Una montaña de flores y de crucifijos se eleva en la plaza del Pilar en este día de mediados de octubre con motivo de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Las calles rebosan de turistas, los grandes almacenes hacen su agosto : ningún sóviet, ninguna toma de ningún Palacio de Invierno ibérico. Tanto aquí como en Madrid, Cádiz, Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, Ferrol, La Coruña o también Badalona, una “coalición de unidad popular” formada por militantes de movimientos sociales y de diversos partidos de izquierdas ganaron las elecciones municipales de mayo de 2015. Pero, a pesar de las estridentes protestas de los conservadores, alarmados por esas victorias, la revolución se lleva a cabo discretamente.

“Una ciudad no cambia en año y medio. Igual se necesita para un cambio cultural una generación”, considera Guillermo Lázaro, coordinador del grupo municipal de la candidatura ciudadana Zaragoza en Común (ZeC) (1). Antes de añadir que, a pesar de las promesas de progreso social que figuran en los programas electorales, el cambio al que aspira la población consiste menos en abolir la propiedad privada que en expulsar a la “casta” : “Creo que la gente no esperaba tanto un cambio real de sus condiciones de vida como que se demostrase que hay gente normal que viene de hacer los mismos puestos de trabajo”.

En Santiago de Compostela, la plataforma que logró la victoria electoral Compostela Aberta (“Compostela abierta”) nació de un “disgusto”, nos explican Marilar Jiménez Aleixandre y Antonio Pérez Casas, respectivamente, portavoz y militante de la coalición. “Apenas un año después de su elección, el alcalde precedente, Gerardo Conde Roa (Partido Popular), fue imputado por fraude fiscal”. Le sucedieron otros dos a lo largo de un mandato salpicado por asuntos judiciales, lo que le valió a la ciudad ser bautizada como “Santiago de Corruptela”.

Esta crisis de la representación política, motor del Movimiento 15-M, favoreció la creación de coaliciones heteróclitas, renovando así el perfil del poder municipal tradicional : “En Compostela Aberta, mucha de la gente no había participado en política –indican Jiménez Aleixandre y Pérez Casas–. Para caracterizar al personal que se acercó a Compostela Aberta, [se puede decir que está formada por] un grupo que había participado en los partidos más activos (Bloque, IU) y otro que estaba en estructuras partidarias, partidos pequeños (Equo). Muchos estaban en movimientos asociativos, asociaciones de vecinos [2] o plataformas para luchar contra la especulación inmobiliaria. También hay gente del movimiento feminista y, luego, gente que viene de los movimientos sociales (15-M, Indignados), así como del mundo de la cultura o artistas de calle”. Y no todo el mundo se define como “de izquierdas”.

La denominación “Ayuntamientos de Podemos” (por el nombre del partido surgido en octubre de 2014), utilizada por sus adversarios y por una parte de la prensa, obstruye las delicadas, incluso conflictivas, relaciones que estos equipos mantienen con la joven formación. Además, “más allá de nuestras diferencias con las otras candidaturas ciudadanas municipales, tenemos un punto en común –observa Aleixandre– : no nos concebimos como partidos. En su gran mayoría, los partidos tradicionales de izquierdas han ido funcionando como una estructura que tendía a poner los intereses de sus núcleos dirigentes por encima de una voluntad de cambio : conservar su puesto y seguir sin dialogar con la militancia. Esto, por desgracia, vemos que se está reproduciendo en Podemos. Nosotros, por nuestra parte, probamos diferentes formas de organización para otorgar prioridad a nuestro programa”.

¿Cuál ? De una ciudad a otra, las hojas de ruta incluyen numerosas ambiciones comunes : democracia, redistribución de la riqueza, reducción del peso de la Iglesia, remunicipalización de los servicios públicos, derechos de las mujeres, etc. Hace tan sólo unos minutos que nuestra entrevista ha comenzado cuando el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, se levanta. “Bajo al patio –informa–. Organizamos un minuto de silencio cada vez que una mujer muere a consecuencia de los golpes de un hombre”. En esta ciudad de cerca de 100.000 habitantes, semejantes actos simbólicos van acompañadas de la rehabilitación de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, así como de campañas destinadas a dar más visibilidad a su lucha. El 25 de noviembre, declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad se cubría de negro y los autobuses y los escaparates mostraban la inscripción “Contra la violencia”.

A su regreso, el alcalde nos expone el plan de prestaciones sociales que entró en vigor en octubre y en el cual le gustaría que otros Gobiernos se inspiraran. “‘Compostela Suma’ es el programa más ambicioso que hemos presentado hasta ahora. Hemos establecido convenios de calle con asociaciones como la Cruz Roja y hemos puesto en marcha medidas habitacionales para gente sin techo, a través de convenios con pensiones y utilizando inmuebles del Ayuntamiento que nunca se habían destinado a ese uso”. El programa prevé ayudar a vecinos considerados como “demasiado ricos” para beneficiarse de la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA). Además, Noriega no duda en mostrar su apoyo a los huelguistas durante las importantes jornadas de movilización de trabajadores precarios y de subcontratas de Telefónica-Movistar.

Entre los objetivos de los nuevos equipos municipales existen algunos símbolos. En Barcelona, la reaparición de una estatua decapitada del general Franco, con motivo de una exposición crítica con el franquismo, generó el rechazo de diferentes sectores catalanes, tanto progresistas como conservadores. Finalmente, la estatua fue retirada después de que desconocidos la derribaran tras días de polémica, concentraciones y sabotajes. Para la Epifanía, el 6 de enero de 2016, el Ayuntamiento de Madrid cosechó críticas de sectores de la derecha por cambiar la vestimenta de los Reyes Magos del tradicional belén napolitano en la cabalgata por una más moderna. En Valencia, también en el marco de estas fiestas, la entidad civil Societat Cultural El Micalet organizó, el día 3 de enero de 2016, la cabalgata republicana de las Magas de Gener (Magas de enero) : libertad, igualdad y fraternidad –organizada por última vez en 1937 con el Gobierno de la II República–. Ésta, que recibió el respaldo del Ayuntamiento, también fue objeto de críticas por parte de los sectores conservadores. ¿Provocaciones gratuitas ? Más bien se trataría de cambiar radicalmente las herencias franquista y católica como un eco de la aspiración republicana del 15-M. Ésta continúa flotando en el ambiente de las manifestaciones españolas a través de la bandera de la Segunda República Española.

Una vez que se ha definido el programa y se han ganado las elecciones, hay que gobernar. La entrada en la institución de ex activistas de movimientos sociales habituados, por haberlas sufrido a menudo, a las relaciones conflictivas con los equipos municipales provocó un cambio de actitud del nuevo poder local con respecto al sector asociativo. “Se constata una voluntad de incluirnos en los procesos de decisión –se alegra Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)–. Se ha facilitado la obtención de información. Puede parecer que esto no es nada, pero se trata de un paso de gigante porque, una vez que poseemos esta información, podemos realizar reivindicaciones. Por lo tanto, los conflictos que actualmente nos oponen al Ayuntamiento han sido facilitados por el propio Ayuntamiento”.

Trabajar codo con codo, pero sin renunciar al debate cara a cara : para los colectivos activistas, colaborar con antiguos compañeros implica también conservar su independencia para “mantener la presión”. Ya que la mejora de las relaciones entre los actores de las esferas pública y política no garantiza los avances sociales, al igual que la cordialidad tampoco es sinónimo de colaboración. “Tenemos una opinión mitigada sobre los inicios del Gobierno de Barcelona en Comú –declara Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS)–. Se han creado espacios de diálogo, mientras que antes las cuestiones ligadas al turismo siempre eran el coto privado de la institución en relación con la industria : la segunda decidía y la primera firmaba. Pero nos ha sorprendido bastante ver que nuestra voz, en defensa del interés general, se ha situado al mismo nivel que la opinión del primer hotelero que llega”.

Acompañado por una veintena de activistas reconocibles por sus camisetas verdes y sus vivos eslóganes, Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, se manifiesta delante del ayuntamiento durante un día de octubre de 2016 en el que se reunía el Consejo Municipal. Acaba de ser adoptada una moción que impulsan desde hace meses. En su punto de mira se encuentra la cláusula denominada comúnmente “suelo”, que se aplica a los préstamos con garantía hipotecaria de tipo de interés variable y que los tribunales han declarado nula por ser abusiva. Los intereses de estos préstamos se liquidan aplicando un tipo de referencia –normalmente el Euribor–, y cuando el tipo de interés de referencia se sitúa por debajo del señalado en la cláusula suelo, se aplica éste último. El resultado : las familias afectadas por esta cláusula pagan más intereses y, por tanto, una cuota mensual mayor. En Barcelona, el Ayuntamiento se compromete en la actualidad a dejar de trabajar con los bancos que la apliquen y a proporcionar ayuda orientativa a las víctimas. Sin embargo, el papel de los Ayuntamientos a nivel nacional es limitado : como mucho, pueden pedir al Gobierno central que cambie la ley, implementar un sistema de préstamos sin intereses, así como la devolución de todos los intereses que los bancos han recibido injustamente ; algo que podría hacer temblar a los grandes financieros. “Es difícil, siendo realistas, que el Ayuntamiento de Barcelona deje de trabajar con estos establecimientos financieros –confiesa Macías–. Quedarían dos bancas éticas y seguramente no tendría capacidad para financiarle. Pero estoy convencido de que hay que continuar ejerciendo presión para que el equipo municipal no tire la toalla”.

La prioridad sería no desmovilizarse. “Tanto Barcelona en Comú, como Podemos tiene una responsabilidad : la del discurso –continúa Macías–. Si usted le trasmite a su propio bando el mensaje : ‘Tranquilos, hemos llegado al poder y lo vamos a hacer todo’, significa que no ha aprendido nada a lo largo de los últimos cuarenta años”. Los nuevos equipos dicen ser conscientes del riesgo : “No queremos, en absoluto, que se repita el mismo proceso que ocurrió en 1982, cuando la entrada del PSOE [Partido Socialista Obrero Español] en el poder desembocó en el desmembramiento de los movimientos sociales –quiere tranquilizar Luisa Capel, miembro del equipo de comunicación de Ahora Madrid–. Entonces, la izquierda entró en el juego de la democracia representativa y se perdió peso en la calle. Esto se hizo patente a lo largo de los años 1990, fue devastador. Queremos que el movimiento social continúe desempeñando su papel para ayudarnos a llevar a cabo nuestra política. Los de enfrente no se privan de intentar ejercer peso”.

No obstante, esta invitación provoca algunas tensiones. En Barcelona se cristalizan en torno a la lucha contra el turismo masivo, el punto fuerte del programa de Barcelona en Comú. Durante el verano de 2015, la alcaldesa, Ada Colau, adoptó una moratoria de un año (prorrogada hasta junio de 2017) sobre las licencias para la apertura de nuevos alojamientos turísticos, el tiempo necesario para crear una política a largo plazo en una ciudad donde todos los barrios sufren el auge del turismo masivo. Aunque la moratoria –en perjuicio de los industriales– responde a la exigencia principal de la ABTS, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que la acompaña ha sido objeto de sus críticas.

Esta reglamentación, que aún está siendo discutida tras haber recibido un centenar de alegaciones, tiene como objetivo definir cuatro zonas urbanas. En el centro, la llamada zona de “decrecimiento natural”, no se autorizaría ninguna construcción hotelera nueva, y los establecimientos existentes no podrían ser ampliados ni reemplazados por otros en caso de cese de su actividad. En la segunda zona se mantendría el statu quo y se otorgarían licencias de forma “sostenible” en los barrios periféricos del tercer y cuarto anillo, con restricciones en función de la superficie y del número de camas de los establecimientos. “Sabemos que este proyecto es de lo más valiente que se ha hecho en Barcelona, pero también sabemos perfectamente que es claramente insuficiente –explica Pardo–. Y en ese sentido, el Gobierno municipal nos hace gestos, nos hace guiños para que los apoyemos porque se sienten solos, pero no podemos apoyarlo integralmente. El ‘decrecimiento natural’ es un truco lingüístico. No podemos darle un cheque en blanco porque, esencialmente, hay barrios que, según lo que determina ese plan, van a quedar directamente abiertos al mercado y a la especulación más salvaje. Nuestra exigencia es una moratoria indefinida. Puede que políticamente sea un suicidio, pero no podemos exigir menos porque sabemos lo que pasa en los barrios luego”.

Cada día, los “Ayuntamientos del cambio” se ven confrontados a las dificultades que implica el paso de la calle a las instituciones. Esta transformación desposee al movimiento social de una parte significativa de sus fuerzas. Sentada en la terraza de un café, Ana Menéndez, situada recientemente a la cabeza de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona (FAVB), enumera a sus ex compañeros que trabajan hoy en día para los servicios municipales. El fenómeno se hace eco del traspaso de numerosos líderes del movimiento social por Podemos. Entre las filas de Compostela Aberta, Jiménez Aleixandre no logra ocultar su desánimo cuando analiza el impacto de un año y medio de presencia en las instituciones sobre el activismo : “Últimamente, el funcionamiento de Compostela Aberta, al igual que el de otros ‘Ayuntamientos del cambio’, se ha visto muy afectado por los procesos electorales. Hemos vivido unas elecciones municipales, dos generales y además aquí [en Galicia] unas autonómicas en un año y medio. Nos hemos entregado por completo a éstas y han absorbido una parte enorme de la energía que habríamos podido dedicar a la ciudad. Por no hablar de las tensiones internas que ha provocado este proceso, ya que las coaliciones cambiaban en función del tipo de elecciones”.

Estas tensiones no resultan sólo de visiones divergentes, sino que revelan la dificultad para reproducir en las instituciones políticas las prácticas y las consignas del movimiento social. Los nuevos Ayuntamientos, adeptos al concepto de empoderamiento –retomado y desarrollado por Podemos–, ven el terreno institucional como un campo de experimentación política. Invierten medios en la concepción de plataformas digitales ciudadanas (3) : una prolongación de métodos usados durante el 15-M cuando todo el mundo, en un rincón de una plaza, a la vuelta de un debate, podía inscribir sus propuestas en una pizarra. “El objetivo es romper con esta burocratización de la participación para hacer algo más dinámico, más en el espíritu del 15-M, según el cual los acuerdos se obtienen por consenso y no es necesario pertenecer a una asociación declarada para poder participar”, explica Capel en Madrid.

Pero esta inventiva digital –calificada por el periodista Ludovic Lamant como “técnica de profanación de las instituciones” (4)– y la buena voluntad que le acompaña chocan a veces con las prácticas de los habitantes. “Muchos pensaban que la vida administrativa podía ir la velocidad de Twitter. La Administración, que tiene toda una serie de normas que cumplir, no funciona a la velocidad con la que se crea un grupo de WhatsApp, de Twitter o de Telegram”, constata el director de la FRAVM. En Santiago de Compostela, la votación de los presupuestos participativos movilizó a unas mil personas, es decir, a algo menos de un habitante de cada cien. En Madrid, durante la amplia campaña informativa de rehabilitación de la plaza de España, 31.761 personas votaron en línea en la primera fase de selección de los diversos proyectos : alrededor del 1% de la población total de la capital. Por su parte, la decisión de a qué destinar los 60 millones de euros del presupuesto participativo despertó el interés de 45.522 habitantes. ¿Dispositivos superficiales o “democracia real” ? Para el alcalde de Santiago de Compostela, Noriega, estas herramientas demostrarán su eficacia de forma retroactiva, “cuando los habitantes hayan podido constatar que las propuestas de las cuales eran autores han sido adoptadas e implementadas efectivamente. Esto retroalimentará la participación”.

No obstante, a condición de poder promover estas medidas y hacer que el Consejo Municipal las adopte. Ninguna de las coaliciones de izquierdas que llegaron al poder en mayo de 2015 cuenta con una mayoría absoluta. “Gobernamos la ciudad pero no tenemos el poder”, resume Pablo Híjar, concejal de Vivienda de ZeC. Por lo tanto, el apoyo de otros grupos –a menudo el PSOE o partidos regionales como Chunta Aragonesista (Unión Aragonesista, CHA), movimiento nacionalista y ecosocialista en Aragón– resulta indispensable. En Zaragoza, “el PSOE no apoya claramente la cuestión de la laicidad, o vota ordenanzas fiscales con el PP o Ciudadanos, como ocurrió el año pasado, en las que nos impide aplicar criterios de progresividad fiscal”, se exaspera el alcalde Pedro Santisteve. “El PSOE obstaculiza sistemáticamente las decisiones importantes, las que cuestionan el sistema capitalista”, considera Lázaro, de ZeC.

Asimismo, ciertas medidas que figuran en los programas electorales remiten a prerrogativas regionales o nacionales. “Si hubiera habido un cambio simultáneo a estos niveles, habría sido más fácil –suspira Villalobos–. Es la Comunidad de Madrid quien gestiona los hospitales, la educación pública, la ley del suelo. Así que numerosas decisiones del Ayuntamiento son simbólicas : instan a la Comunidad a adoptar tal o cual medida... sin obtenerlo en la mayoría de los casos”. Los medios no bastan para poner en marcha las medidas radicales prometidas contra los desahucios, tanto menos cuanto que los Ayuntamientos sufren la presión presupuestaria del Gobierno central : “Del presupuesto nacional, sólo nos llega el 12,8% –recrimina Santisteve–. Y, con esto, debemos hacer frente a las necesidades sociales básicas de los ciudadanos en materia de movilidad, depuración de aguas y gestión de residuos”.

La estrategia de “cambio desde el interior” promovida por las nuevas corporaciones municipales choca con la definición de sus competencias, heredada de la transición democrática y de las leyes nacionales. En particular la ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, llamada “Ley Montoro” –por el nombre del ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, que logró su aprobación en 2013–. La primera frase de su preámbulo no deja lugar a dudas sobre sus intenciones : “La reforma del artículo 135 de la Constitución española (...) consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas”. Esta ley, dictada por el “cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal” y en la línea de las políticas de austeridad, impone, además de la reducción del déficit, dedicar cualquier posible excedente presupuestario al pago de la deuda. Más allá de las exigencias de su política, los Ayuntamientos deben llevar a cabo una lucha por la propia concepción de la actuación municipal : ¿hay que conformarse con convertirse en ejecutores locales en el marco previsto por el Estado o, más bien, intentar consolidarse como entidades políticas de pleno derecho, en la línea de la tradición “municipalista” anclada en la historia del país desde el siglo XIX ?

Esta situación obliga a las coaliciones progresistas a realizar extrañas contorsiones en materia de comunicación. Aunque todas pueden jactarse de haber saneado las cuentas públicas y de haber obtenido un confortable excedente presupuestario desde su llegada al poder (5), tuvieron que, en virtud de la “Ley Montoro”, abonárselo a los bancos (2.300 millones de euros acumulados) (6). No obstante, algunos deciden poner a mal tiempo buena cara : ya que no pueden invertir el dinero recaudado, deciden presentar estos pagos como la prueba de su buena gestión.

Esta estrategia no impide a las figuras clave del movimiento intentar obtener una modificación de la ley. Con el apoyo de los “Ayuntamientos del cambio”, el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso presentó una propuesta de ley en ese sentido en octubre de 2016. A finales de noviembre, unos cincuenta representantes municipales se reunieron en Oviedo para iniciar un ciclo de encuentros con el objetivo de denunciar la deuda ilegítima y los recortes presupuestarios. La reunión de Oviedo, lejos de ser algo aislado, proviene de una iniciativa familiar para los “Ayuntamientos rebeldes” : “hacer frente”. Así, los días 4 y 5 de septiembre de 2015 tenía lugar en Barcelona la cumbre “Ciudades por el bien común. Ganar compartiendo experiencias de cambio”, que continuó en La Coruña un mes más tarde. En ambos casos se trataba de llevar a cabo intercambios sobre los temas más conflictivos : la remunicipalización de los servicios públicos, los centros de internamiento de extranjeros (CIE), los refugiados, la memoria histórica.

Para algunos, pese a todo, doce meses han sido suficientes para provocar un sentimiento de decepción. Macías, sucesor de Colau en el papel de portavoz de la PAH en la capital catalana, lamenta la lentitud de los cambios prometidos : “Tomemos la cuestión de la sanción a los bancos propietarios de viviendas que permanecen vacías : para nosotros, el Ayuntamiento no ha cumplido con las expectativas. Sólo ha iniciado entre cincuenta y sesenta sanciones cuando podría haber habido más de 2.000. O no avanza en la dirección correcta o es excesivamente lento. Y, en esta cuestión, no existe ningún tipo de debate en cuanto a sus prerrogativas : es, efectivamente, de su competencia”.

A principios de 2016, un conflicto agitó al equipo municipal, criticado por su gestión de la huelga de los trabajadores del transporte público metropolitano (TMB). Las movilizaciones, convocadas durante el Mobile World Congress –escaparate internacional del sector de la telefonía– a finales de febrero de 2016, exigían el fin de los contratos precarios, la descongelación salarial y la publicación de los ingresos de los altos cargos directivos. Tras el rechazo por parte de los sindicatos de las soluciones propuestas por el “Ayuntamiento rebelde” para poner fin a la huelga, Colau calificó el movimiento de “desproporcionado” y su concejala de Movilidad, Mercedes Vidal, apeló a la “responsabilidad” de los huelguistas. “Sí es cierto que la postura totalmente en contra de las convocatorias de huelga planteadas por los trabajadores, con más ferocidad incluso que anteriores Gobiernos de ideario conservador, sorprendió mucho –informa José Ángel Ciércoles, delegado de la CGT del Metro, el sindicato mayoritario en este sector del transporte–, y es evidente que los votantes de esta opción política, que además son trabajadores del suburbano, se sintieron poco menos que traicionados”.

Albert Ruba Cañardo, presidente de Ateus de Catalunya (“Ateos de Cataluña”) –una asociación nacional que denuncia el peso de la religión católica en la sociedad española–, se pregunta cuándo se realizará el inventario de las propiedades inmobiliarias de la Iglesia –y de sus privilegios– que reclamó al Ayuntamiento de Barcelona y que considera un dato clave en la cuestión de la vivienda. “El concordato, el cual queremos abolir, exonera de impuestos las propiedades de la Iglesia registradas como lugares de culto. Pero es una hipocresía. Puede encontrarse un inmueble gigantesco, con una fachada de más de cien metros y que da a una plaza central de la ciudad, que pertenece a la Iglesia, con bufetes de abogados y tiendas en su interior, todos alquilados. Y, por este inmueble, la Iglesia no paga impuestos. ¿Por qué ? Porque ha colocado una escultura de un santo en un rincón”.

Las candidaturas ciudadanas, al tomar el relevo de la derecha conservadora –como en Madrid, donde Manuela Carmena ha llegado tras veinticuatro años de Gobierno del Partido Popular (PP)–, a veces heredan acuerdos y proyectos anteriores. Los recién llegados sufren entonces las críticas que deberían dirigirse, en gran parte, a sus predecesores. Así, la capital española acaba de avalar la construcción del barrio Los Berrocales, proyectado por el antiguo Ayuntamiento y donde deberían construirse más de 22.000 viviendas de aquí a 2018. “El PP ha dejado a su paso una amplia herencia de contratos para treinta años o más con esta o aquella empresa –comenta Villalobos–. El nuevo Gobierno municipal sólo los puede cumplir o pagar indemnizaciones enormes a esas empresas. Los Berrocales, por ejemplo, es una locura. La ciudad dispone en la actualidad del suficiente número de viviendas para los próximos treinta o cuarenta años. Si construimos el barrio nuevo, algunas quedarán vacías, serán para especulación o para uso temporal. La Ley dice que puede desarrollarse el proyecto. Aunque carece de sentido, el actual Ayuntamiento no puede oponerse legalmente. Sin embargo, en el programa electoral dijeron que no iban a permitirlo”. Carmena había prometido no autorizar nuevas construcciones urbanas de esta amplitud ; sin embargo, ha considerado que no puede revocar este proyecto concebido por sus adversarios políticos.

En abril de 1931, la victoria de las fuerzas progresistas en varias grandes ciudades del país, entre ellas Madrid, prefiguró la Segunda República. Algunos ven en los “Ayuntamientos del cambio” un eco de este precedente. Pero, sobre el terreno acecha cierta forma de decepción, a la medida del entusiasmo que provocaron estas victorias en 2015, en un contexto diferente. Entonces, nuevas formaciones políticas, Podemos a la cabeza, se beneficiaban de un gran dinamismo. Esperaban triunfar en las elecciones legislativas de diciembre. Sus dirigentes teorizaban la idea de un “asalto institucional” : la conquista rápida del poder a todos los niveles a través de una estrategia electoralista asumida, poco divisora (el discurso de “la centralidad del tablero”) y abiertamente reivindicada como “populista”.

A la espera de un nuevo asalto, y más allá de sus propias contradicciones, los “Ayuntamientos del cambio” deben enfrentarse a poderes ejecutivos nacionales y autonómicos estructuralmente más poderosos y muy decididos a ponerlos en jaque.

 

NOTAS :

(1) Formada por Podemos, Izquierda Unida, Equo, Puyalon (soberanistas aragoneses anticapitalistas), #Somos (republicanos de izquierdas), Demos Plus (nacido del movimiento social de defensa de la sanidad y de la educación públicas) y Piratas de Aragón (Partido Pirata).

(2) El movimiento de las asociaciones vecinales ocupa un lugar particular en España desde la dictadura franquista. Presentes en todo el país, se agrupan por federaciones en las comunidades autónomas y participan en gran medida en el debate público.

(3) El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, creó la plataforma https://decide.madrid.es

(4) Ludovic Lamant, Squatter le pouvoir. Les mairies rebelles d’Espagne, Lux Éditeur, Montreal, 2016.

(5) Madrid, en particular, es considerada una “buena alumna” por haber reducido la deuda pública un 19,7% en un año.

(6) Eduardo Bayona, “La deuda en los ayuntamientos del cambio se reduce 160.000 euros cada hora”, Público, 26 de noviembre de 2016.