Las Cuentas de la Cultura en España no pueden explicar todavía la caída en picado por su retraso habitual de dos-tres años. Pero el 2,8% del PIB que ostentábamos en 2009 (3,6% con la propiedad intelectual) es ya una historia nostálgica. Las últimas estadísticas del Ministerio de Cultura (de 2011) se limitan a certificar “la reducción notable” del empleo desde 2009, y una disminución fuerte del gasto por persona en actividades culturales (de 372 a 313 euros). Otras fuentes, como el Anuario SGAE 2012 o la Fundación Contemporánea, reflejan más claramente el descenso de la demanda y de la oferta cultural en estos cinco últimos años.

Las estadísticas tampoco evalúan el desplome acumulado del gasto público cultural, pero los cálculos muestran un recorte mucho más acusado que en sanidad o educación. El Gobierno central bajó, en efecto en 2013, un 19,6% del presupuesto cultural, hasta 722 millones de euros, pero el ajuste acumulado desde 2009 (presupuesto de 1.284 millones de euros) es ya de más de un 50% si se suma el incremento del IPC (Índice de Precios de Consumo). Como los recortes han sido desiguales, hay actividades que han sufrido más aún, como las bibliotecas públicas que rozan los cero euros.

España era considerada como un modelo de descentralización de las políticas culturales, porque el 84% del dinero público procedía de las autonomías y de los grandes municipios. Pero justamente esa virtud se ha trocado en una fuente de opacidad y discriminación con la crisis económica : aunque resulte por ello difícil encontrar datos fidedignos, se puede estimar que el “otro Estado” ha hundido, de media, sus presupuestos de apoyo a la cultura en un 70%.

Para calibrar el minúsculo ahorro fiscal por estos conceptos, puede evaluarse que el gasto cultural de la Administración central en su momento culminante (2009) suponía siete euros de cada cien gastados por los consumidores (0,11% del PIB) ; o que todas las Administraciones públicas sumadas gastaban por este concepto 150,14 euros al año por habitante, o 426 por hogar/año. Unas medias ridículas en comparación con los grandes países europeos, entre los que, por cierto, algunos como Francia o Alemania han incrementado su apoyo a la cultura en este periodo.

Resalta en cambio el valor ideológico, porque el Partido Popular (PP) en la oposición y después en el Gobierno, coreado con entusiasmo por sus medios de comunicación, ha extremado sus acusaciones contra los artistas y creadores (“el pesebre”, “los de la ceja”,..), o las alusiones continuas al “guateque”, el “botellón” o la “resaca” supuestos del apoyo prestado al cine o al teatro. Desde el ala más civilizada del Gobierno, se trata de una “dependencia” (¿económica ?, ¿estética ?) insostenible que deben corregir las simples leyes del mercado.

Pero el mercado significa demanda, que ha sido duramente castigada por la subida del IVA desde septiembre de 2012 : ascenso en un 162% (del 8 al 21 por ciento) para la mayoría de las actividades culturales, excluida la cultura escrita (diarios, libros, revistas) en una discriminación nunca justificada ; el mayor IVA cultural de la eurozona, incluyendo los países intervenidos financieramente como Grecia o Portugal. Una penalización sobre todo de los consumidores que, según los datos publicados de estos meses transcurridos, está catalizando el hundimiento del teatro o los conciertos, del cine y las ferias y galerías de arte, y ocasionando un descenso de las recaudaciones fiscales.

Hasta aquí, aunque nos parezca original, nada nuevo en la historia política contemporánea. Porque los analistas de la cultura recuerdan al Brasil del presidente neoliberal Collor de Melo, que destruyó de un plumazo todas las instituciones culturales acusándolas de haber favorecido a Lula ; también en Estados Unidos en el periodo de Reagan, la jibarización del NEA (National Endowment of the Arts) adquirió un valor simbólico para los republicanos en la lucha contra los “izquierdistas” de Hollywood, y en esos mismos tiempos, en el Reino Unido, Margaret Thatcher se empleó a fondo contra el Arts Council (creado por Keynes en 1946) en presupuestos y competencias.

Inútil resulta argumentar que la Constitución (art. 44.1) proclama que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. En vano asimismo se puede recordar que España firmó, en 2007, la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, que le obliga a defenderla. Porque resultaría difícil que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite una demanda sobre este asunto. O que algún tribunal internacional condenara al Estado español por incumplir sus compromisos.

Al igual que en todas esas ocasiones históricas citadas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha enarbolado el mecenazgo como bálsamo de fierabrás mercantil para todos los males de la cultura, incluyendo los que él mismo había inoculado. Pero, al contrario que en esos casos, el Ministerio de Hacienda ha parado todas las promesas de la Secretaría de Cultura de reformar la ley vigente de 2002 y sus desgravaciones a las donaciones privadas (25% sobre el IRPF, 35% sobre el Impuesto de Sociedades).

En ausencia de esa maravillosa regulación, las estimaciones sobre el mecenazgo cultural existente en España resultan mínimas y, sobre todo las grandes empresas y fundaciones centran sus ayudas en las principales instituciones culturales, como El Prado o el Reina Sofía, el Teatro Real, el Liceu o el Guggenheim. Una lección esencial que repite la experiencia señera de los grandes modelos internacionales en esta materia, como Estados Unidos, Brasil o Francia : el mecenazgo, detracción evidente de recursos del Estado por la vía fiscal, con su traslación de poder a las grandes corporaciones, prima siempre a los grandes artefactos culturales muy visibles y rentables en términos de notoriedad, marginando los proyectos sociales, innovadores, para minorías, o descentralizados. El debate en Brasil o Francia gira ahora justamente sobre la necesidad de ajustar las desgravaciones a proyectos que se adecuen a las prioridades nacionales culturales y a objetivos de diversidad, lo que exige comisiones mixtas con los creadores y proyectos articulados en donde lo público mantenga el liderazgo.

 A la espera de esa pócima milagrosa, la cultura en España se desangra, con nuevos golpes indirectos como el recorte en los presupuestos de gastos de RTVE o de las cadenas autonómicas (que invertían en cine español y servían de escaparate de la creación cultural), algunas de ellas en trance de extinción como RTV Madrid o RTVV (Radiotelevisió Valenciana : Canal Nou, Ràdio Nou, etc.). Además, las cadenas privadas invierten cada vez menos en cine y producción audiovisual, a falta de cualquier autoridad independiente que controle sus obligaciones legales. Indirectamente también, la destrucción de las políticas de Cooperación al Desarrollo (AOD), divididas presupuestariamente por dos entre 2010 y 2012 y “ajustadas” al 70% en total –en 2013 respecto a 2008–, han anulado al mismo tiempo los estímulos a la proyección exterior de la cultura española.

Y sin embargo, tanto derribo, simultáneo y acumulado, con sus consecuencias dramáticas sobre la oferta cultural en España, no ha suscitado sino protestas puntuales y relativamente marginales, protagonizadas sobre todo por los propios creadores en manifestaciones generales o sectoriales (como la Gala de los ‘Goya’). Quizás, porque las necesidades culturales quedan oscurecidas frente a otras más dramáticas como el paro, la vivienda, la alimentación, o respecto a recortes del Estado de Bienestar en servicios inmediatos como la educación, la sanidad o las pensiones. Pero probablemente también porque las políticas culturales tradicionales sufren una crisis aguda desde hace años que les han hecho alejarse paulatinamente de la conciencia de la población.

Es difícil dejar de recordar, en este punto, que el pensamiento socialdemócrata sobre el valor social regenerador de la cultura ha ido cuarteándose en la última década sobre todo, revistiéndose cada vez más de valores de éxito en el mercado y de rentabilidad económica. El foco de las políticas públicas se ha ido trasladando así desde el ciudadano y el creador hacia el productor y la empresa, del apoyo a la cultura como derecho (diversidad real de opción) hacia la cultura como recurso (económico). Escaparate privilegiado de esas desviaciones, la ayuda al cine en España ha ido abandonando el fomento de la creatividad y la innovación, de las operas primas, del acceso general a una oferta múltiple, para primar cada vez más el éxito en taquilla por ayudas automáticas, en una relación que en los últimos años ya alcanzaba entre un 30% y un 70%.

Puesto que los conceptos nunca son inocentes, la penetración generalizada y acrítica de términos como los de ‘entretenimiento y ocio’, ‘industrias creativas’, ‘contenidos digitales’ y otros similares, ha ido –con el aplauso irreflexivo de muchas instituciones culturales– frivolizando el papel social de la cultura, deslegitimando las responsabilidades públicas ante su sostén, y justificando la presión del todo-mercado, todo-rentable. En último término, como ha afirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en época de crisis el entretenimiento no es subvencionable.

Más allá de los lamentos y de la propia crisis financiera, el pensamiento progresista tiene que plantearse una reflexión de fondo sobre el papel y las herramientas de las políticas públicas para el futuro : Restaurar al usuario como único objetivo legítimo de la lucha por la diversidad cultural, recuperar la cercanía a los creadores y sus redes más ligadas a los movimientos sociales, negociar sus objetivos con la sociedad civil. En medio de la confusión reinante, parece imprescindible también una separación tajante entre políticas culturales y políticas industriales subordinadas a las primeras, aunque ambas sean lideradas por un necesario Ministerio de Cultura (dado el fracaso reiterado de los departamentos económicos), y se busque la sostenibilidad económica necesaria para una cultura rica y diversa. Todas las fuentes financieras son bienvenidas a esa tarea, a condición de que el espacio público lidere el proceso y garantice el interés general. Y los soportes y redes digitales posibilitan hoy políticas más flexibles y pegadas a la población, más baratas y participativas.

En fin, mientras ese debate no se produzca y no haya un poder político capaz de ejecutar sus conclusiones, no hace falta exagerar el diagnóstico : la Cultura en España no desaparecerá, como no lo hizo en circunstancias más dramáticas aún de nuestra historia reciente, y probablemente se recuperará en parte cuando se salga de la crisis económica. Pero se habrán perdido generaciones enteras de ideas y de creadores, se habrá recentralizado de nuevo la producción cultural, los grupos más potentes aumentarán su dominio frente a una mayor debilidad de las PYMES, y nuestra colonización cultural, ya abrumadora en segmentos enteros de nuestra cultura (el cine, la industria discográfica, los videojuegos), habrá aumentado notablemente. Por consiguiente, la consigna es : hay que movilizarse para impedir una auténtica recesión en términos de diversidad que degradará nuestro sistema democrático y, paradójicamente también, nuestra economía.