La masacre de cuarenta y tres estudiantes mexicanos en Iguala, en septiembre de 2014, acentuó el malestar ante una violencia fuera de control en América Latina y el Caribe. Cada día, casi trescientas ochenta personas son asesinadas en la región. De acuerdo con las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (1), dos tercios de esas personas son asesinadas mediante el uso de armas de fuego. Con el 10% de la población mundial, la región concentra el 30% de los homicidios y acusa un índice de 25 asesinatos al año por cada 100.000 habitantes, es decir, más de cuatro veces el índice mundial (6,2%).

Las actividades criminales no están repartidas de forma igualitaria en el plano geográfico, particularmente afectados están América Central y el Caribe. El aumento de delitos relacionados con el tráfico de drogas y con las bandas, que facilitan la impunidad y el tráfico de armas, alimentan la espiral infernal de la criminalidad. Honduras, estadísticamente el país más violento del mundo, tiene el increíble índice de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida por Venezuela (53,7), por Belice (44,7) y por El Salvador (41,2).

Además de los asesinatos, la inseguridad engloba también la extorsión, los secuestros, el robo, el tráfico y la violencia machista. Las estadísticas oficiales, establecidas a partir de información incompleta, no reflejan su amplitud. Muchos crímenes no se denuncian por miedo a las represalias o por desconfianza hacia a las instituciones que se supone que tienen que hacer respetar la ley. Por ejemplo, según Envipe 2014 (2), el último estudio sobre actos de violencia llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (Inegi), alrededor del 94% de los crímenes cometidos en 2013 no fue denunciado a las autoridades. Sólo la mitad de los casos habría sido objeto de una investigación preliminar.

Otro indicador de las proporciones a las que ha llegado el sentimiento de inseguridad : el último estudio del instituto Latinobarómetro (3) muestra que este tema preocupa más que el desempleo a los ciudadanos de doce de los dieciocho países analizados. En 2005, la criminalidad constituía la principal preocupación del 5% de los latinoamericanos ; en 2013, la del 30%.

El coste económico de las actividades criminales llegaría a alcanzar alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de media en la región (4). Según el Global Peace Index, en 2014, los gastos relacionados con la prevención y la reparación de daños causados por violencia contra personas y contra bienes absorbió el 20% del PIB en Honduras, el 15,5% en El Salvador, el 8,7% en Guatemala y el 7,4% en Panamá.

Muchos factores contribuyen a la inseguridad en la región. Por supuesto, el tráfico de drogas y el crimen organizado han exacerbado las dinámicas de la violencia en el transcurso de la última década ; pero, según UNODC, sólo el 30% de los homicidios está relacionado con el crimen organizado y con las bandas. La estrategia de “la mano dura” y los códigos penales represivos, por lo general, han agravado la situación.

La violencia suele empezar en el hogar : la relacionada con las mujeres no deja de aumentar. En doce países estudiados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (5), una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años es víctima de violencia machista, generalmente por parte de la pareja o de la ex pareja. Sin embargo, la mayoría de ellas no denuncia estas agresiones y la atención que se les presta sigue siendo insuficiente.

La mayoría de los autores de homicidios, así como el 40% de las personas asesinadas, son hombres de entre 15 y 29 años. En América Latina, el 60% de la población tiene menos de 30 años. Los hombres que viven en entornos desfavorecidos tienen una posibilidad sobre cincuenta de ser asesinados antes de que lleguen a cumplir 31 años (6). Un joven de cada cinco, es decir, treinta y dos millones de personas –el equivalente a la población de Perú– no tiene trabajo ni titulación. El sentimiento de alienación y la falta de perspectivas económicas, al igual que la circulación de drogas a gran escala, de alcohol y de armas, incentivan los comportamientos criminales. Las actividades ilegales se presentan como más lucrativas que un empleo tradicional y las bandas proporcionan un sentimiento de pertenencia y de protección en un contexto de pobreza y de desestructuración familiar.

El problema es particularmente agudo en los medios urbanos, donde reside alrededor del 80% de la población. Los homicidios se concentran en los barrios de bajo nivel de ingresos, por lo general en la periferia. Según el instituto Igarapé, de entre las diez ciudades con más homicidios del mundo, siete pertenecen a países de América Latina y el Caribe. Alepo, en Siria, figura en el primer lugar de la lista, seguida de cerca por San Pedro Sula, en Honduras.

Paradójicamente, la criminalidad ha aumentado en la región incluso cuando el nivel de pobreza ha ido disminuyendo en el transcurso de la última década y cuando la protección social ha experimentado importantes avances. A pesar de estas tendencias positivas, la pobreza extrema, las desigualdades en los ingresos y la economía sumergida siguen siendo muy importantes y, como mucho, se estabilizan en los países de ingresos medios. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, en 2014, 167 millones de personas (cerca del 30% de la población) todavía vivía en situación de pobreza y 67 millones, en situación de extrema pobreza.

La región parece haber quedado atrapada en la trampa de las desigualdades. Y éstas pesan más que la pobreza en el aumento de la criminalidad y de la inseguridad. La violencia se expande con mayor facilidad entre los grupos empobrecidos de las zonas urbanas. Sin embargo, cada tipo de crimen corresponde a un grupo en concreto : los homicidios afectan sobre todo a los habitantes de los barrios pobres ; los robos y los secuestros apuntan más bien a la clase media ; mientras tanto, los sectores acomodados cuentan con los medios suficientes como para protegerse de la violencia viviendo encerrados en urbanizaciones protegidas. Al día de hoy, la región cuenta con más agentes de seguridad privados que policías. La evolución de la criminalidad frente a la actual desaceleración económica sigue siendo una gran desconocida.

Mientras que el crimen organizado lo es cada vez más, el Estado sigue siendo demasiado ineficaz para controlarlo. El crimen, la corrupción y la impunidad forman un círculo vicioso, ya que las instituciones encargadas del mantenimiento del orden pierden toda legitimidad entre la población. La eficacia de las políticas de seguridad sufre, además, disfuncionalidades en la gestión de los sectores judicial y policial. A la policía le cuesta pasar página con respecto a un pasado autocrático dominado por la doctrina de la seguridad nacional herencia de la Guerra Fría, mientras que, al término de una transformación radical, la violencia política dejó lugar a su doble criminal. En algunos países, los servicios de seguridad que hasta hace poco reprimían al pueblo ahora pretenden asegurar su protección. La transición no se lleva a cabo sin altercados…

Ya que desconfían de la policía, son pocas las víctimas que presentan denuncias. Cuando, a pesar de todo, lo hacen, los trámites quedan paralizados o no llegan a ser objeto de ninguna sentencia –o, cuando lo consiguen, no lo hacen en plazos razonables–. En cuanto a los Gobiernos, privilegian la represión en detrimento de la prevención. Buscan cada vez más reformar sus códigos penales y reorganizar los procesos de investigación. Así, los altos índices de criminalidad de la región corroboran lo que afirma la teoría de la economía de la criminalidad desarrollada en la Universidad de Chicago (7) : los futuros delincuentes son agentes racionales ; calculan los beneficios que pueden esperar obtener de las actividades criminales y los riesgos que implican. Si las sanciones a las que se enfrentan (arresto, severidad, certeza y rapidez de la sentencia) les parecen despreciables, entonces los peligros que corren parecen menores.

El estado de las cárceles hace todavía más complejo el balance de los Estados. Las encarcelaciones masivas, en condiciones deplorables, ha reforzado el poder de los jefes de banda, tanto dentro como fuera, porque muchos jóvenes temen represalias al ser encarcelados. Los autores de faltas menores esperan meses, incluso años, antes de ser juzgados. En 2012, entre el 30% y el 50% de los prisioneros se encontraba en prisión preventiva en el conjunto de la región, y más del 80% en Bolivia (8). Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, 1,3 millones de prisioneros, de 10 millones que hay el mundo, se encuentran en los países de América Latina y el Caribe, es decir 229 detenidos por cada 100.000 habitantes, mucho más que la media mundial, de 144 (9). Además, en el transcurso de las dos últimas décadas, el índice de encarcelación ha aumentado un 120% debido a la intensificación de los conflictos relacionados con la droga. Demasiadas prisiones parecen haberse vuelto escuelas del crimen más que lugares de rehabilitación. La alarmante situación de los centros de detención juvenil arrastra un aumento del índice de reincidencia.

No obstante, algunos programas empiezan a dar sus frutos. Primero, en el campo de la prevención : varias iniciativas han superado las pruebas en lo que respecta a la violencia machista. En El Salvador, un programa bautizado Ciudad Mujer aporta a las víctimas servicios de calidad, coordinados y rápidos, como acceso a anticonceptivos, ayuda inmediata en caso de agresión y asistencia jurídica y psicológica. Propone formación profesional, mediación y ayuda para la creación de empresas, así como servicios de salud, de nutrición y de guardería. Colombia, Trinidad y Tobago y México se inspiraron en esta experiencia.

También se trata de reformar la policía. Ecuador ha adoptado en ese campo una nueva doctrina que proporciona resultados concluyentes. Entre las reformas estructurales que ha emprendido el país, la creación de policías de proximidad ha permitido estrechar los lazos con las comunidades. Ha mejorado la calidad y la actualización de la información relativa a la criminalidad, que, acto seguido, sirven para guiar el despliegue de estos recursos. El presupuesto destinado a la seguridad se ha duplicado, pasando del 1% al 2% del presupuesto total, y los funcionarios ganan un salario más alto que sus homólogos de la región. El Estado invirtió más de 80 millones de dólares en la creación de cuatrocientas comisarías de proximidad y en la instalación de más de un millón de “botones de pánico” y de alarmas en lugares públicos y comercios. Estas reformas han generado mejoras considerables : en tres años, la tasa de homicidio ha caído un 64%, para llegar a 8 homicidios al año cada 100.000 habitantes en 2014. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia, Uruguay, Brasil y Honduras han puesto en marcha reformas similares.

El siguiente paso es la limitación de la impunidad. En un establecimiento penitenciario muy moderno que responde a las más altas normas internacionales, Panamá experimenta un modelo de rehabilitación innovador para los delincuentes menores con el objetivo de prevenir la reincidencia. Un tercio de la población carcelaria juvenil se beneficia de este proyecto, que brinda acceso a servicios de salud, a programas deportivos, a formaciones técnicas y a formaciones profesionales. Los primeros resultados indican cambios en el comportamiento y un descenso del índice de reincidencia. Este tipo de iniciativa sigue siendo, sin embargo, muy poco frecuente en la región.

Y, por último, es importante la mejora de la gobernanza. La región de Pernambuco, en el noreste de Brasil, reorganizó su gestión de políticas de seguridad con la introducción de métodos modernos, tales como el seguimiento de los objetivos de resultados por parte del mismo gobernador del Estado. El Pacto por la Vida (Pacto Pela Vida), instaurado en 2007, ha superado ampliamente las pruebas. Según la Secretaría de Defensa Social, la tasa de homicidios cayó cerca de un 40% entre 2006 y 2013 en toda la región y un 60% en Recife, la capital –aunque sigue siendo muy elevada, con 35 homicidios cada 100.000 habitantes (10).

Frente a un desafío complejo, los resultados de las iniciativas ya puestas en marcha muestran ejemplos prometedores de posibles soluciones para reducir la criminalidad y para apaciguar la violencia que sufren los países de América Latina y el Caribe. La lucha contra la criminalidad, sin embargo, debe ir de la mano de la reducción de las desigualdades y de la ampliación de salidas económicas para los jóvenes a través de una mayor movilidad, de una mejora de la educación y de un mejor acceso al empleo. La violencia representa un desafío tanto en el plano social como en el de la seguridad.

 

NOTAS :

(1) “Global Study on Homicides 2013”, UNODC, 2014.

(2) “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014”, Inegi, México, 2014.

(3) Una encuesta anual que se realiza en dieciocho países latinoamericanos a cerca de veinte mil personas. La primera se realizó en 1995.

(4) Rodrigo Soares y Joana Naritomi, “Understanding high crime rates in Latin America”, en Rafael Di Tella, Sebastian Edwards y Ernesto Schargrodsky (dirs.), The Economics of Crime : Lessons for and from Latin America, University of Chicago Press, 2010.

(5) Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, “Violence against women in Latin America and the Caribbean : A comparative analysis of population-based data from 12 countries”, Washington DC, 2012.

(6) H. Moestue, L. Moestue y R. Muggah, “Youth violence prevention in Latin America and the Caribbean : A scoping review of the evidence”, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Oslo, 15 de agosto de 2013.

(7) Gary Becker, “Crime and punishment : An economic approach”, Journal of Political Economy, vol. 76, Chicago, 1968.

(8) “Citizen Security and Justice Sector Framework Document”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, 2014.

(9) “World Pre-trial and Remand Imprisonment List”, International Centre for Prison Studies, Londres, 2014.

(10) Caio Marini y Humberto Falcão Martins, “Todos por Pernambuco em tempos de governança – Conquistas e desafios”, Secretaría de Planificación y de Gestión del Estado de Pernambuco, Recife, 2014.