As colosales sumas invertidas por los Estados en los planes de reactivación y en el rescate del sistema bancario son un desafío para la imaginación; el ciudadano medio no tiene ni idea de lo que pueden representar cientos o miles de millones de euros. Ve claramente que el dinero –que toman en préstamo los Estados, o sea los contribuyentes– corre a raudales, creando déficits que dan vértigo y se pregunta cómo se reabsorberán. Los gobiernos tienen su respuesta: la “salida de la crisis” se traducirá a la vez por aumentos de los impuestos y por recortes drásticos en los presupuestos públicos. En otras palabras, los sistemas de protección social, en particular los sistemas públicos de salud y de educación serán los que pagarán la factura de las políticas neoliberales que han enriquecido masivamente a los más ricos, han profundizado en todas partes las desigualdades y destruido decenas de millones de empleos de unos meses a esta parte.

El temor que sienten los dirigentes por las consecuencias políticas y electorales de estas medidas de regresión social en preparación explica sus sorprendentes iniciativas en estas últimas semanas. Pretenden impresionar a la opinión pública con anuncios que hacen creer que el capital y los ingresos escandalosos de banqueros y traders tendrán que contribuir también, lo que justificará luego los planes de austeridad. De ese modo, el gobierno griego prevé aplicar una imposición del 90% a los bonus bancarios, y al mismo tiempo, congelar los salarios de los funcionarios superiores a 2.000 euros. Antes de atacar los sistemas de jubilaciones…

Cuando George Brown (defensor incondicional de la City) y Nicolas Sarkozy (cuya primera decisión después de ser elegido fue la implementación de un “escudo fiscal” que fijó topes a los impuestos de los contribuyentes más ricos) deciden también por su parte que los bonus generosamente distribuidos por los establecimientos financieros a sus ejecutivos sean sujetos a gravamen, no podemos más que aprobarlo. Uno se pregunta, sin embargo, si esa conversión a un inicio de justicia fiscal no es demasiado súbita para no ser puramente táctica.

En esta lógica, los gritos desgarradores de los banqueros ante la perspectiva de que sus remuneraciones variables sean objeto de fuerte imposición son muy apreciados por los gobiernos. Porque así pueden pasar fácilmente por defensores de los “pequeños” contra los “grandes”.

Igualmente significativa de los tiempos que corren es la decisión de la Cumbre europea del 11 de diciembre de solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) el estudio de una tasa global aplicable sobre las transacciones financieras.

Es el gran retorno de la tasa Tobin, por el nombre del premio Nobel de economía estadounidense, fallecido en 2002. Dicha tasa que se aplicaría a las transacciones sobre monedas, es una de las principales reivindicaciones de los movimientos altermundialistas y de algunos partidos de izquierda. El monto promedio diario de estas operaciones especulativas se elevó en 2007 a 2, 191 billones de euros...

Una retención mínima de 0,01% representaría más de 70.000 millones de euros. Es comprensible que semejantes sumas hagan soñar a gobiernos que buscan desesperadamente recursos fiscales para financiar algunos de sus compromisos internacionales.

Es obvio que esta tasa suscita la oposición de los establecimientos financieros y del gobierno del Presidente Obama, donde los ex ejecutivos de Goldman Sachs ocupan los puestos de dirección. También en este caso, esas resistencias son políticamente útiles. Los gobiernos europeos han comprendido mejor que el de Estados Unidos que, en el propio interés de los banqueros cegados por su codicia, no les vendría mal forzarlos un poco…