Durante mucho tiempo, las opiniones públicas percibieron los asuntos europeos como cuestiones de política exterior, por lo tanto, a sus ojos, reservadas a los expertos y a las Administraciones. Los Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea (UE) mantuvieron esa ilusión que les permitía conservar las manos libres y prescindir de la aquiescencia popular para los “avances” de la construcción comunitaria.

Hubo que esperar hasta las campañas de ratificación del Tratado Constitucional Europeo en 2005 para que, en un número creciente de Estados miembros, los ciudadanos se dieran cuenta de que las decisiones estructurantes que los involucraban –y eso en prácticamente todos los dominios– ya no se tomaban en sus países, sino en Bruselas y en Fráncfort. O sea, fuera de todo control de los Parlamentos nacionales. Asimismo, no es sorprendente que la actitud a adoptar con relación a la UE se haya vuelto un tema principal de los debates de política interior. Un tema tanto más sensible cuanto que, al no inscribirse en la división clásica entre izquierdas y derechas, más que oponer a los partidos los divide, impidiendo así todo consenso sobre el asunto.

La historia de la construcción europea en sí misma está jalonada de conflictos, esta vez entre Estados o entre tal o cual Estado y la Comisión. Dichos conflictos, sin embargo, no ponían en tela de juicio ni las instituciones ni la pertenencia a la UE. Con el brexit, por el contrario, se trata de un enfrentamiento entre un Estado miembro –el Reino Unido– y los 27 restantes y, más allá, de un enfrentamiento con la UE como tal. Con independencia del desenlace de este pulso, sentará un precedente, pero, en el estadio actual del proceso, ya se desprenden algunas enseñanzas.

La primera es que la Comisión, en la cual ha delegado el Consejo para negociar con el Reino Unido las condiciones de su salida de la UE, no le hará ningún regalo. Ni siquiera Alemania ni los países nórdicos, favorables al fundamentalismo librecambista de los británicos, han cedido un ápice a su favor. Hicieron que la preservación de la UE prevaleciera por encima de cualquier otra consideración. Para los Veintisiete unánimes, el precio que Londres debe pagar por el brexit tiene que ser lo suficientemente elevado como para impedir un “efecto dominó” y para disuadir a cualquier Gobierno que tenga la temeridad de desear la secesión de la UE.

La segunda enseñanza es que, aun en el mejor de los casos –el de un divorcio de mutuo acuerdo–, salir del club comunitario sería una empresa sumamente compleja, que exigiría una preparación minuciosa. Ahora bien, el brexit se negocia actualmente en un contexto calamitoso : sus partidarios, victoriosos con ocasión del referéndum del 23 de junio de 2016, no tenían nada previsto para el “día después” y exhiben retrospectivamente su amateurismo ; el Gobierno de Theresa May está profundamente dividido en ese tema y puede perder en cualquier momento su precaria mayoría en la Cámara de los Comunes. Así se han reunido todas las condiciones –tanto estructurales como coyunturales– para hacer del brexit un espantajo y desacreditar la propia idea de salir de la UE, prevista no obstante en el Tratado de Lisboa.

Esta nueva situación complica seriamente la tarea de las fuerzas políticas que no se resignan a la perpetuación de la Europa liberal actual y no excluyen, por ende, la eventualidad de separarse de ella. Pero deberán llevar a cabo un trabajo considerable, en gran parte técnico, si es que quieren dar una credibilidad indiscutible a su proyecto y no ver que se les oponga, como argumento demoledor, el desastroso ejemplo del brexit.