“Distinguido y fino amigo : (...) hemos revisado todas nuestras publicaciones (...) y puedo asegurar que no se encontraba nada que pudiera interpretarse como negativo al Gobierno y que, por el contrario, nuestra política era francamente favorable y de apoyo al régimen”. En estos preocupantes términos, Gabriel Alarcón, director y propietario de El Heraldo de México, se dirigió al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz en una carta con fecha del 24 de septiembre de 1968 (1). México estaba entonces sacudido por manifestaciones estudiantiles sin precedentes, y la afanosa cobertura periodística de la represión policial frente a una juventud descrita como subversiva terminó incomodando al Ejecutivo a pocos días de la apertura de los Juegos Olímpicos en la capital. “Señor Presidente –continúa la misiva–, nos sentimos en una habitación oscura y solamente usted nos puede dar la luz que necesitamos”. El 2 de octubre, policías de paisano y soldados dispararon a la multitud de manifestantes en el barrio de Tlatelolco, causando más de trescientos muertos y varios centenares de desaparecidos. Al día siguiente, El Heraldo titulaba en primera plana : “Francotiradores dispararon contra el Ejército”. Otros periódicos de gran tirada mencionaban que “terroristas y soldados sostuvieron [un] rudo combate” (El Universal) o incluso que “manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México [para] frustrar los XIX Juegos” (El Sol de México).
En México, la llamada prensa “amarilla”, sensacionalista y complaciente, tiene sus orígenes en la dictadura del general Porfirio Díaz, en el poder durante 34 años (1876-1911), quien gratificaba a los periódicos leales con generosas subvenciones, reservando para los periodistas recalcitrantes las cárceles del Estado. Tras la revolución (1910-1920), el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1938, se negó a romper esta oportuna alianza con los medios de comunicación más fieles. Durante los 76 años de reinado del partido (de 1929 a 2000 y desde 2012), “se construyó una relación de connivencia entre los medios de comunicación y el poder”, nos explica Jacinto Rodríguez Munguía, historiador y director de la cátedra de Periodismo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El grupo Televisa encarna esta alianza inquebrantable. La cadena de televisión fue fundada en los años 1950 por Emilio Azcárraga Vidaurreta bajo el impulso del presidente Miguel Alemán Valdés. Su hijo, Miguel Alemán Velasco, que estuvo a cargo de la dirección de informativos en el seno de la cadena ejerciendo al mismo tiempo las funciones de senador y de miembro de la dirección del partido, lanzaba en 1986 esta advertencia en una reunión del comité de redacción : “Esta empresa es ‘priista’. Si hay alguien aquí que no esté a favor del PRI, que lo diga ahora y que se vaya. Nunca trabajará en Televisa”. Tras la muerte del fundador, su hijo Emilio Azcárraga Milmo creó Univisión, que se convirtió en el grupo de televisión más poderoso del mundo hispanohablante, inundando América Latina con telenovelas que mezclaban drama burgués con proselitismo político. Apodado “El Tigre”, el entonces empresario más rico de América Latina se definió naturalmente como un “soldado del PRI”. Su hijo Emilio Azcárraga Jean sigue estando a cargo de la presidencia de la cadena desde 1997 (2). Televisa registra por sí sola una cuota de audiencia del 65% (el 95% de mexicanos la ven regularmente y sus telediarios vespertinos concentran una quinta parte de telespectadores) (3).
¿Qué sucede cuando los periodistas desentonan en el coro del poder ? “Desaparecen”, señala Ana Cristina Ruelas, representante en México de Artículo 19, un organismo que lucha por el derecho a la libertad de expresión. Desde comienzos de 2017, once periodistas han sido asesinados. “[El presidente] Peña Nieto afirma que es el crimen organizado el que asesina a los periodistas. Es falso. Todos los periodistas asesinados investigaban la corrupción política –exclama Ruelas–. El 100% de los asesinatos permanecen impunes”. Sin embargo, afirma, “la principal violencia que sufren los periodistas es la violencia económica. Es la más útil y la menos visible”. Según datos recogidos por este organismo, la financiación de los medios de comunicación nacionales depende en un 70% de la compra de espacios publicitarios por parte de las instituciones públicas. Para los periódicos locales, esta dependencia alcanza el 90%.
En 1982, el semanario Proceso, reconocido por su intransigencia frente a la corrupción, sufrió la cancelación de todos sus contratos de publicidad celebrados con el Gobierno. El presidente López Portillo (1976-1982), en su reunión anual con los directores de medios de comunicación, exclamaba : “¿Pagarte para me pegues ? ¡Jamás !”. Proceso sigue siendo desde entonces el único periódico que vive de sus lectores. Más dependiente de la publicidad oficial, el histórico rotativo de izquierdas La Jornada, por su parte, debió cerrar varias de sus ediciones locales y modificar su línea editorial crítica.
Tras su llegada al poder en 2012, Enrique Peña Nieto prometió regular el presupuesto público destinado a la publicidad. Sin embargo, su Gobierno es el que más ha desembolsado en publicidad institucional. Se gastaron más de 34.000 millones de pesos (1.600 millones de euros) durante los primeros cuatro años de su mandato. “La información que tenemos no es más que la punta del iceberg –se lamenta Ruelas–. Muchas subvenciones están disfrazadas de contratos de prestaciones diversas, de organización de acontecimientos... contratos ocultos. El único dinero público que no se controla en México es la publicidad institucional. Es la caja negra de los Gobiernos”. Una transferencia masiva hacia menos de diez familias propietarias de medios de comunicación, a la cabeza de las cuales se encuentran los dos gigantes de la radiotelevisión. En 2016, Televisa y Televisión Azteca absorbieron el 40% del presupuesto de comunicación del Gobierno.
Tres años antes de las elecciones de 2012, ambos grupos fabricaron un relato televisivo a medida para el candidato del PRI que utilizaba los códigos de la telenovela mexicana : el ascenso irresistible de un hombre joven, rico y telegénico, con un impecable brushing, símbolo del éxito económico y promesa de modernización, impulsado por un eslogan explícito : “¡Para ganar más !”. Televisa, respondiendo a las necesidades del culebrón electoral, llegó incluso a retransmitir en su totalidad la boda en segundas nupcias del candidato con una estrella de las telenovelas, Angélica Rivera. Una cobertura mediática en la que se insistió durante tres años convirtió en modelo de desarrollo y buena gestión el estado de México, gobernado entonces por Peña Nieto –quien en 2017 legará a su primo ese bastión inexpugnable del PRI, que heredó de su padre Gilberto Enrique Peña del Mazo, también gobernador bajo los colores del partido–. Sin embargo, esta región industrial de dieciséis millones de habitantes que rodea la capital es una de las más afectadas por la corrupción y la violencia, especialmente contra los ecologistas, los periodistas y las mujeres (4).
Según una investigación publicada en el periódico británico The Guardian, Peña Nieto habría destinado sumas considerables a Televisa para la promoción de sus proyectos de obras públicas y la difusión de entrevistas suyas : más de 340 millones de pesos (más de 17 millones de euros de esa época) durante el primer año de su mandato, por ejemplo (5). El periódico menciona los cables diplomáticos provenientes de la Embajada de Estados Unidos difundidos por WikiLeaks, que describen el estado de México como un “pueblo Potemkin” cuya prosperidad es pura fachada. Los cables señalan que las “dos empresas de televisión predominantes en el país, Televisa y TV Azteca, que forman un duopolio en el sector, siguen influyendo en el poder judicial, el poder legislativo y los organismos de regulación para impedir la competencia” (6). La información confidencial confirma que “nadie parece querer irritar a Televisa o Azteca por miedo a perder espacios de publicidad económicos en la franja horaria de mayor audiencia”.
En 2012, durante la campaña presidencial, el candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los dos imperios mediáticos de apadrinar a Peña Nieto, y al patrono de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, de dirigir una “mafia” que ejerce un “bloqueo informativo”. El grupo Salinas, propietario de TV Azteca pero también de un banco y de una cadena de supermercados, extiende su influencia sin preocuparse demasiado por la legalidad. En 2002, tras un intento frustrado de fusión con la cadena regional CNI Canal 40, Salinas Pliego no dudó en enviar un comando armado para tomar la antena por la fuerza. El comando secuestró durante varias horas a los empleados e interrumpió la difusión de la cadena regional para retransmitir una cadena del grupo Azteca (Azteca 13).
Recién elegido, el presidente Peña Nieto causó sorpresa al permitir la limitación de los monopolios de las telecomunicaciones y la apertura del mercado de la “convergencia” de los programas audiovisuales en las pantallas de los smartphones (7), hasta entonces monopolio de Telcel, la compañía en manos del magnate Carlos Slim. Los industriales aceptaron la normativa ya que, a largo plazo, esta convergencia abriría nuevos mercados a los grandes barones de los medios de comunicación, fortalecería los monopolios y desalentaría la competencia. El artículo 9 permite especialmente a Televisa adquirir nuevas cadenas sin la autorización de los órganos de regulación. Por su parte, Slim podría entrar en el mercado televisivo. Las dos televisiones privadas ya disponen del uso gratuito de canales públicos, considerados sin embargo un bien público.
Además, la ley permite que los grupos de telecomunicaciones espíen los correos electrónicos de los ciudadanos para luchar contra el crimen organizado. En junio de 2017, el Gobierno fue acusado de vigilar a periodistas y a sus familias, así como a abogados de los familiares de los desaparecidos, con la ayuda de un software de espionaje comercializado por la empresa israelí NSO Group, que presta sus servicios al Gobierno mexicano. El espionaje apuntaba especialmente a Carmen Aristegui y su equipo, quienes habían revelado en 2015 que el matrimonio presidencial había adquirido una mansión por un valor de siete millones de dólares a un grupo mexicano beneficiario de jugosos contratos públicos. A continuación, la radio MVS despidió a Aristegui y su equipo, considerando que la participación de los periodistas en la plataforma MexicoLeaks (destinada a denunciar los actos de corrupción) servía a “intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que ejerce la empresa” (8). Los directivos de MVS estaban en plenas negociaciones con el Gobierno para la apertura de una cadena de televisión.
Las extravagancias del “telepresidente” avivaron la indignación de un amplio sector de la población. En 2012, el colectivo estudiantil YoSoy132 inició una gran movilización en las redes sociales contra el tratamiento mediático sesgado de las elecciones. En septiembre de 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por parte de las fuerzas del orden en Iguala (9), tuvieron lugar inmensas manifestaciones frente a la sede de Televisa para reclamar la verdad. El mismo año, una comedia satírica de Luis Estrada titulada La dictadura perfecta se inspiraba en los escándalos y manipulaciones que rodeaban la relación entre el PRI y Televisa. Ante la acumulación de casos de corrupción, la impopularidad del presidente y la creciente cólera de los ciudadanos, las elecciones presidenciales previstas para junio de 2018 se presentan difíciles para el PRI. Tanto más cuanto que el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), López Obrador –otrora presentado como una amenaza para el desarrollo del país–, parece hoy recibir los favores de los círculos financieros. “AMLO” obtuvo incluso la amistad de TV Azteca : Esteban Moctezuma, presidente de la Fundación Azteca y protegido de Salinas Pliego, se sumó al equipo del candidato para contribuir a su “propuesta social” para 2018. Rodríguez Munguía se muestra pesimista : “Si otro partido llega al poder, se adaptarán. Lo hicieron cuando el PRI perdió la presidencia en 2000, como dignos descendientes de aquellos que, décadas atrás [el 2 de octubre de 1968], ni siquiera intentaron cambiar el transcurso de los acontecimientos. Eran invisibles y tornaban invisibles las tragedias”.
“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. (...) Porque es una dictadura de tal modo camuflada que llega a parecer que no lo es. Tiene las características de la dictadura ; la permanencia, no de un hombre pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”. La frase del premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa (10), pronunciada durante una conferencia en México en 1990 ante la mirada atónita de su par mexicano, Octavio Paz, describía la habilidad desarrollada por el PRI para someter a los intelectuales. Rodríguez Munguía prefiere el término de “tiranía invisible”, que descubrió en un texto con fecha de 1964 en los archivos de la Policía Secreta mexicana desclasificados en 2000. El ensayo, visionario, establece la doctrina que debía guiar al PRI en su relación con los medios de comunicación : “La propaganda política debe utilizar todos los medios de comunicación –la palabra escrita para los más instruidos, las imágenes gráficas, la utilización audiovisual de la radio, la televisión y el cine para los menos capaces– ; [así] podremos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adoptará la forma externa de un gobierno democrático” (11).
NOTAS :
(1) Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, Random House Mondadori, México, 2007.
(2) El 26 de octubre de 2017, Emilio Azcárraga Jean anunció que dejará la presidencia ejecutiva, pero seguirá al cargo del consejo de administración y de la fundación del grupo mediático.
(3) Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la empresa Nielson Ibope México.
(4) El estado de México registra desde 1993 más asesinatos de mujeres que el estado de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez.
(5) “WikiLeaks reveals US concerns over Televisa-Peña Nieto links in 2009”, The Guardian, Londres, 11 de junio de 2012.
(6) “Monopolios de tv y telefonía manipulan al gobierno : EU”, La Jornada, México, 17 de marzo de 2011.
(7) Véase Marie Bénilde, “Convergencia entre telefonía y ‘medias’”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2016.
(8) “La periodista Carmen Aristegui, despedida de la cadena MVS”, El País, Madrid, 16 de marzo de 2015.
(9) Véase Rafael Barajas y Pedro Miguel, “Una masacre indignante en México”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2014.
(10) El País, Madrid, 1 de septiembre de 1990.
(11) Archivo General de la Nación (AGN), fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), caja 2998/A.