Lecture .En Bruselas, los miembros de la Comisión europea y los funcionarios odian los referendos: primero, porque se llevan a cabo en un marco nacional, o sea, en desacuerdo con la lógica supranacional de la construcción europea; y segundo, porque son una expresión directa de la soberanía popular, sin el filtro de las instituciones de la democracia representativa las cuales posibilitan muchos arreglos. Esos votos nos recuerdan –guste o no guste– que los pueblos aún existen en el Viejo Continente. Al menos por ahora, la noción de “pueblo europeo” sigue siendo todavía, en gran medida, una mera ficción.
La Unión Europea (UE) tiene por lo tanto un serio problema con algunos pueblos que la constituyen. No porque éstos sean hostiles por principio a la idea de Europa, sino porque rechazan el imperativo de las políticas llevadas a cabo por las instituciones que actúan en su nombre. Cuando se les presenta la oportunidad de expresar su sentimiento a través de un referéndum, no la dejan pasar. En 1972, Noruega se negó a adherirse a lo que aún era la Comunidad Económica Europea (CEE); en 1992, Dinamarca rechazó el Tratado de Maastricht; en 2005, Francia y los Países Bajos dijeron “no” al Tratado constitucional europeo; en 2001, Irlanda votó contra el Tratado de Niza y, en 2008, contra el Tratado de Lisboa. Cada vez, salvo en el caso de Noruega, una artimaña permitió ulteriormente transformar el “no” en “sí”.
Un nuevo ejemplo del respeto y del no respeto de la soberanía popular en Europa se presenta con el rechazo expresado por el 60% de los islandeses, en el referéndum del 9 de abril pasado, de hacer pagar a la ciudadanía el coste de los desmanes provocados por sus banqueros (1). Uno de los bancos de la isla, el Icesave, privatizado en 2003, había atraído ahorradores proponiéndoles intereses del orden del 7%, es decir, muy por encima de las tipos del mercado. De hecho, se trataba de una estafa al estilo de las “pirámides de Ponzi”, semejantes a las que utilizó Bernard Madoff: los intereses de los depósitos más antiguos se pagaban con los fondos que aportaban los nuevos ingresos. Hasta que el sistema acaba desmoronándose. Lo que ocurrió en 2008.
Hasta esa fecha, 400.000 cuentas habían sido abiertas en el Icesave, en su mayoría por británicos y holandeses. Para evitar el pánico bancario, los gobiernos de Londres y de La Haya se comprometieron a indemnizar a sus nacionales afectados (por montos de 2.600 millones y 1.200 millones de euros respectivamente) y, con la bendición de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, ¡le pasaron la factura a las autoridades de Reikjavik! Esta conversión caricaturesca de una deuda privada en deuda pública, aceptada por el gobierno y el Parlamento islandeses, fue rechazada una primera vez por el 93% de los electores en el referéndum organizado en marzo de 2010, y acaba de serlo nuevamente en abril de 2011.
Islandia no es miembro de la UE, pero el gobierno presentó oficialmente su candidatura de adhesión en julio de 2009. A menos que sea derrocado en las elecciones legislativas anticipadas del 9 de mayo, este ejecutivo está dispuesto a mostrar su respetabilidad “europea” restituyendo, de una u otra forma, los 3.800 millones de euros que el Reino Unido y los Países Bajos le reclaman. Independientemente del veto que estos dos países puedan oponer a la adhesión de Islandia, podemos preguntarnos si muchos otros Estados miembros de la UE desearán que ésta se amplie a un pueblo que no teme votar una y otra vez “no” en un referéndum…
