¿Hay sólo una Europa posible? ¿La actual? No todos los pueblos lo creen. En tres de los Estados en los que ha habido referéndum, los electores dijeron “no” a esa Europa: en Francia y en Holanda en 2005, y en Irlanda en 2008. La respuesta de los Gobiernos y de las instituciones europeas a ese triple desafío fue tajante: esos pueblos votaron “mal” porque no estaban bien informados de los “beneficios” que les aporta la Unión Europea (UE). En consecuencia, los dirigentes europeos adoptaron dos decisiones: por un lado, no tomar en cuenta, en absoluto, los resultados de esos escrutinios; y por el otro, intensificar los esfuerzos para “explicar” las políticas de la Unión Europea.
El primer objetivo se alcanzó en Francia y en Holanda haciendo ratificar, por vía parlamentaria, un texto –el Tratado de Lisboa– en un 98% idéntico al de la “Constitución europea” rechazada por los electores. En Irlanda, al ser constitucionalmente imposible semejante tejemaneje, los ciudadanos de la Verde Erín tendrán que votar de nuevo antes de que termine el año. El segundo objetivo –persuadir a los electores de la bondad de las políticas europeas– no es alcanzable directamente. En efecto, existen pocas probabilidades de movilizar a la mayoría de los ciudadanos en favor del dumping fiscal y social, del desmantelamiento de los servicios públicos y de las liberalizaciones de todo tipo que constituyen la actividad ordinaria de la UE.
La artimaña consiste en hacer que los ciudadanos se adhieran a principios europeos más generales, como la democracia, la paz, el acercamiento entre los pueblos, el desarrollo sostenible, el empleo, etc., que se verían mejor garantizados por una mayor integración en el seno de la UE. La aprobación de esos principios equivaldrá, implícitamente, a la aprobación de las políticas realmente existentes, las cuales, en la práctica, van casi siempre en contra de esos principios.
Para llevar a cabo esta estrategia de comunicación o mejor dicho de propaganda, la Comisión Europea dispone de recursos financieros considerables. Un estudio de Open Europe (1) los calcula en 2.400 millones de euros. Esta organización está integrada por grandes empresarios británicos euroescépticos y partidarios de una Europa más liberal de lo que es actualmente. Su estudio coloca en el mismo plano el apoyo a acciones de relaciones públicas y a los programas de intercambio estudiantil en el seno de la UE. A pesar de esas reservas, este documento constituye una mina de valiosas informaciones. Entre otras, nos enteramos de que las acciones de comunicación directa de la Comisión disponen de un presupuesto de unos 206 millones de euros.
Todo ello para una “información” cuyo único objetivo es la celebración de las bondades de la UE y, de modo accesorio, de la actividad de la Comisión; la cual, por otra parte, pretende estar a la escucha de los ciudadanos. ¿Por qué entonces no preconiza la realización de referendos para darles la palabra? Tanto más cuanto que esos escrutinios son vectores privilegiados de la información sobre la UE, como lo prueba un estudio reciente (2): en Francia, en Irlanda y en Holanda, donde triunfó el “no” en referendos, las personas interrogadas respondían mucho más correctamente a preguntas sobre las instituciones europeas que en Alemania, Bélgica e Italia, países donde no hubo referendos. ¿Debemos concluir que cuanto mejor se la conoce menos se aprecia a la UE?
© LMD EDICIÓN EN ESPAÑOL
Notas :