas medidas sean posibles, la Corte Constitucional, muy dividida, debería aprobar un mecanismo “extraordinario”, excepcional y transitorio, llamado “fast track” (vía rápida), permitiendo al Congreso legislar en urgencia. En el caso contrario, el Senado y la Cámara discutirían en sesión ordinaria, durante varios meses, o incluso un año, y podrían eventualmente cambiar la esencia y el contenido de los acuerdos, desnaturalizándolos de hecho. Ha sido necesario esperar el martes 13 de diciembre para que por fin el Tribunal constitucional diera luz verde tras largas discusiones.
Para los guerrilleros, la espera se hace cada vez más crispante, según los miembros de la Comisión Tripartita de la verificación del alto el fuego (FARC, gobierno, ONU), ya que el equipo de las zonas donde van a vivir durante seis meses ha tomado "mucho retraso". Y que, el 10 de diciembre, denunciaron la presencia de sesenta paramilitares del Grupo de los Urabeños cerca de uno de sus campamentos de pre-reagrupamiento, en el departamento del Guaviare. Según sus informaciones, las milicias de extrema derecha tienen el objetivo de “anotar el nombre de todas las personas que entran o salen de la zona, se dirigen hacia/o vuelven de nuevo al acuartelamiento de la guerrilla”. Lo que nos retrotrae al asesinato del dirigente de la Marcha patriótica anteriormente citado, Guillermo Veldaño.
A mediados de noviembre, a la espera de su premio Nobel, el presidente Santos tenía otras preocupaciones. Estimando sin duda la medida absolutamente indispensable en previsión de la Paz, anunció que quiere pasar el servicio militar obligatorio de doce a… dieciocho meses para todos los soldados.
NdlT
*El título hace alusión a una película francesa de 1982, Papá Noel es una escoria
Notas del autor
[1] El Duc Tho lo rechazó considerando que la paz no había sido completamente restaurada.
[2] « ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad », CNMH, Bogotá, 2013.
[3] Se llama «masacre » el asesinato de 3 personas o más
[4] En febrero de 2016, la justicia colombiana ya había emitido 817 sentencias contra 961 miembros de la fuerza pública, pero ninguno de « alto rango ».
[5] BBC Mundo, Londres, 10 de diciembre de 2016
Source : Colombia: Papá Nobel es una escoria
Traduction : María Piedad Ossaba, journaliste et traductrice colombienne, rédactrice du site bilingue "La Pluma.net "et membre du réseau de traducteurs Tlaxcala
